Así ha defendido el PSOE la autodeterminación de género que ahora cuestiona Carmen Calvo.
Diputadas socialistas han propuesto y apoyado en trece comunidades autónomas el derecho al reconocimiento de la identidad sentida que la vicepresidenta pone en duda tras hacerse público el borrador de la ley trans.
Patricia Reguero Ríos | El Salto, 2021-02-05
https://www.elsaltodiario.com/ley-trans/psoe-autodeterminacion-genero-leyes-autonomicas-carmen-calvo-
En junio de 2014, el parlamento andaluz aprobaba la primera ley autonómica que reconoce el derecho a la autodeterminación de la identidad de género en España. La ley respondía a la iniciativa de la Asociación de Transexuales de Andalucía. El PSOE la hizo suya, y la ley se aprobó por unanimidad. La diputada socialista María Soledad Pérez Rodríguez decía en el pleno en el que salió adelante este texto que la propuesta de la ley era “muy sencilla”: “Tan sencilla que únicamente dice que las personas tienen el derecho a su personalidad, a la dignidad como personas y al libre desarrollo de su personalidad, a la salud, a la integridad psicofísica, a la intimidad y la propia imagen”, recoge el diario de sesiones.
El objeto de esta Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía se recoge así en el texto: “Garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer”.
Casi siete años y trece leyes autonómicas después, las declaraciones este jueves 4 de febrero de la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, confirmaban las sospechas de los colectivos que piden al Gobierno de coalición que cumpla su acuerdo de Gobierno y apruebe una ley trans estatal. Una ley que, piden los colectivos, consagre el derecho a la autodeterminación, entendido este como el derecho a que la mención al sexo en la documentación de una persona refleje su identidad sin necesidad de ser avalada por informes médicos y psicológicos. Este cambio, argumentan, es coherente con la despatologización de la transexualidad que se produjo cuando en 2018 la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad de su manual de enfermedades mentales y vino a decir lo que muchas personas trans ya sabían: que no son enfermas.
Pero las declaraciones de Calvo —“me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo”— en una entrevista en Cadena Ser Catalunya, un día después de que el Ministerio de Igualdad diera a conocer los borradores de la ley trans estatal y la ley de igualdad LGTB que ha redactado con la intención de llevar al Consejo de Ministros en febrero complican los planes del ministerio de Irene Montero.
Con la excepción de la diputada socialista en la asamblea de Madrid Carla Antonelli, el silencio en el PSOE es atronador y viene a respaldar el documento conocido en junio de 2020 que argumentaba que las leyes de autodeterminación de género “borran” a las mujeres, como sostiene un sector del feminismo.
Sin embargo, fue el PSOE quien abrió el camino al reconocimiento de la autodeterminación de género con la Ley 3/2007 Reguladora de la Rectificación Registral, pionera al permitir modificar la referencia del nombre y sexo en los documentos de identidad sin necesidad de someterse a una operación genital y sin procedimiento judicial. Como detalla este análisis de Newtral, fue también el PSOE quien en marzo de 2017 registró una propuesta de reforma de esta ley para actualizarla y permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España. Además, dos años después, en marzo de 2019, se publicaba en el BOE el informe correspondiente a la ponencia sobre la proposición de ley del PSOE en 2017, elaborada por diputados de diferentes partidos políticos y que reafirmaba la necesidad de modificar la Ley 3/2007 según lo dispuesto en la proposición de ley del PSOE de 2017.
Pero el PSOE no solo ha propuesto estos cambios sino que, con fórmulas iguales o similares a la andaluza, nueve comunidades autónomas en un total de trece ocasiones han aprobado leyes que incluyen el concepto de “autodeterminación de género”. Una línea que se justifica también en los estándares internacionales: la Comisión Europea se pronunció en junio a favor de reconocerla. Además, seis países en Europa han hecho realidad la despatologización: son Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal, donde basta la voluntad de la persona para adecuar los documentos a su identidad.
Cuando el PSOE lamentaba los obstáculos para las personas trans
En junio de 2017, la diputada socialista en el parlamento navarro Nuria Medina Santos fijaba la posición de su partido y se felicitaba por que la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+ abordara la despatologización de la transexualidad y garantizara la libre autodeterminación sexual y de género de cada persona. Además, lamentaba las reticencias del PP sobre este punto y decía que “el género no es ideológico salvo para algunos grupos concretos ultraconservadores que no respetan el modo en que cada persona se siente y el modo en que cada persona quiere vivir su vida y su sexualidad”, como recoge el diario de sesiones.
En la Asamblea de Murcia, el grupo socialista era también claro con respecto a la autodeterminación de género que recoge la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad aprobada en 2016. Isabel Casalduero Jódar la defendía así: “Por supuesto, hemos rechazado enmiendas cuya pretensión ya no era la de no avanzar sino la de hacernos retroceder a estas alturas en conceptos que la inmensa mayoría de la sociedad tiene más que superados, como es que en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante un informe médico o psicológico. Intentar eliminar ese artículo hace que volvamos a la concepción patologizante de la transexualidad, de tal manera que un tercero pueda manifestarse sobre la determinación de la misma mediante un diagnóstico”. Afirmaba así lo contrario que Carmen Calvo en la Ser este jueves: “La transexualidad, señorías, no es una decisión ni una opción personal, y, por supuesto, no es una patología mental, es una condición innata y por tanto independiente de la edad, de la capacidad de obrar y del grado de madurez de la persona”.
La socialista María Victoria Broto, en calidad de consejera del Gobierno de Aragón, defendió en las Cortes una ley “que reconoce el derecho a la libre expresión del género sentido y los derechos a los que están sujetas las personas trans”. “La ley pretende el libre desarrollo de la personalidad, acorde con su identidad y expresión de género, a ser tratado de conformidad a su identidad, a que se respete su integridad psíquica y psíquica y las vivencias acordes a su vivencia de la identidad y expresión de género”, argumentaba. “No podemos más que lamentar que haya personas que a lo largo de la historia, por la ignorancia de otros, la moralidad o los prejuicios hayan sufrido y no hayan podido desarrollarse socialmente de acuerdo al género al que sienten pertenecer. La transexualidad es una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano”.
Silvia Cano, del Grup Parlamentari Socialista, defendió en el parlamento balear la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia con estas palabras: “La ley garantizará condiciones para que las personas transexuales sean tratadas y llamadas de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean menores de edad, especialmente en los ámbitos educativo, universitario y sanitario. Un paso cualitativo que generará esta ley es que todas las personas transexuales se podrán acoger a los derechos de esta ley, como el acceso a los tratamientos de reasignación sexual hormonales, sin necesidad de diagnóstico de disforia de género. Nos sumamos al movimiento internacional para la despatologización de la transexualidad, un cambio de paradigma al que ya se han sumado comunidades como la andaluza, madrileña o Cataluña con sus leyes integrales de transexualidad”. Silvia Cano añadía: “Con esta ley también adoptaremos todas las medidas necesarias para que los espacios y los equipamientos públicos sean espacios para la igualdad y que las personas puedan hacer uso de estos espacios en función del sexo sentido”.
Hay más ejemplos: también los grupos socialistas de la asamblea de Extremadura (en 2015) y de las cortes valencianas (en 2017) defendieron enérgicamente leyes basadas en el principio de la autodeterminación. Podría pensarse que algo ha cambiado en el PSOE desde entonces, y especialmente después de que se conociera el documento interno “Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres”, si no fuera porque el último ejemplo es de Cantabria, en la fecha tan reciente de noviembre de 2020: entonces se aprobó, a propuesta del PSOE, la Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género.
Sin embargo, estos argumentos no se escuchan hoy en el PSOE. Solo Antonelli sigue diciendo lo mismo que hace cinco años, cuando defendió la ley trans de la Comunidad de Madrid con estas palabras: “La verdad es que las personas transexuales estamos hartas, hartas y cansadas de tutelajes paternalistas que pretenden guiarnos de por vida, ya que, de pequeñas, somos sospechosas de algo y no lo creen; de mayores, nos pasan per se por un psiquiatra, y luego, al final, terminamos en un juicio sumarísimo para decirnos que somos exactamente lo que manifestamos desde el principio, lo cual es absolutamente agotador y de una crueldad innecesaria. Y vamos a acabar con ello hoy aquí”. Ayer, la socialista recordaba a su partido que la base de la ley trans presentada por Igualdad calca propuestas del PSOE en diferentes momentos.
Las trece leyes trans y LGTB basadas en la autodeterminación de género
En noviembre de 2020, el parlamento de Cantabria sacó adelante la Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, presentada por el PSOE y aprobada por todos los partidos a excepción de Vox.
Así, tanto la primera ley autonómica que recoge la autodeterminación de género como la última han sido propuestas del PSOE: lo fue también la andaluza Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, aprobada en 2014. El PSOE la definía como “la ley más avanzada”. En 2017, Andalucía sumaba a esta ley trans una de igualdad LGTBI, un texto que entró de la mano de Podemos inicialmente, aunque PSOE y Podemos lograron llegar a un acuerdo para presentar un texto conjunto, que fue finalmente aprobado por unanimidad.
También tuvo unanimidad la ley aprobada en Extremadura en 2015, una propuesta del PP que el PSOE apoyó. En 2016 se aprobaron varias leyes autonómicas que reconocen la autodeterminación de género. Son las de Murcia, las dos madrileñas (una LGTB y una específica trans) y la de Baleares. En Murcia, fue el PSOE quien registró el texto al que el PP se opuso en un principio; fue aprobada finalmente por unanimidad. La ley contra la LGTBfobia y madrileña fue impulsadas por el Gobierno, del PP y apoyada por todos los partidos. La ley trans, por su parte, fue una propuesta de PSOE, Podemos y Ciudadanos que salió adelante por unanimidad. La ley balear, aprobada por amplio consenso, fue una iniciativa de los tres partidos del Gobierno, entre ellos el PSOE.
En 2017, la autodeterminación de género llegó a la Comunitat Valenciana y Navarra. La Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana tuvo también el apoyo del PSOE. Esta comunidad añadió a su legislación una ley de igualdad LGTB en 2018 que recoge el mismo principio, también apoyada por los socialistas. En Navarra, la autodeterminación de género fue aprobada a iniciativa del PSOE.
En 2018, Aragón suma dos leyes a esta lista: una ley LGTB y una ley trans, ambas propuestas por el Gobierno de PSOE y Chunta Aragonesista.
El objeto de esta Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía se recoge así en el texto: “Garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer”.
Casi siete años y trece leyes autonómicas después, las declaraciones este jueves 4 de febrero de la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, confirmaban las sospechas de los colectivos que piden al Gobierno de coalición que cumpla su acuerdo de Gobierno y apruebe una ley trans estatal. Una ley que, piden los colectivos, consagre el derecho a la autodeterminación, entendido este como el derecho a que la mención al sexo en la documentación de una persona refleje su identidad sin necesidad de ser avalada por informes médicos y psicológicos. Este cambio, argumentan, es coherente con la despatologización de la transexualidad que se produjo cuando en 2018 la Organización Mundial de la Salud sacó la transexualidad de su manual de enfermedades mentales y vino a decir lo que muchas personas trans ya sabían: que no son enfermas.
Pero las declaraciones de Calvo —“me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo”— en una entrevista en Cadena Ser Catalunya, un día después de que el Ministerio de Igualdad diera a conocer los borradores de la ley trans estatal y la ley de igualdad LGTB que ha redactado con la intención de llevar al Consejo de Ministros en febrero complican los planes del ministerio de Irene Montero.
Con la excepción de la diputada socialista en la asamblea de Madrid Carla Antonelli, el silencio en el PSOE es atronador y viene a respaldar el documento conocido en junio de 2020 que argumentaba que las leyes de autodeterminación de género “borran” a las mujeres, como sostiene un sector del feminismo.
Sin embargo, fue el PSOE quien abrió el camino al reconocimiento de la autodeterminación de género con la Ley 3/2007 Reguladora de la Rectificación Registral, pionera al permitir modificar la referencia del nombre y sexo en los documentos de identidad sin necesidad de someterse a una operación genital y sin procedimiento judicial. Como detalla este análisis de Newtral, fue también el PSOE quien en marzo de 2017 registró una propuesta de reforma de esta ley para actualizarla y permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España. Además, dos años después, en marzo de 2019, se publicaba en el BOE el informe correspondiente a la ponencia sobre la proposición de ley del PSOE en 2017, elaborada por diputados de diferentes partidos políticos y que reafirmaba la necesidad de modificar la Ley 3/2007 según lo dispuesto en la proposición de ley del PSOE de 2017.
Pero el PSOE no solo ha propuesto estos cambios sino que, con fórmulas iguales o similares a la andaluza, nueve comunidades autónomas en un total de trece ocasiones han aprobado leyes que incluyen el concepto de “autodeterminación de género”. Una línea que se justifica también en los estándares internacionales: la Comisión Europea se pronunció en junio a favor de reconocerla. Además, seis países en Europa han hecho realidad la despatologización: son Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal, donde basta la voluntad de la persona para adecuar los documentos a su identidad.
Cuando el PSOE lamentaba los obstáculos para las personas trans
En junio de 2017, la diputada socialista en el parlamento navarro Nuria Medina Santos fijaba la posición de su partido y se felicitaba por que la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+ abordara la despatologización de la transexualidad y garantizara la libre autodeterminación sexual y de género de cada persona. Además, lamentaba las reticencias del PP sobre este punto y decía que “el género no es ideológico salvo para algunos grupos concretos ultraconservadores que no respetan el modo en que cada persona se siente y el modo en que cada persona quiere vivir su vida y su sexualidad”, como recoge el diario de sesiones.
En la Asamblea de Murcia, el grupo socialista era también claro con respecto a la autodeterminación de género que recoge la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad aprobada en 2016. Isabel Casalduero Jódar la defendía así: “Por supuesto, hemos rechazado enmiendas cuya pretensión ya no era la de no avanzar sino la de hacernos retroceder a estas alturas en conceptos que la inmensa mayoría de la sociedad tiene más que superados, como es que en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante un informe médico o psicológico. Intentar eliminar ese artículo hace que volvamos a la concepción patologizante de la transexualidad, de tal manera que un tercero pueda manifestarse sobre la determinación de la misma mediante un diagnóstico”. Afirmaba así lo contrario que Carmen Calvo en la Ser este jueves: “La transexualidad, señorías, no es una decisión ni una opción personal, y, por supuesto, no es una patología mental, es una condición innata y por tanto independiente de la edad, de la capacidad de obrar y del grado de madurez de la persona”.
La socialista María Victoria Broto, en calidad de consejera del Gobierno de Aragón, defendió en las Cortes una ley “que reconoce el derecho a la libre expresión del género sentido y los derechos a los que están sujetas las personas trans”. “La ley pretende el libre desarrollo de la personalidad, acorde con su identidad y expresión de género, a ser tratado de conformidad a su identidad, a que se respete su integridad psíquica y psíquica y las vivencias acordes a su vivencia de la identidad y expresión de género”, argumentaba. “No podemos más que lamentar que haya personas que a lo largo de la historia, por la ignorancia de otros, la moralidad o los prejuicios hayan sufrido y no hayan podido desarrollarse socialmente de acuerdo al género al que sienten pertenecer. La transexualidad es una más de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano”.
Silvia Cano, del Grup Parlamentari Socialista, defendió en el parlamento balear la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia con estas palabras: “La ley garantizará condiciones para que las personas transexuales sean tratadas y llamadas de acuerdo con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean menores de edad, especialmente en los ámbitos educativo, universitario y sanitario. Un paso cualitativo que generará esta ley es que todas las personas transexuales se podrán acoger a los derechos de esta ley, como el acceso a los tratamientos de reasignación sexual hormonales, sin necesidad de diagnóstico de disforia de género. Nos sumamos al movimiento internacional para la despatologización de la transexualidad, un cambio de paradigma al que ya se han sumado comunidades como la andaluza, madrileña o Cataluña con sus leyes integrales de transexualidad”. Silvia Cano añadía: “Con esta ley también adoptaremos todas las medidas necesarias para que los espacios y los equipamientos públicos sean espacios para la igualdad y que las personas puedan hacer uso de estos espacios en función del sexo sentido”.
Hay más ejemplos: también los grupos socialistas de la asamblea de Extremadura (en 2015) y de las cortes valencianas (en 2017) defendieron enérgicamente leyes basadas en el principio de la autodeterminación. Podría pensarse que algo ha cambiado en el PSOE desde entonces, y especialmente después de que se conociera el documento interno “Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres”, si no fuera porque el último ejemplo es de Cantabria, en la fecha tan reciente de noviembre de 2020: entonces se aprobó, a propuesta del PSOE, la Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género.
Sin embargo, estos argumentos no se escuchan hoy en el PSOE. Solo Antonelli sigue diciendo lo mismo que hace cinco años, cuando defendió la ley trans de la Comunidad de Madrid con estas palabras: “La verdad es que las personas transexuales estamos hartas, hartas y cansadas de tutelajes paternalistas que pretenden guiarnos de por vida, ya que, de pequeñas, somos sospechosas de algo y no lo creen; de mayores, nos pasan per se por un psiquiatra, y luego, al final, terminamos en un juicio sumarísimo para decirnos que somos exactamente lo que manifestamos desde el principio, lo cual es absolutamente agotador y de una crueldad innecesaria. Y vamos a acabar con ello hoy aquí”. Ayer, la socialista recordaba a su partido que la base de la ley trans presentada por Igualdad calca propuestas del PSOE en diferentes momentos.
Las trece leyes trans y LGTB basadas en la autodeterminación de género
En noviembre de 2020, el parlamento de Cantabria sacó adelante la Ley de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, presentada por el PSOE y aprobada por todos los partidos a excepción de Vox.
Así, tanto la primera ley autonómica que recoge la autodeterminación de género como la última han sido propuestas del PSOE: lo fue también la andaluza Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, aprobada en 2014. El PSOE la definía como “la ley más avanzada”. En 2017, Andalucía sumaba a esta ley trans una de igualdad LGTBI, un texto que entró de la mano de Podemos inicialmente, aunque PSOE y Podemos lograron llegar a un acuerdo para presentar un texto conjunto, que fue finalmente aprobado por unanimidad.
También tuvo unanimidad la ley aprobada en Extremadura en 2015, una propuesta del PP que el PSOE apoyó. En 2016 se aprobaron varias leyes autonómicas que reconocen la autodeterminación de género. Son las de Murcia, las dos madrileñas (una LGTB y una específica trans) y la de Baleares. En Murcia, fue el PSOE quien registró el texto al que el PP se opuso en un principio; fue aprobada finalmente por unanimidad. La ley contra la LGTBfobia y madrileña fue impulsadas por el Gobierno, del PP y apoyada por todos los partidos. La ley trans, por su parte, fue una propuesta de PSOE, Podemos y Ciudadanos que salió adelante por unanimidad. La ley balear, aprobada por amplio consenso, fue una iniciativa de los tres partidos del Gobierno, entre ellos el PSOE.
En 2017, la autodeterminación de género llegó a la Comunitat Valenciana y Navarra. La Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana tuvo también el apoyo del PSOE. Esta comunidad añadió a su legislación una ley de igualdad LGTB en 2018 que recoge el mismo principio, también apoyada por los socialistas. En Navarra, la autodeterminación de género fue aprobada a iniciativa del PSOE.
En 2018, Aragón suma dos leyes a esta lista: una ley LGTB y una ley trans, ambas propuestas por el Gobierno de PSOE y Chunta Aragonesista.
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