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| Imagen: El País / Viviendas en Camp Redó, Palma de Mallorca |
La Fiscalía de Baleares investiga al menos 16 casos de prostitución de adolescentes en centros de acogida tras la denuncia de una niña violada.
Lucía Bohórquez | El País, 2020-01-19
https://elpais.com/sociedad/2020/01/18/actualidad/1579360822_245439.html
A las ocho de la tarde ya es noche cerrada en la Corea de Palma. Cuatro hombres beben, resguardados en un soportal del degradado barrio de Corea, donde bloques de viviendas sencillas, blancas con contraventanas verdes, se alzan en paralelo sobre el pavimento descuidado. En uno de ellos sitúa una menor de 14 años la peor pesadilla imaginable para Nochebuena. La niña asegura que fue violada en un piso por seis adolescentes de entre 15 y 17 años. Una chica que era amiga suya le intimidó para someterse a las exigencias del grupo. Unas horas antes, apenas a tres kilómetros de distancia, varios hombres mayores intentaron explotarla sexualmente en un bar en el que, según confesó a la Policía, ya habían ocurrido episodios semejantes con otras niñas tuteladas que la fiscalía de Baleares investiga.
A la dureza de este relato se suma la situación de extrema vulnerabilidad de una menor que arrastra una historia de desamparo que le llevó a ser tutelada por los servicios sociales de la Administración, hacia la que se dirigen ahora las críticas. La violación grupal ha destapado la existencia de, al menos, 16 casos de menores tutelados que han sido víctimas de agresiones y explotación sexual (aunque no se sabe cuántos llegaron a tutela por ser víctimas de este delito y cuántos sufrieron episodios de explotación estando ya tutelados). Serían en su mayoría niñas a las que terceros han obligado a mantener relaciones con adultos cuando salen a diario de los centros de acogida o los pisos tutelados de régimen abierto, a los que llegan derivadas porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellas.
A raíz del caso Corea, ‘El Diario de Mallorca’ publicó el fin de semana pasado un reportaje donde trabajadores sociales y policías denunciaban con frustración la negligencia e inacción del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y describían como un fenómeno habitual, desde hace años y con decenas de menores afectadas, las escapadas de niñas bajo su tutela para ser sexualmente explotadas a cambio de pequeñas cantidades de dinero o regalos.
Según la prensa local, los educadores habían informado a la Administración de los casos pero, por falta de medios, estos no llegarían más allá. Ante la presión mediática y tras admitir los 16 casos de abuso sexual a 15 niñas y un niño a su cuidado, el IMAS convocó una reunión con la Policía y la Guardia Civil, tras la cual aprovechó para rechazar fallos en el protocolo, subrayando que los casos son aislados, sí se investigan y no son más que antes. El presidente del IMAS, Javier de Juan, dijo que esta problemática afecta a “a cualquier menor, venga del ámbito que venga”, no solo a sus tuteladas. Y justificó que la administración no puede supervisar las actividades que sus tutelados realizan fuera de sus centros.
Un psicólogo que ha trabajado durante años en uno de estos centros y que prefiere permanecer en el anonimato, constata que los episodios de “no retorno” (el tecnicismo que usan en servicios sociales para describir que un menor no ha vuelto a la hora que le toca) comenzaron a ser más habituales hace cinco años, aunque no los califica de masivos. “En los últimos años ha habido bastante preocupación por los casos de adolescentes que no vuelven y su relación con la explotación sexual infantil. No sabemos si es a través de una trama organizada o con grupos de chicos de barrios conflictivos que les dan facilidades para acceder a contactos sexuales”, dice. Este trabajador también conoce de la existencia de chicas tuteladas que captan a otras niñas en la misma situación. Los educadores se dan cuenta cuando la menor aparece con más dinero del habitual, objetos de valor o porque ellas mismas lo cuentan.
El IMAS tiene delegadas las competencias en materia de protección de menores y gestiona en la isla 30 centros de niños con 278 adolescentes tutelados, seis en residencias propias y 24 concertadas. “Velamos para que los menores tengan una vida lo más normalizada posible, que continúen yendo al mismo colegio, a las actividades de barrio que hacían antes de ingresar, que mantengan el contacto con la familia”, señala Joan Ferrer, presidente de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear. A los más pequeños se les acompaña en todas las actividades, pero cuando entran en la adolescencia se fomenta la autogestión para cosas como ir solos a clase o coger el autobús. Es ahí donde aumenta el riesgo de que no vuelvan. “Los educadores tienen las mismas herramientas que un padre para saber cómo está un hijo, si hay cambios en el estado de ánimo, si habla menos. La formación continua es imprescindible, porque si un menor no quiere estar en un centro no lo estará”, opina.
“Uno de los primeros acercamientos de las chicas a la explotación sexual son los no retornos a los centros”, sentencia Marc Tur, exdirector de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, que pone en cuestión la metodología del sistema de tutela y se pregunta si realmente se protege a las chicas “cuando su tiempo libre no está del todo supervisado”. Tur cree que si la institución de acogida facilitase todo lo que precisa un adolescente “no necesitarían buscar nada fuera” y advierte del riesgo elevado que suponen estos no retornos porque muchas de estas niñas tienen pandillas, redes sociales y algunas están envueltas en situaciones muy complejas en las que “se ven engañadas”.
Los protocolos de actuación de los centros obligan a avisar a la Policía o la Guardia Civil en cuanto tienen conocimiento de la ausencia de un menor, pero el protocolo de actuación policial con menores de la Secretaría de Estado de Seguridad no cataloga de “alto riesgo” los casos en los que concurren circunstancias que hacen evidente la voluntariedad de la desaparición. Algo que resulta “preocupante” para Tur, para quien todos los no retornos han de tomarse con gravedad.
A la dureza de este relato se suma la situación de extrema vulnerabilidad de una menor que arrastra una historia de desamparo que le llevó a ser tutelada por los servicios sociales de la Administración, hacia la que se dirigen ahora las críticas. La violación grupal ha destapado la existencia de, al menos, 16 casos de menores tutelados que han sido víctimas de agresiones y explotación sexual (aunque no se sabe cuántos llegaron a tutela por ser víctimas de este delito y cuántos sufrieron episodios de explotación estando ya tutelados). Serían en su mayoría niñas a las que terceros han obligado a mantener relaciones con adultos cuando salen a diario de los centros de acogida o los pisos tutelados de régimen abierto, a los que llegan derivadas porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellas.
A raíz del caso Corea, ‘El Diario de Mallorca’ publicó el fin de semana pasado un reportaje donde trabajadores sociales y policías denunciaban con frustración la negligencia e inacción del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y describían como un fenómeno habitual, desde hace años y con decenas de menores afectadas, las escapadas de niñas bajo su tutela para ser sexualmente explotadas a cambio de pequeñas cantidades de dinero o regalos.
Según la prensa local, los educadores habían informado a la Administración de los casos pero, por falta de medios, estos no llegarían más allá. Ante la presión mediática y tras admitir los 16 casos de abuso sexual a 15 niñas y un niño a su cuidado, el IMAS convocó una reunión con la Policía y la Guardia Civil, tras la cual aprovechó para rechazar fallos en el protocolo, subrayando que los casos son aislados, sí se investigan y no son más que antes. El presidente del IMAS, Javier de Juan, dijo que esta problemática afecta a “a cualquier menor, venga del ámbito que venga”, no solo a sus tuteladas. Y justificó que la administración no puede supervisar las actividades que sus tutelados realizan fuera de sus centros.
Un psicólogo que ha trabajado durante años en uno de estos centros y que prefiere permanecer en el anonimato, constata que los episodios de “no retorno” (el tecnicismo que usan en servicios sociales para describir que un menor no ha vuelto a la hora que le toca) comenzaron a ser más habituales hace cinco años, aunque no los califica de masivos. “En los últimos años ha habido bastante preocupación por los casos de adolescentes que no vuelven y su relación con la explotación sexual infantil. No sabemos si es a través de una trama organizada o con grupos de chicos de barrios conflictivos que les dan facilidades para acceder a contactos sexuales”, dice. Este trabajador también conoce de la existencia de chicas tuteladas que captan a otras niñas en la misma situación. Los educadores se dan cuenta cuando la menor aparece con más dinero del habitual, objetos de valor o porque ellas mismas lo cuentan.
El IMAS tiene delegadas las competencias en materia de protección de menores y gestiona en la isla 30 centros de niños con 278 adolescentes tutelados, seis en residencias propias y 24 concertadas. “Velamos para que los menores tengan una vida lo más normalizada posible, que continúen yendo al mismo colegio, a las actividades de barrio que hacían antes de ingresar, que mantengan el contacto con la familia”, señala Joan Ferrer, presidente de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear. A los más pequeños se les acompaña en todas las actividades, pero cuando entran en la adolescencia se fomenta la autogestión para cosas como ir solos a clase o coger el autobús. Es ahí donde aumenta el riesgo de que no vuelvan. “Los educadores tienen las mismas herramientas que un padre para saber cómo está un hijo, si hay cambios en el estado de ánimo, si habla menos. La formación continua es imprescindible, porque si un menor no quiere estar en un centro no lo estará”, opina.
“Uno de los primeros acercamientos de las chicas a la explotación sexual son los no retornos a los centros”, sentencia Marc Tur, exdirector de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, que pone en cuestión la metodología del sistema de tutela y se pregunta si realmente se protege a las chicas “cuando su tiempo libre no está del todo supervisado”. Tur cree que si la institución de acogida facilitase todo lo que precisa un adolescente “no necesitarían buscar nada fuera” y advierte del riesgo elevado que suponen estos no retornos porque muchas de estas niñas tienen pandillas, redes sociales y algunas están envueltas en situaciones muy complejas en las que “se ven engañadas”.
Los protocolos de actuación de los centros obligan a avisar a la Policía o la Guardia Civil en cuanto tienen conocimiento de la ausencia de un menor, pero el protocolo de actuación policial con menores de la Secretaría de Estado de Seguridad no cataloga de “alto riesgo” los casos en los que concurren circunstancias que hacen evidente la voluntariedad de la desaparición. Algo que resulta “preocupante” para Tur, para quien todos los no retornos han de tomarse con gravedad.
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