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| Imagen: El País / Viorica Dancila |
La baja participación, de solo el 20,4%, invalida la consulta y alivia a Bruselas, inquieta por las reformas judiciales y la corrupción del país.
Lluís Pellicer | El País, 2018-10-08
https://elpais.com/internacional/2018/10/06/actualidad/1538858958_292840.html
Rumania dio la espalda este fin de semana de forma abrumadora al referéndum que planteaba vetar constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo. Con un 20,4% de participación, la consulta no alcanzó el umbral del 30% necesario para ser válida. El fracaso de la jornada supone un varapalo para el Gobierno socialdemócrata, acuciado por los escándalos de corrupción y los requerimientos de las instituciones europeas. Estas advierten de que las reformas emprendidas en el país socavan la independencia judicial y dificultan perseguir la corrupción.
El referéndum, impulsado por la conservadora Coalición por la Familia y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, necesitaba el 30% para salir adelante. Sin embargo, solo el 20,4% de los ciudadanos fue a votar. Y ello pese a que, de forma inusual, el Gobierno dio dos días para ejercer el derecho al sufragio. Las asociaciones por los derechos humanos y activistas LGTBI habían llamado a la abstención para boicotear la jornada. La consulta planteaba si la Constitución debía ser modificada para cambiar la definición de “matrimonio”. La ley ahora fija que es “la unión libremente consentida entre dos esposos”. El cambio sometido a referéndum lo ciñe al vínculo “entre un hombre y una mujer”.
Ante las críticas internacionales y el tremendo malestar en su familia política europea, la primera ministra rumana, la socialdemócrata Viorica Dancila, aseguró que su partido no haría campaña. Y a eso se han vuelto a agarrar los líderes socialdemócratas tras constatar el rechazo de la ciudadanía a participar en el referéndum. Pero en la práctica no ha sido así. Vlad Viski, director ejecutivo de la organización LGTBI rumana MozaiQ, ha denunciado una campaña que ha definido “llena de odio”. “Ha habido un lenguaje agresivo, violento, en el que se ha llegado a decir que si gana el no se abriría la puerta a matrimonios con animales o a la poligamia”, ha denunciado. El activista se refiere a las palabras del líder del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, que en una entrevista en la televisión rumana dijo que podían producirse uniones “entre un hombre y un animal”.
Los impulsores del referéndum han defendido que Rumania quiere recuperar los valores “conservadores” frente a las ideas progresistas de los países occidentales de la Unión Europea. Sin embargo, la sociedad civil del país advierte de una “cortina de humo” del Gobierno para tapar sus vergüenzas. “A los dirigentes del Partido Social Demócrata no le importan los matrimonios del mismo sexo, sino evitar la cárcel”, sostiene Sorin Ionita, miembro del 'think tank' Forum Expert y consultor de varias organizaciones internacionales. De hecho, en su etapa de europarlamentaria la actual primera ministra votó a favor de una resolución que instaba a los países a reconocer los matrimonios del mismo sexo.
Rumania ha vivido en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias contra la corrupción. Y justo este lunes Dragnea, líder del partido gubernamental, acude a los tribunales tras haber recurrido su segunda condena por abuso de poder. “Quieren hacer este referéndum para poder ir a Europa con un discurso emocional y populista. Pretenden decir: '¿Cómo vamos a ir a prisión si tenemos el apoyo de los ciudadanos?”, añade Ionita.
De momento, el Gobierno no podrá usar ese argumento, lo cual es un alivio para Bruselas. Pero solo en parte. El Gobierno rumano se ha convertido en el tercer quebradero de cabeza de las instituciones europeas en Europa del Este, después de la deriva de Hungría y Polonia, que han forjado una alianza para evitar un procedimiento disciplinario para investigar la degradación de sus sistemas democráticos. Y justo a las puertas de que, entre enero y junio del año que viene, ostente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo debatió esta semana la situación de Rumania, que se halla bajo supervisión desde su adhesión a la Unión Europea para verificar las reformas en materia de justicia y economía. Tras rebajar la participación necesaria para sacar adelante un referéndum del 50% al 30%, la UE teme que el Gobierno pueda aprobar reformas constitucionales de carácter populista. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, fue contundente al mostrar la “preocupación” de Bruselas por reformas que a su juicio socavan la separación de poderes y el castigo de la corrupción.
Advertencias de Bruselas
A finales de este mes, la Comisión tendrá en sus manos un nuevo informe de la Comisión de Venecia sobre los avances o retrocesos de Rumania. Y Timmermans dijo que “no dudará”, si es necesario, en acudir al Tribunal de Justicia de la UE. “Si la Comisión ha de ser severa en su evaluación, lo será. Si tiene que usar otros instrumentos, lo hará”, advirtió. Y, pese a no poder impedir la consulta, Timmermans recordó que los tratados comunitarios garantizan la igualdad de todos sus ciudadanos con independencia de su “orientación sexual”.
Rumania ya recibió, de hecho, un varapalo de la Corte de Luxemburgo, que la obligó a dar residencia a un ciudadano de Estados Unidos casado con otro del país. Rumania fue uno de los últimos países de la UE en despenalizar la homosexualidad, en 2001, y está a la cola de los países miembros (en la posición 25 de 28) en legislación igualitaria, según la organización ILGA-Europe.
El referéndum de este domingo también ha provocado malestar entre los socialdemócratas europeos, una delegación de los cuales se reunió con Dancila para recordarle los valores progresistas de la formación. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que presidió la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Cámara, sostiene que Rumania no puede compararse con Hungría o Polonia pese a que las reformas del poder judicial y el código penal y los “casos de corrupción en el manejo de fondos europeos” suscitan “preocupación”.
“Rumania ha atendido las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional del país”, afirma. Aun así, rechaza la posición de los socialdemócratas rumanos con el referéndum de este fin de semana. “Le dije a la primera ministra que debían tener el coraje de defender la posición contraria a esa reforma. El apoyo a la prohibición es inaceptable e incompatible con los valores del Partido Socialdemócrata europeo”, zanja.
El referéndum, impulsado por la conservadora Coalición por la Familia y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, necesitaba el 30% para salir adelante. Sin embargo, solo el 20,4% de los ciudadanos fue a votar. Y ello pese a que, de forma inusual, el Gobierno dio dos días para ejercer el derecho al sufragio. Las asociaciones por los derechos humanos y activistas LGTBI habían llamado a la abstención para boicotear la jornada. La consulta planteaba si la Constitución debía ser modificada para cambiar la definición de “matrimonio”. La ley ahora fija que es “la unión libremente consentida entre dos esposos”. El cambio sometido a referéndum lo ciñe al vínculo “entre un hombre y una mujer”.
Ante las críticas internacionales y el tremendo malestar en su familia política europea, la primera ministra rumana, la socialdemócrata Viorica Dancila, aseguró que su partido no haría campaña. Y a eso se han vuelto a agarrar los líderes socialdemócratas tras constatar el rechazo de la ciudadanía a participar en el referéndum. Pero en la práctica no ha sido así. Vlad Viski, director ejecutivo de la organización LGTBI rumana MozaiQ, ha denunciado una campaña que ha definido “llena de odio”. “Ha habido un lenguaje agresivo, violento, en el que se ha llegado a decir que si gana el no se abriría la puerta a matrimonios con animales o a la poligamia”, ha denunciado. El activista se refiere a las palabras del líder del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, que en una entrevista en la televisión rumana dijo que podían producirse uniones “entre un hombre y un animal”.
Los impulsores del referéndum han defendido que Rumania quiere recuperar los valores “conservadores” frente a las ideas progresistas de los países occidentales de la Unión Europea. Sin embargo, la sociedad civil del país advierte de una “cortina de humo” del Gobierno para tapar sus vergüenzas. “A los dirigentes del Partido Social Demócrata no le importan los matrimonios del mismo sexo, sino evitar la cárcel”, sostiene Sorin Ionita, miembro del 'think tank' Forum Expert y consultor de varias organizaciones internacionales. De hecho, en su etapa de europarlamentaria la actual primera ministra votó a favor de una resolución que instaba a los países a reconocer los matrimonios del mismo sexo.
Rumania ha vivido en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias contra la corrupción. Y justo este lunes Dragnea, líder del partido gubernamental, acude a los tribunales tras haber recurrido su segunda condena por abuso de poder. “Quieren hacer este referéndum para poder ir a Europa con un discurso emocional y populista. Pretenden decir: '¿Cómo vamos a ir a prisión si tenemos el apoyo de los ciudadanos?”, añade Ionita.
De momento, el Gobierno no podrá usar ese argumento, lo cual es un alivio para Bruselas. Pero solo en parte. El Gobierno rumano se ha convertido en el tercer quebradero de cabeza de las instituciones europeas en Europa del Este, después de la deriva de Hungría y Polonia, que han forjado una alianza para evitar un procedimiento disciplinario para investigar la degradación de sus sistemas democráticos. Y justo a las puertas de que, entre enero y junio del año que viene, ostente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo debatió esta semana la situación de Rumania, que se halla bajo supervisión desde su adhesión a la Unión Europea para verificar las reformas en materia de justicia y economía. Tras rebajar la participación necesaria para sacar adelante un referéndum del 50% al 30%, la UE teme que el Gobierno pueda aprobar reformas constitucionales de carácter populista. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, fue contundente al mostrar la “preocupación” de Bruselas por reformas que a su juicio socavan la separación de poderes y el castigo de la corrupción.
Advertencias de Bruselas
A finales de este mes, la Comisión tendrá en sus manos un nuevo informe de la Comisión de Venecia sobre los avances o retrocesos de Rumania. Y Timmermans dijo que “no dudará”, si es necesario, en acudir al Tribunal de Justicia de la UE. “Si la Comisión ha de ser severa en su evaluación, lo será. Si tiene que usar otros instrumentos, lo hará”, advirtió. Y, pese a no poder impedir la consulta, Timmermans recordó que los tratados comunitarios garantizan la igualdad de todos sus ciudadanos con independencia de su “orientación sexual”.
Rumania ya recibió, de hecho, un varapalo de la Corte de Luxemburgo, que la obligó a dar residencia a un ciudadano de Estados Unidos casado con otro del país. Rumania fue uno de los últimos países de la UE en despenalizar la homosexualidad, en 2001, y está a la cola de los países miembros (en la posición 25 de 28) en legislación igualitaria, según la organización ILGA-Europe.
El referéndum de este domingo también ha provocado malestar entre los socialdemócratas europeos, una delegación de los cuales se reunió con Dancila para recordarle los valores progresistas de la formación. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que presidió la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Cámara, sostiene que Rumania no puede compararse con Hungría o Polonia pese a que las reformas del poder judicial y el código penal y los “casos de corrupción en el manejo de fondos europeos” suscitan “preocupación”.
“Rumania ha atendido las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional del país”, afirma. Aun así, rechaza la posición de los socialdemócratas rumanos con el referéndum de este fin de semana. “Le dije a la primera ministra que debían tener el coraje de defender la posición contraria a esa reforma. El apoyo a la prohibición es inaceptable e incompatible con los valores del Partido Socialdemócrata europeo”, zanja.
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