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La acusación más habitual es la profanación del Corán.
Ana Ballesteros | El País, 2016-03-28
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/28/actualidad/1459172995_166748.html
Este domingo se sucedieron tres hechos conectados en Pakistán que muestran varias caras del mismo problema. El nexo común es la ley contra la blasfemia. En el hecho más grave, un grupo vinculado a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) atentó en un parque en Lahore. Dado que era Domingo de Resurrección, se suponía que habría allí un mayor número de cristianos. Mientras tanto en Islamabad, una manifestación violenta protestaba contra la ejecución de Mumtaz Qadri, el guardaespaldas que asesinó en 2011 al gobernador Salman Tasser, que había defendido a una mujer cristiana condenada por blasfemia en lo que parecía una acusación sin fundamento. Hacerlo público le costó la muerte al gobernador. Sorprendentemente, su guardaespaldas y asesino fue condenado a muerte y ejecutado este 29 de febrero, a pesar de las protestas de sus seguidores. Y, en tercer lugar, en el aeropuerto de Islamabad, Junaid Jamshed, otrora músico de pop convertido en teleevangelista, tuvo que esconderse de una turba enfurecida que le quería linchar. Jamshed había sido acusado de blasfemar en diciembre de 2014 por el Sunni Tehrik, un grupo de ideología barelví, el mismo que considera al guardaespaldas su héroe.
Pakistán tiene la ley contra la blasfemia más estricta del mundo islámico. Las condenas en el Código Penal, que incluyen la pena de muerte, fueron añadidas durante la década de 1980 por el gobierno del dictador Zia ul-Haq. Cualquier ciudadano puede presentar una acusación ante la policía. Dado que el origen de la acusación no puede ser reproducido, ante el temor de repetir la blasfemia, esta ley ha sido origen de constantes abusos, tantos como sensibilidades religiosas haya. Pero esta norma también se ha utilizado para ajustar todo tipo de disputas. Desde vecinos peleando por un terreno hasta mujeres que han rechazado proposiciones deshonestas. La acusación más habitual es la profanación del Corán. El mero rumor ha provocado desde ejecuciones extrajudiciales hasta actos vandálicos contra toda una comunidad. La ley, además, se ceba con las minorías. En un país en el que los musulmanes superan el 95% de la población, los acusados por blasfemia que languidecen en las cárceles pakistaníes pertenecen mayoritariamente a minorías religiosas. Más de la mitad de los condenados son ahmadíes, cristianos e hindúes.
El grupo responsable del atentado de Lahore, Jamaat-ul Ahrar (JuA), ya había atentado contra minorías, como una serie de ataques suicidas en iglesias cristianas en la misma Lahore el año pasado. Si bien JuA se escindió del TTP en 2014, se unió a Lashkar-e Islam después de que una operación militar acabara con sus feudos en partes de las áreas tribales. Muchos, se refugiaron en áreas limítrofes, especialmente en la provincia afgana de Nangarhar. Miembros del TTP fundaron allí la rama del Daesh (acrónimo árabe del grupo conocido como ISIS) en la provincia del Jurasán. Desde el ataque contra una escuela en Peshawar en diciembre de 2014, la opinión pública, el Gobierno civil y el Ejército se pusieron de acuerdo en la necesidad de acabar con el terrorismo. El denominado Plan de Acción Nacional lanzado por el primer ministro, Nawaz Sharif, ha supuesto un avance en comparación con años anteriores, pero demuestra no ser suficiente.
El lema promovido por el sistema del “Islam en peligro” utilizado para justificar los múltiples grupos yihadistas ha calado de tal manera que el ambiente de crispación colectiva no favorece un diálogo racional sobre la pertinencia de la ley contra la blasfemia. Todo aquel que la ha criticado ha sufrido no solo la ira de los grupos radicales, sino también la violencia estructural de una sociedad presa de un odio acérrimo inculcado desde hace décadas. El problema no se soluciona podando las ramas, que es lo que la operación militar contra los talibanes ha hecho, sino que hay que atacar la raíz, y ésta, es ideológica.
* Ana Ballesteros es doctora en Estudios Islámicos e investigadora de la Escola de Cultura de Pau y del Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (Opemam).
Pakistán tiene la ley contra la blasfemia más estricta del mundo islámico. Las condenas en el Código Penal, que incluyen la pena de muerte, fueron añadidas durante la década de 1980 por el gobierno del dictador Zia ul-Haq. Cualquier ciudadano puede presentar una acusación ante la policía. Dado que el origen de la acusación no puede ser reproducido, ante el temor de repetir la blasfemia, esta ley ha sido origen de constantes abusos, tantos como sensibilidades religiosas haya. Pero esta norma también se ha utilizado para ajustar todo tipo de disputas. Desde vecinos peleando por un terreno hasta mujeres que han rechazado proposiciones deshonestas. La acusación más habitual es la profanación del Corán. El mero rumor ha provocado desde ejecuciones extrajudiciales hasta actos vandálicos contra toda una comunidad. La ley, además, se ceba con las minorías. En un país en el que los musulmanes superan el 95% de la población, los acusados por blasfemia que languidecen en las cárceles pakistaníes pertenecen mayoritariamente a minorías religiosas. Más de la mitad de los condenados son ahmadíes, cristianos e hindúes.
El grupo responsable del atentado de Lahore, Jamaat-ul Ahrar (JuA), ya había atentado contra minorías, como una serie de ataques suicidas en iglesias cristianas en la misma Lahore el año pasado. Si bien JuA se escindió del TTP en 2014, se unió a Lashkar-e Islam después de que una operación militar acabara con sus feudos en partes de las áreas tribales. Muchos, se refugiaron en áreas limítrofes, especialmente en la provincia afgana de Nangarhar. Miembros del TTP fundaron allí la rama del Daesh (acrónimo árabe del grupo conocido como ISIS) en la provincia del Jurasán. Desde el ataque contra una escuela en Peshawar en diciembre de 2014, la opinión pública, el Gobierno civil y el Ejército se pusieron de acuerdo en la necesidad de acabar con el terrorismo. El denominado Plan de Acción Nacional lanzado por el primer ministro, Nawaz Sharif, ha supuesto un avance en comparación con años anteriores, pero demuestra no ser suficiente.
El lema promovido por el sistema del “Islam en peligro” utilizado para justificar los múltiples grupos yihadistas ha calado de tal manera que el ambiente de crispación colectiva no favorece un diálogo racional sobre la pertinencia de la ley contra la blasfemia. Todo aquel que la ha criticado ha sufrido no solo la ira de los grupos radicales, sino también la violencia estructural de una sociedad presa de un odio acérrimo inculcado desde hace décadas. El problema no se soluciona podando las ramas, que es lo que la operación militar contra los talibanes ha hecho, sino que hay que atacar la raíz, y ésta, es ideológica.
* Ana Ballesteros es doctora en Estudios Islámicos e investigadora de la Escola de Cultura de Pau y del Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (Opemam).
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