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| Imagen: El Diario |
Sigue sin cumplirse en la Región la Ley de Igualdad LGTBI aprobada hace dos años por la Asamblea Regional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. "Desgraciadamente cada vez hay más gente con problemas de fertilidad y se produce una discriminación económica si no te puedes pagar el tratamiento".
Elisa Reche | El Diario, 2018-06-09
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/Murcia-comunidad-lesbianas-reproduccion-asistida_0_780422321.html
A pesar de que hace dos años se aprobara en Murcia la Ley de Igualdad LGTBI que garantiza, entre otras cosas, la "no discriminación" en el acceso a las técnicas de reproducción asistida "a todas las personas con capacidad gestante", el nuevo concurso de cuatro años del Servicio Murciano de Salud (SMS) solo derivará para el tratamiento de reproducción asistida a las parejas heterosexuales con problemas de fertilidad.
El SMS aumentará este año hasta 1,8 millones de euros la partida para estas técnicas y pasará de 857 ciclos el año pasado a 1.300 ciclos en 2018, pero como establecen los pliegos del concurso se quedarán fuera las mujeres lesbianas y solas. Actualmente hay 30 meses de lista de espera para conseguir el tratamiento.
La Administración regional asegura que el Servicio Murciano de Salud "va a cumplir la Ley, pero que debe hacerlo con todas las garantías". El SMS aduce que no quiere desarrollar "este nuevo servicio" hasta que no entre en funcionamiento el laboratorio de fecundación in vitro del Hospital Virgen de la Arrixaca que contará con un banco de gametos, al tiempo que exige que esté en marcha el registro nacional de donantes.
En España la regulación estatal sobre reproducción asistida se basa en la Ley 14/2006 y permite el acceso a estas técnicas a todas las mujeres con independencia de su estado civil y orientación sexual, así como la filiación de los menores, siempre que estén casadas.
Pero una orden ministerial de 2012, impulsada por la exministra de Sanidad Ana Mato (PP), incluyó la exigencia de acreditar motivos médicos para acceder a estos tratamientos. El decreto exige la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico", o la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".
No obstante, las comunidades autónomas tienen potestad para ampliar estar cartera de servicios con cargo a sus propios presupuestos. En España todas las comunidades han ampliado esta posibilidad, excepto Murcia. "Es necesario un decreto estatal que establezca la igualdad para todas las mujeres. No debería depender de en qué comunidad resido para acceder a estas técnicas en la seguridad social", dice Cristina Pérez, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.
"Además de que el decreto de 2012 atenta contra mi dignidad cuando exige `relaciones sexuales con coito vaginal´como condición para acceder a las técnicas de reproducción asistida", añade Pérez.
Veto a las mujeres de clase baja
El nuevo concurso de la sanidad murciana también ha establecido que dichos tratamientos se deriven tan sólo al Hospital La Vega frente a las cinco clínicas a las que enviaba hasta la fecha. "La bajada de precio ha sido a la mitad y no podemos bajar tanto los estándares de calidad porque a la larga sería un problema", señala Ana Magaña, directora de la clínica Tahe Fertilidad, una de las que ha quedado fuera de concurso.
"Tener un banco de semen es bastante fácil y barato, no entiendo que no exista. Creo que se trata de una cuestión más política que técnica. En la Seguridad Social nadie debería preguntarte por tu orientación sexual", dice Magaña. "Desgraciadamente cada vez hay más gente con problemas de fertilidad y se produce una discriminación económica si no te puedes pagar el tratamiento. Podría haber otras soluciones, como el copago", añade.
"En la Región lo que está aprobado por ley tenemos que volver a exigirlo para que se aplique de verdad y no se nos excluya, como ha pasado recientemente con el tema del Registro Civil. Parece ser que para nosotras ser madre es un capricho. Todo el mundo tiene derecho a tener una familia", dice Adelaida Campillo, presidenta de Asfagalem (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).
"De esta forma lo que estás haciendo es vetar a las mujeres de clase media baja. En nuestra asociación la mayoría de los integrantes tienen una estabilidad económica o cierto poder adquisitivo porque hay parejas que se han gastado hasta 20 y 30.000 euros en fecundaciones in vitro", añade Campillo. De hecho, ya existen trece clínicas de reproducción asistida en la Región.
El SMS aumentará este año hasta 1,8 millones de euros la partida para estas técnicas y pasará de 857 ciclos el año pasado a 1.300 ciclos en 2018, pero como establecen los pliegos del concurso se quedarán fuera las mujeres lesbianas y solas. Actualmente hay 30 meses de lista de espera para conseguir el tratamiento.
La Administración regional asegura que el Servicio Murciano de Salud "va a cumplir la Ley, pero que debe hacerlo con todas las garantías". El SMS aduce que no quiere desarrollar "este nuevo servicio" hasta que no entre en funcionamiento el laboratorio de fecundación in vitro del Hospital Virgen de la Arrixaca que contará con un banco de gametos, al tiempo que exige que esté en marcha el registro nacional de donantes.
En España la regulación estatal sobre reproducción asistida se basa en la Ley 14/2006 y permite el acceso a estas técnicas a todas las mujeres con independencia de su estado civil y orientación sexual, así como la filiación de los menores, siempre que estén casadas.
Pero una orden ministerial de 2012, impulsada por la exministra de Sanidad Ana Mato (PP), incluyó la exigencia de acreditar motivos médicos para acceder a estos tratamientos. El decreto exige la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatada tras el correspondiente protocolo diagnóstico", o la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos".
No obstante, las comunidades autónomas tienen potestad para ampliar estar cartera de servicios con cargo a sus propios presupuestos. En España todas las comunidades han ampliado esta posibilidad, excepto Murcia. "Es necesario un decreto estatal que establezca la igualdad para todas las mujeres. No debería depender de en qué comunidad resido para acceder a estas técnicas en la seguridad social", dice Cristina Pérez, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.
"Además de que el decreto de 2012 atenta contra mi dignidad cuando exige `relaciones sexuales con coito vaginal´como condición para acceder a las técnicas de reproducción asistida", añade Pérez.
Veto a las mujeres de clase baja
El nuevo concurso de la sanidad murciana también ha establecido que dichos tratamientos se deriven tan sólo al Hospital La Vega frente a las cinco clínicas a las que enviaba hasta la fecha. "La bajada de precio ha sido a la mitad y no podemos bajar tanto los estándares de calidad porque a la larga sería un problema", señala Ana Magaña, directora de la clínica Tahe Fertilidad, una de las que ha quedado fuera de concurso.
"Tener un banco de semen es bastante fácil y barato, no entiendo que no exista. Creo que se trata de una cuestión más política que técnica. En la Seguridad Social nadie debería preguntarte por tu orientación sexual", dice Magaña. "Desgraciadamente cada vez hay más gente con problemas de fertilidad y se produce una discriminación económica si no te puedes pagar el tratamiento. Podría haber otras soluciones, como el copago", añade.
"En la Región lo que está aprobado por ley tenemos que volver a exigirlo para que se aplique de verdad y no se nos excluya, como ha pasado recientemente con el tema del Registro Civil. Parece ser que para nosotras ser madre es un capricho. Todo el mundo tiene derecho a tener una familia", dice Adelaida Campillo, presidenta de Asfagalem (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).
"De esta forma lo que estás haciendo es vetar a las mujeres de clase media baja. En nuestra asociación la mayoría de los integrantes tienen una estabilidad económica o cierto poder adquisitivo porque hay parejas que se han gastado hasta 20 y 30.000 euros en fecundaciones in vitro", añade Campillo. De hecho, ya existen trece clínicas de reproducción asistida en la Región.
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