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| Imagen: El País / Amsterdam |
Las sanciones por silbidos ofensivos, groserías e insinuaciones costarán hasta 4.100 euros.
Isabel Ferrer | El País, 2017-02-17
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/17/mundo_global/1487319949_341410.html
Eberhard van der Laan, alcalde socialdemócrata de Ámsterdam, ha anunciado la prohibición del acoso verbal de tinte sexual en espacios públicos padecido por mujeres, gais, lesbianas y transexuales. Es la primera ciudad holandesa que lo hace, y a mediados de año entrarán en vigor las sanciones, que pueden llegar hasta 4.100 euros. La decisión ha sido tomada después de que un sondeo encargado por el propio consistorio comprobara que el 59% de las féminas (de una muestra de 1.000) ha sufrido episodios de esta índole. Entre 15 y 34 años, 8 de cada 10 aseguran haber sido objeto de insinuaciones y silbidos ofensivos, o bien recibido insultos si rechazaban los avances de desconocidos.
La intimidación sexual de palabra no está tipificada en el Código Penal, y Van der Laan, abogado de formación, preguntó a varios expertos en derechos fundamentales si la interdicción sería legal. Si no chocaría con la libertad de expresión, protegida por la Constitución. Dos de los consultados así lo creyeron, y recomendaron, en todo caso, la redacción de una ley de ámbito nacional. Por el contrario, Janneke Gerards, otra jurista, contestó que no veía problemas. “Si una multa es recurrida, la decisión final dependerá de los jueces”, dijo. A la vista de que el veto “podría resistir la prueba de los tribunales”, según portavoces consistoriales, lo que se ha aprobado es una norma local “para sancionar la alteración del orden público y las molestias que ello ocasiona”. De este modo, basta con que un funcionario municipal (pasearán de incógnito) constate que ha habido provocación sexual para multar. Un nuevo reglamento les indicará cómo y cuándo deben actuar.
La intimidación sexual de palabra no está tipificada en el Código Penal, y Van der Laan, abogado de formación, preguntó a varios expertos en derechos fundamentales si la interdicción sería legal. Si no chocaría con la libertad de expresión, protegida por la Constitución. Dos de los consultados así lo creyeron, y recomendaron, en todo caso, la redacción de una ley de ámbito nacional. Por el contrario, Janneke Gerards, otra jurista, contestó que no veía problemas. “Si una multa es recurrida, la decisión final dependerá de los jueces”, dijo. A la vista de que el veto “podría resistir la prueba de los tribunales”, según portavoces consistoriales, lo que se ha aprobado es una norma local “para sancionar la alteración del orden público y las molestias que ello ocasiona”. De este modo, basta con que un funcionario municipal (pasearán de incógnito) constate que ha habido provocación sexual para multar. Un nuevo reglamento les indicará cómo y cuándo deben actuar.
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