 |
| Imagen: Instagram / Quique Jiménez 'Torito' con su hijo Nathan |
Los dos colectivos llevaban décadas apoyándose mutuamente en sus reivindicaciones sociales.
Milagros Pérez Oliva | El País, 2017-02-19
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/17/actualidad/1487334746_534707.html
El debate se está enconando y no va a ser fácil encontrar puntos de encuentro. Como ocurre con la eterna controversia sobre la prostitución, la división entre defensores y detractores de la gestación subrogada atraviesa por la mitad a los partidos políticos que han de decidir sobre la cuestión. Todos tienen en sus filas partidarios y contrarios a la regulación y todos reconocen que no va a ser fácil optar por una u otra opción cuando se suscite la cuestión, que será pronto, pues Ciudadanos ya ha anunciado que presentará una propuesta legislativa. El partido naranja defiende que se regule en España, una posibilidad que la medicina permite pero que está expresamente prohibida por la Ley de Reproducción Asistida de 2006.
Que la geografía política del debate sea transversal no quiere decir que no sea susceptible de formar grandes bloques antagónicos. Aunque los beneficiarios de la legalización serían tanto parejas heterosexuales con problemas de fertilidad como las formadas por hombres homosexuales, gran parte del empuje a favor de la regulación lo protagoniza el influyente colectivo de gais, lesbianas y transexuales. Pero el anuncio de proyecto legislativo ha suscitado rápidamente una fuerte oposición que recorre también todo el arco parlamentario y que tiene como elemento aglutinador el color morado del feminismo. Y así nos encontramos con la inédita situación de que dos grandes colectivos que llevan décadas caminando juntos y apoyándose mutuamente en sus reivindicaciones se encuentran ahora enfrentados.
Ambos han sido elementos esenciales de los movimientos de justicia social que irrumpieron en los años sesenta del siglo pasado en lo que se denominaron demandas de reconocimiento, que, junto a las demandas de redistribución, han protagonizado las luchas sociales de las últimas décadas. Homosexuales y feministas han mantenido una tenaz lucha para que les sean reconocidos sus derechos. El enfrentamiento que ahora los separa es un buen ejemplo de cómo en ocasiones, como ha teorizado la pensadora norteamericana Nancy Fraser, las reclamaciones de reconocimiento y de redistribución pueden llegar a colisionar. Unos hablan de libertad, las otras de que no hay libertad sin igualdad.
Los favorables a la legalización ponen énfasis en la necesidad de respetar el derecho a la maternidad de quienes no pueden gestar por sí mismos y la libertad de las partes para consentir una transacción acordada. Por su parte, el feminismo insiste en que permitir la gestación subrogada constituye una manifestación más del “neoliberalismo sexual”, que trata de imponer nuevas formas de someter a la mujer por la vía de apropiarse de su cuerpo, esta vez mediante el alquiler de su capacidad de gestación. Un amplio desarrollo de esta idea se encuentra en el libro que sobre este tema ha publicado la filósofa Ana de Miguel, en el que cuestiona el “mito de la libre elección” cuando median relaciones de profunda desigualdad.
El choque argumental es muy potente. Ambas partes esgrimen poderosas razones para persistir en su defensa. Y como siempre que se inicia una dura batalla política, ambas luchan por establecer el ‘frame’ —el marco de la discusión— más favorable. El sociolingüista George Lakoff ya nos ilustró sobre la importancia que tiene en el proceso de creación de opinión pública poder imponer un marco de referencia que acote los términos del debate. Quien fija ese marco tiene gran parte de la batalla política ganada. Y el principal instrumento es el lenguaje. Por eso lo primero que han hecho los partidarios de regular la gestación subrogada es arremeter contra la otra expresión con la que es popularmente conocida, la de “vientres de alquiler”. Obviamente, “gestación subrogada” es una expresión más aséptica, en la que tanto puede caber el altruismo más generoso como la más descarnada de las transacciones comerciales. En cambio, “vientre de alquiler” nos remite de golpe a una relación mercantil, de compraventa, entre los padres de intención y la madre gestante.
Muchas e ilustres feministas han salido al paso de lo que denominan “operación asepsia” con una lluvia de sinónimos no menos descriptivos: “mujeres horno”, “incubadora humana” “comercio de vientres”, hasta culminar en el más rompedor, el que da nombre a la web 'No Somos Vasijas', donde puede leerse un manifiesto con las 10 razones por las que están radicalmente en contra de la regulación. La lucha por el marco conceptual se extiende a la representación de la realidad. Los partidarios de la regulación hablan del “exilio reproductivo” al que se ven abocadas las parejas españolas por no estar reconocida en España una realidad que ya trae al país un millar de niños al año. El colectivo feminista replica con otra imagen fuerte y bastante menos tierna, la de las “granjas de mujeres reproductoras”, todas pobres, muchas reincidentes, que han encontrado en el alquiler de su vientre un modo de subsistencia. En este “mercado de vientres”, sostienen, “difícilmente veremos a una mujer rica gestando para una pobre”.
Pero el debate trasciende los intereses legítimos de estos dos colectivos. Otras voces se alzan para reclamar un debate amplio y en profundidad sobre las implicaciones que una posible regulación podría tener desde la perspectiva de los principios de la bioética. La gestación subrogada no es, como se ha dicho, una técnica de fecundación. La gestación para otros es posible gracias a las técnicas de reproducción asistida, pero no todo lo que la ciencia es capaz de hacer debe estar permitido. Como no lo está, por ejemplo, aplicar los avances de la manipulación genética sobre las células germinales. Desde la bioética se recuerda que uno de los principios fundamentales en la regulación de los progresos en biomedicina es que el cuerpo humano y su material genético no pueden ser objeto de transacción comercial. Es el principio que impide que haya, por ejemplo, comercio de órganos.
Entre los partidarios de una liberalización total, al estilo de la que rige en California (EE UU), donde se puede alquilar un vientre por 120.000 euros, y quienes defienden la total prohibición, emerge una tercera vía que aboga por la legalización, pero en condiciones tan estrictas que impidan cualquier transacción comercial. Como en los trasplantes o en las donaciones en fecundación asistida, cabría la posibilidad de una gestación subrogada completamente altruista, pero en ese caso la dificultad estribaría en establecer las garantías exigibles para asegurar que realmente lo sea. Por analogía, sería aplicable lo que ahora rige para los trasplantes de órganos de donante vivo, en los que se plantea una problemática muy parecida. En este caso se exige acreditar una relación de parentesco o de proximidad anterior para poder garantizar que no media transacción económica encubierta. Pero, con esta regulación, las posibilidades se reducirían drásticamente. El diario ‘The Guardian’ ha revelado que de los 271 casos de gestación subrogada registrados en Reino Unido, donde está permitida la gestación altruista, 252 procedían de vientres de alquiler en el extranjero.
Que la geografía política del debate sea transversal no quiere decir que no sea susceptible de formar grandes bloques antagónicos. Aunque los beneficiarios de la legalización serían tanto parejas heterosexuales con problemas de fertilidad como las formadas por hombres homosexuales, gran parte del empuje a favor de la regulación lo protagoniza el influyente colectivo de gais, lesbianas y transexuales. Pero el anuncio de proyecto legislativo ha suscitado rápidamente una fuerte oposición que recorre también todo el arco parlamentario y que tiene como elemento aglutinador el color morado del feminismo. Y así nos encontramos con la inédita situación de que dos grandes colectivos que llevan décadas caminando juntos y apoyándose mutuamente en sus reivindicaciones se encuentran ahora enfrentados.
Ambos han sido elementos esenciales de los movimientos de justicia social que irrumpieron en los años sesenta del siglo pasado en lo que se denominaron demandas de reconocimiento, que, junto a las demandas de redistribución, han protagonizado las luchas sociales de las últimas décadas. Homosexuales y feministas han mantenido una tenaz lucha para que les sean reconocidos sus derechos. El enfrentamiento que ahora los separa es un buen ejemplo de cómo en ocasiones, como ha teorizado la pensadora norteamericana Nancy Fraser, las reclamaciones de reconocimiento y de redistribución pueden llegar a colisionar. Unos hablan de libertad, las otras de que no hay libertad sin igualdad.
Los favorables a la legalización ponen énfasis en la necesidad de respetar el derecho a la maternidad de quienes no pueden gestar por sí mismos y la libertad de las partes para consentir una transacción acordada. Por su parte, el feminismo insiste en que permitir la gestación subrogada constituye una manifestación más del “neoliberalismo sexual”, que trata de imponer nuevas formas de someter a la mujer por la vía de apropiarse de su cuerpo, esta vez mediante el alquiler de su capacidad de gestación. Un amplio desarrollo de esta idea se encuentra en el libro que sobre este tema ha publicado la filósofa Ana de Miguel, en el que cuestiona el “mito de la libre elección” cuando median relaciones de profunda desigualdad.
El choque argumental es muy potente. Ambas partes esgrimen poderosas razones para persistir en su defensa. Y como siempre que se inicia una dura batalla política, ambas luchan por establecer el ‘frame’ —el marco de la discusión— más favorable. El sociolingüista George Lakoff ya nos ilustró sobre la importancia que tiene en el proceso de creación de opinión pública poder imponer un marco de referencia que acote los términos del debate. Quien fija ese marco tiene gran parte de la batalla política ganada. Y el principal instrumento es el lenguaje. Por eso lo primero que han hecho los partidarios de regular la gestación subrogada es arremeter contra la otra expresión con la que es popularmente conocida, la de “vientres de alquiler”. Obviamente, “gestación subrogada” es una expresión más aséptica, en la que tanto puede caber el altruismo más generoso como la más descarnada de las transacciones comerciales. En cambio, “vientre de alquiler” nos remite de golpe a una relación mercantil, de compraventa, entre los padres de intención y la madre gestante.
Muchas e ilustres feministas han salido al paso de lo que denominan “operación asepsia” con una lluvia de sinónimos no menos descriptivos: “mujeres horno”, “incubadora humana” “comercio de vientres”, hasta culminar en el más rompedor, el que da nombre a la web 'No Somos Vasijas', donde puede leerse un manifiesto con las 10 razones por las que están radicalmente en contra de la regulación. La lucha por el marco conceptual se extiende a la representación de la realidad. Los partidarios de la regulación hablan del “exilio reproductivo” al que se ven abocadas las parejas españolas por no estar reconocida en España una realidad que ya trae al país un millar de niños al año. El colectivo feminista replica con otra imagen fuerte y bastante menos tierna, la de las “granjas de mujeres reproductoras”, todas pobres, muchas reincidentes, que han encontrado en el alquiler de su vientre un modo de subsistencia. En este “mercado de vientres”, sostienen, “difícilmente veremos a una mujer rica gestando para una pobre”.
Pero el debate trasciende los intereses legítimos de estos dos colectivos. Otras voces se alzan para reclamar un debate amplio y en profundidad sobre las implicaciones que una posible regulación podría tener desde la perspectiva de los principios de la bioética. La gestación subrogada no es, como se ha dicho, una técnica de fecundación. La gestación para otros es posible gracias a las técnicas de reproducción asistida, pero no todo lo que la ciencia es capaz de hacer debe estar permitido. Como no lo está, por ejemplo, aplicar los avances de la manipulación genética sobre las células germinales. Desde la bioética se recuerda que uno de los principios fundamentales en la regulación de los progresos en biomedicina es que el cuerpo humano y su material genético no pueden ser objeto de transacción comercial. Es el principio que impide que haya, por ejemplo, comercio de órganos.
Entre los partidarios de una liberalización total, al estilo de la que rige en California (EE UU), donde se puede alquilar un vientre por 120.000 euros, y quienes defienden la total prohibición, emerge una tercera vía que aboga por la legalización, pero en condiciones tan estrictas que impidan cualquier transacción comercial. Como en los trasplantes o en las donaciones en fecundación asistida, cabría la posibilidad de una gestación subrogada completamente altruista, pero en ese caso la dificultad estribaría en establecer las garantías exigibles para asegurar que realmente lo sea. Por analogía, sería aplicable lo que ahora rige para los trasplantes de órganos de donante vivo, en los que se plantea una problemática muy parecida. En este caso se exige acreditar una relación de parentesco o de proximidad anterior para poder garantizar que no media transacción económica encubierta. Pero, con esta regulación, las posibilidades se reducirían drásticamente. El diario ‘The Guardian’ ha revelado que de los 271 casos de gestación subrogada registrados en Reino Unido, donde está permitida la gestación altruista, 252 procedían de vientres de alquiler en el extranjero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.