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| Imagen: El País / Cristina Cifuentes |
La expresidenta de la Comunidad ha sido citada a declarar el próximo 26 de junio en el juzgado número 51 de Madrid.
Fernando J. Pérez | El País, 2018-05-11
https://elpais.com/ccaa/2018/05/11/madrid/1526038109_209925.html
Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido citada en calidad de investigada por falsedad en documento publico y cohecho en relación con el caso del máster fraudulento de la Universidad Rey Juan Carlos, según fuentes judiciales. La exlíder del PP madrileño ha sido citada a declarar el próximo 26 de junio en juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Tanto el cohecho como la falsedad en documento público se castigan respectivamente con penas de prisión de entre tres y seis años.
El Código Penal, en su artículo 419, prevé penas de prisión de entre tres y seis años y de inhabilitación de nueve a doce años para la "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase" o "aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo" o "para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar". El artículo 424 castiga con la misma pena al "particular" que "ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo".
Tras el escándalo de su máster, Cifuentes (Madrid, 1964) ha abandonado todos su cargos públicos y políticos y ha solicitado reincorporarse a su puesto en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La difusión de un vídeo de 2011 de un supuesto hurto de Cifuentes terminó forzando su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Según un portavoz de la universidad, Cifuentes presentó un escrito de renuncia a la excedencia que se le había concedido por ostentación de cargo público. Cifuentes es funcionaria de la Complutense desde hace 27 años.
La titular del Juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decidió ayer jueves que la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos, que negó haber presidido el tribunal de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid pasara a estar como investigada en la causa.
La profesora había declarado ante la juez, pero en calidad de testigo. En el marco de las declaraciones, la magistrada decidió cambiar su situación a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Código Penal, en su artículo 419, prevé penas de prisión de entre tres y seis años y de inhabilitación de nueve a doce años para la "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase" o "aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo" o "para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar". El artículo 424 castiga con la misma pena al "particular" que "ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo".
Tras el escándalo de su máster, Cifuentes (Madrid, 1964) ha abandonado todos su cargos públicos y políticos y ha solicitado reincorporarse a su puesto en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La difusión de un vídeo de 2011 de un supuesto hurto de Cifuentes terminó forzando su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Según un portavoz de la universidad, Cifuentes presentó un escrito de renuncia a la excedencia que se le había concedido por ostentación de cargo público. Cifuentes es funcionaria de la Complutense desde hace 27 años.
La titular del Juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decidió ayer jueves que la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos, que negó haber presidido el tribunal de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid pasara a estar como investigada en la causa.
La profesora había declarado ante la juez, pero en calidad de testigo. En el marco de las declaraciones, la magistrada decidió cambiar su situación a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La profesora del acta falsa denuncia presiones del entorno de Cifuentes: “Dadnos un Trabajo de Fin de Máster”.
Una asesora de la consejería de Educación madrileña y amiga de la expresidenta llamó una decena de veces a la profesora Cecilia Rosado, presunta secretaria del inexistente tribunal.
Mónica Ceberio Belaza | El País, 2018-05-11
https://politica.elpais.com/politica/2018/05/11/actualidad/1526039208_632310.html
El caso del máster de Cristina Cifuentes, que provocó su dimisión –junto a un vídeo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid llevándose dos cremas de una tienda sin pagar-, ha perdido fuelle político pero sigue adelante en los tribunales. Hoy viernes la titular del juzgado número 51 de Instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha llamado a declarar el próximo 26 de junio a Cifuentes como investigada por los delitos de falsedad documental y cohecho, castigados cada uno con hasta seis años de prisión. La juez tomó esa decisión después de haber escuchado las declaraciones de las profesoras cuyas firmas aparecían en el acta que acreditaba falsamente que había presentado un Trabajo Fin de Máster en la Universidad Rey Juan Carlos y de otras personas relacionadas con el caso.
La expresidenta, durante las semanas que precedieron a su dimisión, repitió un mantra: si había alguna irregularidad en el máster en derecho autonómico y local que cursó en la Rey Juan Carlos, y cuyo título obtuvo sin ir a clase ni hacer los exámenes, era problema de los profesores y del centro. Ella, según decía una y otra vez, no sabía nada, fue a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012 con total normalidad y, más allá de eso, lo que hubiera sucedido era achacable a la universidad. Sin embargo, la profesora que elaboró el acta que avalaba falsamente la presentación de dicho TFM asegura que una amiga de Cifuentes la presionó durante toda la mañana del 21 de marzo –cuando eldiario_es destapó el caso- para que elaborara el acta, para que le redactaran un TFM (algo que jamás llegó a suceder) y, finalmente, para que le pasaran referencias bibliográficas de un trabajo inexistente con las que poder defenderse de las acusaciones.
La amiga de Cifuentes es María Teresa Feito Higueruela, en ese momento asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid asignada a la consejería de Educación y profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad Rey Juan Carlos –estaba en comisión de servicios desde 2015-. Ya se conocía el dato de que esa mañana Feito había acudido a la universidad para interesarse por el tema antes de que el rector, Javier Ramos, saliera a dar su primera rueda de prensa. Pero lo que no se sabía es que había hablado directamente casi una decena de veces con Rosado, que fue quien elaboró el acta falsa a petición del catedrático y director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde.
La profesora asegura que le dijo frases como “Cristina os va a matar a todos” o “Tenéis que darnos un TFM". Cuando ella le respondió que no había tal y que no podían hacerlo, Feito le pidió entonces unas referencias bibliográficas. La docente tiene el registro de llamadas entre su teléfono y el de Feito. La última se produce 20 minutos después de que el acta falsa sea enviada por correo electrónico al rector, quien después la reenvía al entorno de Cifuentes.
Rosado declaró el jueves como investigada, contestó a todas las preguntas y aseguró que no hubo TFM; que ella y sus compañeras Alicia López de los Mozos y Clara Souto jamás se reunieron como tribunal ni evaluaron a Cifuentes; que el acta se elaboró el 21 de marzo de 2018, no el 2 de julio de 2012; y que todo fue dirigido y encargado por Enrique Álvarez Conde. Las tres docentes coinciden en estos puntos.
Un acta con dos firmas imitadas
Rosado reconoce que fue ella quien elaboró el acta y puso su firma y las de sus dos compañeras, López de los Mozos y Clara Souto. Todas, colegas del área de Derecho Constitucional. Lo hizo porque se lo pidió Álvarez Conde y porque sus dos compañeras le habían enseñado a través de videollamada su DNI para que viera su firma y pudiera copiarla. Así lo reconoció también López de los Mozos en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, aunque aseguró que no sabía para qué era. Rosado, por su parte, contradijo esta versión, asegurando que López de los Mozos sabía perfectamente para qué le estaba enseñando su firma, y que nunca lo hubiera hecho sin permiso.
Souto, por su parte, también admitió el jueves que enseñó su firma a Rosado, pero afirmó que era una práctica tan habitual en el Instituto de Derecho Público que no supo para que se iba a usar en ese caso concreto. Aseguró que como la universidad tiene varios campus en distintas localidades, muchas veces lo hacían para facilitar las cosas. La profesora declaró como testigo, sin abogado, y no fue imputada. En su caso, Rosado ratificó su declaración y declaró que no recordaba si habían hablado de para qué era la firma, que ella lo dio por hecho cuando Souto le enseñó su DNI, y confirmó que hacer firmas de compañeros era práctica habitual en el Instituto de Derecho Público.
Por otro lado, y por otra cuestión, López de los Mozos, que comparecía como testigo, pasó a ser investigada por prevaricación administrativa. Durante su declaración le preguntaron por la nota que había puesto a Cifuentes en una asignatura y respondió que no recordaba haberla evaluado. Como aparecía su firma, la juez decidió seguir la investigación sobre estos hechos. Souto también había aprobado una asignatura a Cifuentes, pero en una clase que impartía a medias con Álvarez Conde en la que ella daba muy pocas clases y era él quien evaluaba y le decía la nota correspondiente de cada uno. No fue imputada.
Álvarez Conde se hace responsable del acta falsa por escrito
Por otro lado, Álvarez Conde, maestro, mentor y tutor de las tesis doctorales de Rosado, Souto y López de los Mozos, ha firmado un documento —que ayer entregó Rosado a la juez— asumiendo la responsabilidad de lo que pasó. Afirma que en el grupo de investigación que él dirige, y en el que están las tres docentes, es muy normal pedir que se firme en nombre de otros por razones de eficiencia y que siempre existe un consentimiento por parte de las personas involucradas, sea expreso o presunto. En relación al acta del 21 de marzo, declara expresamente que fue él quien pidió a Cecilia Rosado que pusiera su firma y la de sus compañeras en el documento, y quien le indicó lo que tenía que escribir en el papel en blanco.
La expresidenta, durante las semanas que precedieron a su dimisión, repitió un mantra: si había alguna irregularidad en el máster en derecho autonómico y local que cursó en la Rey Juan Carlos, y cuyo título obtuvo sin ir a clase ni hacer los exámenes, era problema de los profesores y del centro. Ella, según decía una y otra vez, no sabía nada, fue a defender su Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012 con total normalidad y, más allá de eso, lo que hubiera sucedido era achacable a la universidad. Sin embargo, la profesora que elaboró el acta que avalaba falsamente la presentación de dicho TFM asegura que una amiga de Cifuentes la presionó durante toda la mañana del 21 de marzo –cuando eldiario_es destapó el caso- para que elaborara el acta, para que le redactaran un TFM (algo que jamás llegó a suceder) y, finalmente, para que le pasaran referencias bibliográficas de un trabajo inexistente con las que poder defenderse de las acusaciones.
La amiga de Cifuentes es María Teresa Feito Higueruela, en ese momento asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid asignada a la consejería de Educación y profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad Rey Juan Carlos –estaba en comisión de servicios desde 2015-. Ya se conocía el dato de que esa mañana Feito había acudido a la universidad para interesarse por el tema antes de que el rector, Javier Ramos, saliera a dar su primera rueda de prensa. Pero lo que no se sabía es que había hablado directamente casi una decena de veces con Rosado, que fue quien elaboró el acta falsa a petición del catedrático y director del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde.
La profesora asegura que le dijo frases como “Cristina os va a matar a todos” o “Tenéis que darnos un TFM". Cuando ella le respondió que no había tal y que no podían hacerlo, Feito le pidió entonces unas referencias bibliográficas. La docente tiene el registro de llamadas entre su teléfono y el de Feito. La última se produce 20 minutos después de que el acta falsa sea enviada por correo electrónico al rector, quien después la reenvía al entorno de Cifuentes.
Rosado declaró el jueves como investigada, contestó a todas las preguntas y aseguró que no hubo TFM; que ella y sus compañeras Alicia López de los Mozos y Clara Souto jamás se reunieron como tribunal ni evaluaron a Cifuentes; que el acta se elaboró el 21 de marzo de 2018, no el 2 de julio de 2012; y que todo fue dirigido y encargado por Enrique Álvarez Conde. Las tres docentes coinciden en estos puntos.
Un acta con dos firmas imitadas
Rosado reconoce que fue ella quien elaboró el acta y puso su firma y las de sus dos compañeras, López de los Mozos y Clara Souto. Todas, colegas del área de Derecho Constitucional. Lo hizo porque se lo pidió Álvarez Conde y porque sus dos compañeras le habían enseñado a través de videollamada su DNI para que viera su firma y pudiera copiarla. Así lo reconoció también López de los Mozos en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, aunque aseguró que no sabía para qué era. Rosado, por su parte, contradijo esta versión, asegurando que López de los Mozos sabía perfectamente para qué le estaba enseñando su firma, y que nunca lo hubiera hecho sin permiso.
Souto, por su parte, también admitió el jueves que enseñó su firma a Rosado, pero afirmó que era una práctica tan habitual en el Instituto de Derecho Público que no supo para que se iba a usar en ese caso concreto. Aseguró que como la universidad tiene varios campus en distintas localidades, muchas veces lo hacían para facilitar las cosas. La profesora declaró como testigo, sin abogado, y no fue imputada. En su caso, Rosado ratificó su declaración y declaró que no recordaba si habían hablado de para qué era la firma, que ella lo dio por hecho cuando Souto le enseñó su DNI, y confirmó que hacer firmas de compañeros era práctica habitual en el Instituto de Derecho Público.
Por otro lado, y por otra cuestión, López de los Mozos, que comparecía como testigo, pasó a ser investigada por prevaricación administrativa. Durante su declaración le preguntaron por la nota que había puesto a Cifuentes en una asignatura y respondió que no recordaba haberla evaluado. Como aparecía su firma, la juez decidió seguir la investigación sobre estos hechos. Souto también había aprobado una asignatura a Cifuentes, pero en una clase que impartía a medias con Álvarez Conde en la que ella daba muy pocas clases y era él quien evaluaba y le decía la nota correspondiente de cada uno. No fue imputada.
Álvarez Conde se hace responsable del acta falsa por escrito
Por otro lado, Álvarez Conde, maestro, mentor y tutor de las tesis doctorales de Rosado, Souto y López de los Mozos, ha firmado un documento —que ayer entregó Rosado a la juez— asumiendo la responsabilidad de lo que pasó. Afirma que en el grupo de investigación que él dirige, y en el que están las tres docentes, es muy normal pedir que se firme en nombre de otros por razones de eficiencia y que siempre existe un consentimiento por parte de las personas involucradas, sea expreso o presunto. En relación al acta del 21 de marzo, declara expresamente que fue él quien pidió a Cecilia Rosado que pusiera su firma y la de sus compañeras en el documento, y quien le indicó lo que tenía que escribir en el papel en blanco.
Durante el curso 2011/12 la directora del curso era Rosado, pero ella aseguró ayer que se ocupaba sobre todo de la gestión mientras las decisiones importantes las tomaba Álvarez Conde. Clara Souto confirmó este hecho, asegurando que tanto ella como Rosado eran las últimas en la jerarquía del Instituto y que la relación entre Álvarez Conde y Rosado se había deteriorado mucho sobre todo a partir de 2014.
Sobre el acta del TFM, López de los Mozos, en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, dijo que sobre las 12 de la mañana del 21 de marzo, el día que se publicó el caso, Álvarez Conde “le dijo literalmente ‘te tengo que meter en esto’, si bien no le dio explicaciones de la actuación exacta que requería”, según señaló la docente. Ella asegura que le pidió “que no la metiera en el asunto”. Él, siempre según su versión, le respondió que “iba a buscar a otras personas, pero que de no encontrarlas tendría que acudir a ella”.
López de los Mozos declaró que lo siguiente que vio fue la rueda de prensa en la que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, dijo su nombre como presunto miembro del tribunal, que Álvarez Conde no la atendió hasta las tres de la tarde, y que en ese momento le dijo que “estaban recabando información del máster” y que tenía que darle a Cecilia todo lo que esta le pidiera. Posteriormente ella contactó con la profesora Rosado. Según su versión, no le quiso dar su firma pero más tarde le enseñó por videollamada su DNI, aunque según su relato “en ningún caso” la autorizó “a plasmarla en ningún documento”. Rosado desmintió esto último con firmeza.
En su declaración del jueves ante la juez, que fue suspendida más tarde cuando fue declarada investigada, López de los Mozos aseguró que más tarde se había sentido muy presionada para mentir por Enrique Álvarez Conde. A la policía le había asegurado que tenía grabaciones que así lo acreditaban, pero ayer señaló que no encontraba el pen drive y que había borrado los whatsapps.
Irregularidades en las convalidaciones
Las diligencias de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid no se abrieron por el acta del TFM, sino tras una querella presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, por unas convalidaciones en las que aparece su firma –que ella asegura que ha sido falsificada-. Se trata de un escrito de convalidación del mismo curso de Cifuentes (2011-2012) en el que aparecen distintas firmas, también la de López de los Mozos. A esta investigación se unió la del acta relativa al TFM después de que la Fiscalía de Móstoles, que era quien llevaba el caso en origen, remitiera las actuaciones al juzgado de Madrid para que se investigara todo conjuntamente.
En relación a estas convalidaciones, tanto José Antonio Lobato (responsable de la unidad de posgrado de la Rey Juan Carlos) como Pilar Trinidad (jefa de Inspección de la universidad), que declaraban como testigos, aseguraron que no les constaba que se hubieran usado; es decir, que esas convalidaciones se hayan trasladado a las notas de los alumnos. Si esto fuera así, no habría delito aunque se hayan falsificado firmas, puesto que el delito exige que la falsificación se introduzca en el tráfico jurídico.
El jueves declaró también como investigada Amalia Calonge, la funcionaria de la universidad que cambió dos notas de Cifuentes de no presentado a notable (lo hizo como investigada). Aseguró que lo hizo ante la petición de uno de los profesores, Pablo Chico. José Antonio Lobato, responsable de la unidad de postgrado y títulos propios de la universidad, aseguró sin embargo que la forma de modificar las notas no era la normal y que los cambios de actas no pueden hacerlos los profesores -ni siquiera el profesor del máster- pidiéndolo a un funcionario.
Sobre el acta del TFM, López de los Mozos, en su declaración ante la policía el pasado 10 de abril, dijo que sobre las 12 de la mañana del 21 de marzo, el día que se publicó el caso, Álvarez Conde “le dijo literalmente ‘te tengo que meter en esto’, si bien no le dio explicaciones de la actuación exacta que requería”, según señaló la docente. Ella asegura que le pidió “que no la metiera en el asunto”. Él, siempre según su versión, le respondió que “iba a buscar a otras personas, pero que de no encontrarlas tendría que acudir a ella”.
López de los Mozos declaró que lo siguiente que vio fue la rueda de prensa en la que el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, dijo su nombre como presunto miembro del tribunal, que Álvarez Conde no la atendió hasta las tres de la tarde, y que en ese momento le dijo que “estaban recabando información del máster” y que tenía que darle a Cecilia todo lo que esta le pidiera. Posteriormente ella contactó con la profesora Rosado. Según su versión, no le quiso dar su firma pero más tarde le enseñó por videollamada su DNI, aunque según su relato “en ningún caso” la autorizó “a plasmarla en ningún documento”. Rosado desmintió esto último con firmeza.
En su declaración del jueves ante la juez, que fue suspendida más tarde cuando fue declarada investigada, López de los Mozos aseguró que más tarde se había sentido muy presionada para mentir por Enrique Álvarez Conde. A la policía le había asegurado que tenía grabaciones que así lo acreditaban, pero ayer señaló que no encontraba el pen drive y que había borrado los whatsapps.
Irregularidades en las convalidaciones
Las diligencias de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid no se abrieron por el acta del TFM, sino tras una querella presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, por unas convalidaciones en las que aparece su firma –que ella asegura que ha sido falsificada-. Se trata de un escrito de convalidación del mismo curso de Cifuentes (2011-2012) en el que aparecen distintas firmas, también la de López de los Mozos. A esta investigación se unió la del acta relativa al TFM después de que la Fiscalía de Móstoles, que era quien llevaba el caso en origen, remitiera las actuaciones al juzgado de Madrid para que se investigara todo conjuntamente.
En relación a estas convalidaciones, tanto José Antonio Lobato (responsable de la unidad de posgrado de la Rey Juan Carlos) como Pilar Trinidad (jefa de Inspección de la universidad), que declaraban como testigos, aseguraron que no les constaba que se hubieran usado; es decir, que esas convalidaciones se hayan trasladado a las notas de los alumnos. Si esto fuera así, no habría delito aunque se hayan falsificado firmas, puesto que el delito exige que la falsificación se introduzca en el tráfico jurídico.
El jueves declaró también como investigada Amalia Calonge, la funcionaria de la universidad que cambió dos notas de Cifuentes de no presentado a notable (lo hizo como investigada). Aseguró que lo hizo ante la petición de uno de los profesores, Pablo Chico. José Antonio Lobato, responsable de la unidad de postgrado y títulos propios de la universidad, aseguró sin embargo que la forma de modificar las notas no era la normal y que los cambios de actas no pueden hacerlos los profesores -ni siquiera el profesor del máster- pidiéndolo a un funcionario.
Y TAMBIÉN…
La Complutense niega trato de favor en la reincorporación de Cifuentes: "Se aplica escrupulosamente la ley".
La institución ha emitido un comunicado sobre el reingreso de la expresidenta a su plaza en reserva, afirmando que siguen "lo reglamentado" y garantizando los derechos que le correspondan. La Complutense señala que "una vez asumidas" las responsabilidades políticas, si hubiera penales las acatarán "inmediatamente". Cristina Cifuentes solicitó el pasado 9 de mayo su vuelta a la institución, que es de efecto inmediato sobre su salario. Las asociaciones estudiantiles han llamado este miércoles a una movilización para que no se lleve a cabo.
El Diario, 2018-05-16
https://www.eldiario.es/madrid/UCM-Cifuentes_0_772023018.html
"Cifuentes, querida, no eres bienvenida": protesta estudiantil en la Complutense contra su reincorporación.
Alrededor de 200 estudiantes recorren el campus de la Universidad Complutense para exigir que la expresidenta no vuelva a su plaza de funcionaria. Algunas estudiantes consideran que no "está legitimada" para trabajar en esta institución tras su imputación por falsedad documental y cohecho. Las asociaciones han mantenido la convocatoria a pesar de que no han recibido autorización por parte de Delegación de Gobierno.
Laura Galaup | El Diario, 2018-05-16
https://www.eldiario.es/sociedad/Marcha-reincoroporacion-Cienfuentes_0_772023025.html
Dimite de su cargo en Pozuelo el profesor que ordenó cambiar una de las notas del máster de Cifuentes.
Pablo Chico de la Cámara ha renunciado a la presidencia del Tribunal Económico Administrativo de la localidad madrileña. La alcaldesa agradece la renuncia y subraya la "necesidad" de "preservar el buen nombre" de Pozuelo.
Irene Castro | El Diario, 2018-05-15
https://www.eldiario.es/madrid/Dimite-Pozuelo-profesor-cambiar-Cifuentes_0_771673450.html
Dimite la asesora que acudió a la universidad por el máster de Cifuentes.
EFE | Noticias de Gipuzkoa, 2018-05-12
http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/05/12/politica/estado/dimite-la-asesora-que-acudio-a-la-universidad-por-el-master-de-cifuentes
Una juez imputa por falsedad al director del máster de Cristina Cifuentes.
La magistrada abre diligencias por la denuncia de una catedrática cuya firma fue falsificada para convalidar las notas de la expresidenta madrileña.
Fernando J. Pérez / Óscar López-Fonseca | El País, 2018-04-27
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/27/actualidad/1524821732_141528.html
Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid.
La renuncia se ha precipitado horas después de la difusión de un vídeo de un hurto en 2011 y tras el escándalo del máster
Esther Sánchez | El País, 2018-04-25
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/25/actualidad/1524643078_623889.html
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