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| Imagen: El País / Ximo Puig (i), president de la Generalitat valenciana, durante el minuto de silencio |
Los jueces y fiscales implicados en el caso argumentan haber seguido el protocolo de protección a las víctimas.
Manrique C. Sánchez | El País, 2017-11-10
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/10/actualidad/1510332859_954770.html
"Nada podía hacer presagiar lo que iba a ocurrir. La reacción del asesino es incomprensible. Solo él podría explicarla y está muerto”. La misma estupefacción que atenaza al fiscal especialista en violencia de género de Alicante Ángel Alcázar, con décadas de experiencia a sus espaldas, se ha asentado en la opinión pública tras el crimen de Jessica Bravo, perpetrado el miércoles a las puertas de un colegio de Elda (Alicante). El caso evidencia las lagunas del sistema.
¿Cómo pudo Imanol Castillo asesinar a tiros a su expareja después de cuatro denuncias y una condena firme por malos tratos? Los jueces y fiscales directamente implicados sostienen que siguieron al pie de la letra el protocolo de protección a las víctimas de la violencia machista. Pero el fatal desenlace pone en evidencia las lagunas del sistema: una estructural falta de medios para evaluar de forma profesional el riesgo que corren las mujeres y una comunicación deficiente entre órganos judiciales y fuerzas de seguridad provocada, en parte, por un sistema informático anticuado.
A ambas carencias se suman las particularidades de este fenómeno delictivo, donde la víctima sufre a menudo una dependencia emocional. Jessica Bravo, de 28 años y vecina de Monforte del Cid, volvió con el que luego fue su verdugo tras sufrir los primeros episodios de violencia, según fuentes próximas a la investigación.
Le denunció por primera vez en septiembre de 2014. Pero se negó a declarar en el juicio y el maltratador resultó absuelto. No fue condenado hasta enero de 2016, cuando reconoció que la había zarandeado, tirado al suelo y abofeteado en presencia del hijo de ambos, que entonces tenía 22 meses. Fue sentenciado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento. El 2 de este noviembre Imanol Castillo acudió al bar de Monforte que regentan los padres de su excompañera y la amenazó de muerte, según varios clientes, tras exigirle que le entregara al niño. El régimen de visitas del menor, que ambos habían pactado con anterioridad, les enfrentaba. La Guardia Civil le detuvo, pero el juez lo dejó en libertad provisional. El implicado negó las acusaciones y fue citado una semana después para someterse a un juicio rápido. Un plazo que en este caso resultó letal.
Imanol llamó por teléfono a la víctima insistentemente entre el 4 y 5 de noviembre. Quebrantó así la orden de alejamiento y volvió a ser detenido. De nuevo quedó libre. La magistrada ante la que compareció conocía la existencia de una orden de alejamiento, pero desconocía, porque la base de datos informática no lo explicita, qué motivos habían llevado a su compañero de Novelda a dictarla. La fiscal encargada de la causa por amenazas tampoco llegó a recibir la información del nuevo arresto. Y la Guardia Civil calificaba el riesgo solo de “medio”.
“El juzgado de Novelda adoptó la medida cautelar, la orden de alejamiento que solicitó la fiscalía y la propia víctima”, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ninguna de las partes pidió prisión. Y tampoco lo hicieron el martes en el juzgado de guardia de Elda.
Según fuentes fiscales, con estos antecedentes, rara vez plantea una privación de libertad para un maltratador. “Tenemos casos mucho más graves y el acusado nunca reacciona de esa manera”, afirma el fiscal Alcázar. El TSJ valenciano coincide: “No existían indicios de violencia anteriores que hicieran presumir que un día después de su última excarcelación el maltratador asesinaría a tiros a su expareja ante su hijo”.
Un problema de “formación y sensibilización”
La presidenta de la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante, María García Olcina, cree que existe un problema de “formación y sensibilización” en materia de violencia machista. “Muchas veces los operadores jurídicos creen que las amenazas de los maltratadores no van en serio, que no van a cumplirlas. En ocasiones, incluso, atribuyen a las víctimas motivos espurios relacionados con la custodia de los hijos”, señala. En su opinión, el caso de Elda merecía una respuesta de la justicia más contundente, a la vista de que el maltratador ya había agredido a la víctima una vez y había vuelto a amenazarla.
García Olcina cree que las pulseras de localización, que en ningún caso se planteó colocar a Imanol Castillo, son una herramienta más para proteger a las mujeres cuyo uso debe extenderse. “No es excusa que se active continuamente, aunque el maltratador no quiera infringir deliberadamente la orden de alejamiento, para no usarlas. Para eso está la policía, que debe acudir inmediatamente y comprobar si existe un riesgo real”.
¿Cómo pudo Imanol Castillo asesinar a tiros a su expareja después de cuatro denuncias y una condena firme por malos tratos? Los jueces y fiscales directamente implicados sostienen que siguieron al pie de la letra el protocolo de protección a las víctimas de la violencia machista. Pero el fatal desenlace pone en evidencia las lagunas del sistema: una estructural falta de medios para evaluar de forma profesional el riesgo que corren las mujeres y una comunicación deficiente entre órganos judiciales y fuerzas de seguridad provocada, en parte, por un sistema informático anticuado.
A ambas carencias se suman las particularidades de este fenómeno delictivo, donde la víctima sufre a menudo una dependencia emocional. Jessica Bravo, de 28 años y vecina de Monforte del Cid, volvió con el que luego fue su verdugo tras sufrir los primeros episodios de violencia, según fuentes próximas a la investigación.
Le denunció por primera vez en septiembre de 2014. Pero se negó a declarar en el juicio y el maltratador resultó absuelto. No fue condenado hasta enero de 2016, cuando reconoció que la había zarandeado, tirado al suelo y abofeteado en presencia del hijo de ambos, que entonces tenía 22 meses. Fue sentenciado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ocho meses de alejamiento. El 2 de este noviembre Imanol Castillo acudió al bar de Monforte que regentan los padres de su excompañera y la amenazó de muerte, según varios clientes, tras exigirle que le entregara al niño. El régimen de visitas del menor, que ambos habían pactado con anterioridad, les enfrentaba. La Guardia Civil le detuvo, pero el juez lo dejó en libertad provisional. El implicado negó las acusaciones y fue citado una semana después para someterse a un juicio rápido. Un plazo que en este caso resultó letal.
Imanol llamó por teléfono a la víctima insistentemente entre el 4 y 5 de noviembre. Quebrantó así la orden de alejamiento y volvió a ser detenido. De nuevo quedó libre. La magistrada ante la que compareció conocía la existencia de una orden de alejamiento, pero desconocía, porque la base de datos informática no lo explicita, qué motivos habían llevado a su compañero de Novelda a dictarla. La fiscal encargada de la causa por amenazas tampoco llegó a recibir la información del nuevo arresto. Y la Guardia Civil calificaba el riesgo solo de “medio”.
“El juzgado de Novelda adoptó la medida cautelar, la orden de alejamiento que solicitó la fiscalía y la propia víctima”, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ninguna de las partes pidió prisión. Y tampoco lo hicieron el martes en el juzgado de guardia de Elda.
Según fuentes fiscales, con estos antecedentes, rara vez plantea una privación de libertad para un maltratador. “Tenemos casos mucho más graves y el acusado nunca reacciona de esa manera”, afirma el fiscal Alcázar. El TSJ valenciano coincide: “No existían indicios de violencia anteriores que hicieran presumir que un día después de su última excarcelación el maltratador asesinaría a tiros a su expareja ante su hijo”.
Un problema de “formación y sensibilización”
La presidenta de la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante, María García Olcina, cree que existe un problema de “formación y sensibilización” en materia de violencia machista. “Muchas veces los operadores jurídicos creen que las amenazas de los maltratadores no van en serio, que no van a cumplirlas. En ocasiones, incluso, atribuyen a las víctimas motivos espurios relacionados con la custodia de los hijos”, señala. En su opinión, el caso de Elda merecía una respuesta de la justicia más contundente, a la vista de que el maltratador ya había agredido a la víctima una vez y había vuelto a amenazarla.
García Olcina cree que las pulseras de localización, que en ningún caso se planteó colocar a Imanol Castillo, son una herramienta más para proteger a las mujeres cuyo uso debe extenderse. “No es excusa que se active continuamente, aunque el maltratador no quiera infringir deliberadamente la orden de alejamiento, para no usarlas. Para eso está la policía, que debe acudir inmediatamente y comprobar si existe un riesgo real”.
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