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| Imagen: 20 Minutos / ATA-Sylvia Rivera |
La Ministra anunció en la Comisión de Igualdad la Ley LGTBI, que presentará antes de verano, y la Ley Trans. "¿De qué me sirve tener el DNI cambiado si no tengo acceso al mercado laboral?", cuenta a 20minutos Mar Cambrollé.
Alejandro González Vizuete | 20 Minutos, 2020-02-26
https://www.20minutos.es/noticia/4165975/0/en-que-consite-la-ley-trans-anunciada-por-la-ministra-montero/
La ministra de Igualdad, Irene Montero, declaró este lunes ante la Comisión de Igualdad del Congreso que llevará la ley LGTBI al Consejo de Ministros antes del verano. Con esta ley afirma querer equilibrar las diferencias entre comunidades autónomas en esta materia. También se ha referido a la ley trans, que, entre otros aspectos, ahondará en la despatologización de este colectivo.
El pasado sábado, la Asamblea Política y Social convocada por Izquierda Unida decidió expulsar al Partido Feminista de España (PFE) con el 85% de los votos por su postura contraria a una posible ley trans. IU alega "reiterados incumplimientos estatutarios y mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU".
Lidia Falcón, presidenta del PFE, cuenta a 20minutos que la decisión no le parece justa ni equitativa "ni en el fondo ni en la forma". El pasado 4 de diciembre, el PFE publicó "un texto crítico" en contra de las proposiciones de ley LGTB y Trans presentadas por UP en 2017 y 2018 respectivamente. Según Falcón, IU no aprobó el apoyo a esta ley.
Por su parte, fuentes de la dirección federal de Izquierda Unida explican que el área LGTB ALEAS de IU, junto con el grupo de Unidos Podemos -del que también formaban parte entonces-, preparó la proposición de ley de 2018. Por ello, consideran que manifestarse en contra de esa proposición vulnera varios puntos del artículo 32 de los Estatutos del partido.
Desde diciembre se vienen sucediendo los desencuentros entre ambas formaciones. Sin embargo, Falcón dice que su partido no sabía que la Asamblea del sábado acabaría con su expulsión. Denuncia "enormes irregularidades" y anuncia que acudirá a la Comisión de Garantías de IU. "Si no resuelven de una manera justa, iremos a los tribunales".
Falcón explica su posición diciendo que la proposición LGTB "pretende cambiar el lenguaje de todas las leyes para que ya no se hable ni de padre ni de madre". En cuanto a la proposición de ley trans, cree que "lo más grave" es que permitirá a menores "de 4 o de 5 años" cambiar su género. Añade que derivará en la administración de "bloqueadores de hormonas", con los que "el niño no va a crecer".
Respecto a esto, la proposición de 2018 contempla el acceso a los bloqueadores hormonales a partir de la pubertad y el acceso a la reasignación del sexo a partir de los 16 años. En cuanto a la autodeterminación del género, desde el pasado verano el Tribunal Constitucional permite que los menores "trans" con madurez suficiente puedan solicitar el cambio de género en el registro civil.
A nivel autonómico, leyes como la aprobada en 2014 en Andalucía han dado pasos hacia la determinación del género de las personas trans sin necesidad de presentar informes psiquiátricos. Aunque hay muchas comunidades que no cuentan con legislación de este tipo.
"Esta ley reconocerá los derechos conculcados a las personas trans"
A nivel nacional, la Federación Estatal LGTB (FELGTB) redactó en 2017 una proposición de ley contra la discriminación del colectivo LGTB. Al año siguiente, la Federación Plataforma Trans redactó otra proposición más centrada en la protección jurídica de las personas trans y su derecho a la libre determinación de la identidad sexual. Ambas fueron presentadas en el Congreso por UP.
Para Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, la ley LGTBI es necesaria porque protege "de la discriminación a todo el colectivo en general". Sin embargo, considera necesaria una ley integral específica para las personas trans para "garantizar los derechos que viven el resto de la ciudadanía y que nos son conculcados a las personas trans".
Entre las medidas que solicita esta proposición de ley trans están: despatologizar la autodeterminación del género -separándola del concepto disforia de género-, establecer un modelo de atención a la salud de las personas trans, prohibir la discriminación en el ámbito social y laboral con políticas activas de empleo, implantar medidas de formación y prevención del acoso en los centros educativos y garantizar que las personas trans puedan practicar deporte en igualdad de condiciones.
En 2019, la FELGTB presentó un estudio en el que mostraba que el 42% de las personas trans habían sufrido amenazas o maltrato psicológico en 2018. También indicaba que el 85% de las personas trans estaban en situación de desempleo. Cambrollé además añade otras cifras como el 25% que reconoce haber sufrido abusos sexuales o el 80% de los adolescentes trans que piensan en el suicidio y se autolesionan.
"Desde que se aprueba la democracia, lo único que teníamos es una ley de cambio registral de nombre", indica. "¿De qué me sirve tener el DNI cambiado si el acceso al mercado laboral lo tengo cerrado?¿De qué me sirve el DNI cambiado si para acceder al tratamiento hormonal me sigues tratando como a una enferma mental?".
Cambrollé defiende que esta ley es legítima porque sale del propio sujeto político, el colectivo trans. La redacción de la nueva proposición, realizada en un "proceso participativo y abierto", ha sido aceptada "por unanimidad por todas las asociaciones trans". También anuncia que el nuevo texto ha sido enviado a la mayoría de grupos parlamentarios “porque queremos que esta ley sea una ley de consenso unánime”.
"La discriminación no ha variado de 2017 a 2020"
La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, considera alentadoras las palabras de la ministra. “No esperábamos que fuese tan pronto, lo que nos da mucha alegría también para que dé tiempo a tener una ley de igualdad LGTBI cuanto antes”.
También confirma a 20minutos que la Federación está trabajando en una nueva redacción de la proposición. Aunque "no hay mucha variación respecto a la anterior. La discriminación al colectivo LGTBI no ha variado de 2017 a 2020". Explica que en su propuesta de 2017 ya llevaban las reivindicaciones trans, aunque también apoyan que haya una ley específica.
La nueva redacción de la ley LGTBI conserva "aspectos fundamentales" como: que se garantice la reproducción asistida para las mujeres "y para las personas gestantes", la protección de las familias LGTBI y la formación de la Policía en materia LGTBI. También incluye un apartado específico de sanciones administrativas "por delitos de odio o incidentes de odio".
El pasado sábado, la Asamblea Política y Social convocada por Izquierda Unida decidió expulsar al Partido Feminista de España (PFE) con el 85% de los votos por su postura contraria a una posible ley trans. IU alega "reiterados incumplimientos estatutarios y mantener posiciones contrarias a las aprobadas en los órganos de IU".
Lidia Falcón, presidenta del PFE, cuenta a 20minutos que la decisión no le parece justa ni equitativa "ni en el fondo ni en la forma". El pasado 4 de diciembre, el PFE publicó "un texto crítico" en contra de las proposiciones de ley LGTB y Trans presentadas por UP en 2017 y 2018 respectivamente. Según Falcón, IU no aprobó el apoyo a esta ley.
Por su parte, fuentes de la dirección federal de Izquierda Unida explican que el área LGTB ALEAS de IU, junto con el grupo de Unidos Podemos -del que también formaban parte entonces-, preparó la proposición de ley de 2018. Por ello, consideran que manifestarse en contra de esa proposición vulnera varios puntos del artículo 32 de los Estatutos del partido.
Desde diciembre se vienen sucediendo los desencuentros entre ambas formaciones. Sin embargo, Falcón dice que su partido no sabía que la Asamblea del sábado acabaría con su expulsión. Denuncia "enormes irregularidades" y anuncia que acudirá a la Comisión de Garantías de IU. "Si no resuelven de una manera justa, iremos a los tribunales".
Falcón explica su posición diciendo que la proposición LGTB "pretende cambiar el lenguaje de todas las leyes para que ya no se hable ni de padre ni de madre". En cuanto a la proposición de ley trans, cree que "lo más grave" es que permitirá a menores "de 4 o de 5 años" cambiar su género. Añade que derivará en la administración de "bloqueadores de hormonas", con los que "el niño no va a crecer".
Respecto a esto, la proposición de 2018 contempla el acceso a los bloqueadores hormonales a partir de la pubertad y el acceso a la reasignación del sexo a partir de los 16 años. En cuanto a la autodeterminación del género, desde el pasado verano el Tribunal Constitucional permite que los menores "trans" con madurez suficiente puedan solicitar el cambio de género en el registro civil.
A nivel autonómico, leyes como la aprobada en 2014 en Andalucía han dado pasos hacia la determinación del género de las personas trans sin necesidad de presentar informes psiquiátricos. Aunque hay muchas comunidades que no cuentan con legislación de este tipo.
"Esta ley reconocerá los derechos conculcados a las personas trans"
A nivel nacional, la Federación Estatal LGTB (FELGTB) redactó en 2017 una proposición de ley contra la discriminación del colectivo LGTB. Al año siguiente, la Federación Plataforma Trans redactó otra proposición más centrada en la protección jurídica de las personas trans y su derecho a la libre determinación de la identidad sexual. Ambas fueron presentadas en el Congreso por UP.
Para Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, la ley LGTBI es necesaria porque protege "de la discriminación a todo el colectivo en general". Sin embargo, considera necesaria una ley integral específica para las personas trans para "garantizar los derechos que viven el resto de la ciudadanía y que nos son conculcados a las personas trans".
Entre las medidas que solicita esta proposición de ley trans están: despatologizar la autodeterminación del género -separándola del concepto disforia de género-, establecer un modelo de atención a la salud de las personas trans, prohibir la discriminación en el ámbito social y laboral con políticas activas de empleo, implantar medidas de formación y prevención del acoso en los centros educativos y garantizar que las personas trans puedan practicar deporte en igualdad de condiciones.
En 2019, la FELGTB presentó un estudio en el que mostraba que el 42% de las personas trans habían sufrido amenazas o maltrato psicológico en 2018. También indicaba que el 85% de las personas trans estaban en situación de desempleo. Cambrollé además añade otras cifras como el 25% que reconoce haber sufrido abusos sexuales o el 80% de los adolescentes trans que piensan en el suicidio y se autolesionan.
"Desde que se aprueba la democracia, lo único que teníamos es una ley de cambio registral de nombre", indica. "¿De qué me sirve tener el DNI cambiado si el acceso al mercado laboral lo tengo cerrado?¿De qué me sirve el DNI cambiado si para acceder al tratamiento hormonal me sigues tratando como a una enferma mental?".
Cambrollé defiende que esta ley es legítima porque sale del propio sujeto político, el colectivo trans. La redacción de la nueva proposición, realizada en un "proceso participativo y abierto", ha sido aceptada "por unanimidad por todas las asociaciones trans". También anuncia que el nuevo texto ha sido enviado a la mayoría de grupos parlamentarios “porque queremos que esta ley sea una ley de consenso unánime”.
"La discriminación no ha variado de 2017 a 2020"
La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, considera alentadoras las palabras de la ministra. “No esperábamos que fuese tan pronto, lo que nos da mucha alegría también para que dé tiempo a tener una ley de igualdad LGTBI cuanto antes”.
También confirma a 20minutos que la Federación está trabajando en una nueva redacción de la proposición. Aunque "no hay mucha variación respecto a la anterior. La discriminación al colectivo LGTBI no ha variado de 2017 a 2020". Explica que en su propuesta de 2017 ya llevaban las reivindicaciones trans, aunque también apoyan que haya una ley específica.
La nueva redacción de la ley LGTBI conserva "aspectos fundamentales" como: que se garantice la reproducción asistida para las mujeres "y para las personas gestantes", la protección de las familias LGTBI y la formación de la Policía en materia LGTBI. También incluye un apartado específico de sanciones administrativas "por delitos de odio o incidentes de odio".
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