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| Imagen: María Teresa Moreno / Oxfam Intermón |
Gonzalo Fanjul | 3500 Millones, El País, 2016-03-04
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2016/03/la-diferencia-entre-una-empleada-y-una-esclava.html
“Una trabajadora de 19 años fue contratada para emigrar desde Filipinas y colocarse como empleada doméstica en los Estados Unidos. Cuando llegó, su empleador le confiscó el pasaporte y le comunicó que debía trabajar para cubrir el coste del pasaje de avión. Trabajó de 6 de la mañana a 10 de la noche, los siete días de la semana, durante 19 años. Al final de este período recibió una suma total de 19.000 dólares [algo más de 17.000 euros]”.
La historia de esta mujer filipina es una de las decenas que aparecen en el informe Más allá de la supervivencia: Organizándose para acabar con el tráfico humano de las empleadas del hogar. La investigación, realizada por la estadounidense Alianza Nacional de Empleadas del Hogar, sustenta el esfuerzo de este sector por organizarse frente a una forma de “esclavitud moderna” que afecta dos millones y medio de mujeres solo en este país, de acuerdo al soberbio reportaje publicado hace unos días en Desigualdad Univisión por Marcos Martínez.
El drama de las empleadas del hogar se repite en cada esquina del planeta, también en la nuestra. En España las mujeres inmigrantes y de bajos recursos se han visto atrapadas entre la explotación atávica del sector y la presión añadida por la crisis económica. Una de las primeras entradas de este blog, en 2011, comentaba una campaña de las empleadas domésticas extranjeras por hacer frente “a todo tipo de excesos, desde las jornadas abusivas hasta la retención de pasaportes por parte del empleador, el acoso sexual más o menos explícito” o el pago de hasta un tercio de los salarios en forma de techo y comida. Es una lucha que continúa hoy con el apoyo leal de organizaciones como Pueblos Unidos.
Las razones de esta situación son complejas, pero en la combinación de factores culturales, legales e institucionales que perpetúan la explotación doméstica de las mujeres inmigrantes destaca uno fácilmente corregible: la obsesión del Estado por establecer controles a la movilidad laboral de las trabajadoras, un fenómeno extendido que las deja a merced de empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de su posición de privilegio.
El caso del Reino Unido constituye un ejemplo ilustrativo de este problema. En medio de un encendido debate acerca de la amenaza de los inmigrantes para el bienestar local, el Gobierno aprobó en 2012 un endurecimiento de las condiciones exigidas a las empleadas domésticas extranjeras, cuyos contratos quedaron limitados a un único empleador y por período máximo de seis meses, no renovable. El resultado –que, de acuerdo con un estudio reciente del University College de Londres, afecta a no menos de 15.000 trabajadoras, la mayor parte procedente de países de Oriente Próximo- es un panorama decimonónico que incluye pernoctaciones en el suelo de la cocina, salarios mensuales de entre 50 y 250 libras, y jornadas de hasta 20 horas diarias. La situación ha llegado al punto de ser citada en el contexto de la aprobación de la nueva Ley sobre Esclavitud Moderna, tramitada por el Parlamento británico el pasado año.
El argumento se podría extender a muchos otros sectores de la economía formal e informal donde abunda la mano de obra inmigrante y donde la microgestión del Estado limita hasta un punto ridículo las condiciones vinculadas a un visado de trabajo. Con ello no solo se ignoran los principios más evidentes de cualquier mercado, sino que se somete a los trabajadores a una vulnerabilidad intolerable en la que se volatilizan las posibilidades de organizarse y hacer valer sus derechos. Ni siquiera la condición de irregular debería ser un obstáculo para realizar denuncias cuya resolución nos benefician a todos, empezando por la víctima.
Por estas razones no resulta sorprendente que esa sea la primera de las recomendaciones que realiza el informe independiente sobre el sector de las empleadas domésticas extranjeras encargado por el Gobierno británico a la luz de la Ley sobre Esclavitud Moderna, hecho público hace pocas semanas: “Este informe considera que la existencia de un vínculo a un empleador específico y la ausencia de un derecho universal a cambiar de empleador y solicitar una extensión de los visados son incompatibles con la razonable protección de las trabajadoras domésticas extranjeras en el Reino Unido”.
La empleada del hogar, como cualquier otro trabajador, deben contar con la posibilidad de dejar a un empleador o cambiar de sector si no está de acuerdo con las condiciones que se le ofrecen. También deben contar con la posibilidad de organizarse y realizar denuncias. Al fin y al cabo, esa es la diferencia entre una empleada y una esclava.
La historia de esta mujer filipina es una de las decenas que aparecen en el informe Más allá de la supervivencia: Organizándose para acabar con el tráfico humano de las empleadas del hogar. La investigación, realizada por la estadounidense Alianza Nacional de Empleadas del Hogar, sustenta el esfuerzo de este sector por organizarse frente a una forma de “esclavitud moderna” que afecta dos millones y medio de mujeres solo en este país, de acuerdo al soberbio reportaje publicado hace unos días en Desigualdad Univisión por Marcos Martínez.
El drama de las empleadas del hogar se repite en cada esquina del planeta, también en la nuestra. En España las mujeres inmigrantes y de bajos recursos se han visto atrapadas entre la explotación atávica del sector y la presión añadida por la crisis económica. Una de las primeras entradas de este blog, en 2011, comentaba una campaña de las empleadas domésticas extranjeras por hacer frente “a todo tipo de excesos, desde las jornadas abusivas hasta la retención de pasaportes por parte del empleador, el acoso sexual más o menos explícito” o el pago de hasta un tercio de los salarios en forma de techo y comida. Es una lucha que continúa hoy con el apoyo leal de organizaciones como Pueblos Unidos.
Las razones de esta situación son complejas, pero en la combinación de factores culturales, legales e institucionales que perpetúan la explotación doméstica de las mujeres inmigrantes destaca uno fácilmente corregible: la obsesión del Estado por establecer controles a la movilidad laboral de las trabajadoras, un fenómeno extendido que las deja a merced de empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de su posición de privilegio.
El caso del Reino Unido constituye un ejemplo ilustrativo de este problema. En medio de un encendido debate acerca de la amenaza de los inmigrantes para el bienestar local, el Gobierno aprobó en 2012 un endurecimiento de las condiciones exigidas a las empleadas domésticas extranjeras, cuyos contratos quedaron limitados a un único empleador y por período máximo de seis meses, no renovable. El resultado –que, de acuerdo con un estudio reciente del University College de Londres, afecta a no menos de 15.000 trabajadoras, la mayor parte procedente de países de Oriente Próximo- es un panorama decimonónico que incluye pernoctaciones en el suelo de la cocina, salarios mensuales de entre 50 y 250 libras, y jornadas de hasta 20 horas diarias. La situación ha llegado al punto de ser citada en el contexto de la aprobación de la nueva Ley sobre Esclavitud Moderna, tramitada por el Parlamento británico el pasado año.
El argumento se podría extender a muchos otros sectores de la economía formal e informal donde abunda la mano de obra inmigrante y donde la microgestión del Estado limita hasta un punto ridículo las condiciones vinculadas a un visado de trabajo. Con ello no solo se ignoran los principios más evidentes de cualquier mercado, sino que se somete a los trabajadores a una vulnerabilidad intolerable en la que se volatilizan las posibilidades de organizarse y hacer valer sus derechos. Ni siquiera la condición de irregular debería ser un obstáculo para realizar denuncias cuya resolución nos benefician a todos, empezando por la víctima.
Por estas razones no resulta sorprendente que esa sea la primera de las recomendaciones que realiza el informe independiente sobre el sector de las empleadas domésticas extranjeras encargado por el Gobierno británico a la luz de la Ley sobre Esclavitud Moderna, hecho público hace pocas semanas: “Este informe considera que la existencia de un vínculo a un empleador específico y la ausencia de un derecho universal a cambiar de empleador y solicitar una extensión de los visados son incompatibles con la razonable protección de las trabajadoras domésticas extranjeras en el Reino Unido”.
La empleada del hogar, como cualquier otro trabajador, deben contar con la posibilidad de dejar a un empleador o cambiar de sector si no está de acuerdo con las condiciones que se le ofrecen. También deben contar con la posibilidad de organizarse y realizar denuncias. Al fin y al cabo, esa es la diferencia entre una empleada y una esclava.
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