 |
| La Vanguardia / Orgullo LGTBI 2019 en Barcelona // |
Por qué es peor ser homosexual en La Rioja que en Canarias.
Gemma Saura / Laura Aragó / Ignacio Orovio | La Vanguardia, 2021-06-27
https://www.lavanguardia.com/vida/20210627/7559107/mejor-lgtbi-canarias-rioja.html
Paula S. Muñoz tiene 28 años y es profesora de latín en un instituto de Alicante. Es una mujer trans. Cuando hace cinco años se decidió a cambiar de género buscó información en internet y Google le devolvió una retahíla de respuestas inservibles. En aquel entonces la Comunidad Valenciana no contaba con ninguna ley que protegiese al colectivo LGTBI y las pocas opciones disponibles se llevaban con tanta discreción que era difícil llegar a ellas.
Tuvo la suerte, recuerda Paula, que una amiga le hablase de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG). Allí la acompañaron en el proceso de hormonación sin tener que pasar antes por un chequeo del médico de cabecera.
Todo cambió, para mejor, en el 2017, cuando entró en vigor la ley integral de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana. De entrada, la UTIG pasó a llamarse UIG y perdió por el camino el “trastorno” que patologizaba al colectivo trans.
Desde la aprobación de la ley, cualquier persona que no se identifique con el género atribuido puede cambiar su nombre en los documentos autonómicos oficiales sin que un médico acredite que padece ‘disforia de género’. Pero, sobre todo, la ley facilitó herramientas para que cualquier persona encare un proceso que nunca es fácil.
Paula hubiese topado contra muchos más obstáculos si residiese en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias o La Rioja, las únicas cuatro comunidades de España que no tienen ni una ley de protección a las personas transexuales ni una más genérica para el colectivo LGTBI.
Las 13 autonomías restantes disponen de algún marco legal que ampare, en mayor o en menor medida, a este colectivo. Seis –Andalucía, Aragón, Baleares, Madrid, Navarra y Valencia– disponen tanto de una ley LGTBI, que garantiza los derechos del colectivo en su conjunto, como una específica para las personas trans. Cinco–Galicia, Murcia, Extremadura, Catalunya y Cantabria– tienen una ley LGTBI pero ninguna trans, mientras que las dos restantes –País Vasco y Canarias– cuentan únicamente con una ley trans.
Este guirigay de leyes autonómicas provoca una desigualdad: un ciudadano homosexual o transexual no tiene los mismos derechos según donde viva. Es la principal reivindicación del colectivo para reclamar al Gobierno que apruebe de una vez la primera integral de derechos LGTBI a nivel estatal, un proyecto que arrancó en el 2017 y que en los últimos meses ha enfrentado amargamente a los dos socios de coalición, PSOE y Podemos.
Este martes, el borrador de la ley debe llegar al Consejo de Ministros, desde donde saltará al arco parlamentario. Aterriza en el gabinete un día después de Día del Orgullo, que se conmemora el lunes pero que ayer sacó a la calle, un año más, a miles de personas. Y lo hará el día 3 de julio en Madrid.
La ley busca asegurar los derechos de las personas LGTBI independientemente de donde residan y desencallar una demanda histórica: poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con la voluntad de la persona que lo solicite, sin necesidad de informes médicos ni de haber llevado a cabo un proceso de hormonación.
Reconocer la “autodeterminación de género” ha sido una de las batallas más enconadas en la negociación de la ley estatal. Aquí las autonomías llevan la delantera. Doce comunidades (si añadimos Catalunya, donde la ley no utiliza este concepto pero dice que no es necesario un diagnóstico médico o haber recibido tratamiento para cambiar el género en los documentos) reconocen el derecho a autodefinirse. Los trans pueden vivir con su nueva identidad en los documentos sanitarios o educativos al tratarse e competencias autonómicas pero no en el DNI o el pasaporte, ya que el registro civil es competencia del Estado.
En España los derechos del colectivo LGTBI hace más de 15 años que empezaron a reconocerse. En 2005, se aprobó una ley estatal que permitía el matrimonio homosexual. España fue el tercer país del mundo en hacerlo, solo por detrás de Países Bajos y Bélgica y muy poco antes de Canadá.
Al cabo de dos años, en 2007, España aprobó otra ley que permitía avances para las personas transexuales, pero que hoy el colectivo considera “patologizante” al exigir el diagnóstico médico de disforia de género, explica Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
Ante la inamovilidad del Estado para seguir legislando, las comunidades autónomas han avanzado enormemente en el reconocimiento de derechos LGTBI. Navarra fue la pionera en el 2009, con una “ley para el reconocimiento de derechos y contra la discriminación de las personas transexuales” y le siguió en el 2012 el País Vasco con una ley muy similar.
Desde entonces, se han aprobado otras 19 leyes autonómicas, ya sean integrales LGTBI o específicamente trans y actualmente solo las cuatro comunidades mencionadas antes no disponen de ninguna. Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE) acaba de sacar a información pública el borrador del anteproyecto de una ley de Diversidad Sexual y LGTBI, mientras que el de Castilla y León (PP) está elaborando un anteproyecto de ley LGTBI. En La Rioja, el proyecto de ley Integral Trans está atascado.
Con todo, la ausencia de legislación autonómica no significa que las personas LGTBI que viven en estas comunidades estén desprotegidas del todo, admite el doctor en Derecho Francisco Peña Díaz, experto en los derechos de este colectivo.
En España está prohibida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, como dictaminó en dos sentencias del 2006 y 2008 el Tribunal Constitucional. También existen marcos generales como el estatuto de trabajadores, que prohíbe la discriminación laboral por este motivo, o el código penal, que contempla como crímenes de odio los que se cometen por esta razón.
Por otra parte, la legislación no lo es todo. “Hay muchos condicionantes además de la ley que hacen que sea mucho más fácil ser gay o trans en un sitio que otro. Tiene mucho que ver con la aceptación social. Pero que exista legislación sirve como apoyo para que la administración pública se sensibilice o desarrolle protocolos”, señala Peña.
Así lo describe Mario Honrubia, un chico gay de 29 años originario del municipio albaceteño de Almansa, de 24.000 habitantes. “Cuando yo era pequeño en el pueblo las personas homosexuales no podían vivir abiertamente, se iban a Valencia, Madrid o Alicante, donde nadie los conocía; ahora ya te digo yo que en el pueblo uno puede vivir abiertamente”, detalla.
Desde hace unos años, Mario vive en Madrid pero sigue vinculado a asociaciones y colectivos LGTBI en Almansa, desde donde coordinan actividades y charlas en las escuelas para que los niños de hoy tengan más referentes de los que ellos tuvieron cuando eran pequeños. Desde el año 2019, además, están en contacto con el gobierno de la Comunidad para poner en marcha una LGTBI que en principio tiene que ver la luz a finales de este año. Para Mario la existencia de un marco legal permitirá, por un lado, la visibilización y normalización del colectivo y, por otro, prohibirá las terapias de conversión que ahora son perfectamente legales en la comunidad.
No todas las leyes autonómicas llegan igual de lejos. Actualmente, la ley más completa es la canaria, recién salida del horno (fue votada el 26 de mayo). “Siempre la última ley es la más avanzada, porque se van añadiendo elementos”, explica Mané Fernández.
Según un análisis elaborado para este reportaje y con el que están de acuerdo todos los expertos consultados para este artículo, la ley gallega del 2014 es la más limitada. En palabras de Fernández: “Es una ley para cumplir el expediente pero que está vacía de contenido. ¿Cuántos derechos se han conseguido gracias a la ley gallega? ¿Qué ha cambiado? Nada”.
La cuestión clave es la atención sanitaria, destaca Fernández. “En Andalucía, por ejemplo, las personas trans tienen derecho a un tratamiento y a un seguimiento en la sanidad pública. Eso no lo tienes en las dos Castillas”, dice el activista trans, quien subraya que va mucho más allá de la cirugía de reasignación genital, un paso que sólo acaba dando una minoría. Antes de llegar a eso existen una batería de tratamientos hormonales, otras cirugías o apoyo psicológico que son cruciales.
Lo puede explicar en primera persona Ixeya Quesada, que tenía 19 años cuando se dirigió por primera vez a la unidad de tránsito que, de forma gratuita, ofrece el Servei Català de Salut en Barcelona. “La decisión y el apoyo de la Unidad me dio la legitimidad para explicar mi situaciones a mis padres y a la familia”, recuerda.
Disponer de una legislación no solo determina la atención médica. También el énfasis que se les pone a los delitos de LGTBIfobia. Catalunya, Madrid o Valencia tienen observatorios para este tipo de violencias, algo que en Galicia no existe, subraya Fernández. Asturias dispone de un observatorio a pesar de no tener ley.
“Tiene un gran impacto, no sólo en la denuncia de ataques sino también porque cuando hay una ley aprobada implica que hay una formación de los cuerpos de seguridad para que sepan qué significa un delito de odio, como hay que hacer el parte, qué detalles son significativos y no deben ser ignorados”, enumera el vicepresidente de FELGTB. También subraya que las leyes son determinantes en la educación, ya que permiten el desarrollo de protocolos, contra el bullying o para trabajar para la diversidad afectivo sexual en las escuelas.
La prohibición de las terapias para ‘curar’ la homosexualidad o la transexualidad es otra de las reivindicaciones más importantes de la nueva ley estatal y de hecho está incluida en el último borrador filtrado. Por ahora, las llamadas terapias de conversión o aversión están prohibidas explícitamente en siete comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Valencia, Andalucía, Murcia, Cantabria y Canarias), que además lo castigan con multas.
Sin embargo, no todos los textos llegan igual de lejos. La ley murciana del 2016 sólo hace referencia a las terapias para cambiar la “identidad de género” y es la única que no abarca también la orientación sexual. Además, sólo prohíbe los tratamientos que se realizan en el Servicio Murciano de Salud, lo que también deja fuera las terapias que dirigen curas o falsos terapeutas.
La ley cántabra es la más exhaustiva, ya que prohíbe “todas las terapias aversivas o procedimientos o intervenciones médicas, psicológicas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad sexual o identidad de género de una persona”.
Muchas leyes autonómicas incluyen medidas de rescate de la memoria. Unas más que otras. Navarra, por ejemplo, modificó la ley de reconocimiento y reparación moral de los “asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936” creando “una sección documental específica relativa a la memoria LGTBI+”. Extremadura creó un Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI y obliga a sus bibliotecas a contar con un fondo de esta temática. Medidas parecidas toman las leyes andaluza y de Madrid. La ley valenciana creó el Espai de la Memòria LGTBI que, aparte de compilar y divulgar la investigación en este terreno, “homenajeará a aquellas personas LGTBI destacadas en ámbitos políticos, artísticos, académicos o sociales”.
El combate, en todo caso, no acaba con la aprobación de una ley, subraya Mané Fernández. “Luego hay que asegurarse de que las leyes se implementan y se desarrollan de forma adecuada”. También deben velar para que no haya retrocesos. Un ejemplo es Murcia. Desde el 2016 cuenta con una ley LGTBI pero ahora está encima de la mesa la aprobación del llamado pin parental (la posibilidad de que los padres veten la educación afectivo sexual que reciben sus hijos), impulsado por Vox, “que va en contra de todo eso”, dice el activista de FELGTB. “Demuestra que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos aunque estén aprobados”.
Tuvo la suerte, recuerda Paula, que una amiga le hablase de la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG). Allí la acompañaron en el proceso de hormonación sin tener que pasar antes por un chequeo del médico de cabecera.
Todo cambió, para mejor, en el 2017, cuando entró en vigor la ley integral de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana. De entrada, la UTIG pasó a llamarse UIG y perdió por el camino el “trastorno” que patologizaba al colectivo trans.
Desde la aprobación de la ley, cualquier persona que no se identifique con el género atribuido puede cambiar su nombre en los documentos autonómicos oficiales sin que un médico acredite que padece ‘disforia de género’. Pero, sobre todo, la ley facilitó herramientas para que cualquier persona encare un proceso que nunca es fácil.
Paula hubiese topado contra muchos más obstáculos si residiese en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias o La Rioja, las únicas cuatro comunidades de España que no tienen ni una ley de protección a las personas transexuales ni una más genérica para el colectivo LGTBI.
Las 13 autonomías restantes disponen de algún marco legal que ampare, en mayor o en menor medida, a este colectivo. Seis –Andalucía, Aragón, Baleares, Madrid, Navarra y Valencia– disponen tanto de una ley LGTBI, que garantiza los derechos del colectivo en su conjunto, como una específica para las personas trans. Cinco–Galicia, Murcia, Extremadura, Catalunya y Cantabria– tienen una ley LGTBI pero ninguna trans, mientras que las dos restantes –País Vasco y Canarias– cuentan únicamente con una ley trans.
Este guirigay de leyes autonómicas provoca una desigualdad: un ciudadano homosexual o transexual no tiene los mismos derechos según donde viva. Es la principal reivindicación del colectivo para reclamar al Gobierno que apruebe de una vez la primera integral de derechos LGTBI a nivel estatal, un proyecto que arrancó en el 2017 y que en los últimos meses ha enfrentado amargamente a los dos socios de coalición, PSOE y Podemos.
Este martes, el borrador de la ley debe llegar al Consejo de Ministros, desde donde saltará al arco parlamentario. Aterriza en el gabinete un día después de Día del Orgullo, que se conmemora el lunes pero que ayer sacó a la calle, un año más, a miles de personas. Y lo hará el día 3 de julio en Madrid.
La ley busca asegurar los derechos de las personas LGTBI independientemente de donde residan y desencallar una demanda histórica: poder cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con la voluntad de la persona que lo solicite, sin necesidad de informes médicos ni de haber llevado a cabo un proceso de hormonación.
Reconocer la “autodeterminación de género” ha sido una de las batallas más enconadas en la negociación de la ley estatal. Aquí las autonomías llevan la delantera. Doce comunidades (si añadimos Catalunya, donde la ley no utiliza este concepto pero dice que no es necesario un diagnóstico médico o haber recibido tratamiento para cambiar el género en los documentos) reconocen el derecho a autodefinirse. Los trans pueden vivir con su nueva identidad en los documentos sanitarios o educativos al tratarse e competencias autonómicas pero no en el DNI o el pasaporte, ya que el registro civil es competencia del Estado.
En España los derechos del colectivo LGTBI hace más de 15 años que empezaron a reconocerse. En 2005, se aprobó una ley estatal que permitía el matrimonio homosexual. España fue el tercer país del mundo en hacerlo, solo por detrás de Países Bajos y Bélgica y muy poco antes de Canadá.
Al cabo de dos años, en 2007, España aprobó otra ley que permitía avances para las personas transexuales, pero que hoy el colectivo considera “patologizante” al exigir el diagnóstico médico de disforia de género, explica Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
Ante la inamovilidad del Estado para seguir legislando, las comunidades autónomas han avanzado enormemente en el reconocimiento de derechos LGTBI. Navarra fue la pionera en el 2009, con una “ley para el reconocimiento de derechos y contra la discriminación de las personas transexuales” y le siguió en el 2012 el País Vasco con una ley muy similar.
Desde entonces, se han aprobado otras 19 leyes autonómicas, ya sean integrales LGTBI o específicamente trans y actualmente solo las cuatro comunidades mencionadas antes no disponen de ninguna. Aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha (del PSOE) acaba de sacar a información pública el borrador del anteproyecto de una ley de Diversidad Sexual y LGTBI, mientras que el de Castilla y León (PP) está elaborando un anteproyecto de ley LGTBI. En La Rioja, el proyecto de ley Integral Trans está atascado.
Con todo, la ausencia de legislación autonómica no significa que las personas LGTBI que viven en estas comunidades estén desprotegidas del todo, admite el doctor en Derecho Francisco Peña Díaz, experto en los derechos de este colectivo.
En España está prohibida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, como dictaminó en dos sentencias del 2006 y 2008 el Tribunal Constitucional. También existen marcos generales como el estatuto de trabajadores, que prohíbe la discriminación laboral por este motivo, o el código penal, que contempla como crímenes de odio los que se cometen por esta razón.
Por otra parte, la legislación no lo es todo. “Hay muchos condicionantes además de la ley que hacen que sea mucho más fácil ser gay o trans en un sitio que otro. Tiene mucho que ver con la aceptación social. Pero que exista legislación sirve como apoyo para que la administración pública se sensibilice o desarrolle protocolos”, señala Peña.
Así lo describe Mario Honrubia, un chico gay de 29 años originario del municipio albaceteño de Almansa, de 24.000 habitantes. “Cuando yo era pequeño en el pueblo las personas homosexuales no podían vivir abiertamente, se iban a Valencia, Madrid o Alicante, donde nadie los conocía; ahora ya te digo yo que en el pueblo uno puede vivir abiertamente”, detalla.
Desde hace unos años, Mario vive en Madrid pero sigue vinculado a asociaciones y colectivos LGTBI en Almansa, desde donde coordinan actividades y charlas en las escuelas para que los niños de hoy tengan más referentes de los que ellos tuvieron cuando eran pequeños. Desde el año 2019, además, están en contacto con el gobierno de la Comunidad para poner en marcha una LGTBI que en principio tiene que ver la luz a finales de este año. Para Mario la existencia de un marco legal permitirá, por un lado, la visibilización y normalización del colectivo y, por otro, prohibirá las terapias de conversión que ahora son perfectamente legales en la comunidad.
No todas las leyes autonómicas llegan igual de lejos. Actualmente, la ley más completa es la canaria, recién salida del horno (fue votada el 26 de mayo). “Siempre la última ley es la más avanzada, porque se van añadiendo elementos”, explica Mané Fernández.
Según un análisis elaborado para este reportaje y con el que están de acuerdo todos los expertos consultados para este artículo, la ley gallega del 2014 es la más limitada. En palabras de Fernández: “Es una ley para cumplir el expediente pero que está vacía de contenido. ¿Cuántos derechos se han conseguido gracias a la ley gallega? ¿Qué ha cambiado? Nada”.
La cuestión clave es la atención sanitaria, destaca Fernández. “En Andalucía, por ejemplo, las personas trans tienen derecho a un tratamiento y a un seguimiento en la sanidad pública. Eso no lo tienes en las dos Castillas”, dice el activista trans, quien subraya que va mucho más allá de la cirugía de reasignación genital, un paso que sólo acaba dando una minoría. Antes de llegar a eso existen una batería de tratamientos hormonales, otras cirugías o apoyo psicológico que son cruciales.
Lo puede explicar en primera persona Ixeya Quesada, que tenía 19 años cuando se dirigió por primera vez a la unidad de tránsito que, de forma gratuita, ofrece el Servei Català de Salut en Barcelona. “La decisión y el apoyo de la Unidad me dio la legitimidad para explicar mi situaciones a mis padres y a la familia”, recuerda.
Disponer de una legislación no solo determina la atención médica. También el énfasis que se les pone a los delitos de LGTBIfobia. Catalunya, Madrid o Valencia tienen observatorios para este tipo de violencias, algo que en Galicia no existe, subraya Fernández. Asturias dispone de un observatorio a pesar de no tener ley.
“Tiene un gran impacto, no sólo en la denuncia de ataques sino también porque cuando hay una ley aprobada implica que hay una formación de los cuerpos de seguridad para que sepan qué significa un delito de odio, como hay que hacer el parte, qué detalles son significativos y no deben ser ignorados”, enumera el vicepresidente de FELGTB. También subraya que las leyes son determinantes en la educación, ya que permiten el desarrollo de protocolos, contra el bullying o para trabajar para la diversidad afectivo sexual en las escuelas.
La prohibición de las terapias para ‘curar’ la homosexualidad o la transexualidad es otra de las reivindicaciones más importantes de la nueva ley estatal y de hecho está incluida en el último borrador filtrado. Por ahora, las llamadas terapias de conversión o aversión están prohibidas explícitamente en siete comunidades autónomas (Madrid, Aragón, Valencia, Andalucía, Murcia, Cantabria y Canarias), que además lo castigan con multas.
Sin embargo, no todos los textos llegan igual de lejos. La ley murciana del 2016 sólo hace referencia a las terapias para cambiar la “identidad de género” y es la única que no abarca también la orientación sexual. Además, sólo prohíbe los tratamientos que se realizan en el Servicio Murciano de Salud, lo que también deja fuera las terapias que dirigen curas o falsos terapeutas.
La ley cántabra es la más exhaustiva, ya que prohíbe “todas las terapias aversivas o procedimientos o intervenciones médicas, psicológicas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad sexual o identidad de género de una persona”.
Muchas leyes autonómicas incluyen medidas de rescate de la memoria. Unas más que otras. Navarra, por ejemplo, modificó la ley de reconocimiento y reparación moral de los “asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936” creando “una sección documental específica relativa a la memoria LGTBI+”. Extremadura creó un Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI y obliga a sus bibliotecas a contar con un fondo de esta temática. Medidas parecidas toman las leyes andaluza y de Madrid. La ley valenciana creó el Espai de la Memòria LGTBI que, aparte de compilar y divulgar la investigación en este terreno, “homenajeará a aquellas personas LGTBI destacadas en ámbitos políticos, artísticos, académicos o sociales”.
El combate, en todo caso, no acaba con la aprobación de una ley, subraya Mané Fernández. “Luego hay que asegurarse de que las leyes se implementan y se desarrollan de forma adecuada”. También deben velar para que no haya retrocesos. Un ejemplo es Murcia. Desde el 2016 cuenta con una ley LGTBI pero ahora está encima de la mesa la aprobación del llamado pin parental (la posibilidad de que los padres veten la educación afectivo sexual que reciben sus hijos), impulsado por Vox, “que va en contra de todo eso”, dice el activista de FELGTB. “Demuestra que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos aunque estén aprobados”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.