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| Imagen: El País / Alberto Garzón con representantes de Europa Laica |
La formación concurre al 20-D con una propuesta de desamortizar los bienes de la Iglesia.
Elsa García de Blas | El País, 2015-11-11
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/11/actualidad/1447238975_701342.html
Frente a la Catedral de la Almudena de Madrid, Alberto Garzón, candidato de IU-Unidad Popular a la presidencia del Gobierno, ha revelado este miércoles sus propuestas electorales en materia de laicidad con el objetivo de lograr un Estado "100% laico". Ante la mirada curiosa de dos sacerdotes que se han asomado a través de la valla —la rueda de prensa se ha celebrado en la acera, sin entrar en las dependencias del templo y sin incidentes—, Garzón ha proclamado su intención de acabar con el "adoctrinamiento religioso" en las aulas financiado con dinero público. Para ello, IU propone sacar la religión de la escuela, pero no solo: su formación es la única que llevará en el programa la supresión de la educación concertada de forma progresiva hasta eliminarla completamente en un plazo máximo de seis años.
“Defendemos una educación 100% pública. Hay que acabar progresivamente con este estatuto de privilegio de los centros concertados”, ha defendido Garzón, acompañado del presidente de la organización Europa Laica. Esta propuesta, que les separa de las otras formaciones de izquierdas, como el PSOE y Podemos —ninguno de los dos llega tan lejos— se llevaría a cabo a través de dos mecanismos, según explica a El País el responsable federal de Educación de IU, Enrique Díez. En el caso de los centros concertados construidos en suelo público, un decreto establecería su “nacionalización automática”, esto es, se convertirían en totalmente públicos. Para los construidos sobre suelo privado, la integración en la red pública sería voluntaria: “Si no quisieran, el curso siguiente dejarían de recibir la financiación del Estado”, señala Díez. El profesorado de los centros nacionalizados serían homologados a los docentes de la pública en una fórmula consensuada con los sindicatos.
Al mismo tiempo, la medida exigiría la construcción de nuevos centros públicos. IU estima que necesitaría aumentar un 30% la inversión educativa, una cantidad que lograría a base de detraer un 25% del gasto militar y de suprimir la financiación pública de la Iglesia católica, sus beneficios fiscales y estipulando su obligación de pagar el IBI. Con estas medidas obtendrían hasta 16.840 millones de euros, según sus cálculos.
"Ni un euro público a financiar ninguna Iglesia", proclama Garzón y, en consecuencia, la formación concurre a las elecciones con la propuesta de eliminar la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, así como suprimir los beneficios fiscales de cualquier naturaleza, como el IBI y todas las exenciones en los diferentes impuestos que se le otorgan por equipararla con las entidades sin ánimo de lucro (para eso quieren eliminar la Ley de mecenazgo). El partido quiere que la Iglesia católica esté obligada a presentar una memoria al Congreso de los Diputados sobre toda su actividad económica desde 1979. Para ello, así como para asegurar que la religión salga efectivamente de las aulas, es necesario "anular o en su caso denunciar" los acuerdos con la Santa Sede de 1979. IU asegura la anulación y no la revisión, por si esa fórmula escondiera una medida menos drástica.
El programa electoral llevará también, en su apuesta por la laicidad, una "desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la Iglesia católica" por el "interés general" y cuando el Estado "participe en su mantenimiento y restauración".
Eso por lo que respecta al patrimonio de la Iglesia válidamente registrado, pero IU entra también en el controvertido asunto de las inmatriculaciones. Una vez que se ha modificado la Ley Hipotecaria, por la cual la Iglesia ya no puede seguir inmatriculando bienes (registrarlos a su nombre), "el Estado debe declarar por vía legislativa como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica por dicho procedimiento, restituyéndolas a su anterior situación registral", dice el documento que el partido incorporará a su programa electoral. Para ello, debe hacerse un listado y balance de todo lo inmatriculado por la Iglesia católica desde 1946 hasta junio de 2015 (cuando se aprobó la ley que impide las inmatriculaciones). El PSOE también pidió al Gobierno el pasado mes de junio mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso que reclamara la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1998, pero solo cuando los obispos no hubieran aportado para ello documentos que demuestren que les pertenecían.
Entre las 24 medidas que propone IU se encuentra también la de eliminar la referencia a la Iglesia católica de la Constitución, en concreto del artículo 16.3—una propuesta que lleva el PSOE en su programa—, y la de derogar la Ley de libertad religiosa de 1980 y sustituirla por una Ley de libertad de conciencia, "que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones ni privilegios".
El Código Penal se modificaría para derogar los artículos que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, "en relación con sus actos o ceremonias, tanto de palabra como de forma escrita". El Código Civil también sería reformado para suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.
En materia de símbolos, el programa laico de IU señala que ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en actos de carácter confesional en calidad de tal, suprime las ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado y elimina las capillas de los lugares públicos. Los cementerios serán civiles. "Una de las fallas que permanece desde 1978 es que todavía no tenemos un Estado laico", ha concluido Garzón, que se compromete con la plena separación entre Iglesia y Estado.
“Defendemos una educación 100% pública. Hay que acabar progresivamente con este estatuto de privilegio de los centros concertados”, ha defendido Garzón, acompañado del presidente de la organización Europa Laica. Esta propuesta, que les separa de las otras formaciones de izquierdas, como el PSOE y Podemos —ninguno de los dos llega tan lejos— se llevaría a cabo a través de dos mecanismos, según explica a El País el responsable federal de Educación de IU, Enrique Díez. En el caso de los centros concertados construidos en suelo público, un decreto establecería su “nacionalización automática”, esto es, se convertirían en totalmente públicos. Para los construidos sobre suelo privado, la integración en la red pública sería voluntaria: “Si no quisieran, el curso siguiente dejarían de recibir la financiación del Estado”, señala Díez. El profesorado de los centros nacionalizados serían homologados a los docentes de la pública en una fórmula consensuada con los sindicatos.
Al mismo tiempo, la medida exigiría la construcción de nuevos centros públicos. IU estima que necesitaría aumentar un 30% la inversión educativa, una cantidad que lograría a base de detraer un 25% del gasto militar y de suprimir la financiación pública de la Iglesia católica, sus beneficios fiscales y estipulando su obligación de pagar el IBI. Con estas medidas obtendrían hasta 16.840 millones de euros, según sus cálculos.
"Ni un euro público a financiar ninguna Iglesia", proclama Garzón y, en consecuencia, la formación concurre a las elecciones con la propuesta de eliminar la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, así como suprimir los beneficios fiscales de cualquier naturaleza, como el IBI y todas las exenciones en los diferentes impuestos que se le otorgan por equipararla con las entidades sin ánimo de lucro (para eso quieren eliminar la Ley de mecenazgo). El partido quiere que la Iglesia católica esté obligada a presentar una memoria al Congreso de los Diputados sobre toda su actividad económica desde 1979. Para ello, así como para asegurar que la religión salga efectivamente de las aulas, es necesario "anular o en su caso denunciar" los acuerdos con la Santa Sede de 1979. IU asegura la anulación y no la revisión, por si esa fórmula escondiera una medida menos drástica.
El programa electoral llevará también, en su apuesta por la laicidad, una "desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la Iglesia católica" por el "interés general" y cuando el Estado "participe en su mantenimiento y restauración".
Eso por lo que respecta al patrimonio de la Iglesia válidamente registrado, pero IU entra también en el controvertido asunto de las inmatriculaciones. Una vez que se ha modificado la Ley Hipotecaria, por la cual la Iglesia ya no puede seguir inmatriculando bienes (registrarlos a su nombre), "el Estado debe declarar por vía legislativa como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica por dicho procedimiento, restituyéndolas a su anterior situación registral", dice el documento que el partido incorporará a su programa electoral. Para ello, debe hacerse un listado y balance de todo lo inmatriculado por la Iglesia católica desde 1946 hasta junio de 2015 (cuando se aprobó la ley que impide las inmatriculaciones). El PSOE también pidió al Gobierno el pasado mes de junio mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso que reclamara la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1998, pero solo cuando los obispos no hubieran aportado para ello documentos que demuestren que les pertenecían.
Entre las 24 medidas que propone IU se encuentra también la de eliminar la referencia a la Iglesia católica de la Constitución, en concreto del artículo 16.3—una propuesta que lleva el PSOE en su programa—, y la de derogar la Ley de libertad religiosa de 1980 y sustituirla por una Ley de libertad de conciencia, "que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones ni privilegios".
El Código Penal se modificaría para derogar los artículos que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, "en relación con sus actos o ceremonias, tanto de palabra como de forma escrita". El Código Civil también sería reformado para suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.
En materia de símbolos, el programa laico de IU señala que ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en actos de carácter confesional en calidad de tal, suprime las ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado y elimina las capillas de los lugares públicos. Los cementerios serán civiles. "Una de las fallas que permanece desde 1978 es que todavía no tenemos un Estado laico", ha concluido Garzón, que se compromete con la plena separación entre Iglesia y Estado.
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