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| Imagen: El Diario |
El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer urgió al Gobierno en 2014 a tomar medidas para que los derechos de visita "no pongan en peligro la seguridad" de los hijos. El organismo condenó al Estado por no proteger adecuadamente a la hija de Ángela González, asesinada por su padre en un régimen de visitas. Las estadísticas oficiales ya reconocen al niño de Galicia como el quinto menor asesinado por violencia machista en lo que va de año.
Marta Borraz | El Diario, 2017-05-10
http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-Espana-garantizar-proteccion-Galicia_0_642185996.html
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) condenó en 2014 a España por un caso similar al del menor asesinado este martes a manos de su padre en el municipio coruñés de Oza-Cesuras. A través de un dictamen, el organismo concluyó que el Estado no había protegido diligentemente a la hija de Ángela González, que fue asesinada en un régimen de visitas por su padre tras alertar del peligro que corría e interponer más de 30 denuncias.
El asesinato del menor en Galicia también se ha dado en un contexto de denuncias previas. Una de ellas, de 2008, que culminó con una sentencia condenatoria por coacciones hacia la mujer y una orden de alejamiento que se mantuvo hasta 2013, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación. Posteriormente ella presentó otra denuncia por amenazas contra su exmarido, que fue sobreseída por no poder determinar la autoría. Según fuentes de la investigación llegó a decirle que le haría daño donde más le dolía.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha incluido en su base de datos al menor, con el que ascienden a cinco el número de niños y niñas asesinadas por violencia machista –tanto por sus padres como por parejas o exparejas de sus madres– desde el inicio de 2017. La Defensora del Pueblo ha pedido este miércoles en el Senado que se revisen los regímenes de visitas concedidos a padres maltratadores.
Este es uno de los puntos que más preocupan a los colectivos que trabajan con mujeres víctimas y también está relacionado con una de las recomendaciones generales que la CEDAW hacia a España en su dictamen, en el que se mostraba preocupado por el número de menores asesinados en regímenes de visitas.
Entre las advertencias que la ONU hacía a España se encontraba "tomar las medidas adecuadas y efectivas" para garantizar el principio de no repetición de modo que el ejercicio de los derechos de custodia y visita "no pongan en peligro la seguridad de las víctimas, incluidos los hijos".
Además, añadía que el interés superior del menor y su derecho a ser escuchado "deben prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia". Por otro lado, recomienda al Estado proporcionar formación obligatoria en materia de violencia de género con el objetivo de acabar con los estereotipos de género.
El Gobierno no ha indemnizado a Ángela
Desde entonces, se han producido avances en el marco normativo, como la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito o la reforma de la Ley de Protección a la Infancia, ambas de 2015, que reconoce a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas como víctimas directas y obliga a los jueces a pronunciarse sobre ellos atendiendo a su interés superior.
Sin embargo, las expertas denuncian que es necesario poner en marcha la aplicación práctica de estos avances legislativos para garantizar la protección y atención a los menores, que aparece lastrada por la falta de recursos especializados, el déficit en formación, el mantenimiento de las visitas o la ausencia de protocolos que garanticen la detección precoz en el ámbito sanitario o educativo.
La recomendación específica que hace la CEDAW a España sobre el caso de Ángela es que se le repare de manera adecuada y se le otorgue una indemnización. Sin embargo, el Ministerio de Justicia confirmó en julio de 2015 su negativa a atender a las advertencias del organismo justificándose en que el dictamen " no vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento".
El asesinato del menor en Galicia también se ha dado en un contexto de denuncias previas. Una de ellas, de 2008, que culminó con una sentencia condenatoria por coacciones hacia la mujer y una orden de alejamiento que se mantuvo hasta 2013, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación. Posteriormente ella presentó otra denuncia por amenazas contra su exmarido, que fue sobreseída por no poder determinar la autoría. Según fuentes de la investigación llegó a decirle que le haría daño donde más le dolía.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya ha incluido en su base de datos al menor, con el que ascienden a cinco el número de niños y niñas asesinadas por violencia machista –tanto por sus padres como por parejas o exparejas de sus madres– desde el inicio de 2017. La Defensora del Pueblo ha pedido este miércoles en el Senado que se revisen los regímenes de visitas concedidos a padres maltratadores.
Este es uno de los puntos que más preocupan a los colectivos que trabajan con mujeres víctimas y también está relacionado con una de las recomendaciones generales que la CEDAW hacia a España en su dictamen, en el que se mostraba preocupado por el número de menores asesinados en regímenes de visitas.
Entre las advertencias que la ONU hacía a España se encontraba "tomar las medidas adecuadas y efectivas" para garantizar el principio de no repetición de modo que el ejercicio de los derechos de custodia y visita "no pongan en peligro la seguridad de las víctimas, incluidos los hijos".
Además, añadía que el interés superior del menor y su derecho a ser escuchado "deben prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia". Por otro lado, recomienda al Estado proporcionar formación obligatoria en materia de violencia de género con el objetivo de acabar con los estereotipos de género.
El Gobierno no ha indemnizado a Ángela
Desde entonces, se han producido avances en el marco normativo, como la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito o la reforma de la Ley de Protección a la Infancia, ambas de 2015, que reconoce a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas como víctimas directas y obliga a los jueces a pronunciarse sobre ellos atendiendo a su interés superior.
Sin embargo, las expertas denuncian que es necesario poner en marcha la aplicación práctica de estos avances legislativos para garantizar la protección y atención a los menores, que aparece lastrada por la falta de recursos especializados, el déficit en formación, el mantenimiento de las visitas o la ausencia de protocolos que garanticen la detección precoz en el ámbito sanitario o educativo.
La recomendación específica que hace la CEDAW a España sobre el caso de Ángela es que se le repare de manera adecuada y se le otorgue una indemnización. Sin embargo, el Ministerio de Justicia confirmó en julio de 2015 su negativa a atender a las advertencias del organismo justificándose en que el dictamen " no vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento".
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