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| Imagen: El País / Juan Antonio Menéndez |
El obispo que impuso el protocolo más duro contra los abusos tras silenciar un caso en León presidirá el grupo. El texto prevé remitir las denuncias “a las autoridades apropiadas”.
Julio Núñez | El País, 2018-10-16
https://elpais.com/sociedad/2018/10/16/actualidad/1539678926_713661.html
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha creado una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales cometidos en su seno. Al frente del grupo, compuesto por diez expertos, la CEE ha puesto al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, conocido por instruir las agresiones sexuales prescritas de un sacerdote de La Bañeza (León), que ocultó a la opinión pública, pero también por disponer en su diócesis de uno de los pocos protocolos que obligan a denunciar a la justicia ordinaria los casos de abusos del clero, cosa que solo ocurre en tres de las 70 diócesis. La actualización de la normativa comenzará esta misma semana, según informó la CEE a través de un comunicado.
El anuncio se produce a escasos meses de la histórica cumbre a la que el papa Francisco ha convocado en febrero —entre el 21 y el 24— a toda la jerarquía eclesiástica para adoptar medidas para erradicar una plaga que amenaza su papado y lo hace, además, en plena publicación por El País de una serie de artículos que revelan cómo la Iglesia española ha silenciado durante décadas los casos de pederastia que ha conocido o instruido.
Según ha avanzado este martes la CEE, la comisión estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la nunciatura apostólica, del servicio jurídico de la Conferencia Española de Religiosos y de la vicesecretaría para asuntos generales. La cúpula eclesiástica, que sí comunicó que Menéndez será presidente de la comisión, se negó a facilitar el nombre del resto de expertos que integrarán el grupo de trabajo.
La Iglesia católica española asume, según la nota de prensa, el compromiso de “proteger a todos los menores y adultos vulnerables” y lo hará “seleccionando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad” en su seno, lo que incluye la “supervisión y remisión a las autoridades apropiadas a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable”. El texto no precisa cuáles son “las autoridades apropiadas”, si civiles, eclesiásticas o ambas.
El órgano de gobierno de la Iglesia española no explica qué modelo seguirá la comisión presidida por Menéndez. El protocolo de su diócesis, publicado este año, es el más extenso y el que, a diferencia del de la CEE, hace una referencia explícita a cómo debe actuar un obispo o clérigo al conocer un posible caso de pederastia. Mientras que en el texto publicado por la cúpula eclesial el religioso debe “invitar” a la familia a que denuncie el caso ante las autoridades, en el de Astorga el obispo debe ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Desde 2015 la ley del menor obliga a trasladar al ministerio público los posibles delitos de los que sea víctima un menor.
Víctimas ofendidas
El obispo Menéndez, licenciado en Derecho, es conocido por haber instruido en 2017 el polémico caso prescrito de abusos sexuales en el seminario menor de La Bañeza (León). Tras el proceso eclesiástico, castigó al sacerdote José Manuel Ramos a un año sin desempeñar actividades pastorales por haber abusado de cuatro menores a finales de los ochenta. El proceso y el fallo se llevaron en silencio y el obispo permitió, una vez firme la sentencia, que la parroquia donde ejercía Ramos (Tábara) despidiese al sacerdote con un homenaje. El denunciante, no conforme con la pena, llevó el caso ante los medios, lo que hizo que otra víctima denunciara al cura por abusos a principio de los años ochenta en un colegio de Zamora. En este caso, la diócesis y el Vaticano castigaron al sacerdote con el destierro durante 10 años a un convento fuera de Astorga.
Varias víctimas, entre ellas Javier, el primer denunciante de Ramos, afirman que les ofende que Menéndez presida ahora este grupo y que la CEE no cuente con la presencia de los afectados en la comisión. “Cualquier protocolo de actuación para casos de abusos sexuales a menores que no cuente en sus comisiones de creación o actualización con la voz de las víctimas no pasa de ser papel mojado”, escribió en Facebook el padre de una víctima de abusos tras conocerse la noticia.
El anuncio se produce a escasos meses de la histórica cumbre a la que el papa Francisco ha convocado en febrero —entre el 21 y el 24— a toda la jerarquía eclesiástica para adoptar medidas para erradicar una plaga que amenaza su papado y lo hace, además, en plena publicación por El País de una serie de artículos que revelan cómo la Iglesia española ha silenciado durante décadas los casos de pederastia que ha conocido o instruido.
Según ha avanzado este martes la CEE, la comisión estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la nunciatura apostólica, del servicio jurídico de la Conferencia Española de Religiosos y de la vicesecretaría para asuntos generales. La cúpula eclesiástica, que sí comunicó que Menéndez será presidente de la comisión, se negó a facilitar el nombre del resto de expertos que integrarán el grupo de trabajo.
La Iglesia católica española asume, según la nota de prensa, el compromiso de “proteger a todos los menores y adultos vulnerables” y lo hará “seleccionando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad” en su seno, lo que incluye la “supervisión y remisión a las autoridades apropiadas a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable”. El texto no precisa cuáles son “las autoridades apropiadas”, si civiles, eclesiásticas o ambas.
El órgano de gobierno de la Iglesia española no explica qué modelo seguirá la comisión presidida por Menéndez. El protocolo de su diócesis, publicado este año, es el más extenso y el que, a diferencia del de la CEE, hace una referencia explícita a cómo debe actuar un obispo o clérigo al conocer un posible caso de pederastia. Mientras que en el texto publicado por la cúpula eclesial el religioso debe “invitar” a la familia a que denuncie el caso ante las autoridades, en el de Astorga el obispo debe ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Desde 2015 la ley del menor obliga a trasladar al ministerio público los posibles delitos de los que sea víctima un menor.
Víctimas ofendidas
El obispo Menéndez, licenciado en Derecho, es conocido por haber instruido en 2017 el polémico caso prescrito de abusos sexuales en el seminario menor de La Bañeza (León). Tras el proceso eclesiástico, castigó al sacerdote José Manuel Ramos a un año sin desempeñar actividades pastorales por haber abusado de cuatro menores a finales de los ochenta. El proceso y el fallo se llevaron en silencio y el obispo permitió, una vez firme la sentencia, que la parroquia donde ejercía Ramos (Tábara) despidiese al sacerdote con un homenaje. El denunciante, no conforme con la pena, llevó el caso ante los medios, lo que hizo que otra víctima denunciara al cura por abusos a principio de los años ochenta en un colegio de Zamora. En este caso, la diócesis y el Vaticano castigaron al sacerdote con el destierro durante 10 años a un convento fuera de Astorga.
Varias víctimas, entre ellas Javier, el primer denunciante de Ramos, afirman que les ofende que Menéndez presida ahora este grupo y que la CEE no cuente con la presencia de los afectados en la comisión. “Cualquier protocolo de actuación para casos de abusos sexuales a menores que no cuente en sus comisiones de creación o actualización con la voz de las víctimas no pasa de ser papel mojado”, escribió en Facebook el padre de una víctima de abusos tras conocerse la noticia.
Jueces y fiscales pidieron el lunes cambios en la legislación que obliguen a la Iglesia a denunciar los casos de pederastia de los que tenga conocimiento, algo que no ocurría ahora, al menos no entre las víctimas mayores de edad a las que se anima a denunciar por sí mismas.
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