Un informe registra más de 2.000 hechos violentos contra esta población durante medio siglo de guerra.
Sally Palomino | El País, 2017-08-16
https://elpais.com/internacional/2017/08/16/colombia/1502852923_958926.html
Darla Cristina González vivió el conflicto colombiano por dentro y por fuera de la guerrilla. Cuando tenía 13 años fue reclutada por las FARC. Siempre estuvo en riesgo de ir a un consejo de guerra y morir fusilada. Es transexual y se voló del grupo guerrillero por miedo. Ahora tiene 32 años y es la coordinadora de la mesa de víctimas en Nariño (Sur), desde donde reclama un trato diferencial para la población LGBTI que sufrió la guerra que por más de 50 años desangró al país.
“En esto todos tienen responsabilidad. Por el lado de la guerrilla se debería empezar, al menos, porque el secretariado de las FARC permita de su gente salga del closet. Con la entrega de armas los milicianos empiezan un nuevo camino, pero siguen estando bajo una estructura de obediencia de mando, en donde está prohibido ser gay, lesbiana o transexual”, dice Darla Cristina González, una de las más de 1.800 personas que aparecen en el registro de víctimas bajo la categoría LGBTI en más de 2.000 hechos violentos contabilizados durante el enfrentamiento entre la insurgencia y el Estado. La necesidad de que exista un trato diferencial para esta población en la implementación del acuerdo de paz ha sido retratada por la ONG Colombia Diversa en el informe 'Vivir bajo sospecha', que se presenta este miércoles en Bogotá.
En los casos que relata el documento se evidencia que el detonante para ser objeto de la violencia en medio del conflicto era simplemente ser o parecer diferente. Los hechos más denunciados son el desplazamiento forzado (73,3%), las intimidación (14,2%), los homicidios (5,3) y la violencia sexual (2,4%). Los victimarios fueron todos. Los golpes venían de la izquierda y la derecha. Las historias hablan de las FARC, los paramilitares, los agentes estatales.
En 2003, en Sucre, en el norte del país, alias El oso, uno de los líderes del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar de derecha extrema) obligó a varios hombres gais a participar en peleas de boxeo en honor de su comandante. Fue en la plaza pública, delante de todo el pueblo “Este evento constituye un hecho de violencia por prejuicio que se demuestra por un trato discriminatorio donde las personas LGBT estuvieron forzadas al ridículo, la burla en su dignidad y la humillación pública”, señala el informe que pretende llamar la atención sobre la falta de reconocimiento de estas víctimas.
En el año 2000, un líder del frente 27 de la FARC obligó a Verónica (activista transexual) a revelar los nombres de todos los hombres gais y transexuales que conociera. Era una lista negra en donde debía señalar además con quienes había tenido relaciones sexuales. La orden fue seguida por la advertencia de abandonar el pueblo, en el Meta (en pleno centro del país). Verónica y su familia fueron desplazados.
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, habla de las preocupaciones que persisten. “Para muchos no es claro que la discriminación es una violación a los derechos humanos y se ha naturalizado ese tipo de comportamientos”. Dice que el Estado no ha hecho el esfuerzo suficiente para que la condición de pertenecer a la comunidad LGBTI sea tomada como una clara motivación de homicidios y amenazas. Estos delitos -asegura- deben estar sujetos a otros criterios que no sean los mismos que se aplican a la población en general.
Se denuncia poco y hay un subregistro que está motivado justamente por esa falta de claridad que señala Sánchez, quien reitera las recomendaciones que según la organización que lidera debería tener en cuenta la jurisdicción especial para la paz. Menciona la reparación integral como clave para transformar las condiciones del contexto que permitieron que ocurrieran los hechos violentos y la implementación de medidas para la memoria como forma de garantía de no repetición, que visibilice la violencia por prejuicio hacia esta población.
“Necesitamos una política pública en ese sentido. Llevamos seis años trabajando en su construcción, pero no ha habido voluntad para sacarla adelante. Hay una polarización en el país que utiliza este debate como bandera, los intereses electorales parecen estar por encima de nosotros”, reclama Darla Cristina González, que recuerda que tras los cambios que se le hicieron al acuerdo de paz después de ganar el no en el plebiscito, los LGBTI fueron borrados de varios puntos. "Lo que se acordó quedó sobre todo en términos de hombres y mujeres. Nos quitaron mucho de lo que habíamos logrado", lamenta. Prácticamente quedaron solamente en el punto 5, el de las víctimas.
Reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en las zonas de conflicto armado sigue siendo para las personas que sienten diferente una sentencia de muerte, persecución o desplazamiento. Colombia Diversa recuerda que los grupos al margen de la ley arrasaron con poblaciones enteras y por la fuerza impusieron la heterosexualidad como la única forma de orientación sexual posible. “Como consecuencia de esa doctrina todavía muchas personas estar siendo rechazados", dice la exguerrillera que ahora lidera la política publica de diversidad de género en Nariño, en donde se mueve rodeada de escoltas. El país no le ha podido garantizar vivir como quiere. “El acuerdo con las FARC es una oportunidad para demostrar la responsabilidad de la sociedad. La discriminación no puede seguir estando en el juego político”.
“En esto todos tienen responsabilidad. Por el lado de la guerrilla se debería empezar, al menos, porque el secretariado de las FARC permita de su gente salga del closet. Con la entrega de armas los milicianos empiezan un nuevo camino, pero siguen estando bajo una estructura de obediencia de mando, en donde está prohibido ser gay, lesbiana o transexual”, dice Darla Cristina González, una de las más de 1.800 personas que aparecen en el registro de víctimas bajo la categoría LGBTI en más de 2.000 hechos violentos contabilizados durante el enfrentamiento entre la insurgencia y el Estado. La necesidad de que exista un trato diferencial para esta población en la implementación del acuerdo de paz ha sido retratada por la ONG Colombia Diversa en el informe 'Vivir bajo sospecha', que se presenta este miércoles en Bogotá.
En los casos que relata el documento se evidencia que el detonante para ser objeto de la violencia en medio del conflicto era simplemente ser o parecer diferente. Los hechos más denunciados son el desplazamiento forzado (73,3%), las intimidación (14,2%), los homicidios (5,3) y la violencia sexual (2,4%). Los victimarios fueron todos. Los golpes venían de la izquierda y la derecha. Las historias hablan de las FARC, los paramilitares, los agentes estatales.
En 2003, en Sucre, en el norte del país, alias El oso, uno de los líderes del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar de derecha extrema) obligó a varios hombres gais a participar en peleas de boxeo en honor de su comandante. Fue en la plaza pública, delante de todo el pueblo “Este evento constituye un hecho de violencia por prejuicio que se demuestra por un trato discriminatorio donde las personas LGBT estuvieron forzadas al ridículo, la burla en su dignidad y la humillación pública”, señala el informe que pretende llamar la atención sobre la falta de reconocimiento de estas víctimas.
En el año 2000, un líder del frente 27 de la FARC obligó a Verónica (activista transexual) a revelar los nombres de todos los hombres gais y transexuales que conociera. Era una lista negra en donde debía señalar además con quienes había tenido relaciones sexuales. La orden fue seguida por la advertencia de abandonar el pueblo, en el Meta (en pleno centro del país). Verónica y su familia fueron desplazados.
Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, habla de las preocupaciones que persisten. “Para muchos no es claro que la discriminación es una violación a los derechos humanos y se ha naturalizado ese tipo de comportamientos”. Dice que el Estado no ha hecho el esfuerzo suficiente para que la condición de pertenecer a la comunidad LGBTI sea tomada como una clara motivación de homicidios y amenazas. Estos delitos -asegura- deben estar sujetos a otros criterios que no sean los mismos que se aplican a la población en general.
Se denuncia poco y hay un subregistro que está motivado justamente por esa falta de claridad que señala Sánchez, quien reitera las recomendaciones que según la organización que lidera debería tener en cuenta la jurisdicción especial para la paz. Menciona la reparación integral como clave para transformar las condiciones del contexto que permitieron que ocurrieran los hechos violentos y la implementación de medidas para la memoria como forma de garantía de no repetición, que visibilice la violencia por prejuicio hacia esta población.
“Necesitamos una política pública en ese sentido. Llevamos seis años trabajando en su construcción, pero no ha habido voluntad para sacarla adelante. Hay una polarización en el país que utiliza este debate como bandera, los intereses electorales parecen estar por encima de nosotros”, reclama Darla Cristina González, que recuerda que tras los cambios que se le hicieron al acuerdo de paz después de ganar el no en el plebiscito, los LGBTI fueron borrados de varios puntos. "Lo que se acordó quedó sobre todo en términos de hombres y mujeres. Nos quitaron mucho de lo que habíamos logrado", lamenta. Prácticamente quedaron solamente en el punto 5, el de las víctimas.
Reconocer públicamente la orientación sexual y la identidad de género en las zonas de conflicto armado sigue siendo para las personas que sienten diferente una sentencia de muerte, persecución o desplazamiento. Colombia Diversa recuerda que los grupos al margen de la ley arrasaron con poblaciones enteras y por la fuerza impusieron la heterosexualidad como la única forma de orientación sexual posible. “Como consecuencia de esa doctrina todavía muchas personas estar siendo rechazados", dice la exguerrillera que ahora lidera la política publica de diversidad de género en Nariño, en donde se mueve rodeada de escoltas. El país no le ha podido garantizar vivir como quiere. “El acuerdo con las FARC es una oportunidad para demostrar la responsabilidad de la sociedad. La discriminación no puede seguir estando en el juego político”.
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