 |
| Imagen: El Diario / Carla Vallejo |
Carla Vallejo, magistrada del Juzgado de Instrucción nº8 de las Palmas de Gran Canaria, sostiene que "no podemos repetir a las mujeres que denuncien si no las protegemos". Afirma que en el tipo de juzgado al que pertenece la jueza del caso, que había denegado protección a la víctima, "no se puede atender la violencia adecuadamente debido a la sobrecarga". "La mayoría de cuarteles y comisarías tienen una formación básica que no es suficiente para atender la complejidad de la violencia machista", asegura.
Marta Borraz | El Diario, 2016-10-18
http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-denuncien-violencia-machista-protegemos_0_570793730.html
Lleva tiempo señalando los agujeros negros del sistema de protección a las víctimas de violencia de género y estos días la realidad ha encajado en sus palabras. Carla Vallejo es jueza en el Juzgado de Instrucción nº8 de las Palmas de Gran Canaria y ha sido magistrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Alza la voz pero mirando hacia dentro. Hacia el sistema judicial que ha fallado en la protección de la última víctima de violencia machista.
María, de 26 años, acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciar a su marido y los agentes hicieron un informe en el que no apreciaban riesgo. La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor le denegó la orden de protección y un mes después la mujer ha sido asesinada en Olivares. El partido judicial al que pertenece ha rechazado en los últimos cinco años la mitad de las órdenes de protección solicitadas.
¿Qué demuestra este último caso de asesinato machista?
Que el sistema falla y este año más que nunca. Es el año en el que más vemos asesinatos de mujeres que ya habían denunciado – el 41,2% de las víctimas lo habían hecho–y hay que actuar de forma inmediata. Es la demostración de que estamos fracasando en la protección de las mujeres que sufren situaciones de violencia machista.
¿Cuál ha sido el error en la protección de María?
Ha sido una cascada de errores que empiezan en la no valoración del riesgo real por parte de la Guardia Civil, seguramente porque los agentes disponían de poco tiempo o no estaban debidamente formados para evaluar estas situaciones. Cuando el caso llega al juzgado, tampoco se reconduce, porque la jueza quizás tampoco tuvo el tiempo necesario y parte de un informe fallido. Además, que hubiera un parte médico del denunciado introduce confusión.
¿Cómo se podrían haber subsanado estos fallos?
El riesgo cero nunca va a existir porque somos personas valorando circunstancias, pero se puede minimizar muchísimo. La clave es la formación específica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, fiscales y jueces para saber identificar la violencia de género. Además es necesaria una dotación de medios suficientes porque en las comisarías, por ejemplo, no tienen medios humanos.
El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado en varias ocasiones la carencia de medios. ¿Cuáles son?
Hay un problema con que no todas las comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil estén formados. La mayoría tienen una formación muy básica constituida por pequeños cursos que no son suficientes para atender la complejidad de la violencia. Además hay carencias de personal y tiempo para evaluar los casos.
He visto una importante diferencia entre cómo venía un caso de violencia de género de las Unidades Especializadas de Familia y Mujer (Ufam) a que lo haga un equipo que está de guardia, que suele hacerse con menos elementos, el interrogatorio puede no estar bien hecho y a veces no se detecta un caso de violencia machista porque el informe no es correcto.
Por su experiencia ha visto cómo se trata la violencia de género en un juzgado exclusivo y en uno mixto que también trata otros asuntos, como el de Sanlúcar la Mayor. ¿Cuál es la diferencia?
Que sean juzgados mixtos impide atender la violencia adecuadamente porque no se tiene ni el tiempo ni la calma necesaria debido a la sobrecarga. No puedes estar dos horas tomándole declaración a una víctima y no tienes a disposición equipos técnicos de valoración psicológica de igual manera que en los exclusivos. En ellos las cosas funcionan de otra manera, el personal está muy especializado y no tienen cargas de trabajo tan importantes.
Sin embargo el mensaje sigue siendo "denuncia"...
Tenemos que ser consecuentes con lo que les estamos diciendo a las mujeres. No podemos repetir como un mantra el mensaje de que las víctimas de violencia machista denuncien si luego no podemos protegerlas adecuadamente. No podemos empujarlas a denunciar y que eso sea un mayor riesgo para su vida porque no les garantizamos la seguridad y porque puede ser un momento en el se hayan aumentado las posibilidades de enfadar al agresor.
¿La lucha contra la violencia machista se focaliza demasiado en el aparato judicial y policial en detrimento de otros recursos?
Sí, debemos asumir que tenemos un problema social y educativo que debe abordarse de raíz. Día a día los jóvenes reproducen roles discriminatorios y hay un repunte de los casos en la juventud. Lo están notando los juzgados de menores y va a convertirse en el problema de los próximos años.
Un 14,7% de las mujeres asesinadas este año habían denunciado pero renunciaron a continuar con el proceso. ¿Es este un fallo del sistema?
Sí, es un problema. En estos casos el diagnóstico es certero pero no se consigue llegar a buen término. Tiene que ver con que dentro del procedimiento no se le ha prestado la debida asistencia a la víctima para que continúe. Yo echo de menos que haya un apoyo social a las que denuncian, porque la retirada está relacionada con la sensación de no sentirse seguras y amparadas. Las administraciones públicas deberían hacer un seguimiento a través de los servicios sociales.
10 de las 34 mujeres asesinadas este año habían obtenido medida de protección y aun así fueron asesinadas. ¿Las órdenes de protección son efectivas?
El control efectivo de las mismas depende de los medios de los que se disponga. Es imposible poner a un policía a controlar permanentemente cada situación, pero hay que aumentar los medios. Los agentes no dan a basto. En épocas de vacaciones, por ejemplo, puede ocurrir que se limiten a llamar por teléfono para ver cómo están en vez de acercarse al domicilio. Deberíamos diseñar y cumplir protocolos específicos de seguimiento continuo.
Hace más de diez años que se aprobó la ley integral contra la violencia de género. ¿Ha funcionado?
Sí ha funcionado y ha sido un instrumento necesario que se adelantó a su tiempo. Ha servido para empezar a concienciarnos y su mayor éxito es tratar de forma diferenciada la violencia de género del resto de violencias, que se reconozca como un problema específico y social, no privado. Sin embargo lo que queda tiene que ver con desterrar prejuicios y mitos.
La violencia de género no se ve sola, hay que formarse para darse cuenta de que existe porque está muy arraigada en la sociedad. Se ha avanzado mucho y los discursos que había hace diez años no son los que hay ahora, pero sí nos encontramos con reticencias o mensajes que minusvaloran la violencia de género, hasta que pasa algo que ya no tiene remedio...
María, de 26 años, acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciar a su marido y los agentes hicieron un informe en el que no apreciaban riesgo. La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor le denegó la orden de protección y un mes después la mujer ha sido asesinada en Olivares. El partido judicial al que pertenece ha rechazado en los últimos cinco años la mitad de las órdenes de protección solicitadas.
¿Qué demuestra este último caso de asesinato machista?
Que el sistema falla y este año más que nunca. Es el año en el que más vemos asesinatos de mujeres que ya habían denunciado – el 41,2% de las víctimas lo habían hecho–y hay que actuar de forma inmediata. Es la demostración de que estamos fracasando en la protección de las mujeres que sufren situaciones de violencia machista.
¿Cuál ha sido el error en la protección de María?
Ha sido una cascada de errores que empiezan en la no valoración del riesgo real por parte de la Guardia Civil, seguramente porque los agentes disponían de poco tiempo o no estaban debidamente formados para evaluar estas situaciones. Cuando el caso llega al juzgado, tampoco se reconduce, porque la jueza quizás tampoco tuvo el tiempo necesario y parte de un informe fallido. Además, que hubiera un parte médico del denunciado introduce confusión.
¿Cómo se podrían haber subsanado estos fallos?
El riesgo cero nunca va a existir porque somos personas valorando circunstancias, pero se puede minimizar muchísimo. La clave es la formación específica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, fiscales y jueces para saber identificar la violencia de género. Además es necesaria una dotación de medios suficientes porque en las comisarías, por ejemplo, no tienen medios humanos.
El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado en varias ocasiones la carencia de medios. ¿Cuáles son?
Hay un problema con que no todas las comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil estén formados. La mayoría tienen una formación muy básica constituida por pequeños cursos que no son suficientes para atender la complejidad de la violencia. Además hay carencias de personal y tiempo para evaluar los casos.
He visto una importante diferencia entre cómo venía un caso de violencia de género de las Unidades Especializadas de Familia y Mujer (Ufam) a que lo haga un equipo que está de guardia, que suele hacerse con menos elementos, el interrogatorio puede no estar bien hecho y a veces no se detecta un caso de violencia machista porque el informe no es correcto.
Por su experiencia ha visto cómo se trata la violencia de género en un juzgado exclusivo y en uno mixto que también trata otros asuntos, como el de Sanlúcar la Mayor. ¿Cuál es la diferencia?
Que sean juzgados mixtos impide atender la violencia adecuadamente porque no se tiene ni el tiempo ni la calma necesaria debido a la sobrecarga. No puedes estar dos horas tomándole declaración a una víctima y no tienes a disposición equipos técnicos de valoración psicológica de igual manera que en los exclusivos. En ellos las cosas funcionan de otra manera, el personal está muy especializado y no tienen cargas de trabajo tan importantes.
Sin embargo el mensaje sigue siendo "denuncia"...
Tenemos que ser consecuentes con lo que les estamos diciendo a las mujeres. No podemos repetir como un mantra el mensaje de que las víctimas de violencia machista denuncien si luego no podemos protegerlas adecuadamente. No podemos empujarlas a denunciar y que eso sea un mayor riesgo para su vida porque no les garantizamos la seguridad y porque puede ser un momento en el se hayan aumentado las posibilidades de enfadar al agresor.
¿La lucha contra la violencia machista se focaliza demasiado en el aparato judicial y policial en detrimento de otros recursos?
Sí, debemos asumir que tenemos un problema social y educativo que debe abordarse de raíz. Día a día los jóvenes reproducen roles discriminatorios y hay un repunte de los casos en la juventud. Lo están notando los juzgados de menores y va a convertirse en el problema de los próximos años.
Un 14,7% de las mujeres asesinadas este año habían denunciado pero renunciaron a continuar con el proceso. ¿Es este un fallo del sistema?
Sí, es un problema. En estos casos el diagnóstico es certero pero no se consigue llegar a buen término. Tiene que ver con que dentro del procedimiento no se le ha prestado la debida asistencia a la víctima para que continúe. Yo echo de menos que haya un apoyo social a las que denuncian, porque la retirada está relacionada con la sensación de no sentirse seguras y amparadas. Las administraciones públicas deberían hacer un seguimiento a través de los servicios sociales.
10 de las 34 mujeres asesinadas este año habían obtenido medida de protección y aun así fueron asesinadas. ¿Las órdenes de protección son efectivas?
El control efectivo de las mismas depende de los medios de los que se disponga. Es imposible poner a un policía a controlar permanentemente cada situación, pero hay que aumentar los medios. Los agentes no dan a basto. En épocas de vacaciones, por ejemplo, puede ocurrir que se limiten a llamar por teléfono para ver cómo están en vez de acercarse al domicilio. Deberíamos diseñar y cumplir protocolos específicos de seguimiento continuo.
Hace más de diez años que se aprobó la ley integral contra la violencia de género. ¿Ha funcionado?
Sí ha funcionado y ha sido un instrumento necesario que se adelantó a su tiempo. Ha servido para empezar a concienciarnos y su mayor éxito es tratar de forma diferenciada la violencia de género del resto de violencias, que se reconozca como un problema específico y social, no privado. Sin embargo lo que queda tiene que ver con desterrar prejuicios y mitos.
La violencia de género no se ve sola, hay que formarse para darse cuenta de que existe porque está muy arraigada en la sociedad. Se ha avanzado mucho y los discursos que había hace diez años no son los que hay ahora, pero sí nos encontramos con reticencias o mensajes que minusvaloran la violencia de género, hasta que pasa algo que ya no tiene remedio...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.