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| Imagen: El País |
Los guardianes de los bosques han demostrado ser los mejores cuidadores del planeta, pero se enfrentan a amenazas como la expulsión de sus tierras, la deforestación, las infraestructuras... Ya tienen su Goliat.
Lola Hierro | El País, 2017-10-04
https://elpais.com/elpais/2017/10/03/planeta_futuro/1507019330_822476.html
Dicen que son los más expertos, que saben mejor que nadie cómo preservar las tierras, las especies, y también que sus maneras ayudan a combatir el cambio climático. Son indígenas, los descendientes vivos de las comunidades que existieron antes de las colonizaciones: 370 millones de personas en 90 países, un 5% de la población mundial y toda una legión para preservar los bosques, los mismos que el ser humano está destruyendo a un ritmo equivalente a 50 campos de fútbol por minuto. Pero, a la hora de la verdad, los datos revelan que estas minorías están —que siguen estando— muy desprotegidas ante problemas que ponen en riesgo sus culturas, sus tradiciones y su misma supervivencia. En los últimos 16 años se han registrado al menos 288 conflictos relacionados con la propiedad de la tierra con Gobiernos y/o grandes empresas, y el 61% de ellos sigue sin resolverse. Estos son los datos principales de un informe presentado este martes en Estocolmo durante la conferencia ‘Derechos sobre la Tierra: un requisito para combatir el cambio climático y avanzar en la paz y la igualdad de género’. Se trata de un evento internacional organizado por la Agencia de Cooperación y Desarrollo de Suecia (SIDA) y la Iniciativa de Derechos y Recursos (Rights and Resources Initiative, RRI por sus siglas en inglés).
Los conflictos terminan —y en muchos casos también empiezan— con violencia y muertes, señala el estudio presentado este martes, cuyos autores son la consultora medioambiental TMP Systems y RRI. De hecho, de los 200 activistas medioambientales que fueron asesinados en 2016, casi la mitad eran líderes indígenas según la ONG Global Witness. Las causas de estos problemas pasan por la presión que Gobiernos o empresas, o los dos a la vez, ejercen a estas comunidades nativas para que se vayan de las tierras que llevan siglos habitando. La intención: ocuparla y destinarla a la agroindustria (soja, palma... ), a la construcción de grandes infraestructuras como presas y centrales hidroeléctricas, o a la tala ilegal y la minería, como causas más frecuentes. La investigación presentada señala el creciente consenso mundial en que asegurar los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y locales para evitar asesinatos y violencia contra ellas. Esto también es bueno para las empresas pues, tal y como han recordado los autores del informe, en una investigación anterior se puso de relieve que las disputas por el territorio pueden aumentar los costes operativos hasta 29 veces e incluso provocar el abandono definitivo del proyecto.
Urge reducir, si no acabar, con los conflictos que amenazan la vida indígena y la conservación de los espacios verdes del planeta. Con esa misión de salvaguarda se ha presentado también este martes en Estocolmo el Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques (The International Land and Forest Tenure Facility). Se trata de la primera institución mundial dedicada a aligerar los procedimientos para que las comunidades indígenas consigan la titularidad de sus tierras y bosques. Proveerán de financiación y asistencia técnica a estas minorías y contribuirá a romper las trabas burocráticas, políticas y económicas que les suelen bloquear el paso a la hora de reclamar sus derechos porque, aunque ya existen leyes y políticas, estas a menudo no se implementan por falta de capacidad, recursos o voluntad de las autoridades.
El Fondo está financiado por varios actores, entre ellos los Gobiernos de Suecia (nueve millones de euros por ahora) Noruega (que ha comprometido 17 millones de euros) y la Fundación Ford (otros 4,2 millones de euros). "Debemos dar soluciones globales a problemas globales", ha opinado Ulrika Modeer, secretaria de Estado del Ministerio sueco de Cooperación, quien se ha mostrado muy satisfecha con el compromiso de su Gobierno. No en vano, Suecia pretende acabar con sus emisiones de dióxido de carbono en 2045.
El Acuerdo de París, firmado en 2015 por 195 países, fijó una meta obligatoria: impedir que la temperatura media de la Tierra superase los dos grados por encima de los niveles preindustriales. Una aliada indispensable para lograr este propósito es la vegetación tropical porque absorbe CO2, el principal gas de efecto invernadero, que emite la combustión de fuentes de energías fósiles: fábricas, vehículos... Son la tecnología más barata y segura para capturar y almacenar el carbono. Si estas áreas verdes son destruidas, no solo se reduce la superficie que puede mitigar estos efectos, sino que se aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera.
Por lo menos una cuarta parte —o 54.546 gigatoneladas— del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo se encuentra en territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales, un 70% más que la cantidad de dióxido de carbono emitida en 2015. Y mientras, diversos estudios han demostrado los beneficios que conlleva asegurar los derechos de los indígenas sobre sus tierras reduce la deforestación y favorece la biodiversidad. Uno de los últimos, del Instituto Mundial sobre Recursos —un centro de estudios estadounidense— señaló en 2016 que en los bosques que manejan estas comunidades nativas la deforestación es de dos a tres veces menor. Es decir, el mejor plan es dejarles gestionar sus tierras libremente y sin injerencias. Sin embargo, estas comunidades solo poseen títulos de propiedad de un 10% de los territorios que ocupan. "Sabemos que el cambio climático y los derechos de propiedad de la tierra están íntimamente ligados; y que los indígenas son los mejores guardianes de los bosques", ha resaltado Darrell Warren, presidente de la Fundación Ford.
Casos de éxito
El Fondo de Tenencia no empieza de cero en su labor de apoyar las demandas territoriales indígenas. Desde 2014 ha desarrollado seis proyectos piloto en Panamá, Liberia, Camerún, Mali, Perú e Indonesia. Con ayuda de agencias gubernamentales y de tecnología de vanguardia, se han mapeado 1,78 millones de hectáreas que posteriormente han sido registradas y entregadas a sus legítimos propietarios. Andy White, coordinador de IRR, ha resaltado que en los últimos años las áreas más remotas y se han olvidado un poco. "Tenemos que aplicarnos más el lema 'Nadie dejado atrás", ha recalcado, en referencia al eslogan estrella de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se pretenden alcanzar en 2030. "Este proyecto ha demostrado que los gobiernos y las comunidades pueden trabajar colectivamente".
Los donantes planean invertir al menos 10 millones de dólares al año durante sus primeros 10 años, una cantidad con la que se podrían asegurar más de 40 millones de hectáreas de bosques, un área algo mayor que la superficie de la península ibérica. Esto evitaría también la deforestación de al menos otro millón de hectáreas, la emisión de más de 500 millones de toneladas de CO2 (el equivalente a las emisiones anuales de Brasil, por ejemplo) y también la pobreza que conlleva la pérdida de tierras y los medios de subsistencia cuando una comunidad es expulsada.
En la conferencia de Estocolmo se han presentado los resultados de tres de los proyectos piloto: Mali, Indonesia y Perú. "Han hecho su trabajo muy bien, ahora se protegen mejor sus bosques, han ayudado a las comunidades a solucionar sus conflictos con terceros, han contribuido a empoderar a las mujeres y han solucionado problemas propios", ha resumido Nonette Royo, directora del nuevo Fondo. En Indonesia, la Alianza de Poblaciones Indígenas del Archipiélago (AMAN) lideró la redacción de las regulaciones necesarias para que 450 comunidades nativas obtuvieran el control efectivo de 1,5 millones de hectáreas. En Mali, Tenure Facility ayudó a la asociación nacional de organizaciones campesinas a organizar y formar a 17 comisiones para mediar entre las partes enfrentadas por un conflicto de tierras, algo que está proporcionando estabilidad a la región. En Perú, se ha ayudado a la Federación de Comunidades Nativas de la región de Madre de Dios (FENAMAD) a entregar la titularidad de 60.000 hectáreas a cinco comunidades formadas por 890 personas.
Los conflictos terminan —y en muchos casos también empiezan— con violencia y muertes, señala el estudio presentado este martes, cuyos autores son la consultora medioambiental TMP Systems y RRI. De hecho, de los 200 activistas medioambientales que fueron asesinados en 2016, casi la mitad eran líderes indígenas según la ONG Global Witness. Las causas de estos problemas pasan por la presión que Gobiernos o empresas, o los dos a la vez, ejercen a estas comunidades nativas para que se vayan de las tierras que llevan siglos habitando. La intención: ocuparla y destinarla a la agroindustria (soja, palma... ), a la construcción de grandes infraestructuras como presas y centrales hidroeléctricas, o a la tala ilegal y la minería, como causas más frecuentes. La investigación presentada señala el creciente consenso mundial en que asegurar los derechos a la tierra de las comunidades indígenas y locales para evitar asesinatos y violencia contra ellas. Esto también es bueno para las empresas pues, tal y como han recordado los autores del informe, en una investigación anterior se puso de relieve que las disputas por el territorio pueden aumentar los costes operativos hasta 29 veces e incluso provocar el abandono definitivo del proyecto.
Urge reducir, si no acabar, con los conflictos que amenazan la vida indígena y la conservación de los espacios verdes del planeta. Con esa misión de salvaguarda se ha presentado también este martes en Estocolmo el Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques (The International Land and Forest Tenure Facility). Se trata de la primera institución mundial dedicada a aligerar los procedimientos para que las comunidades indígenas consigan la titularidad de sus tierras y bosques. Proveerán de financiación y asistencia técnica a estas minorías y contribuirá a romper las trabas burocráticas, políticas y económicas que les suelen bloquear el paso a la hora de reclamar sus derechos porque, aunque ya existen leyes y políticas, estas a menudo no se implementan por falta de capacidad, recursos o voluntad de las autoridades.
El Fondo está financiado por varios actores, entre ellos los Gobiernos de Suecia (nueve millones de euros por ahora) Noruega (que ha comprometido 17 millones de euros) y la Fundación Ford (otros 4,2 millones de euros). "Debemos dar soluciones globales a problemas globales", ha opinado Ulrika Modeer, secretaria de Estado del Ministerio sueco de Cooperación, quien se ha mostrado muy satisfecha con el compromiso de su Gobierno. No en vano, Suecia pretende acabar con sus emisiones de dióxido de carbono en 2045.
El Acuerdo de París, firmado en 2015 por 195 países, fijó una meta obligatoria: impedir que la temperatura media de la Tierra superase los dos grados por encima de los niveles preindustriales. Una aliada indispensable para lograr este propósito es la vegetación tropical porque absorbe CO2, el principal gas de efecto invernadero, que emite la combustión de fuentes de energías fósiles: fábricas, vehículos... Son la tecnología más barata y segura para capturar y almacenar el carbono. Si estas áreas verdes son destruidas, no solo se reduce la superficie que puede mitigar estos efectos, sino que se aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera.
Por lo menos una cuarta parte —o 54.546 gigatoneladas— del carbono almacenado sobre el suelo en los bosques tropicales del mundo se encuentra en territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales, un 70% más que la cantidad de dióxido de carbono emitida en 2015. Y mientras, diversos estudios han demostrado los beneficios que conlleva asegurar los derechos de los indígenas sobre sus tierras reduce la deforestación y favorece la biodiversidad. Uno de los últimos, del Instituto Mundial sobre Recursos —un centro de estudios estadounidense— señaló en 2016 que en los bosques que manejan estas comunidades nativas la deforestación es de dos a tres veces menor. Es decir, el mejor plan es dejarles gestionar sus tierras libremente y sin injerencias. Sin embargo, estas comunidades solo poseen títulos de propiedad de un 10% de los territorios que ocupan. "Sabemos que el cambio climático y los derechos de propiedad de la tierra están íntimamente ligados; y que los indígenas son los mejores guardianes de los bosques", ha resaltado Darrell Warren, presidente de la Fundación Ford.
Casos de éxito
El Fondo de Tenencia no empieza de cero en su labor de apoyar las demandas territoriales indígenas. Desde 2014 ha desarrollado seis proyectos piloto en Panamá, Liberia, Camerún, Mali, Perú e Indonesia. Con ayuda de agencias gubernamentales y de tecnología de vanguardia, se han mapeado 1,78 millones de hectáreas que posteriormente han sido registradas y entregadas a sus legítimos propietarios. Andy White, coordinador de IRR, ha resaltado que en los últimos años las áreas más remotas y se han olvidado un poco. "Tenemos que aplicarnos más el lema 'Nadie dejado atrás", ha recalcado, en referencia al eslogan estrella de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se pretenden alcanzar en 2030. "Este proyecto ha demostrado que los gobiernos y las comunidades pueden trabajar colectivamente".
Los donantes planean invertir al menos 10 millones de dólares al año durante sus primeros 10 años, una cantidad con la que se podrían asegurar más de 40 millones de hectáreas de bosques, un área algo mayor que la superficie de la península ibérica. Esto evitaría también la deforestación de al menos otro millón de hectáreas, la emisión de más de 500 millones de toneladas de CO2 (el equivalente a las emisiones anuales de Brasil, por ejemplo) y también la pobreza que conlleva la pérdida de tierras y los medios de subsistencia cuando una comunidad es expulsada.
En la conferencia de Estocolmo se han presentado los resultados de tres de los proyectos piloto: Mali, Indonesia y Perú. "Han hecho su trabajo muy bien, ahora se protegen mejor sus bosques, han ayudado a las comunidades a solucionar sus conflictos con terceros, han contribuido a empoderar a las mujeres y han solucionado problemas propios", ha resumido Nonette Royo, directora del nuevo Fondo. En Indonesia, la Alianza de Poblaciones Indígenas del Archipiélago (AMAN) lideró la redacción de las regulaciones necesarias para que 450 comunidades nativas obtuvieran el control efectivo de 1,5 millones de hectáreas. En Mali, Tenure Facility ayudó a la asociación nacional de organizaciones campesinas a organizar y formar a 17 comisiones para mediar entre las partes enfrentadas por un conflicto de tierras, algo que está proporcionando estabilidad a la región. En Perú, se ha ayudado a la Federación de Comunidades Nativas de la región de Madre de Dios (FENAMAD) a entregar la titularidad de 60.000 hectáreas a cinco comunidades formadas por 890 personas.
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