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No podemos imponer cambios de arriba a abajo en la evolución de nuestra lengua, pero como hablantes competentes podemos ir adquiriendo hábitos lingüísticos distintos, atendiendo a razones de justicia social.
José Ramón Torices Vidal | ctxt, 2018-07-31
http://ctxt.es/es/20180725/Firmas/20863/Jose-Ramon-Torices-Vidal-lenguaje-inclusivo.htm
El pasado 4 de julio, Manuel Almagro publicó un artículo en este mismo medio en el que abordaba la cuestión del lenguaje inclusivo y la posición ante el mismo que tanto la RAE como algunos de sus miembros más mediáticos han mostrado en más de una ocasión. La tesis que se defendía en el mismo era que, a veces, deliberadamente o no, el uso que hacemos del lenguaje discrimina a grupos desfavorecidos por su identidad social. La propuesta que se seguía de su análisis era que hay que evitar discriminar por razones de identidad al usar el lenguaje. En todo esto, la posición de la RAE ha sido en ocasiones la de negar la tesis y rechazar, e incluso ridiculizar, la propuesta.
Dado el rechazo que la idea del uso del lenguaje inclusivo produce en mucha gente, creo que es oportuno que analicemos algunos de los supuestos que guían la defensa de este. El primer supuesto es el siguiente: queremos vivir en sociedades más igualitarias y justas. El segundo, relacionado con el primero, es que nuestras sociedades son sexistas, homófobas, xenófobas, racistas, etc., en mayor o menor medida. El tercer supuesto es algo más técnico, pero nadie que se dedique a estas cuestiones puede ignorarlo: hacemos muchas cosas con el lenguaje. Explico este punto un poco más. Como señalara el filósofo John Austin, nuestro lenguaje sirve para motivar cambios en el mundo; además de usar el lenguaje para describir cómo son las cosas, lo usamos para intentar modificarlas. Mediante el uso del lenguaje podemos influir en la conducta de otras personas (ordenar, prometer, prohibir), cambiar el estado civil o social de las mismas (casar, deportar), etc.
Quienes nos comprometemos con la idea que motiva el uso del lenguaje inclusivo no defendemos que el lenguaje sea la causa de la discriminación social. Con lo que nos comprometemos es, por un lado, con la idea de que el lenguaje explota, de forma explícita o implícita, las normas, convenciones sociales y prejuicios que están en la base de esa discriminación para promover con ello actitudes deplorables en la audiencia (p. ej., llamar “inmigrantes” a los refugiados o referirse a ellos como “sin papeles” o “ilegales” promueve actitudes racistas). Por otro lado, nos comprometemos con que el uso no inclusivo del lenguaje dificulta, intencionadamente o no, que esa situación injusta cambie. Por su parte, quienes rechazan la idea del lenguaje inclusivo suelen argumentar que “hay lenguas con menos marcas de género que la española y, sin embargo, las personas que la hablan son igual de sexistas, racistas, etc., que las hispanohablantes”. Por lo tanto, continúan, “el lenguaje no es discriminatorio; lo es, en todo caso, la gente que lo habla”. La pregunta clave que debemos responder, llegados a este punto, es la siguiente: ¿de qué modo están relacionados los dos primeros supuestos con el tercero? Es decir, ¿por qué nuestro deseo de vivir en sociedades más justas e igualitarias y el hecho de que nuestras sociedades sean discriminatorias son lingüísticamente relevantes?
Cambiar la manera de comunicarnos ayuda a cambiar la manera de pensar y de actuar. Sin embargo, reformar toda nuestra lengua (algo que no es necesario hacer) no es suficiente en sí mismo para cambiar la realidad social. Esto es, corregir hábitos lingüísticos discriminatorios no equiparará las nóminas de hombres y mujeres. Y hasta donde yo sé, nadie que defienda el uso del lenguaje inclusivo ha dicho lo contrario. No obstante, cambiar las piezas precisas y los hábitos lingüísticos necesarios –a veces la cuestión no tiene que ver tanto con la morfología sino con qué cosas decimos y cómo lo hacemos– nos permite, por un lado, hacer visibles determinadas formas de injusticia e intervenir en ellas; y, por otro lado, nos previene de cometer actos de injusticia de naturaleza lingüística. Es esto último lo que explica la relación entre los tres supuestos mencionados más arriba: determinados hábitos lingüísticos sirven para perpetuar situaciones de injusticia social ya sea invisibilizando a grupos socialmente desfavorecidos ya sea propagando los estereotipos que, de manera explícita o implícita, promueven la discriminación de esos grupos.
Hacer más visibles a los grupos socialmente desfavorecidos para contrarrestar su falta de representación, así como evitar el uso de expresiones que promueven la discriminación son, pues, tareas fundamentales para alcanzar el objetivo de vivir en sociedades más justas. Cultivar estos hábitos lingüísticos ayuda a transformar las asociaciones que sistemáticamente hacemos entre determinados grupos y determinadas categorías sociales y permite que podamos intentar intervenir sobre los prejuicios que las sostienen. El uso del lenguaje inclusivo, por tanto, nos permite combatir estereotipos identitarios y dar visibilidad a los grupos sociales infrarrepresentados. Hay que buscar, pues, fórmulas lingüísticas que nos permitan conseguir este objetivo. Algunas de estas fórmulas ya están disponibles en nuestra lengua tal y como la conocemos, otras no. Con frecuencia, quienes se oponen de manera más beligerante al lenguaje inclusivo son incapaces de imaginar cualquier forma de inclusión lingüística que no sea un abuso del desdoblamiento. En primer lugar, hay otras fórmulas más económicas en términos lingüísticos que los desdoblamientos (aunque a veces estos también sean necesarios). En segundo lugar, la economía del lenguaje es una tendencia del mismo, no un precepto. Una tendencia aparentemente incompatible con otros aspectos lingüísticos como la expresividad, pero que convive perfectamente con esto segundo, como ha señalado brillantemente la lingüista Elena Álvarez Mellado.
A menudo se dice que la reivindicación del uso del lenguaje inclusivo atiende a razones ideológicas, extralingüísticas, y es cierto. El problema es pensar que la crítica al mismo se hace exclusivamente por razones ideológicamente neutras, razones que conciernen solo al lenguaje. ¿Acaso las razones para no usar expresiones peyorativas o para condenar los actos lingüísticos de apología del terrorismo o de calumnia son lingüísticas? El lenguaje tiene un impacto cognitivo en quienes lo usamos que deriva, a su vez, en un impacto social y político, por lo que es más que legítimo que las razones que motiven cambiar los hábitos de su uso no sean meramente lingüísticas. No podemos imponer cambios de arriba a abajo en la evolución de nuestra lengua, pero como hablantes competentes podemos ir adquiriendo hábitos lingüísticos distintos, atendiendo a razones de justicia social, que poco a poco pueden acabar generalizándose. La RAE podría ser una aliada excepcional en esta tarea; para ello, debería abandonar el bando en el que de hecho se ha posicionado en este debate, en contra del lenguaje inclusivo. Solo así puede hacer justicia a la grandeza del idioma que defiende. Una manera de contribuir a generar estos hábitos sería recomendar fórmulas, ya disponibles en nuestra lengua, de comunicación inclusiva.
José Ramón Torices Vidal es doctorando de Filosofía de la Universidad de Granada e investigador de la University of Sheffield, en Reino Unido.
Dado el rechazo que la idea del uso del lenguaje inclusivo produce en mucha gente, creo que es oportuno que analicemos algunos de los supuestos que guían la defensa de este. El primer supuesto es el siguiente: queremos vivir en sociedades más igualitarias y justas. El segundo, relacionado con el primero, es que nuestras sociedades son sexistas, homófobas, xenófobas, racistas, etc., en mayor o menor medida. El tercer supuesto es algo más técnico, pero nadie que se dedique a estas cuestiones puede ignorarlo: hacemos muchas cosas con el lenguaje. Explico este punto un poco más. Como señalara el filósofo John Austin, nuestro lenguaje sirve para motivar cambios en el mundo; además de usar el lenguaje para describir cómo son las cosas, lo usamos para intentar modificarlas. Mediante el uso del lenguaje podemos influir en la conducta de otras personas (ordenar, prometer, prohibir), cambiar el estado civil o social de las mismas (casar, deportar), etc.
Quienes nos comprometemos con la idea que motiva el uso del lenguaje inclusivo no defendemos que el lenguaje sea la causa de la discriminación social. Con lo que nos comprometemos es, por un lado, con la idea de que el lenguaje explota, de forma explícita o implícita, las normas, convenciones sociales y prejuicios que están en la base de esa discriminación para promover con ello actitudes deplorables en la audiencia (p. ej., llamar “inmigrantes” a los refugiados o referirse a ellos como “sin papeles” o “ilegales” promueve actitudes racistas). Por otro lado, nos comprometemos con que el uso no inclusivo del lenguaje dificulta, intencionadamente o no, que esa situación injusta cambie. Por su parte, quienes rechazan la idea del lenguaje inclusivo suelen argumentar que “hay lenguas con menos marcas de género que la española y, sin embargo, las personas que la hablan son igual de sexistas, racistas, etc., que las hispanohablantes”. Por lo tanto, continúan, “el lenguaje no es discriminatorio; lo es, en todo caso, la gente que lo habla”. La pregunta clave que debemos responder, llegados a este punto, es la siguiente: ¿de qué modo están relacionados los dos primeros supuestos con el tercero? Es decir, ¿por qué nuestro deseo de vivir en sociedades más justas e igualitarias y el hecho de que nuestras sociedades sean discriminatorias son lingüísticamente relevantes?
Cambiar la manera de comunicarnos ayuda a cambiar la manera de pensar y de actuar. Sin embargo, reformar toda nuestra lengua (algo que no es necesario hacer) no es suficiente en sí mismo para cambiar la realidad social. Esto es, corregir hábitos lingüísticos discriminatorios no equiparará las nóminas de hombres y mujeres. Y hasta donde yo sé, nadie que defienda el uso del lenguaje inclusivo ha dicho lo contrario. No obstante, cambiar las piezas precisas y los hábitos lingüísticos necesarios –a veces la cuestión no tiene que ver tanto con la morfología sino con qué cosas decimos y cómo lo hacemos– nos permite, por un lado, hacer visibles determinadas formas de injusticia e intervenir en ellas; y, por otro lado, nos previene de cometer actos de injusticia de naturaleza lingüística. Es esto último lo que explica la relación entre los tres supuestos mencionados más arriba: determinados hábitos lingüísticos sirven para perpetuar situaciones de injusticia social ya sea invisibilizando a grupos socialmente desfavorecidos ya sea propagando los estereotipos que, de manera explícita o implícita, promueven la discriminación de esos grupos.
Hacer más visibles a los grupos socialmente desfavorecidos para contrarrestar su falta de representación, así como evitar el uso de expresiones que promueven la discriminación son, pues, tareas fundamentales para alcanzar el objetivo de vivir en sociedades más justas. Cultivar estos hábitos lingüísticos ayuda a transformar las asociaciones que sistemáticamente hacemos entre determinados grupos y determinadas categorías sociales y permite que podamos intentar intervenir sobre los prejuicios que las sostienen. El uso del lenguaje inclusivo, por tanto, nos permite combatir estereotipos identitarios y dar visibilidad a los grupos sociales infrarrepresentados. Hay que buscar, pues, fórmulas lingüísticas que nos permitan conseguir este objetivo. Algunas de estas fórmulas ya están disponibles en nuestra lengua tal y como la conocemos, otras no. Con frecuencia, quienes se oponen de manera más beligerante al lenguaje inclusivo son incapaces de imaginar cualquier forma de inclusión lingüística que no sea un abuso del desdoblamiento. En primer lugar, hay otras fórmulas más económicas en términos lingüísticos que los desdoblamientos (aunque a veces estos también sean necesarios). En segundo lugar, la economía del lenguaje es una tendencia del mismo, no un precepto. Una tendencia aparentemente incompatible con otros aspectos lingüísticos como la expresividad, pero que convive perfectamente con esto segundo, como ha señalado brillantemente la lingüista Elena Álvarez Mellado.
A menudo se dice que la reivindicación del uso del lenguaje inclusivo atiende a razones ideológicas, extralingüísticas, y es cierto. El problema es pensar que la crítica al mismo se hace exclusivamente por razones ideológicamente neutras, razones que conciernen solo al lenguaje. ¿Acaso las razones para no usar expresiones peyorativas o para condenar los actos lingüísticos de apología del terrorismo o de calumnia son lingüísticas? El lenguaje tiene un impacto cognitivo en quienes lo usamos que deriva, a su vez, en un impacto social y político, por lo que es más que legítimo que las razones que motiven cambiar los hábitos de su uso no sean meramente lingüísticas. No podemos imponer cambios de arriba a abajo en la evolución de nuestra lengua, pero como hablantes competentes podemos ir adquiriendo hábitos lingüísticos distintos, atendiendo a razones de justicia social, que poco a poco pueden acabar generalizándose. La RAE podría ser una aliada excepcional en esta tarea; para ello, debería abandonar el bando en el que de hecho se ha posicionado en este debate, en contra del lenguaje inclusivo. Solo así puede hacer justicia a la grandeza del idioma que defiende. Una manera de contribuir a generar estos hábitos sería recomendar fórmulas, ya disponibles en nuestra lengua, de comunicación inclusiva.
José Ramón Torices Vidal es doctorando de Filosofía de la Universidad de Granada e investigador de la University of Sheffield, en Reino Unido.
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