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| Imagen: El País / Iglesia de Sant Pere de Castellfollit del Boix |
La coordinadora estatal Recuperando celebra en Zaragoza una asamblea con municipios para aunar iniciativas contra las inmatriculaciones.
Carmen Morán Breña | El País, 2018-11-10
https://elpais.com/sociedad/2018/11/10/actualidad/1541881502_197482.html
La Coordinadora Estatal Recuperando, que trata de devolver al pueblo el patrimonio artístico inmatriculado por la Iglesia católica, ha conseguido reunir este sábado en Zaragoza a cargos públicos de 11 comunidades autónomas y de más de 30 municipios. El encuentro se ha considerado la primera reunión institucional desde que las plataformas ciudadanas empezaron a luchar para que los obispos devuelvan los miles de bienes puestos a su nombre gracias a una ley franquista de 1946. La asamblea celebrada en la capital aragonesa e inaugurada por el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, ha acordado promover en los programas electorales las reivindicaciones de la coordinadora. También se crearán grupos de trabajo en las federaciones de municipios que persigan la recuperación del patrimonio. Al mismo tiempo, se prevé la formación de una red estatal de cargos públicos que se dedique a esta iniciativa.
En la asamblea, numerosos municipios han expuesto sus dudas y los obstáculos que encuentran cuando se enfrentan a un registro de la propiedad. Un concejal de IU del Ayuntamiento de Sevilla ha contado que tras varios intentos por saber a nombre de quién estaba registrado un monasterio, en un registro de la propiedad le dijeron: "Ah, eso está en el libro raro de cosas de la Iglesia". Otros concejales han comentado su larga lucha en tribunales para recuperar murallas, iglesias, etcétera.
En el encuentro se ha presentado una guía editada en Navarra que sirve de ayuda para sortear todos esos escollos y en la que se pide a los Ayuntamientos que no se sufraguen los gastos de aquellos templos que hayan sido inmatriculados. Y que se pida el pago del IBI por todos los inmuebles de los que la Iglesia ostenta la titularidad. El alcalde de Zaragoza ha calculado que el Consistorio deja de ingresar "cerca de dos millones de euros" por este concepto.
Santisteve ha recordado que el asunto de las inmatriculaciones, que ya ha llegado al Vaticano con la reciente visita de la vicepresidenta Carmen Calvo, "es una cuestión de Estado" y ha expresado su confianza en que el Gobierno preste su ayuda. "Es hora de hablar de la revisión del Concordato y empezar a considerar a la Iglesia como una entidad privada más", ha puntualizado.
La coordinadora estatal Recuperando se constituyó en 2016 y esta es su tercera asamblea. La plataforma ciudadana navarra fue pionera en este asunto y es aún hoy referencia para todos aquellos alcaldes que se ven en apuros para recuperar los templos y otros bienes inmatriculados por la Iglesia. Después se constituyó la asociación cordobesa, que pronto cobró importancia con el escándalo de la inmatriculación de la mezquita, patrimonio mundial. Ahora da la voz de alarma Zaragoza, una provincia muy afectada por esta práctica desde que en los años ochenta el obispo Elías Yanes inmatriculara buen parte de las grandes iglesias de la ciudad. Lo hizo mucho antes de que la ley se lo permitiera, algo que ocurrió en 1998, cuando el Gobierno de Aznar abrió la puerta también a la inmatriculación de templos de culto.
Jorge García era este sábado el anfitrión. Es el presidente de la plataforma zaragozana, y ha agradecido a los políticos que se hayan acercado hasta la capital aragonesa. "Una vez más tengo que dejar muy claro que estamos hablando del patrimonio de todos los ciudadanos, que no se trata de ir contra la religión, respetamos la confesión de todo el mundo". Y recordó que la coordinadora cuenta con el apoyo de cristianos de base.
En la asamblea, los cargos políticos han tratado de coordinarse y reunir fuerzas para recuperar el patrimonio, pero son conscientes de que las vías jurídicas son complicadas. Por ese motivo, esperan alguna ayuda por parte del Gobierno central, quien está recabando un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 hasta 2015, cuando se derogó la ley.
Los reunidos han ido relatando los avatares para informarse de lo inmatriculado o para recuperarlo. Aina Comas Delgado, concejal de Artà ha contado, por ejemplo, que en el juicio en el que se sentenció que las murallas de su ciudad no eran de la Iglesia sino del pueblo, los abogados del obispado "expusieron hasta 60 bienes inmatriculados en las islas sin que hubieran tenido ningún problema con nadie. Lo curioso es que, mientras tanto, en el parlamento balear se estaba pidiendo que la Iglesia publicara esa lista sin obtener ningún éxito".
El concejal de Cartagena Francisco Martín Muñoz ha expuesto el caso del cementerio de La Palma, una pedanía del municipio murciano y "las presiones de los religiosos para que los vecinos entregaran su carta de propiedad sobre el nicho en cuestión". Al final, ha dicho, han conseguido una plataforma de 150 afectados, aunque hay un total de 943 fosas. "El pueblo no está concienciado con esto", ha lamentado. Así lo han afirmado también algunas personas reunidas, por ejemplo un ciudadano catalán que ha preguntado si un Ayuntamiento podría pedir en el registro los bienes inmatriculados en otro Consistorio. "De esta forma, podríamos mostrárselo y así a lo mejor se animaban a recuperarlo", ha sugerido.
El alcalde zaragozano, por último, ha animado a "abrir la vía jurídica, porque la sociedad quiere que se esclarezca lo ocurrido sobre bienes que son de dominio público como los ríos".
En la asamblea, numerosos municipios han expuesto sus dudas y los obstáculos que encuentran cuando se enfrentan a un registro de la propiedad. Un concejal de IU del Ayuntamiento de Sevilla ha contado que tras varios intentos por saber a nombre de quién estaba registrado un monasterio, en un registro de la propiedad le dijeron: "Ah, eso está en el libro raro de cosas de la Iglesia". Otros concejales han comentado su larga lucha en tribunales para recuperar murallas, iglesias, etcétera.
En el encuentro se ha presentado una guía editada en Navarra que sirve de ayuda para sortear todos esos escollos y en la que se pide a los Ayuntamientos que no se sufraguen los gastos de aquellos templos que hayan sido inmatriculados. Y que se pida el pago del IBI por todos los inmuebles de los que la Iglesia ostenta la titularidad. El alcalde de Zaragoza ha calculado que el Consistorio deja de ingresar "cerca de dos millones de euros" por este concepto.
Santisteve ha recordado que el asunto de las inmatriculaciones, que ya ha llegado al Vaticano con la reciente visita de la vicepresidenta Carmen Calvo, "es una cuestión de Estado" y ha expresado su confianza en que el Gobierno preste su ayuda. "Es hora de hablar de la revisión del Concordato y empezar a considerar a la Iglesia como una entidad privada más", ha puntualizado.
La coordinadora estatal Recuperando se constituyó en 2016 y esta es su tercera asamblea. La plataforma ciudadana navarra fue pionera en este asunto y es aún hoy referencia para todos aquellos alcaldes que se ven en apuros para recuperar los templos y otros bienes inmatriculados por la Iglesia. Después se constituyó la asociación cordobesa, que pronto cobró importancia con el escándalo de la inmatriculación de la mezquita, patrimonio mundial. Ahora da la voz de alarma Zaragoza, una provincia muy afectada por esta práctica desde que en los años ochenta el obispo Elías Yanes inmatriculara buen parte de las grandes iglesias de la ciudad. Lo hizo mucho antes de que la ley se lo permitiera, algo que ocurrió en 1998, cuando el Gobierno de Aznar abrió la puerta también a la inmatriculación de templos de culto.
Jorge García era este sábado el anfitrión. Es el presidente de la plataforma zaragozana, y ha agradecido a los políticos que se hayan acercado hasta la capital aragonesa. "Una vez más tengo que dejar muy claro que estamos hablando del patrimonio de todos los ciudadanos, que no se trata de ir contra la religión, respetamos la confesión de todo el mundo". Y recordó que la coordinadora cuenta con el apoyo de cristianos de base.
En la asamblea, los cargos políticos han tratado de coordinarse y reunir fuerzas para recuperar el patrimonio, pero son conscientes de que las vías jurídicas son complicadas. Por ese motivo, esperan alguna ayuda por parte del Gobierno central, quien está recabando un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 hasta 2015, cuando se derogó la ley.
Los reunidos han ido relatando los avatares para informarse de lo inmatriculado o para recuperarlo. Aina Comas Delgado, concejal de Artà ha contado, por ejemplo, que en el juicio en el que se sentenció que las murallas de su ciudad no eran de la Iglesia sino del pueblo, los abogados del obispado "expusieron hasta 60 bienes inmatriculados en las islas sin que hubieran tenido ningún problema con nadie. Lo curioso es que, mientras tanto, en el parlamento balear se estaba pidiendo que la Iglesia publicara esa lista sin obtener ningún éxito".
El concejal de Cartagena Francisco Martín Muñoz ha expuesto el caso del cementerio de La Palma, una pedanía del municipio murciano y "las presiones de los religiosos para que los vecinos entregaran su carta de propiedad sobre el nicho en cuestión". Al final, ha dicho, han conseguido una plataforma de 150 afectados, aunque hay un total de 943 fosas. "El pueblo no está concienciado con esto", ha lamentado. Así lo han afirmado también algunas personas reunidas, por ejemplo un ciudadano catalán que ha preguntado si un Ayuntamiento podría pedir en el registro los bienes inmatriculados en otro Consistorio. "De esta forma, podríamos mostrárselo y así a lo mejor se animaban a recuperarlo", ha sugerido.
El alcalde zaragozano, por último, ha animado a "abrir la vía jurídica, porque la sociedad quiere que se esclarezca lo ocurrido sobre bienes que son de dominio público como los ríos".
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