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| Imagen: ctxt / J.R. Mora |
Vanesa Saiz / Marina Mantini / Pablo Gómez-Pan
En: ctxt · Contexto y acción, n. 13, 2015-04-16
http://ctxt.es/es/20150416/politica/819/Prostituci%C3%B3n-moral-sexual-y-explotaci%C3%B3n.htm
Introducción
La prostitución en España está lejos de la imagen reduccionista, estereotipada y sensacionalista con la que se la suele representar habitualmente en los medios de comunicación. Se trata, por el contrario, de una realidad muy compleja, altamente controvertida y con muy distintos actores implicados.
La prostitución en España está lejos de la imagen reduccionista, estereotipada y sensacionalista con la que se la suele representar habitualmente en los medios de comunicación. Se trata, por el contrario, de una realidad muy compleja, altamente controvertida y con muy distintos actores implicados.
Los medios han tendido a privilegiar unas voces sobre otras, particularmente aquéllas que hasta ahora han contado con más recursos a la hora de ser escuchadas, como son las de las fuerzas de seguridad, las instituciones públicas y los proxenetas –organizados desde 2001 en la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela)–. El enfoque contemporáneo de la prostitución y trata en España puede observarse de un vistazo en la nube léxica que acompaña al texto, elaborada a partir de los titulares sobre el tema aparecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 en cuatro de los principales diarios españoles (El País, Abc, El Mundo y La Vanguardia). En los últimos años ha sido común la identificación de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, lo que ha sesgado los argumentos del debate y ha servido para generar consenso –a diferencia de lo que ocurre con la prostitución, nadie está a favor de la trata–. Es raro que en los medios se dé voz a los clientes, a ciertas asociaciones y a quienes, paradójicamente, ocupan el centro de esta actividad: las propias mujeres.
El debate en torno a la prostitución tiene un largo recorrido y afecta a los modelos de legislación, a las políticas públicas, y por supuesto a los valores, intereses y emociones en torno a las prácticas sociosexuales. Si bien es un debate casi podríamos decir que histórico, algo parece estar cambiando en la esfera pública española. Quizá influida por lo que sucede en otros contextos europeos como el francés y por la sensibilización en torno al delito de trata, que ha dotado al debate de urgencia y actualidad, están apareciendo nuevos actores, por ejemplo, el lobby de trabajadoras del sexo. Tienen como objetivo incidir de modo directo en las propuestas políticas que se desgranarán en este ciclo electoral a nivel municipal, regional y estatal. Su portavoz, la prostituta, politóloga y activista Montse Neira, afirmó: “Somos el colectivo de mujeres más estigmatizado y criminalizado; a partir de ahora nadie hablará por nosotras”. Junto a ellas, se está produciendo un posicionamiento de instituciones públicas (Ayuntamientos, Delegaciones del Gobierno, Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) que también desean intervenir en este debate, en su caso, desde la promoción de la lucha contra la trata.
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “prostitución” como la “actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero”. En esta definición se obvian entre otros elementos fundamentales precisamente las relaciones de género. El propio Diccionario nos da pistas de la centralidad de esta cuestión: frente a más de 90 términos para referirse a la prostitución femenina incluye tan sólo tres para la masculina (sin incluir siquiera el término gigoló, que sí recogen otros diccionarios y que arrastra connotaciones muy distintas al de prostituta). Una perspectiva de género es fundamental para reconocer las relaciones de poder y las desigualdades actuales e históricas entre hombres y mujeres.
Para evitar simplificaciones a la hora de entender este debate en torno a la prostitución –en el que interviene además el delito de trata con fines de explotación sexual– conviene no olvidar que no se trata sólo de un asunto de relaciones de género. En este fenómeno intervienen otras dimensiones identitarias: las condiciones de desigualdad incluyen factores como la etnia, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual o el estatus socioeconómico. Esta controversia reclama dar respuesta a las condiciones vitales indignas, precarias y estigmatizantes de los colectivos marginales que, por los efectos de una sociedad desigual e injusta, se encuentran en el contexto de la prostitución. Algunos autores apuntan, además, que el trabajo sexual se sitúa en los márgenes porque es una actividad que cuestiona el orden patriarcal tradicional, empoderando a las mujeres que toman decisiones sobre su propia sexualidad.
Principales datos sobre prostitución y trata
Según datos de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pese a que existen diferentes mercados del sexo –entre ellos, el turismo sexual, la prostitución transexual y la prostitución masculina–, prácticamente todos los clientes en Europa son hombres y en su mayoría las mujeres son las que ejercen. El porcentaje de hombres que ha consumido servicios sexuales varía mucho según los países, y la normalización de las relaciones sexuales extraconyugales sin retribución ha hecho que haya descendido mucho la demanda en las últimas décadas. Mientras que en la década de 1940 un 70% de los hombres adultos del mundo aseguraba haber pagado por sexo al menos una vez en su vida, la media actual se sitúa en torno al 19%. Sin embargo, España se mantiene aún en un 39%, una cifra que la UNODC subraya como un valor atípico en Europa. En otros continentes, los porcentajes siguen siendo aún altísimos (por ejemplo, en Puerto Rico asciende a un 61%, y en Tailandia a un 73%).
En 25 países europeos analizados la población en situación de prostitución asciende a unas 700.000 mujeres, el 0,63% de las mujeres entre 15 y 49 años. Contando con el resto de países europeos, el número total de prostitutas se acerca al millón. De éstas, unas 140.000 están explotadas sexualmente (aproximadamente, una de cada siete prostitutas en activo ha sido sometida a trata, siempre según datos de la UNODC).
A menudo el relato simplista sobre la trata nos habla de mujeres que han llegado engañadas, transportadas por redes de tráfico de personas. Sin embargo, la realidad es algo más compleja y no todas las víctimas de trata responden al mismo patrón, ni todas las redes tienen idénticas características. En ocasiones, estas mujeres han aceptado ser trabajadoras sexuales, pero sin conocer las condiciones en las que finalmente ejercen (hacinamiento, jornadas abusivas, prácticas vejatorias, salarios ínfimos, servidumbre por deudas –hasta que no devuelvan lo que deben a las mafias que las trajeron desde sus países, se las mantiene explotadas–). La trata de personas con fines de explotación sexual es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa. Sin contabilizar los ingresos por otras formas de prostitución no coactivas, la trata genera unos beneficios de 3.000 millones de dólares al año.
En España, los datos no están muy actualizados. Los más fiables son los de la policía, Sanidad y asociaciones relacionadas con estos colectivos. Existen pocos estudios serios, y entre los más recientes destacan el Informe sobre prostitución de la Asociación de Apoyo a Mujeres Prostituidas (APRAMP) de 2005 y el Informe sobre la Prostitución en España de las Cortes Generales de 2007. Estiman que la prostitución es ejercida en España por entre 300.000 y 400.000 mujeres (aunque algunos advierten de que estas cifras son muy exageradas, y así lo parecen teniendo en cuenta las estimaciones de la UNODC para toda Europa). Por su parte, los proxenetas asociados en Anela calculan que en sus clubes trabajan unas 30.000 mujeres, y también consideran que en total ascienden a 400.000 las que la ejercen en España. Esta actividad genera un volumen de dinero negro entre 12.000 y 18.000 millones de euros al año. De nuevo según Anela, la media de gasto de los 15 millones de varones españoles entre 16 y 64 años es de unos 100 euros al mes, y un 6% del total de la población española es consumidor habitual de prostitución. El Instituto Nacional de Estadística, obligado por la Comisión Europea a sumar las actividades ilegales al Producto Interior Bruto español, intentó contabilizar los ingresos por prostitución en el año 2010, y estimó que supusieron un 0,35% del PIB de ese año.
Encuestas del CIS revelan que frente a la afirmación de que “la prostitución es inevitable y por tanto debería estar legalizada”, un 40,9% de los encuestados aseguró estar “de acuerdo” y un 36,7% “muy de acuerdo”. Según estos datos de enero de 2008, parece que son las personas religiosas y conservadoras en materia sexual quienes más en contra están de la legalización. Tal vez sorprenda que también son contrarios los más jóvenes, los obreros no cualificados y los inmigrantes. Otro dato interesante es que frente a un 82% de hombres partidarios de legalizarla, el número de mujeres a favor de la legalización desciende hasta el 73%. En esta misma encuesta, un 12.2% de los encuestados reconocía haber pagado por tener relaciones sexuales, y un 6,9 % de los que jamás lo habían hecho afirmaban habérselo planteado. El nivel de tolerancia social ante estas prácticas es particularmente alto en España.
Como se verá más adelante, la legislación sobre prostitución y trata en España es muy confusa: el marco general es vago y son realmente los municipios, a través de planes y ordenanzas, los que la regulan según su criterio. No obstante, parece que en los juzgados son las prostitutas quienes están ganando la batalla. Recientemente se ha reconocido derecho a paro y seguridad social a algunas trabajadoras.
Progresivamente están surgiendo nuevas asociaciones, cooperativas y lobbys en defensa de sus intereses, que se suman a otras como Hetaira, Aprosex y Apram de más larga tradición. En noviembre de 2013 nació Sealeer, la primera cooperativa integrada por prostitutas, fundada por once mujeres que ejercen su trabajo en Ibiza. Gracias a ella, sus integrantes pagan sus impuestos y, en consecuencia, cotizan a la Seguridad Social. Se inspiraron en trabajos de la juez de Lanzarote, Gloria Poyatos, que ya había demostrado que el proceso para legalizar la prostitución existe, habiendo conseguido darse a ella misma de alta como trabajadora sexual autónoma sin problemas. La juez explica su posicionamiento a favor del regulacionismo con un símil: "se encuentran a cien chinos encerrados en una casa forzados a trabajar doce horas al día y a dormir hacinados y no por eso se prohíbe en general el trabajo”. Poyatos cree que la explotación se debe sobre todo a la dependencia económica, “si están dadas de alta podrán acceder a sus propias prestaciones. La fórmula cooperativa busca unir los esfuerzos de un grupo de trabajadoras sexuales para autogestionarse y poner sus propias condiciones a los clientes", asegura. “Las prostitutas tienen que declararse autónomas para que el dinero que mueve esta profesión deje de formar parte de la economía sumergida”, concluye.
Otros colectivos de otras comunidades autónomas han empezado a imitar el modelo de Sealeer. Como se ha dicho, recientemente ha surgido el primer lobby de España para reivindicar los derechos de las prostitutas. El lobby, que no tiene un nombre específico, se encargará de las propuestas políticas relacionadas con la prostitución de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular, una organización política de la izquierda separatista catalana) y trabajará con Barcelona en Comú, la agrupación de partidos encabezada por Ada Colau que se presentará a las próximas elecciones municipales de Barcelona. Son también prorregulacionistas, y esperan que se reconozca la prostitución “como lo que es, un empleo al que debe asociarse unos derechos”. En consecuencia, una de sus reivindicaciones inmediatas es la derogación de las ordenanzas municipales y las multas a usuarios y trabajadoras.
¿Abolición o regulación?
Frente a la realidad de la prostitución existen básicamente dos grandes tendencias: la pro abolicionista y la pro reguladora, además de otras posturas intermedias.
Los partidarios de la abolición total de la prostitución la consideran una manifestación extrema de violencia de género y de desigualdad. Creen que la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual son dos caras de un mismo fenómeno y consideran, como hace el Lobby Europeo de Mujeres, que la demanda masculina de mujeres y, en forma creciente de niñas, está en el origen de la trata. Por ello, abogan por penalizar a los demandantes de prostitución. En su vocabulario privilegian expresiones como “mujer prostituida”, “prostituidor” o “proxeneta” (nótese que la voz pasiva hace recaer la responsabilidad en los demandantes de prostitución y en aquellos que la controlan, no en las propias prostitutas). En España, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) supone un buen ejemplo de esta corriente. Otro exponente conocido es Lidia Falcón.
Por contra, los pro reguladores consideran que la prostitución es un trabajo lícito y que, como cualquier otro, debe regularse. Diferencian claramente entre prostitución y trata, como Paula Vip, de la Asociación de profesionales del sexo (Aprosex), que afirma que “todas las mujeres que ejercemos sexo de pago lo hacemos libre y voluntariamente porque, si no, no es prostitución, es esclavitud”. En consecuencia, no creen que los demandantes de sexo deban ser penalizados. En su vocabulario optan por términos más neutrales como “trabajadoras del sexo”, “clientes” o “empresarios”. Además de Aprosex, el Colectivo Hetaira se enmarca también en este modelo de actuación.
En lo que sí coinciden ambas perspectivas es en situar a las mujeres en el centro del debate, como hacen también otras corrientes que toman ideas de ambos modelos y defienden posiciones eclécticas o terceras vías. Es el caso de Beatriz Gimeno, autora del libro ‘La Prostitución’ (Ediciones Bellaterra, 2012), que afirma ser “abolicionista, en tanto que estoy convencida de que la prostitución es incompatible con la igualdad” pero matiza que su manera de acabar con la prostitución, “la manera siquiera de pensarla, la manera de relacionarnos con las mujeres que se dedican a ella, no coincide siempre con lo que se considera una posición abolicionista”, mostrándose más partidaria a corto plazo por un cierto regulacionismo.
Sobre estas posiciones ideológicas de base se alzan los distintos modelos legislativos que controlan el ejercicio de la prostitución en los diferentes países. Son, básicamente, cuatro: los modelos regulador, abolicionista, prohibicionista y mixto.
Modelo regulador o legalista: Holanda
Holanda legalizó la prostitución en 1996 y derogó la prohibición impuesta a la existencia de burdeles en el año 2000. Desde entonces, son los ayuntamientos los que regulan todo lo relacionado con el ejercicio de la prostitución (instalaciones, seguridad, higiene y condiciones laborales de las trabajadoras). Siguiendo la postura de los pro-regulacionistas, continúan siendo punibles la prostitución forzada, la trata y cualquier otra forma de explotación sexual. Recientemente se ha fijado el mínimo de edad para poder ejercer en 21 años.
Como si de cualquier otra profesión se tratara, las trabajadoras sexuales tienen derecho a percibir prestación por desempleo y pueden ejercer como asalariadas o autónomas.
Modelo Abolicionista: Suecia
Desde el polo opuesto a la perspectiva del modelo holandés, Suecia aprobó en 1999 la Ley de prohibición de compra de servicios sexuales como parte de un decreto en contra de la violencia contra las mujeres, atacando directamente a la demanda. En 2004 incluyen como delitos la compra de servicios sexuales tanto para uno mismo como para un tercero (la contratación de una prostituta para la fiesta de un amigo, por ejemplo).
Se castiga con penas de cárcel (conmutable por el pago de multas) todo tipo de servicio sexual, incluido el acompañamiento, la tentativa de compra y todo tipo de proxenetismo. Según sus evaluaciones, el número de prostitutas descendió de 2500 a 1500 así como las víctimas de trata (21 casos en 2012). Paralelamente, la prostitución ha aumentado en los países limítrofes.
Modelo Prohibicionista: Reino Unido e Irlanda
El modelo prohibicionista no considera la prostitución como una infracción, pero sí todas sus manifestaciones visibles (captación, publicidad, gestión de establecimientos, explotación de beneficios, contratos…). De alguna manera, este modelo pretende invisibilizar la prostitución, relegándola a la esfera de lo privado.
En el Reino Unido la prostitución es legal, pero todo tipo de proxenetismo se sanciona con penas de prisión y se penaliza a prostitutas y clientes que tengan relaciones en vehículos y en la vía pública. También se ha prohibido la publicidad en lugares públicos (por ejemplo, los tradicionales anuncios en las cabinas telefónicas).
En Irlanda la visión que impera es la de que la prostitución atenta contra el orden público. Por ello, se castiga a prostitutas, clientes y proxenetas indistintamente como infractores. No obstante, la ley tampoco sanciona el intercambio en privado.
Modelos Mixtos: Francia, Bélgica e Italia
Los modelos mixtos toman elementos de los anteriores, puliendo en ocasiones ciertos excesos de los modelos puros y, en otras, dando testimonio de la incoherencia y falta de coordinación de las políticas de muchos países ante la compleja realidad de la prostitución.
Un ejemplo de incertidumbre es Francia. Tanto Nicolás Sarkozy como François Hollande trataron de penalizar a los clientes, sin conseguirlo. A finales de 2013 se aprobó, no sin polémica, una propuesta de ley por la lucha contra el sistema prostitucional, que pretendía abolir la prostitución. Abogaba entre otras cosas por perseguir al cliente, despenalizar a la prostituta y ofrecer permisos de residencia temporales a todas las trabajadoras extranjeras comprometidas con dedicarse a otra actividad. En contra de la penalización a los clientes se movilizaron el Sindicato de Trabajo Sexual y varios usuarios famosos que llegaron a firmar un manifiesto. El Senado ha rechazado recientemente esta propuesta de ley y ha eliminado estas multas. Además, Francia ha vivido recientemente varios escándalos relacionados con la prostitución, como han sido los de los futbolistas Ribéry y Benzema, acusados de pagar por mantener relaciones sexuales con una mujer entonces menor, y el del político y ex director del FMI Dominique Strauss-Khan, acusado de proxenetismo.
En Bélgica, con un modelo mixto que se escora hacia el regulacionismo, se permite la prostitución en clubes y escaparates pero el proxenetismo y la trata están sancionados, al igual que la explotación sexual.
Italia ha sido históricamente un país tolerante. La Ley Merlin (que lleva el nombre de la senadora socialista que la impulsó en 1958) prohibió los burdeles y sancionó el proxenetismo y la captación de clientes en la vía pública. No obstante, no penalizó la compra de servicios sexuales. En los últimos años destaca el escándalo Berlusconi, acusado en 2011 de mantener relaciones sexuales con prostitutas en las que denominaba fiestas “bunga bunga”, entre ellas menores. Llegó a estar condenado a siete años de cárcel e inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, pero recientemente ha sido absuelto. El actual gobierno de Matteo Renzi se ha mostrado partidario de la legalización.
El caso de España
La prostitución en España se enmarca también dentro de un modelo mixto, con todas las contradicciones e indefiniciones jurídicas que ello supone. Mientras esté libre de coacción, la práctica de la prostitución se mueve en una situación de alegalidad. Tampoco hay claridad en la lucha contra la trata. Las organizaciones Red Española Contra la Trata de Personas y Proyecto Esperanza Adoratrices llevan tiempo pidiendo una ley integral porque las políticas públicas de lucha contra la trata muchas veces chocan con lo que dice la ley de extranjería. Volvieron hacer la petición con motivo del Día internacional de lucha contra la trata el 18 de Octubre de 2015.
Antes de 1995, todo tipo de proxenetismo (coactivo o no) era delito. Tras la reforma del Código Penal se suprime el proxenetismo no coactivo como delito. Al pasar a ser legal la intervención lucrativa en prostitución, crecieron los prostíbulos y aumentó su visibilidad en los medios de comunicación. Pero en 2003 se aprobó una reforma mediante la que se reintrodujo como delito la conducta de quien “se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. No obstante, se generaba una situación de inseguridad, ya que la palabra “explotación” no dejaba claro si esto ocurre en todo caso o sólo en los que el proxeneta abusa de su posición.
El Gobierno del Partido Popular presentó a finales de 2013 un controvertido proyecto de modificación del código penal, aprobado por el Senado a comienzos del mes de marzo de 2015, en el que sólo se consideraba punible el proxenetismo cuando la persona prostituida se encuentre en “una situación de vulnerabilidad personal o económica” que la deje sin alternativas, o cuando las condiciones sean “gravosas, desproporcionadas o abusivas”. Serán los jueces los que valoren cuándo se incurre en dichas circunstancias.
Dentro del confuso marco de la legislación nacional, son realmente las ordenanzas municipales las que regulan la prostitución en España. Y en general han optado por un prohibicionismo que en ocasiones se encamina hacia el abolicionismo, pero sigue permitiendo actividades en privado.
Las políticas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla se han orientado primordialmente a acabar con la prostitución callejera. En esta línea se enmarcó el Plan contra la esclavitud sexual del Ayuntamiento de Madrid de abril de 2004 –como es patente por su título, identificaban prostitución y trata, cosa que siguen haciendo en sus últimas campañas–. Sus políticas han sido fundamentalmente represivas: las fuerzas de seguridad han perseguido a las prostitutas callejeras y de pequeños clubes demandando papeles. Igualmente, han requerido los datos de los clientes y los han situado en el punto de mira bajo lemas como “Porque tú pagas existe la prostitución. No colabores en la explotación sexual de seres humanos” (que insiste en identificar prostitución y explotación). Se llegaron a colocar cámaras de vigilancia y a amenazar con la publicación de las imágenes de prostitutas y clientes (algo que finalmente no se hizo, entre otras razones por ser inconstitucional). El plan también contaba con medidas de reinserción y medidas de extradición para las prostitutas (que algunos consideraron insuficientes y equivocadas). Recientemente, Ana Botella, ha impulsado a comienzos de 2014 un segundo plan para acabar con la prostitución con multas de hasta 750 euros para clientes y prostitutas.
En Barcelona la legislación ha sido similar, con la entrada en vigor en enero de 2006 de la Ordenanza Municipal para garantizar la convivencia y el civismo, que añadía a las políticas puestas en marcha en Madrid multas de hasta 3.000 euros (generalmente, de 375 euros para las prostitutas y de 275 para los clientes, reducibles a la mitad si se pagaban en menos de ocho días). Se daba el absurdo de que algunas mujeres tuvieran que trabajar más para poder pagar las multas con las que habían sido sancionadas reiteradamente (algunas mujeres superaban las 40 sanciones). Hace un año modificaron dos artículos de la ordenanza, endureciéndola con la total prohibición de que “se ofrezca, solicite, negocie o acepte cualquier servicio sexual retribuido en el espacio público”.
En Sevilla se aprobó el 26 de noviembre de 2009 el Plan de Acción Integral contra la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual 2010-2015, que también multaba a prostitutas y clientes con multas entre 300 y 750 euros. A un tiempo, prometían ofrecer ayuda a las prostitutas que quisieran reinsertarse.
Desde asociaciones como Hetaira han criticado que “las consecuencias prácticas de estos planes son las mismas: persecución y acoso de las trabajadoras del sexo, empeoramiento de las condiciones de trabajo de estas mujeres, condiciones que ya eran bastante precarias, y creación de un clima de inseguridad que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y la posibilidad de agresiones”. Aseguran que ante la represión reaparece la figura del chulo-protector, una figura que, dicen, parecía estar casi extinta. Además, critican que la represión callejera favorece a los dueños de los burdeles, que imponen sus reglas y se llevan un porcentaje de las ganancias de las trabajadoras.
Afortunadamente, como se ha mencionado al comienzo, son muchas las asociaciones, lobbys y cooperativas que demuestran que el marco legislativo actual permite a las trabajadoras obtener ciertos derechos como, por ejemplo, darse de alta como autónomas, cotizar a la seguridad social o decidir en qué condiciones quieren ejercer su oficio.
Cuestiones en torno a la prostitución
Además de resolver el problema de los vacíos legales y clarificar cuáles son las herramientas más adecuadas para luchar contra la trata, cabe hacerse múltiples preguntas en torno a si queremos o no queremos una sociedad con prostitución. ¿Contribuiría una adecuada educación sexual a mejorar la situación actual? ¿Qué clase de modelos de relaciones de género queremos mostrar en nuestras representaciones mediáticas (sean publicitarias, literarias, pornográficas, etc.) para potenciar que las relaciones sean más igualitarias, más justas, menos violentas y en ellas tengan cabida todo tipo de deseos sin menosprecio o degradación de ningún sujeto? ¿Cuándo debe considerar un juez que las condiciones en que una persona se prostituye son, como indica la nueva ley, “gravosas, desproporcionadas o abusivas”?
Según de qué marco de referencia partamos, nos posicionaremos de una manera o de otra. Tras la revolución contraceptiva y sexual de los años 50 y 60 del pasado siglo y la progresiva laicización del pensamiento de nuestras sociedades post-ilustradas, van quedando atrás ciertos estereotipos tradicionales que inmediatamente asociaban cualquier práctica sexual no destinada a la procreación con lo sórdido, lo depravado o lo desviado. ¿Puede la prostitución ser hoy algo diferente de lo que ha sido históricamente? ¿Qué modelos de política pública son compatibles con la pluralidad de valores, necesidades sexuales, afectos y posiciones ideológicas existentes? ¿Cómo articulamos un espacio de debate en el que se escuche a las mujeres, a las trabajadoras sexuales, a las supervivientes de la trata, a todas esas personas que viven consideradas como otros, enmarcados en la prostitución, la inmigración, la transexualidad, la explotación, la pobreza?
Parece conveniente que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la reciente reforma del Código Penal, los futuros cambios sean introducidos tras un debate plural y democrático, contando con la participación de todos los partidos políticos, la ciudadanía y teniendo en cuenta las voces de todos los actores implicados. Una amplia controversia informada parece también necesaria para elaborar las complejas cuestiones que este asunto implica y que hoy suscitan más dudas que respuestas.
Vanesa Saiz Echezarreta participó como experta en la investigación realizada por Red2red, “Estudio del tratamiento publicitario e informativo de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en los medios de comunicación”, para el Ayuntamiento de Madrid, de la que derivan algunas conclusiones de este análisis.
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “prostitución” como la “actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero”. En esta definición se obvian entre otros elementos fundamentales precisamente las relaciones de género. El propio Diccionario nos da pistas de la centralidad de esta cuestión: frente a más de 90 términos para referirse a la prostitución femenina incluye tan sólo tres para la masculina (sin incluir siquiera el término gigoló, que sí recogen otros diccionarios y que arrastra connotaciones muy distintas al de prostituta). Una perspectiva de género es fundamental para reconocer las relaciones de poder y las desigualdades actuales e históricas entre hombres y mujeres.
Para evitar simplificaciones a la hora de entender este debate en torno a la prostitución –en el que interviene además el delito de trata con fines de explotación sexual– conviene no olvidar que no se trata sólo de un asunto de relaciones de género. En este fenómeno intervienen otras dimensiones identitarias: las condiciones de desigualdad incluyen factores como la etnia, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual o el estatus socioeconómico. Esta controversia reclama dar respuesta a las condiciones vitales indignas, precarias y estigmatizantes de los colectivos marginales que, por los efectos de una sociedad desigual e injusta, se encuentran en el contexto de la prostitución. Algunos autores apuntan, además, que el trabajo sexual se sitúa en los márgenes porque es una actividad que cuestiona el orden patriarcal tradicional, empoderando a las mujeres que toman decisiones sobre su propia sexualidad.
Principales datos sobre prostitución y trata
Según datos de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pese a que existen diferentes mercados del sexo –entre ellos, el turismo sexual, la prostitución transexual y la prostitución masculina–, prácticamente todos los clientes en Europa son hombres y en su mayoría las mujeres son las que ejercen. El porcentaje de hombres que ha consumido servicios sexuales varía mucho según los países, y la normalización de las relaciones sexuales extraconyugales sin retribución ha hecho que haya descendido mucho la demanda en las últimas décadas. Mientras que en la década de 1940 un 70% de los hombres adultos del mundo aseguraba haber pagado por sexo al menos una vez en su vida, la media actual se sitúa en torno al 19%. Sin embargo, España se mantiene aún en un 39%, una cifra que la UNODC subraya como un valor atípico en Europa. En otros continentes, los porcentajes siguen siendo aún altísimos (por ejemplo, en Puerto Rico asciende a un 61%, y en Tailandia a un 73%).
En 25 países europeos analizados la población en situación de prostitución asciende a unas 700.000 mujeres, el 0,63% de las mujeres entre 15 y 49 años. Contando con el resto de países europeos, el número total de prostitutas se acerca al millón. De éstas, unas 140.000 están explotadas sexualmente (aproximadamente, una de cada siete prostitutas en activo ha sido sometida a trata, siempre según datos de la UNODC).
A menudo el relato simplista sobre la trata nos habla de mujeres que han llegado engañadas, transportadas por redes de tráfico de personas. Sin embargo, la realidad es algo más compleja y no todas las víctimas de trata responden al mismo patrón, ni todas las redes tienen idénticas características. En ocasiones, estas mujeres han aceptado ser trabajadoras sexuales, pero sin conocer las condiciones en las que finalmente ejercen (hacinamiento, jornadas abusivas, prácticas vejatorias, salarios ínfimos, servidumbre por deudas –hasta que no devuelvan lo que deben a las mafias que las trajeron desde sus países, se las mantiene explotadas–). La trata de personas con fines de explotación sexual es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa. Sin contabilizar los ingresos por otras formas de prostitución no coactivas, la trata genera unos beneficios de 3.000 millones de dólares al año.
En España, los datos no están muy actualizados. Los más fiables son los de la policía, Sanidad y asociaciones relacionadas con estos colectivos. Existen pocos estudios serios, y entre los más recientes destacan el Informe sobre prostitución de la Asociación de Apoyo a Mujeres Prostituidas (APRAMP) de 2005 y el Informe sobre la Prostitución en España de las Cortes Generales de 2007. Estiman que la prostitución es ejercida en España por entre 300.000 y 400.000 mujeres (aunque algunos advierten de que estas cifras son muy exageradas, y así lo parecen teniendo en cuenta las estimaciones de la UNODC para toda Europa). Por su parte, los proxenetas asociados en Anela calculan que en sus clubes trabajan unas 30.000 mujeres, y también consideran que en total ascienden a 400.000 las que la ejercen en España. Esta actividad genera un volumen de dinero negro entre 12.000 y 18.000 millones de euros al año. De nuevo según Anela, la media de gasto de los 15 millones de varones españoles entre 16 y 64 años es de unos 100 euros al mes, y un 6% del total de la población española es consumidor habitual de prostitución. El Instituto Nacional de Estadística, obligado por la Comisión Europea a sumar las actividades ilegales al Producto Interior Bruto español, intentó contabilizar los ingresos por prostitución en el año 2010, y estimó que supusieron un 0,35% del PIB de ese año.
Encuestas del CIS revelan que frente a la afirmación de que “la prostitución es inevitable y por tanto debería estar legalizada”, un 40,9% de los encuestados aseguró estar “de acuerdo” y un 36,7% “muy de acuerdo”. Según estos datos de enero de 2008, parece que son las personas religiosas y conservadoras en materia sexual quienes más en contra están de la legalización. Tal vez sorprenda que también son contrarios los más jóvenes, los obreros no cualificados y los inmigrantes. Otro dato interesante es que frente a un 82% de hombres partidarios de legalizarla, el número de mujeres a favor de la legalización desciende hasta el 73%. En esta misma encuesta, un 12.2% de los encuestados reconocía haber pagado por tener relaciones sexuales, y un 6,9 % de los que jamás lo habían hecho afirmaban habérselo planteado. El nivel de tolerancia social ante estas prácticas es particularmente alto en España.
Como se verá más adelante, la legislación sobre prostitución y trata en España es muy confusa: el marco general es vago y son realmente los municipios, a través de planes y ordenanzas, los que la regulan según su criterio. No obstante, parece que en los juzgados son las prostitutas quienes están ganando la batalla. Recientemente se ha reconocido derecho a paro y seguridad social a algunas trabajadoras.
Progresivamente están surgiendo nuevas asociaciones, cooperativas y lobbys en defensa de sus intereses, que se suman a otras como Hetaira, Aprosex y Apram de más larga tradición. En noviembre de 2013 nació Sealeer, la primera cooperativa integrada por prostitutas, fundada por once mujeres que ejercen su trabajo en Ibiza. Gracias a ella, sus integrantes pagan sus impuestos y, en consecuencia, cotizan a la Seguridad Social. Se inspiraron en trabajos de la juez de Lanzarote, Gloria Poyatos, que ya había demostrado que el proceso para legalizar la prostitución existe, habiendo conseguido darse a ella misma de alta como trabajadora sexual autónoma sin problemas. La juez explica su posicionamiento a favor del regulacionismo con un símil: "se encuentran a cien chinos encerrados en una casa forzados a trabajar doce horas al día y a dormir hacinados y no por eso se prohíbe en general el trabajo”. Poyatos cree que la explotación se debe sobre todo a la dependencia económica, “si están dadas de alta podrán acceder a sus propias prestaciones. La fórmula cooperativa busca unir los esfuerzos de un grupo de trabajadoras sexuales para autogestionarse y poner sus propias condiciones a los clientes", asegura. “Las prostitutas tienen que declararse autónomas para que el dinero que mueve esta profesión deje de formar parte de la economía sumergida”, concluye.
Otros colectivos de otras comunidades autónomas han empezado a imitar el modelo de Sealeer. Como se ha dicho, recientemente ha surgido el primer lobby de España para reivindicar los derechos de las prostitutas. El lobby, que no tiene un nombre específico, se encargará de las propuestas políticas relacionadas con la prostitución de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular, una organización política de la izquierda separatista catalana) y trabajará con Barcelona en Comú, la agrupación de partidos encabezada por Ada Colau que se presentará a las próximas elecciones municipales de Barcelona. Son también prorregulacionistas, y esperan que se reconozca la prostitución “como lo que es, un empleo al que debe asociarse unos derechos”. En consecuencia, una de sus reivindicaciones inmediatas es la derogación de las ordenanzas municipales y las multas a usuarios y trabajadoras.
¿Abolición o regulación?
Frente a la realidad de la prostitución existen básicamente dos grandes tendencias: la pro abolicionista y la pro reguladora, además de otras posturas intermedias.
Los partidarios de la abolición total de la prostitución la consideran una manifestación extrema de violencia de género y de desigualdad. Creen que la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual son dos caras de un mismo fenómeno y consideran, como hace el Lobby Europeo de Mujeres, que la demanda masculina de mujeres y, en forma creciente de niñas, está en el origen de la trata. Por ello, abogan por penalizar a los demandantes de prostitución. En su vocabulario privilegian expresiones como “mujer prostituida”, “prostituidor” o “proxeneta” (nótese que la voz pasiva hace recaer la responsabilidad en los demandantes de prostitución y en aquellos que la controlan, no en las propias prostitutas). En España, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) supone un buen ejemplo de esta corriente. Otro exponente conocido es Lidia Falcón.
Por contra, los pro reguladores consideran que la prostitución es un trabajo lícito y que, como cualquier otro, debe regularse. Diferencian claramente entre prostitución y trata, como Paula Vip, de la Asociación de profesionales del sexo (Aprosex), que afirma que “todas las mujeres que ejercemos sexo de pago lo hacemos libre y voluntariamente porque, si no, no es prostitución, es esclavitud”. En consecuencia, no creen que los demandantes de sexo deban ser penalizados. En su vocabulario optan por términos más neutrales como “trabajadoras del sexo”, “clientes” o “empresarios”. Además de Aprosex, el Colectivo Hetaira se enmarca también en este modelo de actuación.
En lo que sí coinciden ambas perspectivas es en situar a las mujeres en el centro del debate, como hacen también otras corrientes que toman ideas de ambos modelos y defienden posiciones eclécticas o terceras vías. Es el caso de Beatriz Gimeno, autora del libro ‘La Prostitución’ (Ediciones Bellaterra, 2012), que afirma ser “abolicionista, en tanto que estoy convencida de que la prostitución es incompatible con la igualdad” pero matiza que su manera de acabar con la prostitución, “la manera siquiera de pensarla, la manera de relacionarnos con las mujeres que se dedican a ella, no coincide siempre con lo que se considera una posición abolicionista”, mostrándose más partidaria a corto plazo por un cierto regulacionismo.
Sobre estas posiciones ideológicas de base se alzan los distintos modelos legislativos que controlan el ejercicio de la prostitución en los diferentes países. Son, básicamente, cuatro: los modelos regulador, abolicionista, prohibicionista y mixto.
Modelo regulador o legalista: Holanda
Holanda legalizó la prostitución en 1996 y derogó la prohibición impuesta a la existencia de burdeles en el año 2000. Desde entonces, son los ayuntamientos los que regulan todo lo relacionado con el ejercicio de la prostitución (instalaciones, seguridad, higiene y condiciones laborales de las trabajadoras). Siguiendo la postura de los pro-regulacionistas, continúan siendo punibles la prostitución forzada, la trata y cualquier otra forma de explotación sexual. Recientemente se ha fijado el mínimo de edad para poder ejercer en 21 años.
Como si de cualquier otra profesión se tratara, las trabajadoras sexuales tienen derecho a percibir prestación por desempleo y pueden ejercer como asalariadas o autónomas.
Modelo Abolicionista: Suecia
Desde el polo opuesto a la perspectiva del modelo holandés, Suecia aprobó en 1999 la Ley de prohibición de compra de servicios sexuales como parte de un decreto en contra de la violencia contra las mujeres, atacando directamente a la demanda. En 2004 incluyen como delitos la compra de servicios sexuales tanto para uno mismo como para un tercero (la contratación de una prostituta para la fiesta de un amigo, por ejemplo).
Se castiga con penas de cárcel (conmutable por el pago de multas) todo tipo de servicio sexual, incluido el acompañamiento, la tentativa de compra y todo tipo de proxenetismo. Según sus evaluaciones, el número de prostitutas descendió de 2500 a 1500 así como las víctimas de trata (21 casos en 2012). Paralelamente, la prostitución ha aumentado en los países limítrofes.
Modelo Prohibicionista: Reino Unido e Irlanda
El modelo prohibicionista no considera la prostitución como una infracción, pero sí todas sus manifestaciones visibles (captación, publicidad, gestión de establecimientos, explotación de beneficios, contratos…). De alguna manera, este modelo pretende invisibilizar la prostitución, relegándola a la esfera de lo privado.
En el Reino Unido la prostitución es legal, pero todo tipo de proxenetismo se sanciona con penas de prisión y se penaliza a prostitutas y clientes que tengan relaciones en vehículos y en la vía pública. También se ha prohibido la publicidad en lugares públicos (por ejemplo, los tradicionales anuncios en las cabinas telefónicas).
En Irlanda la visión que impera es la de que la prostitución atenta contra el orden público. Por ello, se castiga a prostitutas, clientes y proxenetas indistintamente como infractores. No obstante, la ley tampoco sanciona el intercambio en privado.
Modelos Mixtos: Francia, Bélgica e Italia
Los modelos mixtos toman elementos de los anteriores, puliendo en ocasiones ciertos excesos de los modelos puros y, en otras, dando testimonio de la incoherencia y falta de coordinación de las políticas de muchos países ante la compleja realidad de la prostitución.
Un ejemplo de incertidumbre es Francia. Tanto Nicolás Sarkozy como François Hollande trataron de penalizar a los clientes, sin conseguirlo. A finales de 2013 se aprobó, no sin polémica, una propuesta de ley por la lucha contra el sistema prostitucional, que pretendía abolir la prostitución. Abogaba entre otras cosas por perseguir al cliente, despenalizar a la prostituta y ofrecer permisos de residencia temporales a todas las trabajadoras extranjeras comprometidas con dedicarse a otra actividad. En contra de la penalización a los clientes se movilizaron el Sindicato de Trabajo Sexual y varios usuarios famosos que llegaron a firmar un manifiesto. El Senado ha rechazado recientemente esta propuesta de ley y ha eliminado estas multas. Además, Francia ha vivido recientemente varios escándalos relacionados con la prostitución, como han sido los de los futbolistas Ribéry y Benzema, acusados de pagar por mantener relaciones sexuales con una mujer entonces menor, y el del político y ex director del FMI Dominique Strauss-Khan, acusado de proxenetismo.
En Bélgica, con un modelo mixto que se escora hacia el regulacionismo, se permite la prostitución en clubes y escaparates pero el proxenetismo y la trata están sancionados, al igual que la explotación sexual.
Italia ha sido históricamente un país tolerante. La Ley Merlin (que lleva el nombre de la senadora socialista que la impulsó en 1958) prohibió los burdeles y sancionó el proxenetismo y la captación de clientes en la vía pública. No obstante, no penalizó la compra de servicios sexuales. En los últimos años destaca el escándalo Berlusconi, acusado en 2011 de mantener relaciones sexuales con prostitutas en las que denominaba fiestas “bunga bunga”, entre ellas menores. Llegó a estar condenado a siete años de cárcel e inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos, pero recientemente ha sido absuelto. El actual gobierno de Matteo Renzi se ha mostrado partidario de la legalización.
El caso de España
La prostitución en España se enmarca también dentro de un modelo mixto, con todas las contradicciones e indefiniciones jurídicas que ello supone. Mientras esté libre de coacción, la práctica de la prostitución se mueve en una situación de alegalidad. Tampoco hay claridad en la lucha contra la trata. Las organizaciones Red Española Contra la Trata de Personas y Proyecto Esperanza Adoratrices llevan tiempo pidiendo una ley integral porque las políticas públicas de lucha contra la trata muchas veces chocan con lo que dice la ley de extranjería. Volvieron hacer la petición con motivo del Día internacional de lucha contra la trata el 18 de Octubre de 2015.
Antes de 1995, todo tipo de proxenetismo (coactivo o no) era delito. Tras la reforma del Código Penal se suprime el proxenetismo no coactivo como delito. Al pasar a ser legal la intervención lucrativa en prostitución, crecieron los prostíbulos y aumentó su visibilidad en los medios de comunicación. Pero en 2003 se aprobó una reforma mediante la que se reintrodujo como delito la conducta de quien “se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. No obstante, se generaba una situación de inseguridad, ya que la palabra “explotación” no dejaba claro si esto ocurre en todo caso o sólo en los que el proxeneta abusa de su posición.
El Gobierno del Partido Popular presentó a finales de 2013 un controvertido proyecto de modificación del código penal, aprobado por el Senado a comienzos del mes de marzo de 2015, en el que sólo se consideraba punible el proxenetismo cuando la persona prostituida se encuentre en “una situación de vulnerabilidad personal o económica” que la deje sin alternativas, o cuando las condiciones sean “gravosas, desproporcionadas o abusivas”. Serán los jueces los que valoren cuándo se incurre en dichas circunstancias.
Dentro del confuso marco de la legislación nacional, son realmente las ordenanzas municipales las que regulan la prostitución en España. Y en general han optado por un prohibicionismo que en ocasiones se encamina hacia el abolicionismo, pero sigue permitiendo actividades en privado.
Las políticas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla se han orientado primordialmente a acabar con la prostitución callejera. En esta línea se enmarcó el Plan contra la esclavitud sexual del Ayuntamiento de Madrid de abril de 2004 –como es patente por su título, identificaban prostitución y trata, cosa que siguen haciendo en sus últimas campañas–. Sus políticas han sido fundamentalmente represivas: las fuerzas de seguridad han perseguido a las prostitutas callejeras y de pequeños clubes demandando papeles. Igualmente, han requerido los datos de los clientes y los han situado en el punto de mira bajo lemas como “Porque tú pagas existe la prostitución. No colabores en la explotación sexual de seres humanos” (que insiste en identificar prostitución y explotación). Se llegaron a colocar cámaras de vigilancia y a amenazar con la publicación de las imágenes de prostitutas y clientes (algo que finalmente no se hizo, entre otras razones por ser inconstitucional). El plan también contaba con medidas de reinserción y medidas de extradición para las prostitutas (que algunos consideraron insuficientes y equivocadas). Recientemente, Ana Botella, ha impulsado a comienzos de 2014 un segundo plan para acabar con la prostitución con multas de hasta 750 euros para clientes y prostitutas.
En Barcelona la legislación ha sido similar, con la entrada en vigor en enero de 2006 de la Ordenanza Municipal para garantizar la convivencia y el civismo, que añadía a las políticas puestas en marcha en Madrid multas de hasta 3.000 euros (generalmente, de 375 euros para las prostitutas y de 275 para los clientes, reducibles a la mitad si se pagaban en menos de ocho días). Se daba el absurdo de que algunas mujeres tuvieran que trabajar más para poder pagar las multas con las que habían sido sancionadas reiteradamente (algunas mujeres superaban las 40 sanciones). Hace un año modificaron dos artículos de la ordenanza, endureciéndola con la total prohibición de que “se ofrezca, solicite, negocie o acepte cualquier servicio sexual retribuido en el espacio público”.
En Sevilla se aprobó el 26 de noviembre de 2009 el Plan de Acción Integral contra la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual 2010-2015, que también multaba a prostitutas y clientes con multas entre 300 y 750 euros. A un tiempo, prometían ofrecer ayuda a las prostitutas que quisieran reinsertarse.
Desde asociaciones como Hetaira han criticado que “las consecuencias prácticas de estos planes son las mismas: persecución y acoso de las trabajadoras del sexo, empeoramiento de las condiciones de trabajo de estas mujeres, condiciones que ya eran bastante precarias, y creación de un clima de inseguridad que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y la posibilidad de agresiones”. Aseguran que ante la represión reaparece la figura del chulo-protector, una figura que, dicen, parecía estar casi extinta. Además, critican que la represión callejera favorece a los dueños de los burdeles, que imponen sus reglas y se llevan un porcentaje de las ganancias de las trabajadoras.
Afortunadamente, como se ha mencionado al comienzo, son muchas las asociaciones, lobbys y cooperativas que demuestran que el marco legislativo actual permite a las trabajadoras obtener ciertos derechos como, por ejemplo, darse de alta como autónomas, cotizar a la seguridad social o decidir en qué condiciones quieren ejercer su oficio.
Cuestiones en torno a la prostitución
Además de resolver el problema de los vacíos legales y clarificar cuáles son las herramientas más adecuadas para luchar contra la trata, cabe hacerse múltiples preguntas en torno a si queremos o no queremos una sociedad con prostitución. ¿Contribuiría una adecuada educación sexual a mejorar la situación actual? ¿Qué clase de modelos de relaciones de género queremos mostrar en nuestras representaciones mediáticas (sean publicitarias, literarias, pornográficas, etc.) para potenciar que las relaciones sean más igualitarias, más justas, menos violentas y en ellas tengan cabida todo tipo de deseos sin menosprecio o degradación de ningún sujeto? ¿Cuándo debe considerar un juez que las condiciones en que una persona se prostituye son, como indica la nueva ley, “gravosas, desproporcionadas o abusivas”?
Según de qué marco de referencia partamos, nos posicionaremos de una manera o de otra. Tras la revolución contraceptiva y sexual de los años 50 y 60 del pasado siglo y la progresiva laicización del pensamiento de nuestras sociedades post-ilustradas, van quedando atrás ciertos estereotipos tradicionales que inmediatamente asociaban cualquier práctica sexual no destinada a la procreación con lo sórdido, lo depravado o lo desviado. ¿Puede la prostitución ser hoy algo diferente de lo que ha sido históricamente? ¿Qué modelos de política pública son compatibles con la pluralidad de valores, necesidades sexuales, afectos y posiciones ideológicas existentes? ¿Cómo articulamos un espacio de debate en el que se escuche a las mujeres, a las trabajadoras sexuales, a las supervivientes de la trata, a todas esas personas que viven consideradas como otros, enmarcados en la prostitución, la inmigración, la transexualidad, la explotación, la pobreza?
Parece conveniente que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la reciente reforma del Código Penal, los futuros cambios sean introducidos tras un debate plural y democrático, contando con la participación de todos los partidos políticos, la ciudadanía y teniendo en cuenta las voces de todos los actores implicados. Una amplia controversia informada parece también necesaria para elaborar las complejas cuestiones que este asunto implica y que hoy suscitan más dudas que respuestas.
Vanesa Saiz Echezarreta participó como experta en la investigación realizada por Red2red, “Estudio del tratamiento publicitario e informativo de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual en los medios de comunicación”, para el Ayuntamiento de Madrid, de la que derivan algunas conclusiones de este análisis.
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