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| Imagen: El País / Carla Antonelli |
Una propuesta de la diputada socialista Carla Antonelli para facilitar el acceso a los datos logra la unanimidad del parlamento.
Esther Sánchez | El País, 2016-10-12
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/07/madrid/1475856879_621249.html
La Asamblea aprobó la pasada semana una Proposición No de Ley (PNL) —no vinculante— a iniciativa del PSOE con medidas de apoyo a las familias de bebés robados, que aún se encuentran con puertas cerradas a la hora de acceder a los datos de archivos de hospitales. Todos los diputados votaron a favor, excepto uno del PP. Con el hemiciclo en pie y en medio de una fuerte ovación, los parlamentarios reconocieron la lucha de las familias, tras una emotiva presentación de la propuesta de la diputada socialista Carla Antonelli, destacada activista de los derechos LGBT. El Gobierno, según ha sabido El País, acepta la propuesta.
Los afectados por el robo de miles de niños entre los años 40 y 80 del siglo pasado se enfrentan a fuertes trabas cuando intentan acceder a los historiales médicos: desaparición de documentos, falta de información, negativas judiciales a abrir los casos por inexistencia de pruebas...
Para intentar derribar estos muros, la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y aprobada por el resto de formaciones políticas (PP, Ciudadanos y Podemos), plantea crear una Comisión de Seguimiento Documental en la región. Esta investigará el paradero de los historiales médicos y de los libros de registro de los hospitales y maternidades públicas y privadas donde se dieron los casos, ya que en muchos casos no se hallan los soportes físicos. Esta información es “vital” para localizar a los niños que fueron inscritos como hijos de otros o que fueron dados en adopción sin consentimiento de la madre biológica.
La comisión instará al Gobierno regional para que requiera a las empresas privadas concesionarias de la custodia de la documentación antigua de los hospitales públicos para que la entreguen a los órganos jurisdiccionales. “Ahora no consta que se esté haciendo”, puntualiza el texto aprobado.
También deberá determinarse el paradero de los libros de adopciones y expedientes de la Junta Provincial de Protección de Menores de Madrid. En ese mismo sentido, el Gobierno regional “destinará mayor dotación especializada” a la Dirección general de Familia y del Menor para que ayude a las personas adoptadas, que pueden haber sido víctimas de esa sustracción, a conseguir la información referente a su adopción.
En el ámbito nacional, el Gobierno de Cristina Cifuentes instará al central a una mayor coordinación y a dotar de medios a la oficina de atención de afectados. También se pide crear una unidad especializada en la Fiscalía y garantizar la gratuidad de las pruebas de ADN a través del Instituto Nacional de Toxicología.
36 años recordando
“Después de 36 años, sé que no es mi hijo sino un hombre, pero tiene derecho a saber quién es su familia”, indicó ayer María Cruz Rodrigo, de la 'Asociación SOS Bebés Robados', después de asistir a la votación de la Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid. Porque no ha pasado un momento sin que recuerde a su hijo desaparecido seis días después de su nacimiento el 18 de agosto de 1980 en el Hospital 12 de Octubre.
A María Cruz le dijeron que su bebé, que estaba en la incubadora, había muerto de un infarto. “No me lo dejaron ver, ni me lo dieron para enterrar, decían que estaba muy desfigurado”, relata. Algo que ella nunca ha llegado a entender si el fallecimiento ocurrió por un fallo del corazón. Le ha buscado por todos los cementerios de Madrid y no lo ha encontrado en ninguno. La Audiencia Nacional investiga su caso. Se estima que más de 300.000 niños y niñas fueron robados nada más nacer entre 1940 y 1990 en todo el territorio español, indicó Antonelli en su intervención.
Los afectados se mostraron muy satisfechos con la aprobación de la PNL, “sobre todo porque todos los grupos políticos han apoyado la propuesta socialista”. En cuanto al contenido, “es un poco ‘light’” en opinión de María Cruz Rodrigo. Pero aun así se mostró muy satisfecha y emocionada porque "partimos de nada", como los miembros de las otras dos asociaciones que se encontraban también en la Asamblea: 'Adelante niños robados' y 'Todos los niños son mis niños'. Los logros más importantes de la PNL, en su opinión, son la petición del ADN gratuito y “que nos abran los archivos”.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las familias, es la obtención de documentos imprescindibles para resolver los casos. “Existe la firme convicción de que al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid no ha llegado la información completa de las clínicas y hospitales, “hay archivos restringidos, con páginas arrancadas o datos tachados por la Ley de Protección de datos”, indica el PSOE en la exposición de motivos de la propuesta. Al mismo tiempo, existen ”enormes dificultades para acceder a los historiales médicos de los hospitales, “aun con sentencias judiciales” el acceso a los mismos “se convierte en un auténtico laberinto”, concluye Antonelli.
2.500 denuncias en la fiscalía
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos es el alto precio que deben pagar por las pruebas de ADN y los costes judiciales.
El año pasado, el PSOE ha presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a “impulsar todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre 1940 y 1990” en España, facilitar un banco de ADN para cruzar datos de las víctimas y ayudas económicas para quienes no puedan costearse esas pruebas genéticas (unos 120 euros), así como apoyo psicológico y acceso a la justicia gratuita, para los afectados, “dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.
En las fiscalías de todas España se acumulan más de 2.500 denuncias. Sin embargo, la mayor parte ellas han sido archivadas por falta de pruebas. Los costes de una investigación son demasiado altos.
Los afectados por el robo de miles de niños entre los años 40 y 80 del siglo pasado se enfrentan a fuertes trabas cuando intentan acceder a los historiales médicos: desaparición de documentos, falta de información, negativas judiciales a abrir los casos por inexistencia de pruebas...
Para intentar derribar estos muros, la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y aprobada por el resto de formaciones políticas (PP, Ciudadanos y Podemos), plantea crear una Comisión de Seguimiento Documental en la región. Esta investigará el paradero de los historiales médicos y de los libros de registro de los hospitales y maternidades públicas y privadas donde se dieron los casos, ya que en muchos casos no se hallan los soportes físicos. Esta información es “vital” para localizar a los niños que fueron inscritos como hijos de otros o que fueron dados en adopción sin consentimiento de la madre biológica.
La comisión instará al Gobierno regional para que requiera a las empresas privadas concesionarias de la custodia de la documentación antigua de los hospitales públicos para que la entreguen a los órganos jurisdiccionales. “Ahora no consta que se esté haciendo”, puntualiza el texto aprobado.
También deberá determinarse el paradero de los libros de adopciones y expedientes de la Junta Provincial de Protección de Menores de Madrid. En ese mismo sentido, el Gobierno regional “destinará mayor dotación especializada” a la Dirección general de Familia y del Menor para que ayude a las personas adoptadas, que pueden haber sido víctimas de esa sustracción, a conseguir la información referente a su adopción.
En el ámbito nacional, el Gobierno de Cristina Cifuentes instará al central a una mayor coordinación y a dotar de medios a la oficina de atención de afectados. También se pide crear una unidad especializada en la Fiscalía y garantizar la gratuidad de las pruebas de ADN a través del Instituto Nacional de Toxicología.
36 años recordando
“Después de 36 años, sé que no es mi hijo sino un hombre, pero tiene derecho a saber quién es su familia”, indicó ayer María Cruz Rodrigo, de la 'Asociación SOS Bebés Robados', después de asistir a la votación de la Proposición No de Ley (PNL) en la Asamblea de Madrid. Porque no ha pasado un momento sin que recuerde a su hijo desaparecido seis días después de su nacimiento el 18 de agosto de 1980 en el Hospital 12 de Octubre.
A María Cruz le dijeron que su bebé, que estaba en la incubadora, había muerto de un infarto. “No me lo dejaron ver, ni me lo dieron para enterrar, decían que estaba muy desfigurado”, relata. Algo que ella nunca ha llegado a entender si el fallecimiento ocurrió por un fallo del corazón. Le ha buscado por todos los cementerios de Madrid y no lo ha encontrado en ninguno. La Audiencia Nacional investiga su caso. Se estima que más de 300.000 niños y niñas fueron robados nada más nacer entre 1940 y 1990 en todo el territorio español, indicó Antonelli en su intervención.
Los afectados se mostraron muy satisfechos con la aprobación de la PNL, “sobre todo porque todos los grupos políticos han apoyado la propuesta socialista”. En cuanto al contenido, “es un poco ‘light’” en opinión de María Cruz Rodrigo. Pero aun así se mostró muy satisfecha y emocionada porque "partimos de nada", como los miembros de las otras dos asociaciones que se encontraban también en la Asamblea: 'Adelante niños robados' y 'Todos los niños son mis niños'. Los logros más importantes de la PNL, en su opinión, son la petición del ADN gratuito y “que nos abran los archivos”.
Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las familias, es la obtención de documentos imprescindibles para resolver los casos. “Existe la firme convicción de que al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid no ha llegado la información completa de las clínicas y hospitales, “hay archivos restringidos, con páginas arrancadas o datos tachados por la Ley de Protección de datos”, indica el PSOE en la exposición de motivos de la propuesta. Al mismo tiempo, existen ”enormes dificultades para acceder a los historiales médicos de los hospitales, “aun con sentencias judiciales” el acceso a los mismos “se convierte en un auténtico laberinto”, concluye Antonelli.
2.500 denuncias en la fiscalía
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos es el alto precio que deben pagar por las pruebas de ADN y los costes judiciales.
El año pasado, el PSOE ha presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a “impulsar todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre 1940 y 1990” en España, facilitar un banco de ADN para cruzar datos de las víctimas y ayudas económicas para quienes no puedan costearse esas pruebas genéticas (unos 120 euros), así como apoyo psicológico y acceso a la justicia gratuita, para los afectados, “dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.
En las fiscalías de todas España se acumulan más de 2.500 denuncias. Sin embargo, la mayor parte ellas han sido archivadas por falta de pruebas. Los costes de una investigación son demasiado altos.
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