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| Imagen: El País / Gil José Sáez Martínez |
Gil José Sáez Martínez, vicario judicial del Obispado de Cartagena, reflexiona sobre los abusos a menores por parte de sacerdotes.
Julio Núñez | El País, 2018-10-15
https://elpais.com/sociedad/2018/10/14/actualidad/1539536453_641743.html
Gil José Sáez Martínez (San Pedro del Pinatar, Murcia, 1971) es el vicario judicial del Obispado de Cartagena. Explica que su función, delegada por el obispo, consiste en "hacer que se cumpla la justicia en la diócesis y que se garanticen la tutela y los derechos de los fieles ante la Iglesia". Junto a su trabajo como canonista y párroco en la iglesia de San José, en el municipio de San José de la Vega (Murcia), prepara una tesis sobre la respuesta del derecho procesal de la Iglesia católica y del derecho español ante los abusos sexuales cometidos por clérigos. Es el único juez eclesiástico que no teme dar su nombre para hablar y reconocer el ocultamiento de los casos de pederastia que se han cometido en el seno de la Iglesia española durante décadas.
Pregunta. ¿La Iglesia española silenció en el pasado casos de abusos sexuales?
Respuesta. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia cogían y decían: “Fulanito, te mandamos a tal sitio”. Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacía en el otro. Eso se hacía en toda la Iglesia universal durante el siglo XX, incluida España.
P. Este periódico ha preguntado a las 70 diócesis si le podían facilitar datos de los casos que han instruido, conocido y han puesto en conocimiento de la fiscalía en los últimos 30 años. Solo 10 han facilitado el número de casos. ¿Por qué esa opacidad?
R. Yo no lo llamaría opacidad. Estos temas están protegidos por el secreto pontificio, por lo que no se puede hablar si se está llevando a cabo un procedimiento. Estamos hablando de delitos muy graves, sufrimientos que tienen las víctimas y estas pueden elegir que se lleve en estricto secreto. No obstante, si la idea es que el secreto pontificio sirve para tratar de cubrir, encubrir, esconder esa realidad, no es correcto. Si el obispo quiere, puede hacer público el número de procedimientos que se han llevado o se están llevando sin dar detalles personales de las víctimas o acusados.
P. ¿No sería necesario que la Conferencia Episcopal formase una comisión para conocer todos los casos como se ha hecho en otros países?
R. La realidad española tiene una diferencia respecto a Alemania, EE UU o Irlanda. En las diócesis españolas no se conservan documentos en los archivos donde se precise que los traslados de los sacerdotes pederastas de una parroquia a otra eran porque había una denuncia o constancia de abusos sexuales.
P. Este periódico ha encontrado, al menos, 33 condenas y unos 50 casos instruidos en la justicia ordinaria en los últimos 30 años. ¿Cuál puede ser el número total de casos?
R. Es muy difícil. No se lo podría cuantificar.
P. ¿Más de 50?
R. Sí, por supuesto. Muchísimos más.
P. Si un obispo o sacerdote tiene conocimiento de un posible abuso, ¿está en la obligación de trasladarlo a la fiscalía si la familia del menor no lo ha hecho?
R. Sí, como dispone el artículo 13.4 de la Ley de Protección al Menor. El papa Benedicto en su carta a la Iglesia de Irlanda le dice a los sacerdotes y obispos que deben cooperar con la justicia civil. Y cooperar significa cooperar. Si son menores de edad, comunicarlo automáticamente a la autoridad civil y, si son mayores de edad, animarles a que denuncien ante la autoridad civil, independientemente del procedimiento canónico. El silencio y el encubrimiento de las víctimas que, además, ha sido un silencio impuesto, hace que esas personas estén gimiendo de dolor y que esas heridas que tienen jamás se les curen.
P. En los datos recopilados por este periódico solo se ha encontrado dos casos en los que una diócesis trasladó una denuncia a la justicia ordinaria (en 2010 y 2016). ¿Antes de la publicación de los protocolos de actuación de la Iglesia que invitaba a denunciar, hay constancia de que las diócesis denunciasen ese tipo de delitos?
R. En la investigación que estoy haciendo no he encontrado que se diera esa situación.
P. En el protocolo de actuación publicado por la Conferencia Episcopal en 2010 se señala que cuando el religioso conozca un caso, “invite” a la familia a que denuncie. Solo tres de las diócesis consultadas tienen otros protocolos, donde se señala tajantemente que los religiosos deben acudir a la justicia ordinaria. ¿Por qué esa diferencia entre los protocolos publicados por la Conferencia y estos tres?
R. Los protocolos se publicaron en diciembre de 2010. Cuando se colgaron en la web, algunos obispos españoles desconocían su existencia. Desde entonces, la Conferencia Episcopal no los ha modificado conforme a la Carta Circular de la Congregación de la Fe de 2011. Desde mi punto de vista, es un protocolo que deja a la víctima en un segundo lugar. No hay un equilibrio entre presunta víctima y presunto agresor.
P. ¿Qué referencia hace el Código Canónico respecto a las indemnizaciones?
R. En primer lugar, hay que decir que ni todo el dinero del mundo va a reparar los daños que sufren esas personas. Pero la víctima debe recibir algo que le ayude a reparar y esa reparación se hace en términos económicos. ¿Cómo se debe hacer? En primer lugar, el obispo debe explicarle al denunciante que tiene derecho a una indemnización si se demuestra la culpabilidad. Si es así, se hace una negociación entre el abogado de la víctima y el abogado del obispado. Normalmente, lo que piden las víctimas oscila entre 100.000 y 200.000 euros.
P. ¿De qué manera puede solucionar la Iglesia el problema de los abusos?
R. El papa Francisco nos pide a los obispos, sacerdotes y seglares que reconozcamos lo que ha pasado. Ese el primer paso. En segundo lugar, como dice el Evangelio de Juan: “La verdad os hará libres”. Poner la verdad y establecerla. Y pedir perdón.
“La diócesis siempre se hace cargo del proceso”
El proceso eclesiástico para juzgar la pederastia comienza con una investigación previa. Tras recibir la denuncia, el obispo nombra a un investigador para recabar información. “Este experto toma declaración a la presunta víctima, al presunto agresor, a testigos y a personas que puedan proporcionar información e, incluso, puede pedir pruebas periciales para la presunta víctima o el presunto agresor”, explica Gil José Sáez. Si el investigador ve que después de todo eso hay indicios de comisión de un delito, informa al obispo del resultado y este presenta un informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, para que decida el procedimiento para juzgar el caso: el administrativo extrajudicial o el penal.
“El caso lo puede llevar la propia Congregación, pero debido al volumen de trabajo que tiene, siempre decide que se haga cargo la diócesis”, comenta este vicario. En el proceso “administrativo extrajudicial”, un delegado vuelve a repetir todos los interrogatorios y elabora un informe donde establece si ha habido delito. En el procedimiento penal, un tribunal realiza un juicio y se redacta una sentencia. “En los dos procesos, el obispo manda la resolución a Roma para que la Santa Sede la ratifique”, explica Sáez.
Pregunta. ¿La Iglesia española silenció en el pasado casos de abusos sexuales?
Respuesta. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia cogían y decían: “Fulanito, te mandamos a tal sitio”. Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacía en el otro. Eso se hacía en toda la Iglesia universal durante el siglo XX, incluida España.
P. Este periódico ha preguntado a las 70 diócesis si le podían facilitar datos de los casos que han instruido, conocido y han puesto en conocimiento de la fiscalía en los últimos 30 años. Solo 10 han facilitado el número de casos. ¿Por qué esa opacidad?
R. Yo no lo llamaría opacidad. Estos temas están protegidos por el secreto pontificio, por lo que no se puede hablar si se está llevando a cabo un procedimiento. Estamos hablando de delitos muy graves, sufrimientos que tienen las víctimas y estas pueden elegir que se lleve en estricto secreto. No obstante, si la idea es que el secreto pontificio sirve para tratar de cubrir, encubrir, esconder esa realidad, no es correcto. Si el obispo quiere, puede hacer público el número de procedimientos que se han llevado o se están llevando sin dar detalles personales de las víctimas o acusados.
P. ¿No sería necesario que la Conferencia Episcopal formase una comisión para conocer todos los casos como se ha hecho en otros países?
R. La realidad española tiene una diferencia respecto a Alemania, EE UU o Irlanda. En las diócesis españolas no se conservan documentos en los archivos donde se precise que los traslados de los sacerdotes pederastas de una parroquia a otra eran porque había una denuncia o constancia de abusos sexuales.
P. Este periódico ha encontrado, al menos, 33 condenas y unos 50 casos instruidos en la justicia ordinaria en los últimos 30 años. ¿Cuál puede ser el número total de casos?
R. Es muy difícil. No se lo podría cuantificar.
P. ¿Más de 50?
R. Sí, por supuesto. Muchísimos más.
P. Si un obispo o sacerdote tiene conocimiento de un posible abuso, ¿está en la obligación de trasladarlo a la fiscalía si la familia del menor no lo ha hecho?
R. Sí, como dispone el artículo 13.4 de la Ley de Protección al Menor. El papa Benedicto en su carta a la Iglesia de Irlanda le dice a los sacerdotes y obispos que deben cooperar con la justicia civil. Y cooperar significa cooperar. Si son menores de edad, comunicarlo automáticamente a la autoridad civil y, si son mayores de edad, animarles a que denuncien ante la autoridad civil, independientemente del procedimiento canónico. El silencio y el encubrimiento de las víctimas que, además, ha sido un silencio impuesto, hace que esas personas estén gimiendo de dolor y que esas heridas que tienen jamás se les curen.
P. En los datos recopilados por este periódico solo se ha encontrado dos casos en los que una diócesis trasladó una denuncia a la justicia ordinaria (en 2010 y 2016). ¿Antes de la publicación de los protocolos de actuación de la Iglesia que invitaba a denunciar, hay constancia de que las diócesis denunciasen ese tipo de delitos?
R. En la investigación que estoy haciendo no he encontrado que se diera esa situación.
P. En el protocolo de actuación publicado por la Conferencia Episcopal en 2010 se señala que cuando el religioso conozca un caso, “invite” a la familia a que denuncie. Solo tres de las diócesis consultadas tienen otros protocolos, donde se señala tajantemente que los religiosos deben acudir a la justicia ordinaria. ¿Por qué esa diferencia entre los protocolos publicados por la Conferencia y estos tres?
R. Los protocolos se publicaron en diciembre de 2010. Cuando se colgaron en la web, algunos obispos españoles desconocían su existencia. Desde entonces, la Conferencia Episcopal no los ha modificado conforme a la Carta Circular de la Congregación de la Fe de 2011. Desde mi punto de vista, es un protocolo que deja a la víctima en un segundo lugar. No hay un equilibrio entre presunta víctima y presunto agresor.
P. ¿Qué referencia hace el Código Canónico respecto a las indemnizaciones?
R. En primer lugar, hay que decir que ni todo el dinero del mundo va a reparar los daños que sufren esas personas. Pero la víctima debe recibir algo que le ayude a reparar y esa reparación se hace en términos económicos. ¿Cómo se debe hacer? En primer lugar, el obispo debe explicarle al denunciante que tiene derecho a una indemnización si se demuestra la culpabilidad. Si es así, se hace una negociación entre el abogado de la víctima y el abogado del obispado. Normalmente, lo que piden las víctimas oscila entre 100.000 y 200.000 euros.
P. ¿De qué manera puede solucionar la Iglesia el problema de los abusos?
R. El papa Francisco nos pide a los obispos, sacerdotes y seglares que reconozcamos lo que ha pasado. Ese el primer paso. En segundo lugar, como dice el Evangelio de Juan: “La verdad os hará libres”. Poner la verdad y establecerla. Y pedir perdón.
“La diócesis siempre se hace cargo del proceso”
El proceso eclesiástico para juzgar la pederastia comienza con una investigación previa. Tras recibir la denuncia, el obispo nombra a un investigador para recabar información. “Este experto toma declaración a la presunta víctima, al presunto agresor, a testigos y a personas que puedan proporcionar información e, incluso, puede pedir pruebas periciales para la presunta víctima o el presunto agresor”, explica Gil José Sáez. Si el investigador ve que después de todo eso hay indicios de comisión de un delito, informa al obispo del resultado y este presenta un informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, para que decida el procedimiento para juzgar el caso: el administrativo extrajudicial o el penal.
“El caso lo puede llevar la propia Congregación, pero debido al volumen de trabajo que tiene, siempre decide que se haga cargo la diócesis”, comenta este vicario. En el proceso “administrativo extrajudicial”, un delegado vuelve a repetir todos los interrogatorios y elabora un informe donde establece si ha habido delito. En el procedimiento penal, un tribunal realiza un juicio y se redacta una sentencia. “En los dos procesos, el obispo manda la resolución a Roma para que la Santa Sede la ratifique”, explica Sáez.
La Iglesia española silencia desde hace décadas los casos de pederastia.
La cúpula eclesiástica se niega a facilitar datos de los procesos que ha conocido o instruido. Solo tres de las 70 diócesis consultadas obligan al obispo en sus protocolos a informar a Fiscalía.
José Manuel Romero / Julio Núñez | El País, 2018-10-14
https://elpais.com/sociedad/2018/10/12/actualidad/1539342033_382311.html
La Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.
El problema que más inquieta y preocupa al papa Francisco, la pederastia en la Iglesia, solo se conoce parcialmente en España a través de los casos tramitados en los tribunales de justicia.
El problema que más inquieta y preocupa al papa Francisco, la pederastia en la Iglesia, solo se conoce parcialmente en España a través de los casos tramitados en los tribunales de justicia.
Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas han ido desde la multa económica hasta los 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.
España tiene 23.000 parroquias y 18.000 sacerdotes. Las condenas judiciales por pederastia afectan a menos del 0,2% de los religiosos. En media docena de las sentencias conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero los abusos en la Iglesia y, ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales.
Mientras que el Código Penal castiga los abusos a menores con años de cárcel, los tribunales eclesiásticos aplican el Código Canónico, que solo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical.
Silencio eclesiástico
Ni la Conferencia Episcopal ni la inmensa mayoría de las 70 diócesis españolas consultadas por El país han facilitado información sobre las denuncias por pederastia que han conocido o tramitado y juzgado en las últimas décadas. Cinco de las 18 diócesis que respondieron a este periódico señalaron que no les constaba ningún caso: Burgos, Santiago, Teruel, Barbastro y Segovia. Otras cuatro admitieron al menos un caso: Oviedo, Plasencia, Guadix y Vic. La diócesis de Sigüenza-Guadalajara explicó que había recibido una denuncia falsa. Bilbao, Madrid o Soria evitaron hablar de las denuncias recibidas. Más de 50 diócesis ni siquiera contestaron a los correos electrónicos remitidos por este periódico.
El papa Francisco, empeñado en limpiar la imagen de la Iglesia con una política de mano dura contra la pederastia, ha convocado para febrero una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo donde abordará el problema de los abusos a menores. La transparencia en su Pontificado ha sido hasta ahora más bien escasa.
Roma ve 500 casos al año
La Congregación para la Doctrina de la Fe, ministerio de la Santa Sede que aplica el derecho canónico a los casos de pederastia que le llegan de todo el mundo, hace público un breve resumen de su actividad disciplinaria desde 2012.
Cada año ingresan en ese organismo entre 400 y 500 casos de abusos a menores, aunque la información que facilita la Congregación no detalla cuántos procedimientos corresponden a cada país. Este periódico preguntó al Vaticano por el número de casos que proceden de España y no obtuvo respuesta. Pese al hermetismo, hay un significativo empeño del papa Francisco por trasladar a los obispos la necesidad de ser implacables contra los delitos sexuales que conozcan.
La Conferencia Episcopal de Alemania ha investigado los hechos y trasladado sus conclusiones al Papa: 3.677 casos de pederastia en los últimos 70 años. Las autoridades eclesiásticas españolas no han pedido información a sus 70 diócesis para elaborar un trabajo similar: “No podemos informar sobre esos asuntos; primero por respeto a las víctimas y después porque somos un órgano colegiado, la información depende de las diócesis, que solo responden ante el Papa”, señalan. Varias diócesis, entre ellas la de Madrid, aseguraron a EL PAÍS que están dispuestas a colaborar con la Conferencia Episcopal “en lo que haga falta”.
La opacidad en la Iglesia española y la falta de colaboración con la justicia sufrieron un serio revés a partir de marzo de 2010, cuando el papa Benedicto XVI hizo pública su Carta Pastoral a los católicos de Irlanda, golpeados por el escándalo de los abusos a menores en su Iglesia, y aprobó nuevas normas para tratar el problema: ordenó a las conferencias episcopales que elaboraran un protocolo de actuación con medidas preventivas y líneas claras de actuación en los procesos judiciales eclesiásticos.
Unos meses después de aquella instrucción papal, la Conferencia Episcopal Española redactó su protocolo de actuación para asumir las reglas impuestas desde Roma. El protocolo señala que “si hay indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, la autoridad eclesiástica invita o aconseja a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la policía, el ministerio fiscal o el juzgado de instrucción”.
Siete años después de ese documento de la Conferencia Episcopal, al menos tres de las 70 diócesis (Sigüenza, Astorga y Burgos) han aprobado protocolos más amplios donde consideran “imprescindible” que el Obispado “notifique a los servicios especializados y al ministerio fiscal” la información de que disponga.
Esos nuevos protocolos recuerdan que desde 2015 hay una ley vigente en España de protección jurídica del menor que les obliga a notificar las denuncias que reciban. “Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal”, señala su artículo 13.4.
Desde 2010, se han registrado dos casos donde las diócesis —Ciudad Real y Castellón— han comunicado a la Fiscalía las denuncias recibidas por abusos dentro de la Iglesia. Sin embargo, este comportamiento todavía no se ha generalizado.
Los dos procesos que más escándalo social han causado en estos años, Granada —caso Romanones— y León —Seminario de La Bañeza—, fueron gestionados por las respectivas diócesis con secretismo. Solo el malestar de las víctimas por el trato recibido de la Iglesia provocó que sus procesos eclesiásticos se hicieran públicos.
En la causa abierta en Granada por el caso Romanones, el denunciante acudió a la Fiscalía tras desconfiar del tribunal eclesiástico que había empezado a instruir el caso.
Secreto pontificio
Durante el juicio, el abogado del sacerdote llegó a pedir la nulidad de una de las pruebas: el testimonio de tres sacerdotes ante el tribunal eclesiástico de la diócesis de Granada. El letrado denunció que esa prueba estaba bajo secreto pontificio y por ello se vulneraba un derecho constitucional reconocido en el artículo 2.3 del Concordato. El acuerdo firmado entre España y el Vaticano establece que “en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio”.
El tribunal admitió la complejidad del problema legal planteado por el abogado del cura de Granada y aceptó prescindir de la prueba porque ninguna de las partes hizo referencia a la misma durante el juicio. Pero dejó claro que no habían quebrantado el procedimiento canónico dado que fue Roma —la Congregación para la Doctrina de la Fe— quien autorizó al obispo de Granada a la entrega voluntaria del testimonio de los sacerdotes. Finalmente, la Audiencia de Granada absolvió al principal acusado.
Evasivas, silencio y cinco negativas
Solo 18 de las 70 diócesis españolas consultadas por El País acerca del problema de la pederastia contestaron a la llamada. De las 18 respuestas, cinco detallaron que no les constaba ninguna denuncia; otras cuatro admitieron un caso. Estas son algunas de las respuestas:
Obispo de Barbastro-Monzón: “Enterrar lo muerto, sanar lo que está herido”. “Valoro todo el esfuerzo que se haga por llegar hasta el fondo para poder enterrar lo que está muerto, sanar lo que está herido y potenciar lo que está sano. No me consta, salvo error u omisión involuntaria que hasta la fecha se haya presentado ninguna denuncia civil (...) Si en lo sucesivo, Dios no lo quiera, se hiciera pública cualquier denuncia seguiríamos el criterio de tolerancia cero seguido por el papa Francisco, poniéndonos a disposición de las autoridades eclesiásticas y civiles para colaborar”.
Archidiócesis de Madrid: “Hemos de dar una respuesta firme y clara”. “Como Iglesia hemos de dar una respuesta firme y clara y seguir avanzando en la prevención de posibles abusos y atención a víctimas. De momento no se nos ha solicitado información desde la Conferencia Episcopal, pero estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta”.
Obispado de Bilbao. “No soy la persona a quien corresponde contestar”. “No voy a asistir a la reunión que ha convocado el Papa. Asiste el presidente de la Conferencia Episcopal. Pienso que no soy la persona a quien corresponde contestar el cuestionario. En la Conferencia Episcopal hay personas mucho más cualificadas para este asunto”.
Obispado de Vic. “Desde 2016 exigimos certificado de ausencia de delitos sexuales”. “Tuvimos un caso ocurrido en 2000 con una persona discapacitada. No disponemos de más información acerca de abusos cometidos por parte de laicos o religiosos. Desde el año 2016 se requiere a cualquier persona que trate con menores en la diócesis el certificado de ausencia de delitos sexuales”.
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