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| Imagen: El País / Yakarta, mayo 2016 |
Indonesia aprueba este polémico castigo tras el asalto sexual en grupo a una joven de 14 años, que murió. Muchos activistas se oponen.
Ana Salvá | El País, 2017-01-25
http://elpais.com/elpais/2017/01/20/planeta_futuro/1484921967_974452.html
Yueyue caminaba hacia su escuela el pasado mes de abril cuando fue raptada y violada por 14 atacantes ebrios, en la isla indonesia de Sumatra. Al menos ocho de ellos eran menores. El cuerpo sin vida de la colegiala, de 14 años, fue encontrado unos días más tarde por los aldeanos en una plantación de caucho, con signos de violencia y las manos atadas.
La noticia estaba condenada a pasar inadvertida, como tantas violaciones en el país asiático, pero activistas locales alzaron la voz y las redes sociales comenzaron a arder señalando al Gobierno por su negligencia para frenar el abuso de niños. La organización pro infancia ECPAT asegura que estas agresiones se han multiplicado por 2,5 en los últimos cuatro años.
La ola de indignación no amainó ni siquiera tras el juicio celebrado el pasado 29 de septiembre, en el que el líder de la banda fue condenado a la pena de muerte, otros once participantes a penas de entre 10 y 20 años de prisión y uno a realizar un programa de rehabilitación durante un año (el atacante restante consiguió huir y eludir la acción judicial). “Todos merecen la muerte”, dijo tras la sentencia Yana, la madre de la víctima, recogiendo el sentir de una parte importante de la sociedad indonesia.
La movilización social a favor de mayores castigos, que incluyó protestas callejeras y una gran cobertura mediática, había puesto al Gobierno en un aprieto y finalmente el Ejecutivo se vio forzado a tratar de calmar los ánimos con una nueva legislación. En adelante, los jueces podrán ordenar la castración química de los violadores y condenar a la pena de muerte a los pedófilos. La decisión llega cuando Indonesia lleva años recibiendo fuertes críticas por la aplicación de la pena capital a condenados por delitos de drogas.
La castración química, efectiva desde el pasado 9 de noviembre, se aplicará a los convictos de delitos sexuales. Y la pena de muerte, a los violadores de menores cuando la víctima haya muerto o sufrido lesiones mentales y físicas severas. La legislación endurece las leyes anteriores, que limitaban el castigo a los 14 años de cárcel independientemente de la edad de la víctima.
Indonesia es el primer país del Sudeste asiático en introducir un castigo que elimina el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal. La castración química se aplica desde hace años en lugares como Corea del Sur, Rusia, Moldavia, Estonia, Polonia y nueve de los estados de Estados Unidos, mientras que en España se realiza de forma voluntaria para evitar que los internos vuelvan a delinquir cuando abandonan la cárcel.
Abdul Malik Haramain, miembro de uno de los partidos de la coalición gobernante, ha defendido que la castración tiene “un efecto disuasorio” e “impide que se repitan” los delitos sexuales. Insiste en que no es una violación de los derechos humanos por el hecho de que los delincuentes pasarán por un proceso legal antes de dictarse este castigo. La nueva disposición ha recibido elogios por parte de algunos sectores de la población, pero los activistas que trabajan en la prevención del problema dicen que “no es la solución” para erradicar la pedofilia.
Saman Zia-Zarifi, director regional para Asia y Pacífico de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ por sus siglas en inglés) considera que cualquier impacto sobre la reincidencia “variará mucho entre los que voluntariamente persiguen las reacciones basadas en la droga y los que forzosamente son sometidos a ella". Hartoyo, un prominente activista indonesio, cree que esta regulación equivale a un "acto de venganza" porque el Gobierno "ha entrado en pánico”. La Asociación Médica del país se niega a llevarla a cabo porque cree que viola la ética profesional y porque “no hay pruebas científicas” que la avalen. Pero el presidente indonesio Joko Widodo ha dicho que si el cuerpo médico se opone a ejecutar estas sentencias, recurrirán a los médicos militares.
Ningún otro intento por frenar la pedofilia parece haber tenido efecto. Según ECPAT, en 2011 entre un total de 2.176 casos denunciados a la Comisión para la Protección de los Niños Indonesios, 329 de ellos fueron casos de abuso sexual, violación y explotación sexual comercial. En 2014 de un total de 5.066 casos reportados, 1.217 fueron de abuso sexual, lo que demuestra que no ha hecho más que ir en aumento. Los crímenes reportados se produjeron principalmente en casa o por parte de los maestros en las escuelas estatales o los internados islámicos, las personas supuestamente encargadas de proteger a estos menores.
El número de casos sin embargo podría ser mucho mayor porque muchos de los supervivientes no denuncian a las autoridades. La justicia no es tan firme cuando los casos no desatan la indignación colectiva como ha sucedido con Yueyue, señala el investigador de ECPAT Indonesia Deden Ramadani. El estigma hacia los supervivientes hace que los familiares de algunos menores prefieran mediar con sus violadores a través de los corruptos agentes para evitar hacer frente a los “prolongados procedimientos legales”.
La noticia estaba condenada a pasar inadvertida, como tantas violaciones en el país asiático, pero activistas locales alzaron la voz y las redes sociales comenzaron a arder señalando al Gobierno por su negligencia para frenar el abuso de niños. La organización pro infancia ECPAT asegura que estas agresiones se han multiplicado por 2,5 en los últimos cuatro años.
La ola de indignación no amainó ni siquiera tras el juicio celebrado el pasado 29 de septiembre, en el que el líder de la banda fue condenado a la pena de muerte, otros once participantes a penas de entre 10 y 20 años de prisión y uno a realizar un programa de rehabilitación durante un año (el atacante restante consiguió huir y eludir la acción judicial). “Todos merecen la muerte”, dijo tras la sentencia Yana, la madre de la víctima, recogiendo el sentir de una parte importante de la sociedad indonesia.
La movilización social a favor de mayores castigos, que incluyó protestas callejeras y una gran cobertura mediática, había puesto al Gobierno en un aprieto y finalmente el Ejecutivo se vio forzado a tratar de calmar los ánimos con una nueva legislación. En adelante, los jueces podrán ordenar la castración química de los violadores y condenar a la pena de muerte a los pedófilos. La decisión llega cuando Indonesia lleva años recibiendo fuertes críticas por la aplicación de la pena capital a condenados por delitos de drogas.
La castración química, efectiva desde el pasado 9 de noviembre, se aplicará a los convictos de delitos sexuales. Y la pena de muerte, a los violadores de menores cuando la víctima haya muerto o sufrido lesiones mentales y físicas severas. La legislación endurece las leyes anteriores, que limitaban el castigo a los 14 años de cárcel independientemente de la edad de la víctima.
Indonesia es el primer país del Sudeste asiático en introducir un castigo que elimina el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal. La castración química se aplica desde hace años en lugares como Corea del Sur, Rusia, Moldavia, Estonia, Polonia y nueve de los estados de Estados Unidos, mientras que en España se realiza de forma voluntaria para evitar que los internos vuelvan a delinquir cuando abandonan la cárcel.
Abdul Malik Haramain, miembro de uno de los partidos de la coalición gobernante, ha defendido que la castración tiene “un efecto disuasorio” e “impide que se repitan” los delitos sexuales. Insiste en que no es una violación de los derechos humanos por el hecho de que los delincuentes pasarán por un proceso legal antes de dictarse este castigo. La nueva disposición ha recibido elogios por parte de algunos sectores de la población, pero los activistas que trabajan en la prevención del problema dicen que “no es la solución” para erradicar la pedofilia.
Saman Zia-Zarifi, director regional para Asia y Pacífico de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ por sus siglas en inglés) considera que cualquier impacto sobre la reincidencia “variará mucho entre los que voluntariamente persiguen las reacciones basadas en la droga y los que forzosamente son sometidos a ella". Hartoyo, un prominente activista indonesio, cree que esta regulación equivale a un "acto de venganza" porque el Gobierno "ha entrado en pánico”. La Asociación Médica del país se niega a llevarla a cabo porque cree que viola la ética profesional y porque “no hay pruebas científicas” que la avalen. Pero el presidente indonesio Joko Widodo ha dicho que si el cuerpo médico se opone a ejecutar estas sentencias, recurrirán a los médicos militares.
Ningún otro intento por frenar la pedofilia parece haber tenido efecto. Según ECPAT, en 2011 entre un total de 2.176 casos denunciados a la Comisión para la Protección de los Niños Indonesios, 329 de ellos fueron casos de abuso sexual, violación y explotación sexual comercial. En 2014 de un total de 5.066 casos reportados, 1.217 fueron de abuso sexual, lo que demuestra que no ha hecho más que ir en aumento. Los crímenes reportados se produjeron principalmente en casa o por parte de los maestros en las escuelas estatales o los internados islámicos, las personas supuestamente encargadas de proteger a estos menores.
El número de casos sin embargo podría ser mucho mayor porque muchos de los supervivientes no denuncian a las autoridades. La justicia no es tan firme cuando los casos no desatan la indignación colectiva como ha sucedido con Yueyue, señala el investigador de ECPAT Indonesia Deden Ramadani. El estigma hacia los supervivientes hace que los familiares de algunos menores prefieran mediar con sus violadores a través de los corruptos agentes para evitar hacer frente a los “prolongados procedimientos legales”.
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