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| Imagen: El País / Aora y Laura con sus hijas e hijo |
Una familia de lesbianas acusa a la Iglesia de querer echarla de un piso okupado de Móstoles por su condición sexual.
Diego Fonseca | El País, 2016-10-24
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/23/madrid/1477251283_526259.html
Laura Muñoz y su pareja, Aroa Montano, pasaron varias noches durmiendo a la intemperie en un parque de Móstoles hasta que el pasado 4 de julio okuparon un piso. El inmueble, en el que viven con sus tres hijos menores y que está situado en la misma localidad, pertenece a la diócesis de Getafe. La institución denunció a las dos mujeres en agosto y logró una orden judicial de desahucio para el pasado miércoles, que fue suspendida de forma provisional. Tanto Muñoz como Montano creen que la decisión de los religiosos se debe a su condición sexual, pero ellos lo niegan y dicen que necesitan la vivienda, deshabitada desde 2013, para un sacerdote.
Dos sacerdotes visitaron en agosto el piso okupado por Muñoz y Montano. Tras charlar con los niños e interesarse por ellas, los religiosos, según las mujeres, les dijeron que las ayudarían. “Nos comentaron que tenían otro piso vacío en Móstoles y que podíamos llegar a un acuerdo por una cantidad pequeña. Creo que pensaron que mi novia y yo éramos hermanas, porque ese día me dijeron: ‘Mira qué sobrinos más bonitos tienes’, y yo no dije nada. Luego supieron que somos pareja y nos denunciaron”, cuenta Muñoz, que está a punto de cumplir la treintena.
La versión de la diócesis difiere notablemente. Su portavoz, Francisco Armenteros, relata otro encuentro: “Les pedimos que dejaran el piso y se negaron, por eso las denunciamos. Ellas dicen que las echamos por ser lesbianas, pero nosotros no lo sabíamos. Ni siquiera vimos a los niños”.
Armenteros explica que la diócesis necesita el piso para un sacerdote, el de Arroyomolinos —un municipio situado a ocho kilómetros y medio de Móstoles—, y que antes de que ellas lo okuparan iban familiares de curas a pasar el fin de semana cuando estaban de visita. Sin embargo, la pareja asegura que cuando entró en la vivienda se encontró con señales de que el día a día ya no pasaba por allí. “Solo había un revistero, una mesa pequeña, dos somieres y dos colchones tirados. Todo estaba empolvado y sucio, y la luz había sido dada de baja en noviembre de 2013”, relata Montano, que también está cerca de cumplir la treintena, mientras enseña en su móvil una fotografía del contador inutilizado desde hace tres años.
Los muebles, los enseres, el sofá y los electrodomésticos que hay ahora los han llevado ellas. Limpiaron y remozaron el piso tras pasar varios días durmiendo en un parque público después de que las desahuciaran del anterior inmueble que okuparon. Esos días, los tres niños, de cinco, ocho y diez años, durmieron en la casa de una amiga.
“A nuestros hijos [son de una relación anterior de Montano, la madre biológica] los intentamos mantener al margen. Lo que más me duele es que los sacerdotes vinieron prometiendo el oro y el moro, y de un día para otro nos encontramos con una denuncia porque se enteraron por Facebook de que somos pareja. Llevo desde 2014 pidiendo un alquiler social y aún no he conseguido nada”, se queja Muñoz.
El desalojo ha quedado pendiente de lo que dicte la Audiencia Provincial después de que los abogados de la pareja recurriesen el fallo de un juzgado de instrucción de Móstoles, que también obligaba a las mujeres a pagar cada una 270 euros a los religiosos. Esta semana, Cáritas —dependiente de la diócesis de Getafe— se puso en contacto con ellas para ver cómo podían solucionar su caso, pero Muñoz desconfía: “Si quisieran ayudar no nos denunciarían. Ven que esto se va a hacer público, que estamos protestando [Muñoz y Montano, junto con miembros de Stop Desahucios, se concentraron frente al arzobispado de Getafe el 14 de octubre], y quieren cambiar su imagen. Cáritas me ofrece pagar la mitad de un alquiler durante unos meses, y que Asuntos Sociales se haga cargo de la otra mitad, pero no me puedo ir a la aventura si no me aseguran que se ocuparán de la renta mensual hasta que encuentre un trabajo fijo. Es pan para hoy y hambre para mañana”.
Solo 370 euros para alimentar cinco bocas
En la casa okupada por Muñoz y Montano entran cada mes 440 euros. Muñoz los gana trabajando a media jornada en un empleo temporal en el comedor de un colegio, pero 70 los gasta en la tarjeta de transporte público. La pareja se las apaña con 370 euros para alimentar a cinco personas, tres de ellas menores. “Tenemos lo justito, pero comemos bien”, dice Muñoz.
Dos sacerdotes visitaron en agosto el piso okupado por Muñoz y Montano. Tras charlar con los niños e interesarse por ellas, los religiosos, según las mujeres, les dijeron que las ayudarían. “Nos comentaron que tenían otro piso vacío en Móstoles y que podíamos llegar a un acuerdo por una cantidad pequeña. Creo que pensaron que mi novia y yo éramos hermanas, porque ese día me dijeron: ‘Mira qué sobrinos más bonitos tienes’, y yo no dije nada. Luego supieron que somos pareja y nos denunciaron”, cuenta Muñoz, que está a punto de cumplir la treintena.
La versión de la diócesis difiere notablemente. Su portavoz, Francisco Armenteros, relata otro encuentro: “Les pedimos que dejaran el piso y se negaron, por eso las denunciamos. Ellas dicen que las echamos por ser lesbianas, pero nosotros no lo sabíamos. Ni siquiera vimos a los niños”.
Armenteros explica que la diócesis necesita el piso para un sacerdote, el de Arroyomolinos —un municipio situado a ocho kilómetros y medio de Móstoles—, y que antes de que ellas lo okuparan iban familiares de curas a pasar el fin de semana cuando estaban de visita. Sin embargo, la pareja asegura que cuando entró en la vivienda se encontró con señales de que el día a día ya no pasaba por allí. “Solo había un revistero, una mesa pequeña, dos somieres y dos colchones tirados. Todo estaba empolvado y sucio, y la luz había sido dada de baja en noviembre de 2013”, relata Montano, que también está cerca de cumplir la treintena, mientras enseña en su móvil una fotografía del contador inutilizado desde hace tres años.
Los muebles, los enseres, el sofá y los electrodomésticos que hay ahora los han llevado ellas. Limpiaron y remozaron el piso tras pasar varios días durmiendo en un parque público después de que las desahuciaran del anterior inmueble que okuparon. Esos días, los tres niños, de cinco, ocho y diez años, durmieron en la casa de una amiga.
“A nuestros hijos [son de una relación anterior de Montano, la madre biológica] los intentamos mantener al margen. Lo que más me duele es que los sacerdotes vinieron prometiendo el oro y el moro, y de un día para otro nos encontramos con una denuncia porque se enteraron por Facebook de que somos pareja. Llevo desde 2014 pidiendo un alquiler social y aún no he conseguido nada”, se queja Muñoz.
El desalojo ha quedado pendiente de lo que dicte la Audiencia Provincial después de que los abogados de la pareja recurriesen el fallo de un juzgado de instrucción de Móstoles, que también obligaba a las mujeres a pagar cada una 270 euros a los religiosos. Esta semana, Cáritas —dependiente de la diócesis de Getafe— se puso en contacto con ellas para ver cómo podían solucionar su caso, pero Muñoz desconfía: “Si quisieran ayudar no nos denunciarían. Ven que esto se va a hacer público, que estamos protestando [Muñoz y Montano, junto con miembros de Stop Desahucios, se concentraron frente al arzobispado de Getafe el 14 de octubre], y quieren cambiar su imagen. Cáritas me ofrece pagar la mitad de un alquiler durante unos meses, y que Asuntos Sociales se haga cargo de la otra mitad, pero no me puedo ir a la aventura si no me aseguran que se ocuparán de la renta mensual hasta que encuentre un trabajo fijo. Es pan para hoy y hambre para mañana”.
Solo 370 euros para alimentar cinco bocas
En la casa okupada por Muñoz y Montano entran cada mes 440 euros. Muñoz los gana trabajando a media jornada en un empleo temporal en el comedor de un colegio, pero 70 los gasta en la tarjeta de transporte público. La pareja se las apaña con 370 euros para alimentar a cinco personas, tres de ellas menores. “Tenemos lo justito, pero comemos bien”, dice Muñoz.
Montano está parada, como otras 15.845 personas de Móstoles —un municipio con 206.000 vecinos—, según el último informe de paro registrado por localidades de la Comunidad. “La última vez que trabajé fue en un bar de copas. De vez en cuando me llaman para echar una mano en una residencia, o cosillas parecidas, pero ahora mismo no tengo un sueldo fijo”, dice.
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