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| Imagen: La Voz del Sur |
El 30 de julio de 1749, Fernando VI ordenó encarcelar y exterminar biológicamente al pueblo gitano, un episodio ocultado del relato oficial de la Historia de España que la comunidad romaní pide desenterrar.
Raúl Solís | La Voz del Sur, 2018-07-30
https://www.lavozdelsur.es/el-dia-que-se-intento-exterminar-a-los-gitanos-espanoles/
La historia oficial que se estudia en los colegios cuenta que los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en 1492 y a los musulmanes hispanos en 1609. Sin embargo, nada dicen los libros de texto, ni la literatura, ni el cine, de que en España se mandó detener a todos los gitanos mediante la Real Orden de Fernando VI, firmada y ejecutada tal día como hoy de hace 269 años. Conocido como la Gran Redada, es el intento de genocidio más antiguo que se conoce en el mundo.
A las 12 de la noche del 30 de julio de 1749 comenzó una operación, secretamente urdida por el consejero de Estado de Fernando VI, el Marqués de Ensenada, para sacar por la fuerza de sus casas a todos los gitanos españoles con la intención de separarlos por sexos y encerrarlos para evitar la reproducción de la raza. Unos 9.000 gitanos fueron encarcelados en toda España, de los cuales 5.500 eran andaluces, el 61% del total.
Así, los funcionarios del Estado absolutista fueron a casa de los gitanos a buscarlos para encarcelarlos. Por un lado, las mujeres y sus hijos e hijas menores de 7 años; por otro, los hombres y los niños de más de 7 años. En Andalucía, que es donde más gitanos y gitanas se detuvieron, los hombres fueron recluidos y condenados a trabajo esclavo en La Carraca de Cádiz, un astillero militar donde se reparaban y construían buques, situado en la localidad de San Fernando. Las mujeres, cargadas con sus hijos menores de 7 años, fueron llevadas hasta la Alcazaba de Málaga.
Todos ellos, salvo los que murieron por las condiciones insalubres y la dureza de la tortura, estuvieron recluidos 16 años. Sus bienes y propiedades fueron incautadas y, posteriormente, subastadas para sufragar los costes de la redada contra el pueblo gitano, en territorio peninsular desde 1425.
250 medidas de persecución
La Gran Redada no fue la primera persecución sufrida por los gitanos, pero sí la más cruenta. En 1499, los Reyes Católicos ya firmaron una primera orden de expulsión que no se llevó a cabo. Desde 1499 hasta 1783, los gitanos españoles sufrieron más de 250 medidas de persecución. Llegaron a tener restringidas las ciudades en las que podían vivir, los oficios que podían ejercer y el número máximo de familias que podían habitar en el mismo núcleo urbano.
“La última providencia contra los gitanos estuvo vigente hasta 1978, hace 40 años”, cuenta Beatriz Carrillo, vicepresidenta del Consejo del Pueblo Gitano, entidad que este lunes conmemora la efeméride en un acto institucional en el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en el que participará la ministra Carmen Montón. “Los querían exterminar biológicamente”, afirma categórica María Sierra, catedrática de la Universidad de Sevilla e investigadora de este episodio negro de la Historia de España que, sin embargo, no forma parte de la historiografía oficial.
Según las previsiones del Consejo de Castilla para Andalucía, publicadas por la revista 'Andalucía en la Historia' que edita el Centro de Estudios Andaluces, organismo dependiente de la Junta, en Sevilla había que detener a 130 familias, 157 en El Puerto de Santa María (Cádiz), 45 en Córdoba, 35 en Écija (Sevilla) y 22 en Antequera (Málaga).
La catedrática María Sierra indica que los detenidos no mostraron resistencia y que el único incidente reseñable tuvo lugar en el Convento de los Mínimos de El Puerto de Santa María, donde treces gitanos y gitanas se escondieron para evitar ser arrestados. El arzobispo de Sevilla exigió garantías de que no iban a ser castigados ni apresados, pero el 12 de agosto de 1749 fueron retenidos por los funcionarios enviados por la administración de Fernando VI.
Daño incalculable
El daño producido a la población gitana fue incalculable, sobre todo porque a quienes detuvieron fueron a los que más integrados estaban, a los que no eran nómadas y tenían domicilio fijo, de ahí que no pudieran apresar a toda la población gitana y no venciera el plan de exterminación diseñado por Fernando VI.
El coste de la operación, incosteable para el Estado, y la incapacidad de exterminar al pueblo gitano fueron dos de los detonantes de que en 1763 se firmara su libertad, aunque muchos de ellos no fueron libres hasta dos años más tarde, y se pusiera punto y final al episodio más negro contra los gitanos españoles que, inexplicablemente, es desconocido por la gran mayoría de la población y no se estudia en el sistema educativo.
Los gitanos y gitanas detenidos estuvieron presos 16 años, hasta que en 1765 fueron indultados por Carlos III, el monarca ilustrado que inauguró una nueva política hacia el pueblo gitano que dio lugar a la pragmática de 1773 en la que los gitanos fueron considerados aptos para cualquier trabajo.
“La sociedad mayoritaria no mira a los gitanos. No hay cine, no hay literatura. Ese silencio es la forma más persistente de no consideración de un grupo, de la persecución cultural. Es un racismo subliminal”, sentencia la catedrática María Sierra, historiadora a la que le debemos gran parte de todo lo investigado en Andalucía sobre el intento de exterminio contra el pueblo gitano. Por suerte, el Estado no consiguió su objetivo: 500.000 gitanos viven en España en la actualidad, de los cuales 300.000 son andaluces.
En la localidad barcelonesa de Pineda del Mar y en Alicante hay sendas placas que recuerdan el intento de genocidio contra el pueblo gitano ocurrido hace 269 años. De momento, son las únicas ciudades españolas donde se ha sacado del armario tan triste y cruento episodio. Las entidades romaní demandan que se sumen más ciudades a recordar esta persecución puesta en marcha por el rey absolutista Fernando VI y su consejero de Estado, el Marqués de Ensenada. Afortunadamente, el pueblo gitano va conquistando espacios de visibilidad, normalización e integración a pesar de las toneladas industriales de gitanofobia que ha sufrido por ser diferente y cuestionar la uniformidad cultural de los regímenes centralistas.
A las 12 de la noche del 30 de julio de 1749 comenzó una operación, secretamente urdida por el consejero de Estado de Fernando VI, el Marqués de Ensenada, para sacar por la fuerza de sus casas a todos los gitanos españoles con la intención de separarlos por sexos y encerrarlos para evitar la reproducción de la raza. Unos 9.000 gitanos fueron encarcelados en toda España, de los cuales 5.500 eran andaluces, el 61% del total.
Así, los funcionarios del Estado absolutista fueron a casa de los gitanos a buscarlos para encarcelarlos. Por un lado, las mujeres y sus hijos e hijas menores de 7 años; por otro, los hombres y los niños de más de 7 años. En Andalucía, que es donde más gitanos y gitanas se detuvieron, los hombres fueron recluidos y condenados a trabajo esclavo en La Carraca de Cádiz, un astillero militar donde se reparaban y construían buques, situado en la localidad de San Fernando. Las mujeres, cargadas con sus hijos menores de 7 años, fueron llevadas hasta la Alcazaba de Málaga.
Todos ellos, salvo los que murieron por las condiciones insalubres y la dureza de la tortura, estuvieron recluidos 16 años. Sus bienes y propiedades fueron incautadas y, posteriormente, subastadas para sufragar los costes de la redada contra el pueblo gitano, en territorio peninsular desde 1425.
250 medidas de persecución
La Gran Redada no fue la primera persecución sufrida por los gitanos, pero sí la más cruenta. En 1499, los Reyes Católicos ya firmaron una primera orden de expulsión que no se llevó a cabo. Desde 1499 hasta 1783, los gitanos españoles sufrieron más de 250 medidas de persecución. Llegaron a tener restringidas las ciudades en las que podían vivir, los oficios que podían ejercer y el número máximo de familias que podían habitar en el mismo núcleo urbano.
“La última providencia contra los gitanos estuvo vigente hasta 1978, hace 40 años”, cuenta Beatriz Carrillo, vicepresidenta del Consejo del Pueblo Gitano, entidad que este lunes conmemora la efeméride en un acto institucional en el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Bienestar Social, en el que participará la ministra Carmen Montón. “Los querían exterminar biológicamente”, afirma categórica María Sierra, catedrática de la Universidad de Sevilla e investigadora de este episodio negro de la Historia de España que, sin embargo, no forma parte de la historiografía oficial.
Según las previsiones del Consejo de Castilla para Andalucía, publicadas por la revista 'Andalucía en la Historia' que edita el Centro de Estudios Andaluces, organismo dependiente de la Junta, en Sevilla había que detener a 130 familias, 157 en El Puerto de Santa María (Cádiz), 45 en Córdoba, 35 en Écija (Sevilla) y 22 en Antequera (Málaga).
La catedrática María Sierra indica que los detenidos no mostraron resistencia y que el único incidente reseñable tuvo lugar en el Convento de los Mínimos de El Puerto de Santa María, donde treces gitanos y gitanas se escondieron para evitar ser arrestados. El arzobispo de Sevilla exigió garantías de que no iban a ser castigados ni apresados, pero el 12 de agosto de 1749 fueron retenidos por los funcionarios enviados por la administración de Fernando VI.
Daño incalculable
El daño producido a la población gitana fue incalculable, sobre todo porque a quienes detuvieron fueron a los que más integrados estaban, a los que no eran nómadas y tenían domicilio fijo, de ahí que no pudieran apresar a toda la población gitana y no venciera el plan de exterminación diseñado por Fernando VI.
El coste de la operación, incosteable para el Estado, y la incapacidad de exterminar al pueblo gitano fueron dos de los detonantes de que en 1763 se firmara su libertad, aunque muchos de ellos no fueron libres hasta dos años más tarde, y se pusiera punto y final al episodio más negro contra los gitanos españoles que, inexplicablemente, es desconocido por la gran mayoría de la población y no se estudia en el sistema educativo.
Los gitanos y gitanas detenidos estuvieron presos 16 años, hasta que en 1765 fueron indultados por Carlos III, el monarca ilustrado que inauguró una nueva política hacia el pueblo gitano que dio lugar a la pragmática de 1773 en la que los gitanos fueron considerados aptos para cualquier trabajo.
“La sociedad mayoritaria no mira a los gitanos. No hay cine, no hay literatura. Ese silencio es la forma más persistente de no consideración de un grupo, de la persecución cultural. Es un racismo subliminal”, sentencia la catedrática María Sierra, historiadora a la que le debemos gran parte de todo lo investigado en Andalucía sobre el intento de exterminio contra el pueblo gitano. Por suerte, el Estado no consiguió su objetivo: 500.000 gitanos viven en España en la actualidad, de los cuales 300.000 son andaluces.
En la localidad barcelonesa de Pineda del Mar y en Alicante hay sendas placas que recuerdan el intento de genocidio contra el pueblo gitano ocurrido hace 269 años. De momento, son las únicas ciudades españolas donde se ha sacado del armario tan triste y cruento episodio. Las entidades romaní demandan que se sumen más ciudades a recordar esta persecución puesta en marcha por el rey absolutista Fernando VI y su consejero de Estado, el Marqués de Ensenada. Afortunadamente, el pueblo gitano va conquistando espacios de visibilidad, normalización e integración a pesar de las toneladas industriales de gitanofobia que ha sufrido por ser diferente y cuestionar la uniformidad cultural de los regímenes centralistas.
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