Imagen: La Vanguardia / Victoria Rosell |
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género cree que si la región incumple la obligación se podría adoptar “un camino similar al de Catalunya”.
La Vanguardia, 2020-01-20
https://www.lavanguardia.com/politica/20200120/472990640898/victoria-rosell-aplicar-articulo-155-murcia-pin-parental.html
La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Murcia si no se aviene a retirar el veto parental en la educación, una medida que obliga a los centros educativos a pedir autorización a los padres para asistir a actividades complementarias. La algo cargo de Podemos ha propuesto esta receta ante una eventual desobediencia del Gobierno murciano al requerimiento enviado por el Ejecutivo central el pasado viernes para la retirada de la medida.
En declaraciones a la Cadena Ser, la juez de Podemos ha comentado que hay unos cauces jurídicos que pueden ser necesariamente judiciales”, pero que también “administrativos”, en este caso, “de requerimiento” para que el Gobierno de Fernando López Miras “cumpla la obligación”, e incluso de un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a salvaguardar el derecho de las personas más vulnerables”.
Rosell ha justificado que “donde falla el diálogo político” y si el Ejecutivo de López Miras persiste en su negativa, tendría sentido aplicar un “camino que es similar al de Catalunya”. Según la dirigente, esta persistencia de Murcia en no rectificar supondría también “quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de los han sacado ya han ganado las elecciones en determinados sitios”, con la paradoja de que a su entender ganaron dichos comicios “con su discurso anticatalanista”.
Las palabras de Rosell se producen el mismo día en que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha vuelto ha referirse a la polémica medida para insistir en los argumentos ya esgrimidos el pasado viernes, cuando se anunció el envío del requerimiento a Murcia. Celaá ha informado de que aún no han recibido respuesta del Ejecutivo regional, pero ha comentado que el plazo apropiado para ejecutar la amenaza para acudir a los tribunales en caso de desatención es de un mes.
Tras la polémica que han generado sus palabras, Rosell ha tratado de rectificar a través de su cuenta de Twitter. La dirigente ha asegurado que su comentario “fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental”. Quería evidenciar que “quienes piden que otras comunidades autónomas cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores”.
En otro mensaje posterior en respuesta a una periodista, la jueza de Podemos asegura que se trataba de un comentario irónico puesto que “la frase empieza ‘¿se imaginan?’, y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación”, intenta zanjar.
En declaraciones a la Cadena Ser, la juez de Podemos ha comentado que hay unos cauces jurídicos que pueden ser necesariamente judiciales”, pero que también “administrativos”, en este caso, “de requerimiento” para que el Gobierno de Fernando López Miras “cumpla la obligación”, e incluso de un 155 en Murcia porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a salvaguardar el derecho de las personas más vulnerables”.
Rosell ha justificado que “donde falla el diálogo político” y si el Ejecutivo de López Miras persiste en su negativa, tendría sentido aplicar un “camino que es similar al de Catalunya”. Según la dirigente, esta persistencia de Murcia en no rectificar supondría también “quebrantar el ordenamiento jurídico por parte de los han sacado ya han ganado las elecciones en determinados sitios”, con la paradoja de que a su entender ganaron dichos comicios “con su discurso anticatalanista”.
Las palabras de Rosell se producen el mismo día en que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha vuelto ha referirse a la polémica medida para insistir en los argumentos ya esgrimidos el pasado viernes, cuando se anunció el envío del requerimiento a Murcia. Celaá ha informado de que aún no han recibido respuesta del Ejecutivo regional, pero ha comentado que el plazo apropiado para ejecutar la amenaza para acudir a los tribunales en caso de desatención es de un mes.
Tras la polémica que han generado sus palabras, Rosell ha tratado de rectificar a través de su cuenta de Twitter. La dirigente ha asegurado que su comentario “fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental”. Quería evidenciar que “quienes piden que otras comunidades autónomas cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores”.
En otro mensaje posterior en respuesta a una periodista, la jueza de Podemos asegura que se trataba de un comentario irónico puesto que “la frase empieza ‘¿se imaginan?’, y termina con una carcajada. Se llama ironía. Lo de enfrente, manipulación”, intenta zanjar.
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