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| Imagen: El País |
Los hombres son minoría entre los jueces, pero siguen copando los cargos de nombramiento discrecional.
Reyes Rincón | El País, 2015-09-21
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/20/actualidad/1442765875_655863.html
Como cada año, el Rey y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo posaron hace unos días para una foto de familia en el acto de apertura de curso judicial. Y como cada año, la imagen muestra al monarca con 13 hombres togados. Solo hombres. Ni una mujer. Mientras la fotografía en las cúpulas del Poder Ejecutivo y del Legislativo ha evolucionado en los últimos años hacia la paridad, la del Poder Judicial sigue mostrando una imagen más propia de otro tiempo a pesar de que en España ya hay más jueces mujeres que hombres (2.781 frente a 2.571).
Las mujeres representan el 52% de los miembros de la carrera, pero cuanto más se sube en la pirámide de la estructura judicial, más difícil es encontrarlas. En la base, en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, son el 64,6%. En la cima, en el Tribunal Supremo, el 13,6%: 11 mujeres frente a 68 hombres. Y ninguna al frente de una presidencia de sala, un puesto gubernativo al que se accede por nombramiento discrecional del Consejo General del Poder Judicial. Igual que a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (donde solo hay una mujer, la presidenta del tribunal de la Comunidad Valenciana) o á las de las Audiencias Provinciales (nueve mujeres y 41 hombres).
Hasta hace unos años, la explicación a este desequilibrio solía encontrarse en el hecho de que las mujeres se incorporaron más tarde a la carrera judicial y no habían tenido tiempo de llegar a los puestos de poder en los altos tribunales. Pero, aunque la presencia femenina sigue siendo inferior entre los magistrados de más edad, ya hay casi 700 mujeres jueces mayores de 51 años y 99 mayores de 60, pero muy pocas en cargos gubernativos.
¿Hay machismo en la elección de la cúpula judicial? “Mentiría si dijera que no. Se ha normalizado la presencia de la mujer, pero no se ha llegado a la plena igualdad, por lo que sigue habiendo desigualdad o discriminación”, opina Rosa María Virolés, magistrada de la Sala de lo Social del Supremo y que, en 2006, fue la cuarta mujer en incorporarse al alto tribunal.
La norma que regula los nombramientos discrecionales en los órganos judiciales estipula que la selección se ajustará a los principios de “mérito y capacidad” y que, dentro de estos principios, se impulsará medidas que favorezcan la promoción de la mujer. Pero Virolés, como otras jueces consultadas, cree que la clave está en que en los nombramientos influye la vinculación política y a asociaciones profesionales y, en esos círculos, ellas salen perdiendo. En parte porque en muchos hombres persisten las reticencias a nombrar mujeres, pero también porque la mujer suele hacer “menos vida social y asociativa”, por lo que, a la larga, tiene menos contactos influyentes, asegura Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo y ex secretaria de Estado de Interior. “En la carrera judicial, si no tienes padrino no llegas a nada”, admite Robles, que lamenta la “imagen de lejanía a la sociedad” que ofrecen actos como el de la apertura del año judicial.
Es cierto que entre los cargos elegidos por nombramiento hay muchas menos mujeres que hombres, pero también que ellas solicitan en menor porcentaje acceder a los puestos de poder. De los 22 cargos gubernativos que se han nombrado en lo que va de año, solo en siete ocasiones se presentaron mujeres. Cuatro fueron elegidas. Entre los 15 procesos de elección en los que no hubo candidatas figura la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, como tampoco el año pasado las hubo para la presidencia de la Sala de lo Penal.
“Hay una autolimitación de la mujer, que no da un paso al frente para pedir cargos”, admite Clara Martínez de Careaga, magistrada de lo Militar del Supremo y presidenta de la comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. “El hombre, en un alto porcentaje, da todos los pasos de su proyección profesional sin preguntar. La mujer sigue sin hacerlo. La prioridad son los hijos y, a menudo, se contiene de pedir acceder a un cargo porque ya está al límite de sus fuerzas”, advierte Martínez de Careaga.
Esta “autolimitación” influye también en el acceso a los altos tribunales, que implica vivir la mayor parte de la semana en Madrid, lo que, según coinciden las jueces consultadas, acaba limitando las opciones de muchas mujeres. Hay magistrados del Supremo que tienen su residencia fuera de la capital y viajan cada semana a Madrid para pasar los días laborables, una circunstancia que no comparte ninguna de las 11 jueces del alto tribunal.
La Comisión de Igualdad ha impulsado en los últimos años medidas para facilitar la conciliación familiar, pero la inmensa mayoría de los jueces que las solicitan son mujeres. Igual ocurre con las excedencias para el cuidado de hijos: a 1 de enero de 2015 estaban en esta situación 29 mujeres y un solo hombre. Y estas fórmulas de conciliación suponen, a la larga, un corte en la carrera que acaba perjudicando la trayectoria de las jueces. “En los años en que tienen hijos pequeños, el hombre sigue enriqueciendo su currículo. El de la mujer, en cambio, se empobrece”, lamenta la presidenta de la comisión de Igualdad.
Las mujeres representan el 52% de los miembros de la carrera, pero cuanto más se sube en la pirámide de la estructura judicial, más difícil es encontrarlas. En la base, en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, son el 64,6%. En la cima, en el Tribunal Supremo, el 13,6%: 11 mujeres frente a 68 hombres. Y ninguna al frente de una presidencia de sala, un puesto gubernativo al que se accede por nombramiento discrecional del Consejo General del Poder Judicial. Igual que a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (donde solo hay una mujer, la presidenta del tribunal de la Comunidad Valenciana) o á las de las Audiencias Provinciales (nueve mujeres y 41 hombres).
Hasta hace unos años, la explicación a este desequilibrio solía encontrarse en el hecho de que las mujeres se incorporaron más tarde a la carrera judicial y no habían tenido tiempo de llegar a los puestos de poder en los altos tribunales. Pero, aunque la presencia femenina sigue siendo inferior entre los magistrados de más edad, ya hay casi 700 mujeres jueces mayores de 51 años y 99 mayores de 60, pero muy pocas en cargos gubernativos.
¿Hay machismo en la elección de la cúpula judicial? “Mentiría si dijera que no. Se ha normalizado la presencia de la mujer, pero no se ha llegado a la plena igualdad, por lo que sigue habiendo desigualdad o discriminación”, opina Rosa María Virolés, magistrada de la Sala de lo Social del Supremo y que, en 2006, fue la cuarta mujer en incorporarse al alto tribunal.
La norma que regula los nombramientos discrecionales en los órganos judiciales estipula que la selección se ajustará a los principios de “mérito y capacidad” y que, dentro de estos principios, se impulsará medidas que favorezcan la promoción de la mujer. Pero Virolés, como otras jueces consultadas, cree que la clave está en que en los nombramientos influye la vinculación política y a asociaciones profesionales y, en esos círculos, ellas salen perdiendo. En parte porque en muchos hombres persisten las reticencias a nombrar mujeres, pero también porque la mujer suele hacer “menos vida social y asociativa”, por lo que, a la larga, tiene menos contactos influyentes, asegura Margarita Robles, magistrada de la Sala de lo Contencioso del Supremo y ex secretaria de Estado de Interior. “En la carrera judicial, si no tienes padrino no llegas a nada”, admite Robles, que lamenta la “imagen de lejanía a la sociedad” que ofrecen actos como el de la apertura del año judicial.
Es cierto que entre los cargos elegidos por nombramiento hay muchas menos mujeres que hombres, pero también que ellas solicitan en menor porcentaje acceder a los puestos de poder. De los 22 cargos gubernativos que se han nombrado en lo que va de año, solo en siete ocasiones se presentaron mujeres. Cuatro fueron elegidas. Entre los 15 procesos de elección en los que no hubo candidatas figura la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, como tampoco el año pasado las hubo para la presidencia de la Sala de lo Penal.
“Hay una autolimitación de la mujer, que no da un paso al frente para pedir cargos”, admite Clara Martínez de Careaga, magistrada de lo Militar del Supremo y presidenta de la comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. “El hombre, en un alto porcentaje, da todos los pasos de su proyección profesional sin preguntar. La mujer sigue sin hacerlo. La prioridad son los hijos y, a menudo, se contiene de pedir acceder a un cargo porque ya está al límite de sus fuerzas”, advierte Martínez de Careaga.
Esta “autolimitación” influye también en el acceso a los altos tribunales, que implica vivir la mayor parte de la semana en Madrid, lo que, según coinciden las jueces consultadas, acaba limitando las opciones de muchas mujeres. Hay magistrados del Supremo que tienen su residencia fuera de la capital y viajan cada semana a Madrid para pasar los días laborables, una circunstancia que no comparte ninguna de las 11 jueces del alto tribunal.
La Comisión de Igualdad ha impulsado en los últimos años medidas para facilitar la conciliación familiar, pero la inmensa mayoría de los jueces que las solicitan son mujeres. Igual ocurre con las excedencias para el cuidado de hijos: a 1 de enero de 2015 estaban en esta situación 29 mujeres y un solo hombre. Y estas fórmulas de conciliación suponen, a la larga, un corte en la carrera que acaba perjudicando la trayectoria de las jueces. “En los años en que tienen hijos pequeños, el hombre sigue enriqueciendo su currículo. El de la mujer, en cambio, se empobrece”, lamenta la presidenta de la comisión de Igualdad.
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