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| Imagen: El País / Violencia antiabortista |
Los colectivos se han reunido con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a la que han pedido medidas de protección.
Ana Teresa Roca | El País, 2019-03-07
https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551965439_389052.html
Coacciones, amenazas, insultos... Este es el trato que reciben las mujeres a las puertas de los centros que garantizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España. Y así lo ha denunciado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), junto a representantes de entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y sindicatos, a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, este jueves en una reunión a puerta cerrada.
"En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones de movimientos antielección y antiderechos con acciones de acoso en los ámbitos jurídicos, administrativo y público", ha afirmado una portavoz de ACAI. Este hostigamiento afecta, sin ser exclusivo, a las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, a entidades que luchan por el derecho a una muerte digna, a asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI. Aunque las demandas realizadas ante la ministra se han centrado en "buscar medidas de protección hacia la mujeres que van a ejercer su derecho a interrumpir su embarazo", ha especificado Gema González Díaz, directora ejecutiva de la Federación de Planificación Familiar Española (FPFE).
José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, ha explicado que, desde hace varios años, "sufren acoso por parte de grupos de 19 personas que acuden a las puertas de las clínicas con pancartas que simulan un cementerio, pidiendo a las mujeres que no lo hagan o, incluso, insultándolas y coaccionándolas. Situaciones que, además, se acentúan en los tiempos de cuaresma". Bosch hace referencia a la campaña anual ‘40 días por la vida’, que los grupos ultraconservadoras y antiabortistas realizan por estas fechas.
Por estos motivos, han pedido al Ministerio la creación de una distancia de seguridad mínima ante las puertas de las clínicas, similar a la de no fumar en las puertas de los colegios. "El 90% de las mujeres que abortan son derivadas por la sanidad pública, por lo que son sus usuarias y no están recibiendo la asistencia sanitaria que se merecen y que deberían recibir", ha detallado Bosch. Y ha recordado que otros países ya han implementado diferentes medidas para evitar que las mujeres que acuden a una clínica para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo sean increpadas por colectivos contrarios a esta práctica. Por ejemplo, Alemania y Austria tienen establecida la distancia mínima de seguridad y Francia, incluso, ha incluido como un delito nuevo en el Código Penal las coacciones y las informaciones falsas que transmiten las personas que están en contra del aborto a las mujeres que lo van a practicar.
Rosa Sánchez Martín, médico de la clínica Dator de Madrid, ha señalado que, desde sus inicios en 1986, su centro es objeto de este tipo de prácticas de hostigamiento. Pero "en los últimos años estas son prácticamente diarias con manifestaciones a las puertas". Además de la disposición de una ambulancia medicalizada, que cuenta con autorización, y que pretende realizar ecografías a las mujeres gestantes que acuden a la clínica con el objetivo de que escuchen el latido fetal y renuncien a la interrupción. También, ha señalado que estos actos, como "importantes escraches ante la puerta", se han recrudecido ante el clima político actual y la aparición de partidos políticos ultraconservadores.
González, por su parte, ha apuntado que la decisión de abortar "muchas veces no viene de ellas, sino que es inevitable por diversas cuestiones médicas". Aunque en cualquier situación, "el hecho de que las llamen asesinas supone un daño psicológico muy grave para ellas". A lo que se suma que cualquier tipo de demanda judicial "requiere que sean las mujeres las que denuncien porque son considerados delitos privados pero ellas no lo hacen por preservar su intimidad y estos delitos quedan impunes", ha resaltado Bosch.
Un portavoz del Ministerio de Sanidad ha explicado que la ministra no va a realizar declaraciones sobre la reunión. Aunque Sánchez ha descrito la actitud de Carcedo como "amigable y favorable" al encuentro, "a pesar de que la situación política actual no sea propicia para establecer medidas concretas con el Gobierno en funciones".
"En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones de movimientos antielección y antiderechos con acciones de acoso en los ámbitos jurídicos, administrativo y público", ha afirmado una portavoz de ACAI. Este hostigamiento afecta, sin ser exclusivo, a las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, a entidades que luchan por el derecho a una muerte digna, a asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI. Aunque las demandas realizadas ante la ministra se han centrado en "buscar medidas de protección hacia la mujeres que van a ejercer su derecho a interrumpir su embarazo", ha especificado Gema González Díaz, directora ejecutiva de la Federación de Planificación Familiar Española (FPFE).
José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, ha explicado que, desde hace varios años, "sufren acoso por parte de grupos de 19 personas que acuden a las puertas de las clínicas con pancartas que simulan un cementerio, pidiendo a las mujeres que no lo hagan o, incluso, insultándolas y coaccionándolas. Situaciones que, además, se acentúan en los tiempos de cuaresma". Bosch hace referencia a la campaña anual ‘40 días por la vida’, que los grupos ultraconservadoras y antiabortistas realizan por estas fechas.
Por estos motivos, han pedido al Ministerio la creación de una distancia de seguridad mínima ante las puertas de las clínicas, similar a la de no fumar en las puertas de los colegios. "El 90% de las mujeres que abortan son derivadas por la sanidad pública, por lo que son sus usuarias y no están recibiendo la asistencia sanitaria que se merecen y que deberían recibir", ha detallado Bosch. Y ha recordado que otros países ya han implementado diferentes medidas para evitar que las mujeres que acuden a una clínica para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo sean increpadas por colectivos contrarios a esta práctica. Por ejemplo, Alemania y Austria tienen establecida la distancia mínima de seguridad y Francia, incluso, ha incluido como un delito nuevo en el Código Penal las coacciones y las informaciones falsas que transmiten las personas que están en contra del aborto a las mujeres que lo van a practicar.
Rosa Sánchez Martín, médico de la clínica Dator de Madrid, ha señalado que, desde sus inicios en 1986, su centro es objeto de este tipo de prácticas de hostigamiento. Pero "en los últimos años estas son prácticamente diarias con manifestaciones a las puertas". Además de la disposición de una ambulancia medicalizada, que cuenta con autorización, y que pretende realizar ecografías a las mujeres gestantes que acuden a la clínica con el objetivo de que escuchen el latido fetal y renuncien a la interrupción. También, ha señalado que estos actos, como "importantes escraches ante la puerta", se han recrudecido ante el clima político actual y la aparición de partidos políticos ultraconservadores.
González, por su parte, ha apuntado que la decisión de abortar "muchas veces no viene de ellas, sino que es inevitable por diversas cuestiones médicas". Aunque en cualquier situación, "el hecho de que las llamen asesinas supone un daño psicológico muy grave para ellas". A lo que se suma que cualquier tipo de demanda judicial "requiere que sean las mujeres las que denuncien porque son considerados delitos privados pero ellas no lo hacen por preservar su intimidad y estos delitos quedan impunes", ha resaltado Bosch.
Un portavoz del Ministerio de Sanidad ha explicado que la ministra no va a realizar declaraciones sobre la reunión. Aunque Sánchez ha descrito la actitud de Carcedo como "amigable y favorable" al encuentro, "a pesar de que la situación política actual no sea propicia para establecer medidas concretas con el Gobierno en funciones".
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