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| Imagen: El Páis / Protesta de Amnistía Internacional en Paris |
Aumentan las críticas contra los regímenes que lavan su imagen con eventos deportivos. El último ejemplo ha supuesto una dimisión en la Federación Española de Fútbol.
Pilar Álvarez | El País, 2020-01-20
https://elpais.com/sociedad/2020/01/19/actualidad/1579456486_783838.html
Las mujeres que acudieron solas al campo pudieron mezclarse entre el público durante la Supercopa. El estadio Rey Abdullah, en Yeda (Arabia Saudí), fue mixto en esos tres partidos. Ellas salieron en las fotos, sonrientes, con las caras pintadas y las bufandas en la cabeza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bajó al campo sin velo para cerrar la ceremonia tras la final del campeonato, auspiciado por la Federación Española de Fútbol y en el que participaron entre los días 8 y 12 cuatro equipos de primera división (Valencia, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid). Tras el evento, se celebró otro partido. Ellas, a las que se permite entrar a los estadios desde hace apenas un año, habían vuelto a las zonas restringidas. No hay una confirmación oficial de si esas imágenes representan un cambio de criterio o no, ni por cuánto tiempo. En Arabia Saudí no hay libertad de prensa, rigen la pena de muerte y la tortura y se violan los derechos humanos y, en particular, los de las mujeres. Ellas tienen los movimientos restringidos, deben contar con el permiso de un varón de la familia para casarse y en la mayoría de los casos pierden la custodia de sus hijos si se divorcian. Durante el campeonato había mujeres en prisión por intentar defender la igualdad.
No hubo declaraciones de los futbolistas ni de los políticos desplazados a Yeda para pedir la liberación de esas mujeres. Los medios, en España, debatieron si el gesto de Díaz Ayuso era un desafío al régimen o simplemente una estampa de normalidad porque las restricciones a las ciudadanas locales no operan para las occidentales. El diario deportivo ‘Marca’ publicó el día 12 en portada la imagen de un matrimonio saudí. Él, sonriente, con la camiseta del Atlético; ella, sujetando la camiseta del Real Madrid con un niqab que solo dejaba sus ojos al descubierto. No incluía ningún titular alusivo a la situación de las mujeres. Tras la polémica abierta en las redes sociales, el diario hizo un editorial en Internet: “La imagen es tan poderosa que no necesitaba ni titular”, recogía. “Nos hemos limitado a mostrar lo corriente. Lo común. La realidad. La cruda realidad”.
El traslado de la Supercopa española a Arabia Saudí, que reportará a la federación 120 millones de euros durante tres años, vuelve a poner una pregunta sobre la mesa: ¿debe ser el fútbol neutral ante los países que no respetan los derechos humanos? ¿Se le puede pedir al deporte lo que no se reclama a diplomáticos, políticos o empresas?
La polémica no es nueva ni exclusiva de este deporte. Hace casi un siglo desde la Copa del Mundo de 1934 en Italia, que impulsó Benito Mussolini, el primero que usó el fútbol para la propaganda política. Desde entonces se han celebrado desde foros para debatir sobre educación en países que segregan a alumnos y alumnas hasta la universidad a macroconciertos en lugares donde se condena a muerte. Qatar será sede del Mundial de 2022, el país de los petrodólares que viola los derechos humanos y cuya candidatura se impuso a las de Australia, Estados Unidos o Japón. Las ONG piden, con poco éxito, que las democracias eviten participar en estos eventos. Denuncian que son un blanqueamiento de la realidad, que las cosas no mejoran (o incluso empeoran) cuando se retiran los focos. Lo llaman ‘sport washing’ (blanqueamiento deportivo).
La Federación Española de Fútbol defiende su visita. “Vamos a colaborar con el fútbol saudí para servir de herramienta de cambio social y se van a beneficiar hombres y mujeres”, explicó antes de los partidos su presidente, Luis Rubiales. Una portavoz añade que, además de pedir zonas mixtas, han firmado asesorar para que se cree una liga femenina de fútbol en el país, un proyecto para el que aún no hay fechas cerradas.
El enclave de la Supercopa, con todo, abrió grietas en la federación. La vicepresidenta de Integridad de la entidad, Ana Muñoz, dimitió a mediados de diciembre. Fuentes cercanas a Muñoz señalan que esta competición fue uno de los motivos que precipitó su marcha, por celebrarse en un país que no garantiza ni los derechos humanos ni concretamente los de las mujeres. La ya exvicepresidenta había mostrado sus objeciones y comunicado su decisión de no viajar con la comitiva. Según su entorno, cuando fue directora general de Deportes no estuvo en eventos en países donde no se respetan los derechos humanos.
Una petición "superficial"
“Creo que centrarse en dónde se sientan las mujeres y los hombres en el campo es muy superficial”, considera Madawi Al- Rasheed, profesora visitante de la London School of Economics. Al- Rasheed, saudí, tiene restringido el acceso a su país por publicar libros críticos con el régimen. “La federación ha ido a un país donde meten a la gente en la cárcel solo por un tuit. No deberían estar allí para legitimar un régimen represivo. Sus justificaciones intentan contentar posiblemente a su audiencia en España, pero no sirve en Arabia Saudí”, rechaza. “Las organizaciones deportivas deberían pedir la libertad de las mujeres activistas o boicotear eventos, pero no lo hacen, ni ahora ni antes”.
El gran precedente de esa presión que pide Al- Rasheed fue la Copa Mundial de Rugby de 1995 en Sudáfrica. Nelson Mandela, ya como presidente, la transformó en un elemento de reconciliación entre blancos y negros. “Durante el apartheid, hubo un boicoteo total a los equipos sudafricanos en todos los deportes. Fue una medida apoyada internacionalmente que tuvo un impacto político real de censura al régimen. Les lanzó el mensaje de ‘sois los parias del mundo y os vamos a castigar, pero si acabáis con esta injusticia, os daremos el caramelo que ahora os negamos”, explicaba en 2013 el escritor y periodista John Carlin a este periódico sobre aquel episodio, que retrató en el libro 'Invictus'.
La próxima cita en Arabia Saudí es la celebración del G20. Tres ONG a las que el país veta la entrada para hacer sus investigaciones —Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Civicus— no participarán en la cumbre. “No queremos que nuestro nombre se asocie con ese país”, explica en Johannesburgo Masana Ndinga-Kanga, portavoz de Civicus para Oriente Medio y África. “Es una distracción para que la comunidad internacional no vea toda esa violencia”. “Si no nos permiten investigar, tampoco asistiremos a actos que blanquean su terrible historia”, añade Carlos de las Heras, responsable de la zona de Arabia Saudí en Amnistía. Buscan, en definitiva, evitar que les cuelen un gol.
“Solo ayudan a mi hermana denunciando los abusos”
Loujain Alhathloul está en prisión desde abril de 2018 por defender los derechos de la mujer en Arabia Saudí. A sus 30 años, es la activista más conocida de las represaliadas por protestar por las violaciones de derechos y pedir cambios en el país. El número de encarcelados totales se desconoce. Alhathloul fue acusada de traidora y espía, de “socavar la seguridad, la estabilidad del reino y su paz social y dañar su unidad nacional”. Fue una de las que lideró el movimiento para que las mujeres pudieran conducir, permitido por el régimen desde 2018. Su familia denuncia que ha sido torturada y acosada sexualmente desde que está presa. “La electrocutaron y la obligaron a besar a otras mujeres”, detalla desde Bélgica una de sus cinco hermanos, Lina Alhathloul, de 24 años. Los padres pueden visitarla y hablar con ella una vez a la semana. La hermana menor critica que eventos como la Supercopa son peligrosos porque “es lo que lo único que la gente ve, un blanqueamiento que oculta las torturas y el estado policial en el que vive la gente. Facilita que sigan con sus violaciones de derechos humanos sin ser cuestionados”. Preguntada sobre cómo podrían ayudar a su hermana y otros represaliados estos eventos, reclama que quienes participan “sepan lo que está pasando y pidan la liberación de los encarcelados”. Lina Alhathloul no defiende un boicot cerrado: “No siempre es bueno para la gente de mi país, sedientes de eventos culturales y deportivos durante años. Pero la única forma buena de participar es sacar todas estas violaciones de derechos humanos a la luz. Lo único que ayudaría a mi hermana es denunciar los abusos”.
No hubo declaraciones de los futbolistas ni de los políticos desplazados a Yeda para pedir la liberación de esas mujeres. Los medios, en España, debatieron si el gesto de Díaz Ayuso era un desafío al régimen o simplemente una estampa de normalidad porque las restricciones a las ciudadanas locales no operan para las occidentales. El diario deportivo ‘Marca’ publicó el día 12 en portada la imagen de un matrimonio saudí. Él, sonriente, con la camiseta del Atlético; ella, sujetando la camiseta del Real Madrid con un niqab que solo dejaba sus ojos al descubierto. No incluía ningún titular alusivo a la situación de las mujeres. Tras la polémica abierta en las redes sociales, el diario hizo un editorial en Internet: “La imagen es tan poderosa que no necesitaba ni titular”, recogía. “Nos hemos limitado a mostrar lo corriente. Lo común. La realidad. La cruda realidad”.
El traslado de la Supercopa española a Arabia Saudí, que reportará a la federación 120 millones de euros durante tres años, vuelve a poner una pregunta sobre la mesa: ¿debe ser el fútbol neutral ante los países que no respetan los derechos humanos? ¿Se le puede pedir al deporte lo que no se reclama a diplomáticos, políticos o empresas?
La polémica no es nueva ni exclusiva de este deporte. Hace casi un siglo desde la Copa del Mundo de 1934 en Italia, que impulsó Benito Mussolini, el primero que usó el fútbol para la propaganda política. Desde entonces se han celebrado desde foros para debatir sobre educación en países que segregan a alumnos y alumnas hasta la universidad a macroconciertos en lugares donde se condena a muerte. Qatar será sede del Mundial de 2022, el país de los petrodólares que viola los derechos humanos y cuya candidatura se impuso a las de Australia, Estados Unidos o Japón. Las ONG piden, con poco éxito, que las democracias eviten participar en estos eventos. Denuncian que son un blanqueamiento de la realidad, que las cosas no mejoran (o incluso empeoran) cuando se retiran los focos. Lo llaman ‘sport washing’ (blanqueamiento deportivo).
La Federación Española de Fútbol defiende su visita. “Vamos a colaborar con el fútbol saudí para servir de herramienta de cambio social y se van a beneficiar hombres y mujeres”, explicó antes de los partidos su presidente, Luis Rubiales. Una portavoz añade que, además de pedir zonas mixtas, han firmado asesorar para que se cree una liga femenina de fútbol en el país, un proyecto para el que aún no hay fechas cerradas.
El enclave de la Supercopa, con todo, abrió grietas en la federación. La vicepresidenta de Integridad de la entidad, Ana Muñoz, dimitió a mediados de diciembre. Fuentes cercanas a Muñoz señalan que esta competición fue uno de los motivos que precipitó su marcha, por celebrarse en un país que no garantiza ni los derechos humanos ni concretamente los de las mujeres. La ya exvicepresidenta había mostrado sus objeciones y comunicado su decisión de no viajar con la comitiva. Según su entorno, cuando fue directora general de Deportes no estuvo en eventos en países donde no se respetan los derechos humanos.
Una petición "superficial"
“Creo que centrarse en dónde se sientan las mujeres y los hombres en el campo es muy superficial”, considera Madawi Al- Rasheed, profesora visitante de la London School of Economics. Al- Rasheed, saudí, tiene restringido el acceso a su país por publicar libros críticos con el régimen. “La federación ha ido a un país donde meten a la gente en la cárcel solo por un tuit. No deberían estar allí para legitimar un régimen represivo. Sus justificaciones intentan contentar posiblemente a su audiencia en España, pero no sirve en Arabia Saudí”, rechaza. “Las organizaciones deportivas deberían pedir la libertad de las mujeres activistas o boicotear eventos, pero no lo hacen, ni ahora ni antes”.
El gran precedente de esa presión que pide Al- Rasheed fue la Copa Mundial de Rugby de 1995 en Sudáfrica. Nelson Mandela, ya como presidente, la transformó en un elemento de reconciliación entre blancos y negros. “Durante el apartheid, hubo un boicoteo total a los equipos sudafricanos en todos los deportes. Fue una medida apoyada internacionalmente que tuvo un impacto político real de censura al régimen. Les lanzó el mensaje de ‘sois los parias del mundo y os vamos a castigar, pero si acabáis con esta injusticia, os daremos el caramelo que ahora os negamos”, explicaba en 2013 el escritor y periodista John Carlin a este periódico sobre aquel episodio, que retrató en el libro 'Invictus'.
La próxima cita en Arabia Saudí es la celebración del G20. Tres ONG a las que el país veta la entrada para hacer sus investigaciones —Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Civicus— no participarán en la cumbre. “No queremos que nuestro nombre se asocie con ese país”, explica en Johannesburgo Masana Ndinga-Kanga, portavoz de Civicus para Oriente Medio y África. “Es una distracción para que la comunidad internacional no vea toda esa violencia”. “Si no nos permiten investigar, tampoco asistiremos a actos que blanquean su terrible historia”, añade Carlos de las Heras, responsable de la zona de Arabia Saudí en Amnistía. Buscan, en definitiva, evitar que les cuelen un gol.
“Solo ayudan a mi hermana denunciando los abusos”
Loujain Alhathloul está en prisión desde abril de 2018 por defender los derechos de la mujer en Arabia Saudí. A sus 30 años, es la activista más conocida de las represaliadas por protestar por las violaciones de derechos y pedir cambios en el país. El número de encarcelados totales se desconoce. Alhathloul fue acusada de traidora y espía, de “socavar la seguridad, la estabilidad del reino y su paz social y dañar su unidad nacional”. Fue una de las que lideró el movimiento para que las mujeres pudieran conducir, permitido por el régimen desde 2018. Su familia denuncia que ha sido torturada y acosada sexualmente desde que está presa. “La electrocutaron y la obligaron a besar a otras mujeres”, detalla desde Bélgica una de sus cinco hermanos, Lina Alhathloul, de 24 años. Los padres pueden visitarla y hablar con ella una vez a la semana. La hermana menor critica que eventos como la Supercopa son peligrosos porque “es lo que lo único que la gente ve, un blanqueamiento que oculta las torturas y el estado policial en el que vive la gente. Facilita que sigan con sus violaciones de derechos humanos sin ser cuestionados”. Preguntada sobre cómo podrían ayudar a su hermana y otros represaliados estos eventos, reclama que quienes participan “sepan lo que está pasando y pidan la liberación de los encarcelados”. Lina Alhathloul no defiende un boicot cerrado: “No siempre es bueno para la gente de mi país, sedientes de eventos culturales y deportivos durante años. Pero la única forma buena de participar es sacar todas estas violaciones de derechos humanos a la luz. Lo único que ayudaría a mi hermana es denunciar los abusos”.
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