lunes, 30 de marzo de 2015

#hemeroteca #derechos | AI señala que la ley de LGBTI es un avance en la defensa de los derechos humanos

Imagen: Shangay
AI señala que la ley de LGBTI es un avance en la defensa de los derechos humanos
El Diario, 2015-03-30
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Amnistia_Internacional_0_372013634.html

Amnistía Internacional de Extremadura valora muy positivamente la reciente aprobación de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género aprobada el pasado 19 de marzo en el Parlamento extremeño. La organización reconoce el impulso realizado por organizaciones LGBTI y de la sociedad civil, así como el compromiso de los grupos políticos para lograr su aprobación.

Esa ley logró un respaldo muy amplio no solo en la Asamblea sino también de numerosos colectivos sociales de la región.

Esta ley puede suponer un avance importante en la defensa de los derechos humanos de las personas que integran este colectivo, al incluir cuestiones tan relevantes como: la elaboración de protocolos de atención integral a personas transexuales e intersexuales que incluyan adecuada asistencia sanitaria, la garantía de no discriminación en adopciones y en técnicas de reproducción asistida, y la elaboración de un Plan Integral sobre educación y diversidad que contemple medidas específicas para combatir el acoso homófobo, contenidos adecuados en el currículo y materiales educativos, así como la no discriminación de alumnos o alumnas transexuales.

Por otro lado, la creación del Observatorio Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género puede favorecer la visibilización de la vulneración de derechos humanos que puedan sufrir personas LGBTI. Este organismo atendería a las víctimas de delito de odio, daría formación a personal sanitario y profesorado, algo que Amnistía Internacional valora positivamente; aunque espera mayor concreción a la hora de definir qué organismos deben ser los encargados de poner en marcha medidas realmente efectivas.

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