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| Imagen: El País / Sor María, imputada, ya fallecida |
Un grupo de eurodiputados se reúne con el Fiscal General, las víctimas y la Iglesia.
Juan José Mateo | El País, 2017-06-05
http://politica.elpais.com/politica/2017/06/02/actualidad/1496424386_208833.html
100.000 euros para una plataforma digital que investigue perfiles genéticos relacionados con el caso de los bebés robados en España entre los años 40 y 90 del siglo XX. Esa simbólica partida de los Presupuestos de 2017, fruto del primer acuerdo concreto entre el PP y Podemos, abre un nuevo capítulo en el intento de desentrañar una trama que ya está bajo la lupa de Europa. A finales de mayo, un grupo de eurodiputados viajó a Madrid para reunirse con José Manuel Maza, el fiscal general, representantes del Ministerio de Justicia, de la Comisión correspondiente en el Congreso y de la Conferencia Episcopal. ¿Su meta? Elaborar un informe que reactive la investigación de un caso que acumula miles de denuncias contra una trama que presuntamente habría vendido bebés por toda España tras asegurar a las madres que habían muerto en el parto.
“Mi opinión personal es que nos enfrentamos a pruebas muchas veces contradictorias, incluso sobre la escala del escándalo y sobre si fueron casos aislados o redes organizadas de tráfico de bebés”, resume Jude Kirton-Darling, eurodiputada británica y jefa de la misión europea, formada a raíz de las denuncias recibidas en la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo por parte de distintos afectados. “Las víctimas desconfían totalmente de las autoridades políticas y religiosas”, explica en un correo electrónico. “Tienen que superar un listón bastante exigente para ser consideradas como tales, lo que significa que tienen la carga de la prueba y que frecuentemente se han visto forzadas a investigar sus propios casos con poco o ningún apoyo legal y psicológico”, añade. “Se han dado algunos pasos desde que el escándalo estalló en 2009-2010, pero se podría hacer mucho para mejorar el apoyo a las víctimas”, sigue. Y subraya: “Ha quedado claro que este escándalo es la parte más cruda de las heridas históricas abiertas de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco”.
“Nos apuntamos a todo lo que ayude a conocer la verdad y a nada que sea usar esto políticamente o de forma partidista. Sería poco serio”, difiere Rosa Estarás, eurodiputada del PP, que recuerda que la opinión oficial de la misión se conocerá a través de un informe que se publicará entre julio y septiembre. “El fiscal general y la fiscal especializada en el caso nos explicaron que esto no era una red organizada”, añade en conversación con este diario. “Es verdad que las víctimas no lo creen así y es cierto que hay puntos de vista distintos”, concede tras visitar Madrid con la misión europea. “Ahora, la valoración de que esto es una consecuencia de la Guerra Civil no está contrastada. Y el informe no tiene que tener opiniones personales”.
En 2011, 261 personas suscribieron a través de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares la denuncia que puso el foco sobre la trama. Desde entonces, las distintas fiscalías provinciales han recibido un total de 2.095 denuncias. De ellas, un total de 522 han sido remitidas ante los correspondientes órganos judiciales. Sin embargo, el paso del tiempo actúa en contra de los afectados. En 2013, por ejemplo, murió Sor María, la monja imputada en el caso por presuntamente orquestar la red. Y mientras tanto, uno de los médicos supuestamente implicados, imputado desde 2016, está a la espera de juicio.
“Ya no nos creemos nada”, explica una portavoz de la asociación SOS Bebés Robados, que agrupa a 400 familias afectadas. “Llega un momento en el que no queremos palabras, queremos hechos”, reclama a los políticos.
“Hay desmoralización", asegura Enrique Vila, abogado de una de las asociaciones, que se reunió con la misión de eurodiputados a su paso por Madrid. "Hubo un arranque muy fuerte [en la presentación de denuncias], pero luego hubo un parón importante porque la fiscalía ha archivado, no ha judicializado y tener un abogado cuesta dinero”, añade. "Debería ser el Estado quien facilitara las denuncias y pusiera abogados de oficio, como a las víctimas de violencia de género. Se deja todo en manos de las capacidad económica de los particulares y no puede ser”.
La Fiscalía, por su parte, subrayó ante los enviados del Europarlamento que no cejará en su empeño de esclarecer el caso y que ya ha buscado vías para que los hechos denunciados no prescriban. Los representantes europeos harán recomendaciones para facilitar la resolución del caso y la atención a las víctimas cuando presenten su informe. Se interesarán, por ejemplo, por la posibilidad de que el Congreso forme una comisión de investigación, expresada por distintos diputados. Y también se cerciorarán de que las promesas recibidas a su paso por España se conviertan en realidad.
“La Iglesia católica ha aceptado abrir sus archivos bajo ciertas condiciones relacionadas con la protección de datos”, asegura Kirton-Darling sobre sus gestiones en Madrid, donde se reunió, entre otros, con Jose Maria Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. Este diario se puso en contacto con la Conferencia Episcopal, que declinó hacer comentarios sobre qué colaboración prestará para conectar sus bases de datos con las públicas para que así se puedan cruzar expedientes (con fechas de nacimiento, por ejemplo), facilitando el reencuentro entre padres biológicos, hijos o hermanos. Mientras tanto, Europa investiga.
“Mi opinión personal es que nos enfrentamos a pruebas muchas veces contradictorias, incluso sobre la escala del escándalo y sobre si fueron casos aislados o redes organizadas de tráfico de bebés”, resume Jude Kirton-Darling, eurodiputada británica y jefa de la misión europea, formada a raíz de las denuncias recibidas en la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo por parte de distintos afectados. “Las víctimas desconfían totalmente de las autoridades políticas y religiosas”, explica en un correo electrónico. “Tienen que superar un listón bastante exigente para ser consideradas como tales, lo que significa que tienen la carga de la prueba y que frecuentemente se han visto forzadas a investigar sus propios casos con poco o ningún apoyo legal y psicológico”, añade. “Se han dado algunos pasos desde que el escándalo estalló en 2009-2010, pero se podría hacer mucho para mejorar el apoyo a las víctimas”, sigue. Y subraya: “Ha quedado claro que este escándalo es la parte más cruda de las heridas históricas abiertas de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco”.
“Nos apuntamos a todo lo que ayude a conocer la verdad y a nada que sea usar esto políticamente o de forma partidista. Sería poco serio”, difiere Rosa Estarás, eurodiputada del PP, que recuerda que la opinión oficial de la misión se conocerá a través de un informe que se publicará entre julio y septiembre. “El fiscal general y la fiscal especializada en el caso nos explicaron que esto no era una red organizada”, añade en conversación con este diario. “Es verdad que las víctimas no lo creen así y es cierto que hay puntos de vista distintos”, concede tras visitar Madrid con la misión europea. “Ahora, la valoración de que esto es una consecuencia de la Guerra Civil no está contrastada. Y el informe no tiene que tener opiniones personales”.
En 2011, 261 personas suscribieron a través de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares la denuncia que puso el foco sobre la trama. Desde entonces, las distintas fiscalías provinciales han recibido un total de 2.095 denuncias. De ellas, un total de 522 han sido remitidas ante los correspondientes órganos judiciales. Sin embargo, el paso del tiempo actúa en contra de los afectados. En 2013, por ejemplo, murió Sor María, la monja imputada en el caso por presuntamente orquestar la red. Y mientras tanto, uno de los médicos supuestamente implicados, imputado desde 2016, está a la espera de juicio.
“Ya no nos creemos nada”, explica una portavoz de la asociación SOS Bebés Robados, que agrupa a 400 familias afectadas. “Llega un momento en el que no queremos palabras, queremos hechos”, reclama a los políticos.
“Hay desmoralización", asegura Enrique Vila, abogado de una de las asociaciones, que se reunió con la misión de eurodiputados a su paso por Madrid. "Hubo un arranque muy fuerte [en la presentación de denuncias], pero luego hubo un parón importante porque la fiscalía ha archivado, no ha judicializado y tener un abogado cuesta dinero”, añade. "Debería ser el Estado quien facilitara las denuncias y pusiera abogados de oficio, como a las víctimas de violencia de género. Se deja todo en manos de las capacidad económica de los particulares y no puede ser”.
La Fiscalía, por su parte, subrayó ante los enviados del Europarlamento que no cejará en su empeño de esclarecer el caso y que ya ha buscado vías para que los hechos denunciados no prescriban. Los representantes europeos harán recomendaciones para facilitar la resolución del caso y la atención a las víctimas cuando presenten su informe. Se interesarán, por ejemplo, por la posibilidad de que el Congreso forme una comisión de investigación, expresada por distintos diputados. Y también se cerciorarán de que las promesas recibidas a su paso por España se conviertan en realidad.
“La Iglesia católica ha aceptado abrir sus archivos bajo ciertas condiciones relacionadas con la protección de datos”, asegura Kirton-Darling sobre sus gestiones en Madrid, donde se reunió, entre otros, con Jose Maria Gil Tamayo, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. Este diario se puso en contacto con la Conferencia Episcopal, que declinó hacer comentarios sobre qué colaboración prestará para conectar sus bases de datos con las públicas para que así se puedan cruzar expedientes (con fechas de nacimiento, por ejemplo), facilitando el reencuentro entre padres biológicos, hijos o hermanos. Mientras tanto, Europa investiga.
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