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| Imagen: Público / Bucarest |
La plataforma critica que una administración no puede ordenar la retirada de contenidos que inciten al odio. La formación morada admite el matiz planteado y valorarán con los colectivos una posible rectificación.
Público, 2017-05-12
http://www.publico.es/politica/homofobia-pdli-tacha-inconstitucional-ley.html
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que la Proposición de Ley de Unidos Podemos contra la discriminación por orientación sexual "amenaza la libertad de expresión, permite la censura y es inconstitucional". Por ello, la organización insta a modificarla sustancialmente.
El texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, contempla multas administrativas, de hasta 20.000 euros, por opinar en redes sociales, "es decir, que no es un juez quien pondera el posible conflicto entre derechos fundamentales", matiza la plataforma a través de un comunicado, considerando este hecho uno de los "aspectos más problemáticos del texto".
Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, explica que "un funcionario no puede determinar" dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el odio. "Especialmente grave es la posibilidad de que administrativamente se pueda ordenar la retirada de contenidos, tal como se prevé el artículo 96.4", añade Sánchez Almeida.
En esta línea, la PDLI califica de "inconstitucional" el supuesto que recoge la posibilidad de retirar publicaciones de internet por orden administrativa. Y recuerda que, según el artículo 20, "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". De este modo, añaden, cualquier decisión de ordenar retirar contenidos, "sin decisión judicial previa, sólo puede calificarse como censura".
La PDLI recuerda también que el Código Penal ya regula los delitos de odio, incluyendo los delitos de odio homófobo.
Desde el grupo parlamentario aseguran ser conscientes de la polémica generada en torno a esta propuesta que ha sido elaborada íntegramente por los colectivos de defensa de los derechos del colectivo de la FELGTB (Federación Estatas del Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). Admiten que han "comprendido ese matiz" planteado por la plataforma y que valorarán con los colectivos una posible rectificación, pues según recuerdan, "la propuesta parte de los propios colectivos y nosotros no podemos rectificarla".
Asimismo, han señalado que esta ley debe ser debatida en el Congreso, "como ya ha ocurrido en hasta once comunidades autónomas". La formación morada se asegurará de que en el trámite de enmiendas "se corrija cualquier interpretación susceptible de recortar el derecho a la libertad de expresión, cuya amplitud de ejercicio nos hemos caracterizado por defender en todas las instituciones".
El texto, publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, contempla multas administrativas, de hasta 20.000 euros, por opinar en redes sociales, "es decir, que no es un juez quien pondera el posible conflicto entre derechos fundamentales", matiza la plataforma a través de un comunicado, considerando este hecho uno de los "aspectos más problemáticos del texto".
Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, explica que "un funcionario no puede determinar" dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el odio. "Especialmente grave es la posibilidad de que administrativamente se pueda ordenar la retirada de contenidos, tal como se prevé el artículo 96.4", añade Sánchez Almeida.
En esta línea, la PDLI califica de "inconstitucional" el supuesto que recoge la posibilidad de retirar publicaciones de internet por orden administrativa. Y recuerda que, según el artículo 20, "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial". De este modo, añaden, cualquier decisión de ordenar retirar contenidos, "sin decisión judicial previa, sólo puede calificarse como censura".
La PDLI recuerda también que el Código Penal ya regula los delitos de odio, incluyendo los delitos de odio homófobo.
Desde el grupo parlamentario aseguran ser conscientes de la polémica generada en torno a esta propuesta que ha sido elaborada íntegramente por los colectivos de defensa de los derechos del colectivo de la FELGTB (Federación Estatas del Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales). Admiten que han "comprendido ese matiz" planteado por la plataforma y que valorarán con los colectivos una posible rectificación, pues según recuerdan, "la propuesta parte de los propios colectivos y nosotros no podemos rectificarla".
Asimismo, han señalado que esta ley debe ser debatida en el Congreso, "como ya ha ocurrido en hasta once comunidades autónomas". La formación morada se asegurará de que en el trámite de enmiendas "se corrija cualquier interpretación susceptible de recortar el derecho a la libertad de expresión, cuya amplitud de ejercicio nos hemos caracterizado por defender en todas las instituciones".
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