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| Imagen: La Vanguardia / Albert Rivera (i) y Pablo Iglesias (d) en el World Pride 2017 |
Se prohibirán pruebas psiquiátricas en la reasignación de sexo.
Cristina Sen | La Vanguardia, 2017-09-19
http://www.lavanguardia.com/vida/20170919/431397357606/trans-derechos-lgtb-igualdad-congreso-sanidad.html
La ley que debe garantizar la no discriminación en ningún ámbito de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales dará hoy su primer paso en el Congreso. De la mano de Podemos, que ha recogido las reivindicaciones del colectivo LGTBI, está previsto que se apruebe la toma en consideración de una iniciativa pionera cuyo objetivo es fomentar la igualdad real de unos colectivos que aún tienen que afrontar muchas discriminaciones en su día a día y consolidar también un cambio en la percepción social.
Aunque en su trámite parlamentario la proposición de ley será sometida a enmiendas, su texto inicial regula los derechos en todos los ámbitos sociales (familia, educación, sanidad, deporte o justicia, entre otros) y establece una serie de sanciones para los delitos de homofobia. Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa, según subraya Sofía Castañón, secretaria de igualdad de Podemos, es el que se refiere a los derechos de las personas transexuales y transgénero, empezando por las dificultades que encuentran en el ámbito sanitario. La proposición indica que la atención sanitaria ha de ser despatologizadora, es decir, se debe dejar de considerar el hecho de ser transexual o transgénero como “una enfermedad”, sino como una forma más de la diversidad humana.
En este sentido, se prohibirá cualquier prueba psiquiátrica para determinar la condición de una persona, acabando así con el actual diagnóstico de “disforia de género”. Cuando se inicie un proceso de transición o reasignación de género, será la persona la que marcará los pasos que quiere dar. Hace años que el colectivo de personas trans lucha por poner fin a un modelo de salud en el que se patologiza y se psiquiatriza un derecho fundamental, el derecho a la identidad de género.
En esta línea, la iniciativa establece que partir de los 16 años los menores trans podrán presentar por sí mismos el consentimiento informado para someterse a una reasignación sexual quirúrgica. Y a partir de la pubertad también podrán hacerlo para acceder a los bloqueadores hormonales. La proposición de ley también incluye un apartado en el que deja claro que no se permiten las terapias que pretenden revertir la orientación sexual o la identidad de género (véase la información adjunta). Siguiendo con los derechos sexuales y reproductivos, la futura ley pretende que todas las mujeres tengan garantizado el derecho a la reproducción asistida independientemente de su orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
La proposición de ley reconoce el derecho humano a la autodeterminación de la identidad de género, sin injerencias ni requisitos médicos.
El ámbito de la educación también es clave para acabar con la discriminación y por ello se propone que en los materiales escolares se incorporen referentes positivos LGTBI. En cuanto al alumnado y a todo el personal del sistema educativo, se garantizará su derecho a exteriorizar su identidad de género, respetando su imagen física, la elección de indumentaria y el acceso a las instalaciones del centro de acuerdo con el género sentido.
También podrán utilizar libremente el nombre que hayan elegido, que quedará reflejado en la documentación administrativa, tanto la del centro como la que se expone públicamente. Actualmente, no hay una norma común en los colegios para tratar a los menores trans.
Cerco a las terapias de reversión sexual
Si la proposición de ley llega a buen puerto, las terapias que pretenden “corregir” la orientación sexual o la identidad de género de una persona no sólo quedarán prohibidas, sino que también serán consideradas infracciones muy graves. No se podrán realizar, así, ni con el consentimiento de la persona que acude o de sus representantes legales. Se hace esta mención ya que normalmente llegan a este tipo de terapias niños llevados por sus padres. Las terapias, según los expertos, dejan secuelas, pues se trata como una enfermedad algo que no lo es, y se trabaja en contra de algo intrínseco de la persona. En el 2009, la Asociación Estadounidense de Psicología ya emitió un comunicado en el que advertía que este tipo de terapias pueden causar depresión y tendencias suicidas. Hasta ahora en España no hay legislación clara al respecto.
Aunque en su trámite parlamentario la proposición de ley será sometida a enmiendas, su texto inicial regula los derechos en todos los ámbitos sociales (familia, educación, sanidad, deporte o justicia, entre otros) y establece una serie de sanciones para los delitos de homofobia. Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa, según subraya Sofía Castañón, secretaria de igualdad de Podemos, es el que se refiere a los derechos de las personas transexuales y transgénero, empezando por las dificultades que encuentran en el ámbito sanitario. La proposición indica que la atención sanitaria ha de ser despatologizadora, es decir, se debe dejar de considerar el hecho de ser transexual o transgénero como “una enfermedad”, sino como una forma más de la diversidad humana.
En este sentido, se prohibirá cualquier prueba psiquiátrica para determinar la condición de una persona, acabando así con el actual diagnóstico de “disforia de género”. Cuando se inicie un proceso de transición o reasignación de género, será la persona la que marcará los pasos que quiere dar. Hace años que el colectivo de personas trans lucha por poner fin a un modelo de salud en el que se patologiza y se psiquiatriza un derecho fundamental, el derecho a la identidad de género.
En esta línea, la iniciativa establece que partir de los 16 años los menores trans podrán presentar por sí mismos el consentimiento informado para someterse a una reasignación sexual quirúrgica. Y a partir de la pubertad también podrán hacerlo para acceder a los bloqueadores hormonales. La proposición de ley también incluye un apartado en el que deja claro que no se permiten las terapias que pretenden revertir la orientación sexual o la identidad de género (véase la información adjunta). Siguiendo con los derechos sexuales y reproductivos, la futura ley pretende que todas las mujeres tengan garantizado el derecho a la reproducción asistida independientemente de su orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
La proposición de ley reconoce el derecho humano a la autodeterminación de la identidad de género, sin injerencias ni requisitos médicos.
El ámbito de la educación también es clave para acabar con la discriminación y por ello se propone que en los materiales escolares se incorporen referentes positivos LGTBI. En cuanto al alumnado y a todo el personal del sistema educativo, se garantizará su derecho a exteriorizar su identidad de género, respetando su imagen física, la elección de indumentaria y el acceso a las instalaciones del centro de acuerdo con el género sentido.
También podrán utilizar libremente el nombre que hayan elegido, que quedará reflejado en la documentación administrativa, tanto la del centro como la que se expone públicamente. Actualmente, no hay una norma común en los colegios para tratar a los menores trans.
Cerco a las terapias de reversión sexual
Si la proposición de ley llega a buen puerto, las terapias que pretenden “corregir” la orientación sexual o la identidad de género de una persona no sólo quedarán prohibidas, sino que también serán consideradas infracciones muy graves. No se podrán realizar, así, ni con el consentimiento de la persona que acude o de sus representantes legales. Se hace esta mención ya que normalmente llegan a este tipo de terapias niños llevados por sus padres. Las terapias, según los expertos, dejan secuelas, pues se trata como una enfermedad algo que no lo es, y se trabaja en contra de algo intrínseco de la persona. En el 2009, la Asociación Estadounidense de Psicología ya emitió un comunicado en el que advertía que este tipo de terapias pueden causar depresión y tendencias suicidas. Hasta ahora en España no hay legislación clara al respecto.
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