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| Imagen: Plan B / Justa Montero en primer término |
Justa Montero | Coordinadora Feminista, 2016-03-02
http://feministas.org/feminismo-y-procesos.html
Este artículo recoge la intervención revisada de Justa Montero en el taller del “eje de feminismos” de las “Jornadas Plan B Europa” (Madrid 19, 20, 21 de febrero 2016).
Por muy de Perogrullo que parezca un proceso constituyente es, ante todo, un PROCESO, una movilización social y por tanto también de ideas, para deliberar sobre cómo queremos organizar nuestra vida en común y el espacio en el que transcurre, sobre qué valores, cómo nos queremos relacionar entre nosotras y nosotros y con la naturaleza y lo que necesitamos para resolver las necesidades y los problemas de la vida en común.
Pero lamentablemente, ni a nivel estatal ni a nivel europeo, esto no está hoy en la agenda porque las organizaciones políticas no se lo plantean y su preocupación se limita a una reforma más o menos cosmética de la Constitución que vertebró el Régimen del 78. Tampoco hay una movilización social suficiente para la transformación que ese proceso requiere. Conviene por tanto no confundir los procesos constituyentes a los que aspiramos con un maquillaje de la Constitución, reduciéndolo a la negociación por arriba de algunos cambios en sus artículos.
Tenemos un referente propio, lo que sucedió en el Estado español al final de la Dictadura y se ha llamado “la transición”. El movimiento feminista participó muy activamente en el proceso social y político que aspiraba a reflejar un cambio en la correlación de fuerzas y un nuevo modelo político, económico y social en una Constitución. Se plantearon propuestas muy claras para garantizar un marco de derechos que realmente garantizaran esa transformación y acabara con el sufrimiento que conlleva la limitación de derechos a las mujeres.
Sirva como botón de muestra la propuesta alternativa que se formuló en relación a un aspecto básico de la organización social: “la familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución matrimonial o cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podrá traer consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de discriminación alguna”.
Y el resultado lo conocemos. Los “padres” de la Constitución aplicaron una política de pactos y consensos que dejó a un lado estas propuestas. Y así ocurrió también en el redactado del Artículo 15, ya no se habla de “todas las personas tienen derecho a la vida” como proponían las organizaciones feministas, sino que se afirma “Todos tienen derecho a la vida”, formulación que sirve de excusa para rechazar las propuestas feministas de reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir, del derecho al aborto.
No hubo ruptura, y hubo acuerdo con los poderes que habían sustentado el franquismo (entre otros la jerarquía católica) y hoy vivimos con ese “déficit” de legitimación democrática, como muy bien saben quienes reclaman “verdad, justicia y reparación” para recuperar la memoria histórica.
Este es el régimen del 78 que ha entrado en crisis y que el 15M impugnó, recogiendo la indignación por la crisis democrática, la corrupción y los efectos devastadores de las políticas austericidas y biocidas que se aplican para salir de la crisis civilizatoria y que deja a millones de personas en situación de exclusión social.
El feminismo ha señalado que esta involución democrática no se fija solo en el plano institucional, sino que también hay que poner el foco en la vida privada, en las relaciones de las personas, en ese espacio privado que esconde desigualdad, discriminación y relaciones de poder patriarcal.
La situación es insostenible y urge cambiar el escenario y el orden social, porque los conflictos que existen o se abordan o se agudizan y se está profundizando la fractura social. Y de momento más que procesos constituyentes hay que responder a procesos destituyentes: porque el neoliberalismo ha impuesto y trata de imponer reformas que cercenan los derechos sociales, incluso los formalmente reconocidos en las Constituciones europeas: me refiero a la modificación del artículo 135 de la Constitución al dictado de las necesidades de los mercados, a los tratados de libre comercio, el TTIP y las políticas migratorias de la Europa fortaleza de los muros, las vallas y los mares en que miles de personas se dejan la vida.
Esto forma parte de nuestra realidad y nos urge a las mujeres enfrentarlo y porque los conflictos que plantea la alianza criminal del patriarcado y el neoliberalismo los están pagando las mujeres con sus cuerpos y sus vidas. Porque se recrudece el patriarcado, se profundiza la crisis de los cuidados crece la homofobia y el racismo, yse agotan los recursos.
Y sin embargo la movilización social ha disminuido y, si no hay movilización social, la salida a la situación será por la derecha neoliberal y patriarcal más feroz. Por eso necesitamos mayorías sociales, voces disruptivas, prácticas contra hegemónicas, todo es necesario para disputar la hegemonía social y cultural y para que las propuestas feministas sean centrales en estos procesos por los que apostamos y que se tendrían que plasmar en una nueva Constitución.
Algunas de las propuestas a las que me referiré ya tienen un recorrido en el discurso feminista y en las movilizaciones que se vienen prolongando desde hace tiempo. No me invento nada. Son propuestas que se tienen que transformar en derechos de facto. Porque el papel lo aguanta todo, pero la vida digna de las mujeres requiere más que un artículo en una Constitución, la solución es más compleja y necesita de cambios en las ideas, los imaginarios, los comportamientos y las actitudes como garantía para ejercer los derechos entendidos no solo como normas.La mejor Constitución puede derivar en políticas contrarias a los principios que recoge. Algo nos suena. No tenemos más que ver en qué se concreta para las mujeres ese “todos somos iguales ante la ley”, o el lacerante“todas las personas tienen derecho al trabajo”.
Por cuestión de tiempo voy a señalar solo tres grandes epígrafes que, entre otros, debería recoger una Constitución para establecer un marco de derechos y obligaciones del Estado para un cambio de modelo.
En primer lugar, una auténtica equiparación del trabajo productivo y del trabajo de cuidados. Lo que requiere un cambio en el modelo de reparto del trabajo propio de la sociedad patriarcal en la que vivimos y la reorganización de los trabajos de cuidados para que sean asumidos como responsabilidad social. Por tanto supone cambios en las prioridades económicas, en la consideración de lo que son trabajos socialmente necesarios, en lo que hay que producir, cómo y para qué.
En segundo lugar, el reconocimiento de la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, como parte de la propuesta feminista de justicia social. Esto supone el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir, que obviamente incluye el derecho al aborto; el reconocimiento a la diversidad de cuerpos e identidades y por tanto la extensión de derechos reales a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. De modo que nuestros cuerpos dejen de ser objeto de control social patriarcal.
En tercer lugar, el reconocimiento del derecho a la seguridad y a la integridad personal. La seguridad no tiene que ver con ejército o políticas criminalizadoras (léase ley mordaza) por la que están pendientes de juicio mujeres que protestaron en distintas ciudades contra las restricciones al derecho a decidir, sino con garantizar que las mujeres podemos vivir una vida digna, sin el temor a ser agredidas, acosadas o asesinadas.
Y todo esto desde unos valores normativos que, como el de igualdad, fundamente los relatos y propuestas. Pero hay muchas formas de significar este concepto, el resultado de un modelo de igualdad totalizadora, que encubre profundas desigualdades de género, clase, etnia, sexo o estatus migratorio ya lo padecemos. La apuesta debería ser otra, radicalmente distinta, una igualdad que garantice la universalidad de derechos en el respeto a la singularidad de cuerpos y sujetos, que no convierta a la mujer blanca, occidental y heterosexual en EL sujeto de los procesos. El etnocentrismo de esos planteamientos no solo invisibiliza las diversas formas en que viven las mujeres el sexismo sino también los distintos procesos que levantan para hacerle frente. Y, además, puede llegar a hacer cómplice al feminismo de campañas xenófobas e islamofóbicas en esta Europa crecientemente racista.
Lo que plantea el feminismo no es fácil porque apunta a causas estructurales sobre las que se asienta el sistema patriarcal y capitalista, y trastoca convicciones y valores que forman parte del marco cultural dominante que marca nuestras vidas. En definitiva, como ya he comentado, porque las propuestas feministas se sitúan en un horizonte de transformación social profunda.
Y para que los procesos constituyentes sean una realidad necesitamos espacios de participación, de ejercicio de democracia radical en los que confluir desde distintos ámbitos, movimientos, partidos y lugares. Porque una transformación del modelo plantea cosas que, con diferentes miradas y a veces no exentas de conflicto, nos son comunes: replantear el sentido de la justicia, de la economía, de la laicidad, de una sociedad inclusiva, redefinir las relaciones entre mujeres y hombres, con las naturales, entre los territorios desde los planteamientos del movimiento feminista de Catalunya y Euskal Herria, y así hasta un larguísimo etcétera.
Y desde luego requiere una actitud decidida, un movimiento feminista fuerte y valiente, como siempre lo ha sido porque, igual que las sufragistas, sabemos que nos jugamos mucho y que nunca nadie nos ha regalado nada.
Por muy de Perogrullo que parezca un proceso constituyente es, ante todo, un PROCESO, una movilización social y por tanto también de ideas, para deliberar sobre cómo queremos organizar nuestra vida en común y el espacio en el que transcurre, sobre qué valores, cómo nos queremos relacionar entre nosotras y nosotros y con la naturaleza y lo que necesitamos para resolver las necesidades y los problemas de la vida en común.
Pero lamentablemente, ni a nivel estatal ni a nivel europeo, esto no está hoy en la agenda porque las organizaciones políticas no se lo plantean y su preocupación se limita a una reforma más o menos cosmética de la Constitución que vertebró el Régimen del 78. Tampoco hay una movilización social suficiente para la transformación que ese proceso requiere. Conviene por tanto no confundir los procesos constituyentes a los que aspiramos con un maquillaje de la Constitución, reduciéndolo a la negociación por arriba de algunos cambios en sus artículos.
Tenemos un referente propio, lo que sucedió en el Estado español al final de la Dictadura y se ha llamado “la transición”. El movimiento feminista participó muy activamente en el proceso social y político que aspiraba a reflejar un cambio en la correlación de fuerzas y un nuevo modelo político, económico y social en una Constitución. Se plantearon propuestas muy claras para garantizar un marco de derechos que realmente garantizaran esa transformación y acabara con el sufrimiento que conlleva la limitación de derechos a las mujeres.
Sirva como botón de muestra la propuesta alternativa que se formuló en relación a un aspecto básico de la organización social: “la familia no será objeto de especial protección por parte del Estado. El Estado reconocerá el derecho que toda persona tiene al desarrollo y a la libre disponibilidad de su afectividad y su sexualidad mediante la institución matrimonial o cualquier otro sistema no institucionalizado, elección que en ningún caso podrá traer consigo discriminaciones, no pudiendo el estado civil de las personas ser causa de discriminación alguna”.
Y el resultado lo conocemos. Los “padres” de la Constitución aplicaron una política de pactos y consensos que dejó a un lado estas propuestas. Y así ocurrió también en el redactado del Artículo 15, ya no se habla de “todas las personas tienen derecho a la vida” como proponían las organizaciones feministas, sino que se afirma “Todos tienen derecho a la vida”, formulación que sirve de excusa para rechazar las propuestas feministas de reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir, del derecho al aborto.
No hubo ruptura, y hubo acuerdo con los poderes que habían sustentado el franquismo (entre otros la jerarquía católica) y hoy vivimos con ese “déficit” de legitimación democrática, como muy bien saben quienes reclaman “verdad, justicia y reparación” para recuperar la memoria histórica.
Este es el régimen del 78 que ha entrado en crisis y que el 15M impugnó, recogiendo la indignación por la crisis democrática, la corrupción y los efectos devastadores de las políticas austericidas y biocidas que se aplican para salir de la crisis civilizatoria y que deja a millones de personas en situación de exclusión social.
El feminismo ha señalado que esta involución democrática no se fija solo en el plano institucional, sino que también hay que poner el foco en la vida privada, en las relaciones de las personas, en ese espacio privado que esconde desigualdad, discriminación y relaciones de poder patriarcal.
La situación es insostenible y urge cambiar el escenario y el orden social, porque los conflictos que existen o se abordan o se agudizan y se está profundizando la fractura social. Y de momento más que procesos constituyentes hay que responder a procesos destituyentes: porque el neoliberalismo ha impuesto y trata de imponer reformas que cercenan los derechos sociales, incluso los formalmente reconocidos en las Constituciones europeas: me refiero a la modificación del artículo 135 de la Constitución al dictado de las necesidades de los mercados, a los tratados de libre comercio, el TTIP y las políticas migratorias de la Europa fortaleza de los muros, las vallas y los mares en que miles de personas se dejan la vida.
Esto forma parte de nuestra realidad y nos urge a las mujeres enfrentarlo y porque los conflictos que plantea la alianza criminal del patriarcado y el neoliberalismo los están pagando las mujeres con sus cuerpos y sus vidas. Porque se recrudece el patriarcado, se profundiza la crisis de los cuidados crece la homofobia y el racismo, yse agotan los recursos.
Y sin embargo la movilización social ha disminuido y, si no hay movilización social, la salida a la situación será por la derecha neoliberal y patriarcal más feroz. Por eso necesitamos mayorías sociales, voces disruptivas, prácticas contra hegemónicas, todo es necesario para disputar la hegemonía social y cultural y para que las propuestas feministas sean centrales en estos procesos por los que apostamos y que se tendrían que plasmar en una nueva Constitución.
Algunas de las propuestas a las que me referiré ya tienen un recorrido en el discurso feminista y en las movilizaciones que se vienen prolongando desde hace tiempo. No me invento nada. Son propuestas que se tienen que transformar en derechos de facto. Porque el papel lo aguanta todo, pero la vida digna de las mujeres requiere más que un artículo en una Constitución, la solución es más compleja y necesita de cambios en las ideas, los imaginarios, los comportamientos y las actitudes como garantía para ejercer los derechos entendidos no solo como normas.La mejor Constitución puede derivar en políticas contrarias a los principios que recoge. Algo nos suena. No tenemos más que ver en qué se concreta para las mujeres ese “todos somos iguales ante la ley”, o el lacerante“todas las personas tienen derecho al trabajo”.
Por cuestión de tiempo voy a señalar solo tres grandes epígrafes que, entre otros, debería recoger una Constitución para establecer un marco de derechos y obligaciones del Estado para un cambio de modelo.
En primer lugar, una auténtica equiparación del trabajo productivo y del trabajo de cuidados. Lo que requiere un cambio en el modelo de reparto del trabajo propio de la sociedad patriarcal en la que vivimos y la reorganización de los trabajos de cuidados para que sean asumidos como responsabilidad social. Por tanto supone cambios en las prioridades económicas, en la consideración de lo que son trabajos socialmente necesarios, en lo que hay que producir, cómo y para qué.
En segundo lugar, el reconocimiento de la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, como parte de la propuesta feminista de justicia social. Esto supone el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir, que obviamente incluye el derecho al aborto; el reconocimiento a la diversidad de cuerpos e identidades y por tanto la extensión de derechos reales a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. De modo que nuestros cuerpos dejen de ser objeto de control social patriarcal.
En tercer lugar, el reconocimiento del derecho a la seguridad y a la integridad personal. La seguridad no tiene que ver con ejército o políticas criminalizadoras (léase ley mordaza) por la que están pendientes de juicio mujeres que protestaron en distintas ciudades contra las restricciones al derecho a decidir, sino con garantizar que las mujeres podemos vivir una vida digna, sin el temor a ser agredidas, acosadas o asesinadas.
Y todo esto desde unos valores normativos que, como el de igualdad, fundamente los relatos y propuestas. Pero hay muchas formas de significar este concepto, el resultado de un modelo de igualdad totalizadora, que encubre profundas desigualdades de género, clase, etnia, sexo o estatus migratorio ya lo padecemos. La apuesta debería ser otra, radicalmente distinta, una igualdad que garantice la universalidad de derechos en el respeto a la singularidad de cuerpos y sujetos, que no convierta a la mujer blanca, occidental y heterosexual en EL sujeto de los procesos. El etnocentrismo de esos planteamientos no solo invisibiliza las diversas formas en que viven las mujeres el sexismo sino también los distintos procesos que levantan para hacerle frente. Y, además, puede llegar a hacer cómplice al feminismo de campañas xenófobas e islamofóbicas en esta Europa crecientemente racista.
Lo que plantea el feminismo no es fácil porque apunta a causas estructurales sobre las que se asienta el sistema patriarcal y capitalista, y trastoca convicciones y valores que forman parte del marco cultural dominante que marca nuestras vidas. En definitiva, como ya he comentado, porque las propuestas feministas se sitúan en un horizonte de transformación social profunda.
Y para que los procesos constituyentes sean una realidad necesitamos espacios de participación, de ejercicio de democracia radical en los que confluir desde distintos ámbitos, movimientos, partidos y lugares. Porque una transformación del modelo plantea cosas que, con diferentes miradas y a veces no exentas de conflicto, nos son comunes: replantear el sentido de la justicia, de la economía, de la laicidad, de una sociedad inclusiva, redefinir las relaciones entre mujeres y hombres, con las naturales, entre los territorios desde los planteamientos del movimiento feminista de Catalunya y Euskal Herria, y así hasta un larguísimo etcétera.
Y desde luego requiere una actitud decidida, un movimiento feminista fuerte y valiente, como siempre lo ha sido porque, igual que las sufragistas, sabemos que nos jugamos mucho y que nunca nadie nos ha regalado nada.
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