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| Imagen: El País / Carteles contra La Manada en Triana, Sevilla |
Grupos feministas de Sevilla impulsan una campaña para promover el rechazo a quienes amparen a los cinco condenados.
Eva Sáiz | El País, 2018-06-22
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/22/actualidad/1529678967_856197.html
Grupos feministas de Sevilla han iniciado a través de las redes sociales una campaña que pretende aislar a aquellos establecimientos que ofrezcan trabajo o permitan la entrada a los miembros de La Manada una vez hayan regresado a la capital andaluza. La iniciativa se apoya en unos carteles que han sido distribuidos por varios comercios sevillanos, encabezados con estos dos lemas: “En este establecimiento no atendemos a violadores. #Stopmanada. Este es un espacio seguro para las mujeres”; “Sr. / Sra. Comerciante: Las mujeres no consumimos en establecimientos donde se atiende a violadores. Le invitamos a unirse a nuestra acción colocando un aviso a la entrada”.
“Es una propuesta que hemos movido a través de nuestros grupos de Facebook y Telegram que busca informar a los comerciantes de Sevilla de que las mujeres no tenemos miedo y de que La Manada no es bienvenida en esta ciudad”, cuenta una de sus impulsoras que no quiere hacer pública su identidad para evitar consecuencias judiciales. No existe un criterio a la hora de distribuir los carteles, aunque sí tienen un objetivo claro: que tengan visibilidad en aquellos lugares frecuentados por los integrantes de La Manada o en donde se encontraban sus anteriores trabajos antes de entrar en prisión, para llamar la atención de los vecinos y promover el rechazo ante la posibilidad de que se les pudiera readmitir. “Ellos pueden moverse libremente por toda España, salvo Madrid, y la víctima no puede salir de allí. Ella es la acorralada, pero ellos deben también sentirse acorralados”, asegura esta activista. Su iniciativa ya ha empezado a extenderse a otras ciudades.
Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los integrantes de La Manada, se muestra alarmado ante esta campaña. "Es sorprendente que este tipo de grupos que se supone que defienden derechos civiles se comporten de manera tan aberrante", señala en conversación telefónica. "Los que actúan de esta forma ilógica no están defendiendo realmente los derechos de la mujer".
Readmisión laboral polémica
Los vecinos de la barriada de Amate y Santa Aurelia, donde crecieron José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, los miembros de La Manada, rehúyen pronunciarse. En los comercios cercanos a sus domicilios no hay rastro de ninguno de los carteles. “Aquí nadie ha pegado nada ni nos han ofrecido colocar nada”, dicen en la peña sevillista donde solían parar todos, prácticamente al lado de donde reside el Prenda.
Tampoco quieren comentar nada en la peluquería de Triana donde trabajaba Jesús Escudero. Antonio D., su tío y propietario del negocio, solo recalca que no ha visto ninguno de los carteles. Respecto a la posibilidad de restituir a su sobrino en su antiguo puesto de trabajo tampoco quiere pronunciarse, pero otra de las responsables del local recuerda: “Si una persona tiene un contrato fijo, como es el caso, una vez que sale de la cárcel, la ley obliga a readmitirlo”.
En este sentido, varios abogados laboralistas confirman a este diario que salvo que haya una condena firme, en el caso de un ingreso en prisión, el contrato laboral únicamente quedaría suspendido, y si el trabajador solicitara volver a su puesto de trabajo, el empleador debería admitirle y su despido sería improcedente, de acuerdo con el artículo 41. g del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. “La ley los ampara, pero aceptar que puedan sin más recuperar sus empleos es ser muy complacientes ante su comportamiento deleznable”, sostiene Antonia Ábalos, presidenta de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género.
El abogado Martínez Becerra explica que Guerrero, guardia civil, y Cabezuelo, militar, seguirán suspendidos de su puesto, pero que el resto puede volver a sus anteriores empleos con toda normalidad. "Actuaremos judicialmente contra quienes amenacen a los empleadores de alguna manera", advierte.
Muy cerca de la peluquería donde trabajaba Escudero, al comienzo de la calle San Jacinto, en un muro, bien visibles, están pegados cinco carteles con los nombres, apellidos y caras en blanco y negro de los miembros de La Manada con el lema: “Soy un violador y el Estado lo permite”. Estos afiches se colocaron en Sevilla cuando se hizo público el fallo en el que se condenaba a La Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, exculpándolos del de violación. Ahora, coincidiendo con su puesta en libertad, tras estar dos años en prisión preventiva, han vuelto a recuperarse y a exhibirse por las calles.
“Es una propuesta que hemos movido a través de nuestros grupos de Facebook y Telegram que busca informar a los comerciantes de Sevilla de que las mujeres no tenemos miedo y de que La Manada no es bienvenida en esta ciudad”, cuenta una de sus impulsoras que no quiere hacer pública su identidad para evitar consecuencias judiciales. No existe un criterio a la hora de distribuir los carteles, aunque sí tienen un objetivo claro: que tengan visibilidad en aquellos lugares frecuentados por los integrantes de La Manada o en donde se encontraban sus anteriores trabajos antes de entrar en prisión, para llamar la atención de los vecinos y promover el rechazo ante la posibilidad de que se les pudiera readmitir. “Ellos pueden moverse libremente por toda España, salvo Madrid, y la víctima no puede salir de allí. Ella es la acorralada, pero ellos deben también sentirse acorralados”, asegura esta activista. Su iniciativa ya ha empezado a extenderse a otras ciudades.
Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los integrantes de La Manada, se muestra alarmado ante esta campaña. "Es sorprendente que este tipo de grupos que se supone que defienden derechos civiles se comporten de manera tan aberrante", señala en conversación telefónica. "Los que actúan de esta forma ilógica no están defendiendo realmente los derechos de la mujer".
Readmisión laboral polémica
Los vecinos de la barriada de Amate y Santa Aurelia, donde crecieron José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, los miembros de La Manada, rehúyen pronunciarse. En los comercios cercanos a sus domicilios no hay rastro de ninguno de los carteles. “Aquí nadie ha pegado nada ni nos han ofrecido colocar nada”, dicen en la peña sevillista donde solían parar todos, prácticamente al lado de donde reside el Prenda.
Tampoco quieren comentar nada en la peluquería de Triana donde trabajaba Jesús Escudero. Antonio D., su tío y propietario del negocio, solo recalca que no ha visto ninguno de los carteles. Respecto a la posibilidad de restituir a su sobrino en su antiguo puesto de trabajo tampoco quiere pronunciarse, pero otra de las responsables del local recuerda: “Si una persona tiene un contrato fijo, como es el caso, una vez que sale de la cárcel, la ley obliga a readmitirlo”.
En este sentido, varios abogados laboralistas confirman a este diario que salvo que haya una condena firme, en el caso de un ingreso en prisión, el contrato laboral únicamente quedaría suspendido, y si el trabajador solicitara volver a su puesto de trabajo, el empleador debería admitirle y su despido sería improcedente, de acuerdo con el artículo 41. g del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. “La ley los ampara, pero aceptar que puedan sin más recuperar sus empleos es ser muy complacientes ante su comportamiento deleznable”, sostiene Antonia Ábalos, presidenta de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género.
El abogado Martínez Becerra explica que Guerrero, guardia civil, y Cabezuelo, militar, seguirán suspendidos de su puesto, pero que el resto puede volver a sus anteriores empleos con toda normalidad. "Actuaremos judicialmente contra quienes amenacen a los empleadores de alguna manera", advierte.
Muy cerca de la peluquería donde trabajaba Escudero, al comienzo de la calle San Jacinto, en un muro, bien visibles, están pegados cinco carteles con los nombres, apellidos y caras en blanco y negro de los miembros de La Manada con el lema: “Soy un violador y el Estado lo permite”. Estos afiches se colocaron en Sevilla cuando se hizo público el fallo en el que se condenaba a La Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, exculpándolos del de violación. Ahora, coincidiendo con su puesta en libertad, tras estar dos años en prisión preventiva, han vuelto a recuperarse y a exhibirse por las calles.
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