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| Imagen: Público / Marcha feminista por el aborto libre, seguro y gratuido en Santiago de Chile |
Un grupo de diputadas presenta un proyecto para la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Meritxell Freixas | Público, 2018-08-13
https://www.publico.es/internacional/aborto-legal-chile-inicia-camino-aborto-legal.html
“No bastan tres causales”. Es el lema con el que el movimiento feminista chileno empuja la movilización social y política para aprobar un proyecto que legalice el aborto a través de una ley de plazos. Activistas y legisladoras quieren derogar la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación), que fue aprobada el año pasado, justo antes de finalizar el gobierno de Michelle Bachelet, para aprobar otra normativa, menos restrictiva, sin supuestos que limiten la interrupción del embarazo sólo a circunstancias determinadas.
Este martes, diputadas de las coaliciones opositoras progresistas y de izquierda registrarán un proyecto de despenalización legal del aborto hasta las 14 semanas de gestación.
Para las organizaciones feministas, la iniciativa “es un paso fundamental en el respeto del derecho a decidir de las mujeres”, señaló durante la presentación del proyecto Gloria Maira, portavoz de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile (MAACH), una de las entidades que está detrás de la propuesta.
La diputada Claudia Mix, miembro de la comisión de Salud, por donde iniciará el trámite legislativo el proyecto, e integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio, explica a Público que el texto, que se viene trabajando desde el mes de enero, “es el primer intento de avanzar –más adelante– hacia un proyecto de aborto legal en Chile que pueda contener más aspectos”. La parlamentaria destaca, por encima de todo, que la prioridad es “dejar sin efecto las condenas que caen sobre las mujeres o las madres de estas mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo”.
Según datos del Ministerio de Salud, hasta julio de este año, se registraron 394 casos de mujeres que se acogieron a la nueva ley. De estos, más del 90% terminaron en un aborto, mientras que casi un 9% decidió continuar con la gestación.
Críticas a la objeción
Las feministas consideran insuficientes y “de mínimos” las excepciones que hoy contempla la ley, pero además critican que el texto ni siquiera entrega garantías reales de acceso bajo las tres condiciones establecidas en él. La objeción de conciencia para los profesionales que se niegan a practicar abortos por sus convicciones morales o religiosas ha dificultado una implementación efectiva de la normativa.
De hecho, la objeción de conciencia ha sido la piedra en el zapato del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien asumió el cargo el pasado mes de marzo, con la aplicación de esta ley entre unos de sus principales desafíos. Apenas diez días al frente del Ministerio, decidió derogar el protocolo de objeción ciencia impulsado por la administración Bachelet, y aprobar un nuevo reglamento hecho a la medida del lobby de la salud privada.
Santelices autorizó a los centros de salud concertados a declararse objetores y a la vez recibir fondos públicos derivados de los convenios que mantienen con el Ministerio de Salud para prestaciones gineco-obstétricas. Además, facilitó los trámites burocráticos a profesionales e instituciones para negarse a realizar un aborto en los tres supuestos aprobados por la ley.
Pero las intenciones del ministro quedaron frustradas. La oposición lo desafió con un pulso judicial y un requerimiento ante la Contraloría General de la República, que revisó la propuesta. El organismo fiscalizador declaró que el texto de Santelices no se ajustaba a derecho y que las instituciones de salud concertadas con convenios gineco-obstétricos no podían acogerse a la objeción de conciencia.
Tras el pronunciamiento, el Ministerio de Salud restableció el reglamento de sus antecesores, pero el intento de restringir aún más el acceso al aborto de las mujeres le costó una interpelación pública en la Cámara de Diputados, la primera que tuvo que enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera.
La oposición responde
El anuncio de las diputadas feministas disparó las alarmas de la coalición de gobierno, que ve cómo el tema del aborto legal va calando poco a poco entre la sociedad chilena: "Me parece hipócrita la presentación del proyecto, es evidente que usaron las tres causales dolorosas para aprobar el primer paso hacia el aborto libre", sostuvo a la prensa la diputada María José Hoffmann, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Para evitar cualquier avance, los partidos de derecha decidieron pasar a la ofensiva y también este martes presentarán cuatro proyectos de ley que "ofician su compromiso con la vida". Estos contemplan aprobar la adopción en el vientre materno; crear cementerios para fetos que nazcan muertos; regular la entrega de certificados de defunción de "criaturas no nacidas" y, por último, modificar la Constitución para garantizar "el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".
Además, un grupo de diputados del partido Demócrata Cristiano, cuya militancia está dividida por este tema, firmó una carta en contra del proyecto: “Reiteramos nuestra permanente defensa a la vida y a los derechos humanos, adelantando nuestra postura en contra del llamado aborto libre”, dice la misiva.
Una discusión de ámbito regional
El debate para la despenalización del aborto en Argentina ha permeado con fuerza en varios países de América Latina, que parece vivir un momento histórico en la lucha por los derechos humanos y de salud pública de mujeres, jóvenes y niñas. En Argentina y Chile, donde se están llevando a cabo campañas por el aborto legal, se habla de haber logrado –por ahora– “la despenalización social del tema”.
En el cono sur, también Brasil empieza a abrirse a la discusión sobre la legalización hasta las 12 semanas de gestación, en un debate que, por ahora se dará en los tribunales. La Corte Suprema deliberará si las leyes sobre el aborto en el país –donde interrumpir un embarazo está prohibido excepto en caso de violación o riesgo para la mujer– contradicen las protecciones constitucionales.
En Chile la movilización se ha intensificado desde hace algunos meses, sobre todo gracias a la ola de tomas feministas que durante casi dos meses ha paralizado las principales universidades del país. Los pañuelos verdes que colorearon la campaña en Argentina han tejido también, al otro lado de Los Andes, las manifestaciones a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
El verde lució la semana pasada ante la embajada argentina en Chile, donde las feministas acompañaron con el “pañuelazo” la votación en el Senado de Buenos Aires, en un ejercicio de sororidad y solidaridad con sus vecinas. Pero, sin duda, cuando el color esperanza ocupó Santiago fue el pasado 25 de julio, en la sexta convocatoria de la manifestación por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, la más masiva hasta ahora entorno a esta demanda. El éxito de la cita quedó eclipsado por el apuñalamiento a tres de las mujeres participantes y varios actos de violencia perpetrados por un grupo de extrema derecha que quiso infundir el miedo. Pero no lo logró: las mujeres han seguido en las calles vestidas de verde.
Este martes, diputadas de las coaliciones opositoras progresistas y de izquierda registrarán un proyecto de despenalización legal del aborto hasta las 14 semanas de gestación.
Para las organizaciones feministas, la iniciativa “es un paso fundamental en el respeto del derecho a decidir de las mujeres”, señaló durante la presentación del proyecto Gloria Maira, portavoz de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile (MAACH), una de las entidades que está detrás de la propuesta.
La diputada Claudia Mix, miembro de la comisión de Salud, por donde iniciará el trámite legislativo el proyecto, e integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio, explica a Público que el texto, que se viene trabajando desde el mes de enero, “es el primer intento de avanzar –más adelante– hacia un proyecto de aborto legal en Chile que pueda contener más aspectos”. La parlamentaria destaca, por encima de todo, que la prioridad es “dejar sin efecto las condenas que caen sobre las mujeres o las madres de estas mujeres que han tomado la decisión de interrumpir su embarazo”.
Según datos del Ministerio de Salud, hasta julio de este año, se registraron 394 casos de mujeres que se acogieron a la nueva ley. De estos, más del 90% terminaron en un aborto, mientras que casi un 9% decidió continuar con la gestación.
Críticas a la objeción
Las feministas consideran insuficientes y “de mínimos” las excepciones que hoy contempla la ley, pero además critican que el texto ni siquiera entrega garantías reales de acceso bajo las tres condiciones establecidas en él. La objeción de conciencia para los profesionales que se niegan a practicar abortos por sus convicciones morales o religiosas ha dificultado una implementación efectiva de la normativa.
De hecho, la objeción de conciencia ha sido la piedra en el zapato del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien asumió el cargo el pasado mes de marzo, con la aplicación de esta ley entre unos de sus principales desafíos. Apenas diez días al frente del Ministerio, decidió derogar el protocolo de objeción ciencia impulsado por la administración Bachelet, y aprobar un nuevo reglamento hecho a la medida del lobby de la salud privada.
Santelices autorizó a los centros de salud concertados a declararse objetores y a la vez recibir fondos públicos derivados de los convenios que mantienen con el Ministerio de Salud para prestaciones gineco-obstétricas. Además, facilitó los trámites burocráticos a profesionales e instituciones para negarse a realizar un aborto en los tres supuestos aprobados por la ley.
Pero las intenciones del ministro quedaron frustradas. La oposición lo desafió con un pulso judicial y un requerimiento ante la Contraloría General de la República, que revisó la propuesta. El organismo fiscalizador declaró que el texto de Santelices no se ajustaba a derecho y que las instituciones de salud concertadas con convenios gineco-obstétricos no podían acogerse a la objeción de conciencia.
Tras el pronunciamiento, el Ministerio de Salud restableció el reglamento de sus antecesores, pero el intento de restringir aún más el acceso al aborto de las mujeres le costó una interpelación pública en la Cámara de Diputados, la primera que tuvo que enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera.
La oposición responde
El anuncio de las diputadas feministas disparó las alarmas de la coalición de gobierno, que ve cómo el tema del aborto legal va calando poco a poco entre la sociedad chilena: "Me parece hipócrita la presentación del proyecto, es evidente que usaron las tres causales dolorosas para aprobar el primer paso hacia el aborto libre", sostuvo a la prensa la diputada María José Hoffmann, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
Para evitar cualquier avance, los partidos de derecha decidieron pasar a la ofensiva y también este martes presentarán cuatro proyectos de ley que "ofician su compromiso con la vida". Estos contemplan aprobar la adopción en el vientre materno; crear cementerios para fetos que nazcan muertos; regular la entrega de certificados de defunción de "criaturas no nacidas" y, por último, modificar la Constitución para garantizar "el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural".
Además, un grupo de diputados del partido Demócrata Cristiano, cuya militancia está dividida por este tema, firmó una carta en contra del proyecto: “Reiteramos nuestra permanente defensa a la vida y a los derechos humanos, adelantando nuestra postura en contra del llamado aborto libre”, dice la misiva.
Una discusión de ámbito regional
El debate para la despenalización del aborto en Argentina ha permeado con fuerza en varios países de América Latina, que parece vivir un momento histórico en la lucha por los derechos humanos y de salud pública de mujeres, jóvenes y niñas. En Argentina y Chile, donde se están llevando a cabo campañas por el aborto legal, se habla de haber logrado –por ahora– “la despenalización social del tema”.
En el cono sur, también Brasil empieza a abrirse a la discusión sobre la legalización hasta las 12 semanas de gestación, en un debate que, por ahora se dará en los tribunales. La Corte Suprema deliberará si las leyes sobre el aborto en el país –donde interrumpir un embarazo está prohibido excepto en caso de violación o riesgo para la mujer– contradicen las protecciones constitucionales.
En Chile la movilización se ha intensificado desde hace algunos meses, sobre todo gracias a la ola de tomas feministas que durante casi dos meses ha paralizado las principales universidades del país. Los pañuelos verdes que colorearon la campaña en Argentina han tejido también, al otro lado de Los Andes, las manifestaciones a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
El verde lució la semana pasada ante la embajada argentina en Chile, donde las feministas acompañaron con el “pañuelazo” la votación en el Senado de Buenos Aires, en un ejercicio de sororidad y solidaridad con sus vecinas. Pero, sin duda, cuando el color esperanza ocupó Santiago fue el pasado 25 de julio, en la sexta convocatoria de la manifestación por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, la más masiva hasta ahora entorno a esta demanda. El éxito de la cita quedó eclipsado por el apuñalamiento a tres de las mujeres participantes y varios actos de violencia perpetrados por un grupo de extrema derecha que quiso infundir el miedo. Pero no lo logró: las mujeres han seguido en las calles vestidas de verde.
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