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| Imagen: Noticias de Gipuzkoa / Manifestación en Donostia, 2016-03-20 |
La Diputación revisará la prestación al constatar que provoca un «efecto llamada». El 97% de los perceptores son inmigrantes, muchos de países poco frecuentes en Gipuzkoa, y el 50% no tiene ningún permiso de residencia.
Gaizka Lasa | El Diario Vasco, 2016-03-21
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201603/21/agi-201603211001.html
Ha estado en el centro de la discusión desde que se aprobó. En muchas ocasiones, tocando de oído y sin analizar con detalle su eficacia. Ahora, ya hay un informe sobre la mesa. La Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) que EH Bildu aprobó la pasada legislatura en Gipuzkoa ha provocado «un efecto llamada de población extranjera» que «no se corresponde» con el perfil habitual de la inmigración que hay en el territorio. Así lo deja manifiestamente claro el documento que ha elaborado la Diputación para hacer balance de la AGI y al que ha tenido acceso este periódico. El informe, adelantado este lunes en la edición impresa de este periódico, incorpora el contraste de los ayuntamientos y organizaciones del tercer sector y ha sido presentado este lunes en las Juntas Generales de Gipuzkoa por la diputada de Políticas Sociales Maite Peña.
El diagnóstico sobre la prestación de ayudas económicas a quienes pueden justificar un empadronamiento de un año en Gipuzkoa –pero no acceden aún a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque no acumulan tres años en el territorio– no dice qué medidas hay que tomar, pero sí hace un análisis detallado de una ayuda de alrededor de 700 euros mensuales de media que solo existe en Gipuzkoa. Así, advierte de que la AGI no solo provoca un «efecto llamada», sino que además no garantiza la inserción social de los beneficiarios. Conduce, por tanto, a la reflexión de si el objetivo inicial de la prestación, es decir, el de atender ciertas necesidades de personas en estados precarios, no ha derivado en la consecuencia de «atraer necesidades que no existían antes de la implementación» de esta ayuda.
El informe, que lleva la firma del jefe de Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas de la Diputación, Jon Iribar Goenaga, destaca, por ejemplo, la relevancia que tienen algunas nacionalidades en la percepción de la AGI. Señala que la fotografía de los perceptores de la prestación no coincide con la fotografía general de la inmigración en Gipuzkoa. Constata que «si comparamos la distribución por grandes áreas geográficas de la inmigración total con la que existe en la AGI, observamos una falta de coherencia».
Así, Europa y Latinoamérica están infra-representadas en la ayuda. Adquieren un peso específico en la recepción de la misma del 9,5% y 8,6% respectivamente cuando acaparan el 33,3% y el 32,8% respectivamente de la inmigración del territorio. Por contra, la participación de África en la prestación duplica su representatividad en el mapa de inmigración mientras la de Asia llega casi a cuadruplicarlo. El informe concluye que «sí ha habido una llegada nueva de población asiática en los últimos años».
No obstante, esta llegada no ha hecho aumentar el número de perceptores. Primero porque los solicitantes pueden pasar a cobrar la RGI a los tres años de estar empadronados en Gipuzkoa –saliendo de las listas de la AGI– y segundo porque la crisis económica ha producido un «efecto salida» en todo el Estado, también en Euskadi. «Lo que ha producido la AGI es que ese fenómeno se ha compensado y el volumen total de inmigrantes no ha bajado en Gipuzkoa», dice el informe.
Casi 1.500 receptores
Al finalizar el año 2015, había 1.422 unidades convivenciales percibiendo AGI, y el número total de personas beneficiarias era algo más del doble de esa cifra. Estos números son prácticamente idénticos a los existentes un año antes, al finalizar 2014. «Por lo tanto, el volumen total se ha estabilizado», aprecia el documento técnico. También se mantiene el coste para las arcas forales, de 11,3 millones en 2015.
Otro de los indicadores que podrían alimentar el debate en torno a un efecto llamada o una generación intencionada de necesidades tiene que ver con la distribución geográfica de la ayuda dentro del territorio. Aunque existe AGI en prácticamente todos los municipios, un rasgo muy característico de la prestación es que su implantación no está relacionada con tasas de pobreza superiores, ni con la habitual concentración de prestaciones en municipios limítrofes con la capital.
En términos relativos a la población, son los municipios del Bajo y Alto Deba los que lideran el ranking, seguidos de municipios concretos de Iraurgi, Goierri y Tolosaldea. Zonas todas ellas que no se encuentran en los primeros puestos de la tabla de quienes más inmigración acogen. Mientras en Donostia, Pasaia o Errenteria –municipios que tradicionalmente se han convertido en destino de los inmigrantes que llegan a Gipuzkoa– la tasa es de entre 2,4 y 2,5 AGIs por mil habitantes, y en Irun no llega a 2, en otras zonas la situación es muy distinta. Soraluze y Ordizia están por encima de las 8 prestaciones por mil habitantes, Arrasate se queda al borde del siete por mil y Azkoitia supera el seis por mil.
La tesis foral de que la AGI ha podido atraer un perfil concreto que no existía se sustenta asimismo en el dato de que el 50% de los que la perciben no tiene ningún permiso de residencia –algo que no ocurre en el caso de la RGI–, con las consecuentes dificultades para la inserción social al no poder asentarse de manera legal ni buscar un empleo. Casi todas las personas perceptoras de AGI son extranjeras –sólo el 3% tiene nacionalidad española–, y en cuanto al perfil propiamente dicho, la gran mayoría son varones jóvenes, de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares y sin más ingresos que la AGI.
Todas estas constataciones serán objeto de diálogo entre la Diputación, las fuerzas políticas del territorio y las asociaciones de tercer sector. Con las aportaciones de unos y otros, el departamento de Políticas Sociales abordará, «en el corto plazo y atendiendo a criterios de eficiencia la revisión de la prestación», según fuentes consultadas.
Ronda de contactos para «rediseñar la ayuda»
El actual gobierno foral de PNV-PSE pretende "rediseñar la ayuda", que tiene un coste anual de once millones de euros para la Diputación, para lo cual impulsará una ronda de contactos con ayuntamientos, asociaciones y partidos políticos, ha anunciado Peña.
El portavoz de Bildu, Ernesto Merino, ha acusado a la Diputación de actuar con "hipocresía", ya que sus responsables critican la AGI, mientras defienden con "la boca pequeña" la llegada de refugiados.
Las palabras de Merino han sido respondidas por Maite Peña, quien ha señalado que "muy fácil hacer demagogia", ha subrayado que son asuntos que "no se deben mezclar" y ha defendido la modificación de una ayuda que se paga con "dinero público" si se constata que es ineficaz.
El representante de EH Bildu ha recalcado que se trata de una "decisión política", que ya está tomada y que la Diputación impulsa ahora una "campaña de desprestigio" sobre una ayuda cuya eliminación podría provocar, por ejemplo, que "500 niños se queden debajo de un puente".
Mónica Mora, Podemos, ha criticado que se utilice la expresión "efecto llamada en un informe técnico", ha advertido de que la modificación o eliminación de la AGI provocaría una extensión de la pobreza y ha pedido que AGI se complete con otras medidas de inserción social.
Los grupos junteros del PSE, PNV y PP han aludido a la ronda de contactos que la Diputación de Gipuzkoa iniciará con el objetivo analizar esta cuestión, optimizar los recursos públicos y evitar que se "cronifiquen" las situaciones de pobreza en Gipuzkoa.
El diagnóstico sobre la prestación de ayudas económicas a quienes pueden justificar un empadronamiento de un año en Gipuzkoa –pero no acceden aún a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque no acumulan tres años en el territorio– no dice qué medidas hay que tomar, pero sí hace un análisis detallado de una ayuda de alrededor de 700 euros mensuales de media que solo existe en Gipuzkoa. Así, advierte de que la AGI no solo provoca un «efecto llamada», sino que además no garantiza la inserción social de los beneficiarios. Conduce, por tanto, a la reflexión de si el objetivo inicial de la prestación, es decir, el de atender ciertas necesidades de personas en estados precarios, no ha derivado en la consecuencia de «atraer necesidades que no existían antes de la implementación» de esta ayuda.
El informe, que lleva la firma del jefe de Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas de la Diputación, Jon Iribar Goenaga, destaca, por ejemplo, la relevancia que tienen algunas nacionalidades en la percepción de la AGI. Señala que la fotografía de los perceptores de la prestación no coincide con la fotografía general de la inmigración en Gipuzkoa. Constata que «si comparamos la distribución por grandes áreas geográficas de la inmigración total con la que existe en la AGI, observamos una falta de coherencia».
Así, Europa y Latinoamérica están infra-representadas en la ayuda. Adquieren un peso específico en la recepción de la misma del 9,5% y 8,6% respectivamente cuando acaparan el 33,3% y el 32,8% respectivamente de la inmigración del territorio. Por contra, la participación de África en la prestación duplica su representatividad en el mapa de inmigración mientras la de Asia llega casi a cuadruplicarlo. El informe concluye que «sí ha habido una llegada nueva de población asiática en los últimos años».
No obstante, esta llegada no ha hecho aumentar el número de perceptores. Primero porque los solicitantes pueden pasar a cobrar la RGI a los tres años de estar empadronados en Gipuzkoa –saliendo de las listas de la AGI– y segundo porque la crisis económica ha producido un «efecto salida» en todo el Estado, también en Euskadi. «Lo que ha producido la AGI es que ese fenómeno se ha compensado y el volumen total de inmigrantes no ha bajado en Gipuzkoa», dice el informe.
Casi 1.500 receptores
Al finalizar el año 2015, había 1.422 unidades convivenciales percibiendo AGI, y el número total de personas beneficiarias era algo más del doble de esa cifra. Estos números son prácticamente idénticos a los existentes un año antes, al finalizar 2014. «Por lo tanto, el volumen total se ha estabilizado», aprecia el documento técnico. También se mantiene el coste para las arcas forales, de 11,3 millones en 2015.
Otro de los indicadores que podrían alimentar el debate en torno a un efecto llamada o una generación intencionada de necesidades tiene que ver con la distribución geográfica de la ayuda dentro del territorio. Aunque existe AGI en prácticamente todos los municipios, un rasgo muy característico de la prestación es que su implantación no está relacionada con tasas de pobreza superiores, ni con la habitual concentración de prestaciones en municipios limítrofes con la capital.
En términos relativos a la población, son los municipios del Bajo y Alto Deba los que lideran el ranking, seguidos de municipios concretos de Iraurgi, Goierri y Tolosaldea. Zonas todas ellas que no se encuentran en los primeros puestos de la tabla de quienes más inmigración acogen. Mientras en Donostia, Pasaia o Errenteria –municipios que tradicionalmente se han convertido en destino de los inmigrantes que llegan a Gipuzkoa– la tasa es de entre 2,4 y 2,5 AGIs por mil habitantes, y en Irun no llega a 2, en otras zonas la situación es muy distinta. Soraluze y Ordizia están por encima de las 8 prestaciones por mil habitantes, Arrasate se queda al borde del siete por mil y Azkoitia supera el seis por mil.
La tesis foral de que la AGI ha podido atraer un perfil concreto que no existía se sustenta asimismo en el dato de que el 50% de los que la perciben no tiene ningún permiso de residencia –algo que no ocurre en el caso de la RGI–, con las consecuentes dificultades para la inserción social al no poder asentarse de manera legal ni buscar un empleo. Casi todas las personas perceptoras de AGI son extranjeras –sólo el 3% tiene nacionalidad española–, y en cuanto al perfil propiamente dicho, la gran mayoría son varones jóvenes, de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares y sin más ingresos que la AGI.
Todas estas constataciones serán objeto de diálogo entre la Diputación, las fuerzas políticas del territorio y las asociaciones de tercer sector. Con las aportaciones de unos y otros, el departamento de Políticas Sociales abordará, «en el corto plazo y atendiendo a criterios de eficiencia la revisión de la prestación», según fuentes consultadas.
Ronda de contactos para «rediseñar la ayuda»
El actual gobierno foral de PNV-PSE pretende "rediseñar la ayuda", que tiene un coste anual de once millones de euros para la Diputación, para lo cual impulsará una ronda de contactos con ayuntamientos, asociaciones y partidos políticos, ha anunciado Peña.
El portavoz de Bildu, Ernesto Merino, ha acusado a la Diputación de actuar con "hipocresía", ya que sus responsables critican la AGI, mientras defienden con "la boca pequeña" la llegada de refugiados.
Las palabras de Merino han sido respondidas por Maite Peña, quien ha señalado que "muy fácil hacer demagogia", ha subrayado que son asuntos que "no se deben mezclar" y ha defendido la modificación de una ayuda que se paga con "dinero público" si se constata que es ineficaz.
El representante de EH Bildu ha recalcado que se trata de una "decisión política", que ya está tomada y que la Diputación impulsa ahora una "campaña de desprestigio" sobre una ayuda cuya eliminación podría provocar, por ejemplo, que "500 niños se queden debajo de un puente".
Mónica Mora, Podemos, ha criticado que se utilice la expresión "efecto llamada en un informe técnico", ha advertido de que la modificación o eliminación de la AGI provocaría una extensión de la pobreza y ha pedido que AGI se complete con otras medidas de inserción social.
Los grupos junteros del PSE, PNV y PP han aludido a la ronda de contactos que la Diputación de Gipuzkoa iniciará con el objetivo analizar esta cuestión, optimizar los recursos públicos y evitar que se "cronifiquen" las situaciones de pobreza en Gipuzkoa.
- La cifra: 1.422
- Son las unidades convivenciales que han recibido la AGI en 2015. El número total de personas beneficiarias ha sido algo más del doble de esa cifra. La cifra es similar a la registrada en 2014 y el coste también se mantiene en torno a los 11 millones de euros.
- Carecterísticas de la AGI
- Origen. Lo creó EH Bildu en 2012 para contrarrestar el endurecimiento de requisitos de la RGI por parte del Parlamento Vasco.
- Requisitos. Estar empadronado durante un año en Gipuzkoa, se tenga o no permiso de residencia (La RGI requiere 3 años).
- Cuantía. El importe medio es de 706,6 euros mensuales (depende de la unidad de convivencia).
Y TAMBIÉN…
Las empresas vascas necesitarán cubrir 25.000 puestos de trabajo este año.
Una encuesta de Confebask a un millar de empresas apunta que dos de cada tres firmas prevé realizar contrataciones en 2016. El aspecto negativo es que el 44% de las compañías dice tener dificultades para incorporar personal, no por aspectos salariales, sino por falta de formación o actitud del demandante.
Alexis Algaba | El Diario Vasco, 2016-03-21
http://www.diariovasco.com/economia/201603/21/empresas-vascas-necesitaran-cubrir-20160321124335.html
“Queremos denunciar el ninguneo de la UE al derecho de asilo”.
Centenares de personas exigen a Europa una nueva política de acogimiento para los refugiados durante la Marcha contra el Racismo entre Donostia y Pasaia.
A.U. Soto / Javi Colmenero | Noticias de Gipuzkoa, 2016-03-21
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/03/21/sociedad/queremos-denunciar-el-ninguneo-de-la-ue-al-derecho-de-asilo
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