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| Imagen: El Mundo / Mural contra el sida en Barcelona, Keith Haring |
La campaña 'Nadie', que promueve Salud por Derecho, recuerda a los gobiernos su papel en la lucha contra la enfermedad. Pide a los países donantes y organismos internacionales que establezcan una ayuda coherente basada en las nuevas realidades y en la justicia social.
Beatriz G. Potalatín | El Mundo, 2017-12-01
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/12/01/5a212fceca474109718b46ff.html
Acabar con el sida es una responsabilidad de todos, un puzzle en el que ninguna pieza debe perderse, de lo contrario, no se podría terminar nunca con una pandemia que afecta a más de 37 millones de personas en todo el mundo. Fue precisamente esto, erradicar el VIH uno de los objetivos que se marcaron los Estados miembro de las Naciones Unidas al firmar, en 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, parece que los países y sus gobiernos se han olvidado de aquella meta y a día de hoy, la financiación para terminar con esta enfermedad está en su nivel más bajo desde el año 2010, España entre ellos.
Esta falta de financiación es uno de los aspectos más relevantes que denuncia 'Nadie', una campaña promovida por la organización Salud por Derecho y lanzada esta semana con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre). Una campaña que se ha puesto en marcha para recordar y pedir a los gobiernos que no desaparezcan, y que sigan apoyando esta lucha para terminar de una vez por todas con esta enfermedad que el año pasado causó un millón de muertes, según datos de OUNSIDA.
"Que el sida deje de ser un problema de salud pública tal y como hoy lo conocemos, dependerá de lo que hagamos en los próximos años. Es necesario aumentar la financiación, que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos, para lo que es necesario que el precio de los fármacos baje de forma drástica, que las políticas de la lucha contra la enfermedad sean efectivas y se respeten los derechos humanos de las poblaciones afectadas", afirma a El Mundo Vanessa López, directora de esta organización.
Los recortes en la financiación
Más de la mitad de las personas con VIH no viven en los países más pobres sino en aquellos cuya economía ha crecido considerablemente en los últimos años, un crecimiento que hace que muchas de estas naciones ya no tengan ayuda internacional en la lucha contra la enfermedad. Desde hace siete años, la financiación mundial está en su punto más bajo, algo que ha derivado en "la disminución o retirada de la ayuda internacional a los países que pasan a ser de renta media, donde vive entre el 60 y el 70% de las personas con VIH", según expone un informe realizado por esta organización.
Una situación que afecta especialmente a regiones con mayoría de países de renta media como Europa del Este y Asia Central, "donde las nuevas infecciones aumentaron un 60% entre 2010 y 2015, coincidiendo con la retirada de fondos internacionales". Y ahora, amenaza también a América Latina y al Caribe, donde algunos países ya comienzan a sufrir la retirada de esta ayuda internacional.
Es por ello que "los países donantes y organismos de cooperación y financiación internacional deben tener en cuenta otros factores como la capacidad técnica, la voluntad política de los gobiernos a la hora de aplicar recursos y políticas adecuadas para abordar el sida, o la situación política y legislativa de las poblaciones más vulnerables", destaca López. No siempre los países de renta media pueden asumir esta lucha con sus propios recursos, y la falta de esa ayuda internacional, "puede echar por tierra los grandes avances conseguidos en las últimas décadas", añade.
Desde esta campaña, se pide a los países donantes y organismos internacionales, como el Fondo Mundial, "que establezcan una ayuda coherente basada en nuevas realidades y en la justicia social, que apoyen a la sociedad civil como eje fundamental de la respuesta y que los procesos de salida de los países vayan acompañados de transiciones responsables, asegurando que los gobiernos asumirán su responsabilidad y cumplirán con los derechos humanos de toda su población, especialmente los de las poblaciones más vulnerables que viven con VIH".
Las poblaciones más afectadas por el virus son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las trabajadoras del sexo, los usuarios/as de drogas inyectables, la población reclusa o la población indígena, que tienen un riesgo entre 10 y 50 veces mayor de adquirir el VIH que el resto de los adultos. En 2015, y fuera del África subsahariana, estas poblaciones y sus parejas sexuales representaron más del 80% de las nuevas infecciones.
"El estigma y la discriminación social y política que enfrentan estas personas hace que la mayoría de los programas de prevención y apoyo dependan de la ayuda internacional", denuncia López. Además, "el fin de los recursos pone en peligro las actividades de muchas organizaciones sociales que cubren servicios esenciales de prevención, y sobre las que recae el trabajo legislativo para defender los derechos humanos de estas poblaciones. Tendrán que limitar o cerrar sus programas si el gobierno local no asegura su continuidad".
Por su parte, España también ha sido uno de los países en frenar la ayuda internacional, pese a ser uno de los mayores donantes del Fondo Mundial durante la década pasada. Esa financian se paró coincidiendo con el contexto de la crisis económica que se ha vivido en España, según explica la directora de Salud por Derecho. Desde 2011, nuestro país no desembolsa recursos a este organismo internacional.
Según informa esta especialista, el año pasado, el parlamento español acordó destinar 100 millones para el Fondo Mundial pero ese compromiso aún no se ha hecho efectivo. Esta semana se ha hecho público que "el Gobierno ha firmado un acuerdo de conversión de deuda por salud con tres países africanos y con el Fondo Mundial de 15 millones, pero es un mecanismo que no supone recursos directos para el Fondo Mundial. Por lo que esperamos que en los presupuestos de 2018 haya una primera contribución dentro de ese compromiso de los 100 millones, acordados en 2016".
Incluido España, concluye López, "queremos conseguir que todos los países cumplan su papel en la lucha contra el sida. Si los Gobiernos desaparecen, si los donantes desaparecen, si la sociedad civil desaparece, no podremos acabar con el sida. Es una responsabilidad de todos".
Esta falta de financiación es uno de los aspectos más relevantes que denuncia 'Nadie', una campaña promovida por la organización Salud por Derecho y lanzada esta semana con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre). Una campaña que se ha puesto en marcha para recordar y pedir a los gobiernos que no desaparezcan, y que sigan apoyando esta lucha para terminar de una vez por todas con esta enfermedad que el año pasado causó un millón de muertes, según datos de OUNSIDA.
"Que el sida deje de ser un problema de salud pública tal y como hoy lo conocemos, dependerá de lo que hagamos en los próximos años. Es necesario aumentar la financiación, que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos, para lo que es necesario que el precio de los fármacos baje de forma drástica, que las políticas de la lucha contra la enfermedad sean efectivas y se respeten los derechos humanos de las poblaciones afectadas", afirma a El Mundo Vanessa López, directora de esta organización.
Los recortes en la financiación
Más de la mitad de las personas con VIH no viven en los países más pobres sino en aquellos cuya economía ha crecido considerablemente en los últimos años, un crecimiento que hace que muchas de estas naciones ya no tengan ayuda internacional en la lucha contra la enfermedad. Desde hace siete años, la financiación mundial está en su punto más bajo, algo que ha derivado en "la disminución o retirada de la ayuda internacional a los países que pasan a ser de renta media, donde vive entre el 60 y el 70% de las personas con VIH", según expone un informe realizado por esta organización.
Una situación que afecta especialmente a regiones con mayoría de países de renta media como Europa del Este y Asia Central, "donde las nuevas infecciones aumentaron un 60% entre 2010 y 2015, coincidiendo con la retirada de fondos internacionales". Y ahora, amenaza también a América Latina y al Caribe, donde algunos países ya comienzan a sufrir la retirada de esta ayuda internacional.
Es por ello que "los países donantes y organismos de cooperación y financiación internacional deben tener en cuenta otros factores como la capacidad técnica, la voluntad política de los gobiernos a la hora de aplicar recursos y políticas adecuadas para abordar el sida, o la situación política y legislativa de las poblaciones más vulnerables", destaca López. No siempre los países de renta media pueden asumir esta lucha con sus propios recursos, y la falta de esa ayuda internacional, "puede echar por tierra los grandes avances conseguidos en las últimas décadas", añade.
Desde esta campaña, se pide a los países donantes y organismos internacionales, como el Fondo Mundial, "que establezcan una ayuda coherente basada en nuevas realidades y en la justicia social, que apoyen a la sociedad civil como eje fundamental de la respuesta y que los procesos de salida de los países vayan acompañados de transiciones responsables, asegurando que los gobiernos asumirán su responsabilidad y cumplirán con los derechos humanos de toda su población, especialmente los de las poblaciones más vulnerables que viven con VIH".
Las poblaciones más afectadas por el virus son los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas transgénero, las trabajadoras del sexo, los usuarios/as de drogas inyectables, la población reclusa o la población indígena, que tienen un riesgo entre 10 y 50 veces mayor de adquirir el VIH que el resto de los adultos. En 2015, y fuera del África subsahariana, estas poblaciones y sus parejas sexuales representaron más del 80% de las nuevas infecciones.
"El estigma y la discriminación social y política que enfrentan estas personas hace que la mayoría de los programas de prevención y apoyo dependan de la ayuda internacional", denuncia López. Además, "el fin de los recursos pone en peligro las actividades de muchas organizaciones sociales que cubren servicios esenciales de prevención, y sobre las que recae el trabajo legislativo para defender los derechos humanos de estas poblaciones. Tendrán que limitar o cerrar sus programas si el gobierno local no asegura su continuidad".
Por su parte, España también ha sido uno de los países en frenar la ayuda internacional, pese a ser uno de los mayores donantes del Fondo Mundial durante la década pasada. Esa financian se paró coincidiendo con el contexto de la crisis económica que se ha vivido en España, según explica la directora de Salud por Derecho. Desde 2011, nuestro país no desembolsa recursos a este organismo internacional.
Según informa esta especialista, el año pasado, el parlamento español acordó destinar 100 millones para el Fondo Mundial pero ese compromiso aún no se ha hecho efectivo. Esta semana se ha hecho público que "el Gobierno ha firmado un acuerdo de conversión de deuda por salud con tres países africanos y con el Fondo Mundial de 15 millones, pero es un mecanismo que no supone recursos directos para el Fondo Mundial. Por lo que esperamos que en los presupuestos de 2018 haya una primera contribución dentro de ese compromiso de los 100 millones, acordados en 2016".
Incluido España, concluye López, "queremos conseguir que todos los países cumplan su papel en la lucha contra el sida. Si los Gobiernos desaparecen, si los donantes desaparecen, si la sociedad civil desaparece, no podremos acabar con el sida. Es una responsabilidad de todos".
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