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| Imagen: El Correo / Juan Kruz Mendizabal |
Benedicto XVI inició un camino que Francisco ha seguido para endurecer los castigos contra los delitos más graves cometidos por religiosos. En 2001, el cardenal Castrillón agradeció a un obispo que no denunciara a un cura pederasta. Las víctimas del exvicario de Gipuzkoa se sienten «correctamente acogidas por el obispo y la Iglesia».
Daría Menor | El Correo, 2017-01-17
«Me congratulo con usted por no haber denunciado a un sacerdote a la administración civil». Eso le escribió el 8 de septiembre de 2001 el cardenal Darío Castrillón, entonces prefecto de la Congregación para el Clero, al obispo francés Pierre Pican, condenado algunos días antes a tres meses de prisión por encubrir a un sacerdote pederasta de su diócesis. La carta no fue sólo una iniciativa personal de Castrillón: Juan Pablo II conocía el texto, le autorizó para que se lo enviara a todos los obispos del mundo e incluso a que lo publicara en internet, según contó el propio purpurado colombiano en una conferencia en Murcia en 2010.
Aquellas palabras reflejan bien cuál era la mentalidad de buena parte de la jerarquía eclesiástica ante los abusos sexuales a menores hasta hace bien poco: tapar los casos, olvidarse de las víctimas y limitarse a cambiar de parroquia o de cargo al sacerdote o religioso pederasta cuando algún episodio salía a la luz. La situación vivida en Gipuzkoa estos días, con el anuncio de que el ya exvicario general de San Sebastián, el sacerdote Juan Kruz Mendizabal, ‘Kakux’, había sido considerado culpable por un tribunal canónico de abusar sexualmente de dos menores en los años 2001 y 2005, y la actitud del obispo Munilla muestran cómo ha cambiado la postura de las autoridades eclesiásticas ante este problema.
Gracias al camino iniciado por Benedicto XVI y continuado luego por Francisco, la Iglesia ha pasado del encubrimiento a la ‘tolerancia cero’. Lo han reconocido las propias víctimas de Mendizabal: «Queremos dejar claro que nos sentimos correctamente acogidos y atendidos por el obispo y por la Iglesia». Su relato está en las antípodas del de otras personas que sufrieron abusos sexuales durante su niñez por parte de religiosos o sacerdotes en décadas pasadas: al trauma por aquellas experiencias sumaron el dolor de no sentirse escuchados y de ver que no recibían justicia.
Los primeros pasos para cambiar la respuesta ante la pederastia los dio el Vaticano en mayo de 2001 cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, centralizó en Roma la gestión de todos los casos de abusos a menores cometidos por sacerdotes. Sólo cuatro meses después, Darío Castrillón enviaba su polémica carta al obispo encubridor francés, lo que pone de manifiesto el tiempo que la Iglesia iba a necesitar para adoptar la nueva mentalidad. Cuando se convirtió en Papa, Ratzinger endureció los castigos contra los ‘gravioribus delictis’, como denomina la Iglesia a los delitos más graves, entre los que están la pederastia, la herejía o la ordenación sacerdotal de mujeres.
«Actuar con decisión»
Achuchado por la aparición de nuevos casos en Estados Unidos e Irlanda, entre otros países, Benedicto XVI se vio obligado a pedir perdón en multitud de ocasiones, a reunirse con víctimas en casi todos sus viajes y al cese de varios obispos por encubridores. Incluso convocó un simposio en la Pontificia Universidad Gregoriana sobre la pederastia con víctimas y representantes de las conferencias episcopales de 110 países y más de 30 superiores de congregaciones religiosas. Fue un gesto insólito que mostraba su voluntad por vacunar a la Iglesia contra este problema.
En sus cerca ya de cuatro años de pontificado, Francisco ha ido más allá. Dejó claro desde el primer día que había que «actuar con decisión» frente a la pederastia y ha tomado luego varias decisiones de peso encaminadas a implantar la ‘tolerancia cero’. Primero definió con mayor detalle estos delitos y pecados en un ‘motu proprio’ para poder combatirlos mejor, más tarde les escribió a los obispos recordándoles que «no hay lugar en el ministerio para los que abusan de los menores» y, por si no les quedaba claro, creó un tribunal especial dedicado a juzgar a los prelados encubridores. También erigió la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo que trata de extender a todo el orbe católico sus políticas sobre cómo actuar y prevenir la pederastia.
El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, condena los abusos cometidos por Mendizabal.
Aquellas palabras reflejan bien cuál era la mentalidad de buena parte de la jerarquía eclesiástica ante los abusos sexuales a menores hasta hace bien poco: tapar los casos, olvidarse de las víctimas y limitarse a cambiar de parroquia o de cargo al sacerdote o religioso pederasta cuando algún episodio salía a la luz. La situación vivida en Gipuzkoa estos días, con el anuncio de que el ya exvicario general de San Sebastián, el sacerdote Juan Kruz Mendizabal, ‘Kakux’, había sido considerado culpable por un tribunal canónico de abusar sexualmente de dos menores en los años 2001 y 2005, y la actitud del obispo Munilla muestran cómo ha cambiado la postura de las autoridades eclesiásticas ante este problema.
Gracias al camino iniciado por Benedicto XVI y continuado luego por Francisco, la Iglesia ha pasado del encubrimiento a la ‘tolerancia cero’. Lo han reconocido las propias víctimas de Mendizabal: «Queremos dejar claro que nos sentimos correctamente acogidos y atendidos por el obispo y por la Iglesia». Su relato está en las antípodas del de otras personas que sufrieron abusos sexuales durante su niñez por parte de religiosos o sacerdotes en décadas pasadas: al trauma por aquellas experiencias sumaron el dolor de no sentirse escuchados y de ver que no recibían justicia.
Los primeros pasos para cambiar la respuesta ante la pederastia los dio el Vaticano en mayo de 2001 cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, centralizó en Roma la gestión de todos los casos de abusos a menores cometidos por sacerdotes. Sólo cuatro meses después, Darío Castrillón enviaba su polémica carta al obispo encubridor francés, lo que pone de manifiesto el tiempo que la Iglesia iba a necesitar para adoptar la nueva mentalidad. Cuando se convirtió en Papa, Ratzinger endureció los castigos contra los ‘gravioribus delictis’, como denomina la Iglesia a los delitos más graves, entre los que están la pederastia, la herejía o la ordenación sacerdotal de mujeres.
«Actuar con decisión»
Achuchado por la aparición de nuevos casos en Estados Unidos e Irlanda, entre otros países, Benedicto XVI se vio obligado a pedir perdón en multitud de ocasiones, a reunirse con víctimas en casi todos sus viajes y al cese de varios obispos por encubridores. Incluso convocó un simposio en la Pontificia Universidad Gregoriana sobre la pederastia con víctimas y representantes de las conferencias episcopales de 110 países y más de 30 superiores de congregaciones religiosas. Fue un gesto insólito que mostraba su voluntad por vacunar a la Iglesia contra este problema.
En sus cerca ya de cuatro años de pontificado, Francisco ha ido más allá. Dejó claro desde el primer día que había que «actuar con decisión» frente a la pederastia y ha tomado luego varias decisiones de peso encaminadas a implantar la ‘tolerancia cero’. Primero definió con mayor detalle estos delitos y pecados en un ‘motu proprio’ para poder combatirlos mejor, más tarde les escribió a los obispos recordándoles que «no hay lugar en el ministerio para los que abusan de los menores» y, por si no les quedaba claro, creó un tribunal especial dedicado a juzgar a los prelados encubridores. También erigió la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo que trata de extender a todo el orbe católico sus políticas sobre cómo actuar y prevenir la pederastia.
El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, condena los abusos cometidos por Mendizabal.
El Correo, 2017-01-17
«Todos los que trabajen con menores, tanto los religiosos como los laicos, deberán demostrar que están libres de delitos penales de naturaleza sexual», aseveró ayer el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Lo hizo recordando las palabras pronunciadas por el prelado de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en su homilía del domingo.
Tras la presentación del nuevo Consejo Episcopal de la diócesis vitoriana, y preguntado por el caso del exvicario general donostiarra –el sacerdote Juan Cruz Mendizabal, ‘Kakux’–, Elizalde manifestó su «dolor por las víctimas», «conmoción por los actos cometidos» y «condena firme y enérgica de toda forma de abuso sexual».
El prelado guipuzcoano dedicó parte de su discurso al caso de Mendizabal. Mientras se investiga el testimonio de una tercera víctima que sostiene que el exvicario general de Gipuzkoa abusó de él en un campamento scout en 1994, Munilla anunció que a partir de ahora se exigirá el certificado de penales a quienes trabajen con menores en la diócesis. «Esta medida de precaución se está instalando en todas las conferencias episcopales y es una praxis común a toda la Iglesia», añadió Elizalde, antes de recordar que en el territorio alavés se aplica desde septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
El obispo de Vitoria afirmó que esta condición forma parte de un protocolo que actúa como «una hoja de ruta» e incluye pautas para prevenir abusos y pasos a seguir cuando existan sospechas o denuncias.
«Casos excepcionales»
«Estamos sujetos a un código más estricto que el civil que puede consultarse en la página web del Vaticano», señaló Elizalde. El obispo aseguro que, aunque casos como el de Mendizabal son «excepcionales», son temas que «salpican» y «hacen mucho daño» al conjunto de la Iglesia. «Desde la diócesis vitoriana favorecemos que estos casos sean juzgados por tribunales ordinarios», abogó, antes de puntualizar que si los abusos registrados en 2001 y 2005 fueron juzgados de forma canónica fue porque «las víctimas no quisieron» optar por la vía ordinaria.
Fuentes de la diócesis de Bilbao afirmaron que «se ha comunicado tanto a las parroquias como a las unidades pastorales y a otras entidades diocesanas de Bizkaia la obligación de aportar» el certificado de penales para corroborar que carecen de antecedentes por delitos sexuales. La normativa alcanza a clérigos, religiosos y laicos, al personal laboral voluntario, profesores, catequistas y a monitores de grupos de jóvenes.
Un periodista del ‘Vatileaks2’ denuncia que un «sistema» cubre casos de pederastia.
«Todos los que trabajen con menores, tanto los religiosos como los laicos, deberán demostrar que están libres de delitos penales de naturaleza sexual», aseveró ayer el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Lo hizo recordando las palabras pronunciadas por el prelado de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en su homilía del domingo.
Tras la presentación del nuevo Consejo Episcopal de la diócesis vitoriana, y preguntado por el caso del exvicario general donostiarra –el sacerdote Juan Cruz Mendizabal, ‘Kakux’–, Elizalde manifestó su «dolor por las víctimas», «conmoción por los actos cometidos» y «condena firme y enérgica de toda forma de abuso sexual».
El prelado guipuzcoano dedicó parte de su discurso al caso de Mendizabal. Mientras se investiga el testimonio de una tercera víctima que sostiene que el exvicario general de Gipuzkoa abusó de él en un campamento scout en 1994, Munilla anunció que a partir de ahora se exigirá el certificado de penales a quienes trabajen con menores en la diócesis. «Esta medida de precaución se está instalando en todas las conferencias episcopales y es una praxis común a toda la Iglesia», añadió Elizalde, antes de recordar que en el territorio alavés se aplica desde septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.
El obispo de Vitoria afirmó que esta condición forma parte de un protocolo que actúa como «una hoja de ruta» e incluye pautas para prevenir abusos y pasos a seguir cuando existan sospechas o denuncias.
«Casos excepcionales»
«Estamos sujetos a un código más estricto que el civil que puede consultarse en la página web del Vaticano», señaló Elizalde. El obispo aseguro que, aunque casos como el de Mendizabal son «excepcionales», son temas que «salpican» y «hacen mucho daño» al conjunto de la Iglesia. «Desde la diócesis vitoriana favorecemos que estos casos sean juzgados por tribunales ordinarios», abogó, antes de puntualizar que si los abusos registrados en 2001 y 2005 fueron juzgados de forma canónica fue porque «las víctimas no quisieron» optar por la vía ordinaria.
Fuentes de la diócesis de Bilbao afirmaron que «se ha comunicado tanto a las parroquias como a las unidades pastorales y a otras entidades diocesanas de Bizkaia la obligación de aportar» el certificado de penales para corroborar que carecen de antecedentes por delitos sexuales. La normativa alcanza a clérigos, religiosos y laicos, al personal laboral voluntario, profesores, catequistas y a monitores de grupos de jóvenes.
Un periodista del ‘Vatileaks2’ denuncia que un «sistema» cubre casos de pederastia.
El Correo, 2017-01-17
El periodista italiano Emiliano Fittipaldi –absuelto en 2016 por el caso ‘Vatileaks2’ por la filtración de documentos del Vaticano–, aseguró ayer al diario La Repubblica que en la Iglesia católica hay un sistema que «cubre y protege» un gran número de casos de religiosos pederastas. En un adelanto del libro que publica esta semana sobre tan escabroso tema bajo el título de ‘Lussuria’, Fittipaldi detalló que «más de doscientos religiosos italianos han sido vinculados en los últimos años con casos de abusos a menores». A pesar de ello, añadió, en Italia «el escándalo nunca ha explotado».
El periodista es el autor del libro ‘Avarizia’ que, junto a su colega Gianluigi Nuzzi, destapó en 2015 lo que se conoció como ‘Vatileaks2’, un escándalo sobre información clasificada de carácter financiero de la Santa Sede por el que ambos fueron juzgados y absueltos.
El periodista italiano Emiliano Fittipaldi –absuelto en 2016 por el caso ‘Vatileaks2’ por la filtración de documentos del Vaticano–, aseguró ayer al diario La Repubblica que en la Iglesia católica hay un sistema que «cubre y protege» un gran número de casos de religiosos pederastas. En un adelanto del libro que publica esta semana sobre tan escabroso tema bajo el título de ‘Lussuria’, Fittipaldi detalló que «más de doscientos religiosos italianos han sido vinculados en los últimos años con casos de abusos a menores». A pesar de ello, añadió, en Italia «el escándalo nunca ha explotado».
El periodista es el autor del libro ‘Avarizia’ que, junto a su colega Gianluigi Nuzzi, destapó en 2015 lo que se conoció como ‘Vatileaks2’, un escándalo sobre información clasificada de carácter financiero de la Santa Sede por el que ambos fueron juzgados y absueltos.
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