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| Imagen: El País / Joaquín Luque, exrector de la Universidad de Sevilla |
Los servicios jurídicos alertaron de que Santiago Romero había abusado de dos profesoras.
Javier Martín-Arroyo | El País, 2017-01-14
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/13/actualidad/1484321498_070221.html
La Universidad de Sevilla amparó en 2011 al catedrático Santiago Romero —condenado esta semana a siete años de cárcel por tres abusos sexuales continuados y lesiones— pese a que disponía de indicios delictivos en la investigación interna abierta antes de remitir el caso a la fiscalía. Los servicios jurídicos de la Universidad detectaron en la primavera de 2011, después de la denuncia de dos profesoras y una becaria, que Romero había cometido presuntamente tres abusos sexuales y dos faltas disciplinarias muy graves de acoso sexual y laboral entre 2006 y 2010.
A pesar del dictamen jurídico de sus propios abogados, la Universidad andaluza ignoró las alertas delictivas sobre el exdecano de la Facultad de Educación incluidas en el expediente disciplinario y no le apartó, sino que le permitió dar clases durante un lustro hasta la sentencia del pasado lunes. El rector de la institución en 2011, Joaquín Luque, premió al catedrático con una estancia en la Universidad de Jaén el curso siguiente y a continuación permitió que regresara a su facultad para continuar su docencia pese a los indicios detectados por sus letrados.
Durante ese curso 2011-2012, la cúpula de la Universidad debía decidir el destino de Romero, sobre el que ya pesaban graves acusaciones. “Le pedí al rector que Romero dejara de dar clases, pero lo envió fuera porque consideró que era fundamental alejarlo. Mi posición era tomar medidas evidentes (…) Siempre he defendido que no había que darle cobertura”, alega ahora el decano de la Facultad de Educación y sucesor de Romero, Juan de Pablos Pons, que achaca a Luque la potestad de apartarle para justificar su inacción. Pons reconoce un “error de comportamiento” por desatender a las víctimas y este fin de semana madura si dimite este lunes tras las críticas a su gestión del escándalo. Luque guarda silencio.
La Universidad de Sevilla ha pedido perdón esta semana a las víctimas del catedrático, pero también ha intentado justificar su pasividad contra Romero escudándose en que había trasladado a la justicia las denuncias por abusos sexuales, según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios. Sin embargo, la institución podía haber actuado de manera autónoma y apartar a Romero sin esperar los seis años que se han demorado las pesquisas judiciales hasta la reciente condena a prisión. El propio Luque reconoció esta potestad en una resolución del 10 de marzo de 2011, dos meses después de acudir al ministerio público: “En el expediente disciplinario efectivamente se podrían adoptar las medidas cautelares o preventivas legalmente previstas”.
Mientras, esa primavera las profesoras víctimas de los abusos censuraron a Luque sin paños calientes ante el desamparo que sufrían: “Asegurar en público que son los jueces los únicos que en estos casos pueden adoptar medidas cautelares es mentir y despreciar la inteligencia de la comunidad universitaria y ciudadana (…) Todo un señor rector que nos ha mentido”.
A pesar de la disculpa pública, el rector actual, Miguel Ángel Castro, ha defendido un “tratamiento simétrico” dado por la institución andaluza al catedrático abusador y las víctimas desde 2010 en adelante. Pero las evidencias del caso desmienten esta versión.
Tanto Luque como De Pablos dieron la espalda a las profesoras denunciantes. El primero se negó a recibirlas pese a sus numerosas peticiones de audiencia y el segundo no se interesó por su situación durante seis años, aseguran las víctimas. Cuando las docentes le contaron los abusos sexuales a su director de departamento, José Pascual Sanchís, este se limitó a aconsejarles que no fueran solas al despacho del catedrático y evitó elevar la denuncia al Rectorado. Mientras, gran parte del equipo decanal de De Pablos dirigió al rector un escrito de apoyo al exdecano abusador: “Resultan totalmente inverosímiles las acusaciones que contra él formulan dos profesoras y una becaria de su departamento (…) Nunca he observado un comportamiento inapropiado, machista o abusivo de Romero”, decían varios cargos responsables de la Facultad de Educación.
La vicedecana Mery Israel Saro fue un paso más allá y llevó su alabanza de la figura de Romero al juicio celebrado en 2016, donde declaró como testigo para calificarle como “excelente con todos por igual y que no discrimina a las mujeres”. Hasta otros cinco docentes como Carmen Campos o Gloria González ensalzaron al catedrático. Esta última justificó la costumbre de Romero de echar el brazo a las mujeres que en "Andalucía somos muy propensos a esto". El juez Luis Javier Santos definió su testimonio como "manifiestamente parcial y tendencioso".
Dada la contundencia de los indicios de los abusos sexuales sobre las víctimas y sus relatos "veraces", el magistrado se muestra a un paso de imputar a los profesores por falso testimonio. “No quiere este juzgador pensar que los testigos falten a la verdad (…) cuanto más puede dudarse si lo que algunos de ellos ha hecho ha sido colocarse en una situación rayana a la ignorancia deliberada”. A pesar del escalofriante relato de hechos del juez con tocamientos y vejaciones constantes, la secretaria de la facultad entonces, Paqui Domínguez, afirmó el pasado viernes: "Ratifico todo lo que he dicho de Santiago".
Cuando la denuncia se difundió en 2011, los docentes del departamento hicieron piña con Romero para aislar a las denunciantes (en proporción aproximada de 35 a seis), en la facultad un pequeño grupo apoyó a las víctimas y la mayoría de profesores se mantuvo a la expectativa. Este último grupo —que entonces no se implicó— ha sido esta semana muy activo en la recogida de firmas para reprobar al catedrático en un interesante lavado de conciencia para, a modo de reacción terapéutica, revisar la equidistancia de antaño entre condenado y víctimas, cuando vieron el acoso y los tocamientos como un simple enfrentamiento entre partes.
Pero para perpetuar el acoso en la universidad tanto daño hacen unos docentes conniventes como una clase dirigente corporativista, subrayan los expertos. Y hoy la cúpula de la institución hispalense está lejos de querer atajar el hostigamiento laboral.
La profesora titular de la Facultad de Medicina Encarnación Santamaría denunció en 2007 que sufría acoso laboral cuando en una crisis de ansiedad rellenó una instancia en la que escribió "solicito la renuncia de dicha plaza". Este desliz fue aprovechado por la Universidad para en 48 horas despojarle de su condición de funcionaria. Nueve años después la Junta de Personal Docente pidió el pasado 25 de abril al rector actual Castro que anule la resolución del rector en 2007, Miguel Florencio, que acabó de un plumazo con la carrera de esta doctora. Nueve meses después, el rector Castro sigue sin responder para zanjar este asunto, pese a que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instó a "la revisión por nulidad" en su sentencia que desestimaba el acoso denunciado por Santamaría por falta de pruebas.
En paralelo, la profesora de Bellas Artes Inmaculada Rodríguez ha denunciado que sufre un acoso que ha perjudicado gravemente su carrera profesional con pérdida de becas internacionales, cursos y su grupo de investigación creado. "Menos mal que hay vida fuera de la Universidad porque yo ya no soy la misma persona, a mí me han cambiado. Ha pasado una década, pero no hay ninguna diferencia de rector a rector. Son la misma casta desde [Javier] Pérez Royo", censura. La Universidad de Sevilla es la única en España que prescinde del sufragio universal para elegir a su rector.
Sobre estos dos casos vivos de acoso, la institución evita pronunciarse para aclarar por qué aún no han sido solucionados. "Tienen unos procedimientos internos", se limita a decir una portavoz de la universidad. "Hemos solicitado tres entrevistas con el rector Castro para hablar del tema de Encarnación Santamaría y se nos ha ignorado", denuncia Jesús M. Castillo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
En el patio de la Facultad de Educación hoy cuelga un cartel con la leyenda de la escritora Mary Wollstonecraft: "Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas".
El 62% del alumnado universitario sufre o conoce casos de violencia machista
La violencia machista en las aulas universitarias es un virus tan extendido como silencioso, desconocido fuera de los campus. Un amplio estudio dirigido desde la Universidad de Barcelona con 1.083 entrevistas en seis universidades destapa el dato más crudo: el 62% del alumnado ha sufrido o conoce a personas que ha vivido la violencia machista en las aulas.
Uno de cada cuatro agresores es un profesor y en el 92% de los casos la víctima era una mujer. A pesar de las continuas campañas de concienciación desde las Administraciones, las universidades parecen islas donde el tema permanece tabú. Así lo demuestra que el 92% de las alumnas entrevistados desconocen si su universidad dispone de algún servicio para atender los casos de violencia machista que ocurren en los campus. Peor aún, el 69% del alumnado desconfía de que la universidad respaldaría su denuncia, como de hecho ha ocurrido en dos casos de abusos sexuales que afectan a las universidades de Barcelona y Sevilla.
“El principal fallo es la ley del silencio, que se perpetúa. Todo el mundo conoce casos, pero todos callan porque se instaura el miedo para la víctima y testigos. Además, las estructuras de poder facilitan estas dinámicas y corporativismo para atacar a las víctimas y los valientes que las defienden”, ilustra Patricia Melgar, miembro de este estudio llamado 'Rompiendo el silencio en las universidades españolas', dirigido por Rosa Valls.
A pesar de que el estudio se llevó a cabo en 2008, su publicación no se ha producido hasta el año pasado en la revista más reconocida sobre violencia de género, Violence against women. Las cifras de agresiones a las mujeres son similares en otros países, pero la respuesta de las universidades extranjeras tiene detrás una inversión para que profesoras y estudiantes dispongan de recursos, cursos y apoyo para saber qué situaciones son violencia. “Es evidente que una acción rápida y decisiva de las instituciones contra el agresor anima a la víctima a denunciar”, concluye el informe 'Marcas Ocultas' realizado en 2010 en las universidades británicas con 2.058 entrevistas.
Cuando se denuncia las consecuencias van desde eliminar la promoción laboral, la pérdida de plazas, impedimentos para presentar las tesis doctorales o alumnas que ven disminuidas sus notas.
Los casos surgen con cuentagotas por el miedo y las dificultades de las víctimas para denunciar y acumular pruebas que prosperen. En 2014 la Fiscalía de Barcelona dio por probado que el catedrático de Sociología Jesús de Miguel había abusado durante varias décadas de decenas de estudiantes, pero los hechos habían prescrito y se archivaron. La Universidad de Barcelona evitó apartar al catedrático por el archivo, a pesar de la cascada de testimonios y el dictamen del fiscal. Hoy aún trabaja en esta institución pese a contar con 69 años.
“Nos sentimos decepcionados con el archivo pero el informe reconocía que había delito y nos legitimó. La Universidad se portó fatal y nunca nos apoyó. Es duro ver el corporativismo desde dentro. Atacaron al poco profesorado que nos apoyó, como un mensaje para que nadie más se implicara”, explica Ana Vidu, primera víctima que se atrevió a denunciar el caso.
A pesar del dictamen jurídico de sus propios abogados, la Universidad andaluza ignoró las alertas delictivas sobre el exdecano de la Facultad de Educación incluidas en el expediente disciplinario y no le apartó, sino que le permitió dar clases durante un lustro hasta la sentencia del pasado lunes. El rector de la institución en 2011, Joaquín Luque, premió al catedrático con una estancia en la Universidad de Jaén el curso siguiente y a continuación permitió que regresara a su facultad para continuar su docencia pese a los indicios detectados por sus letrados.
Durante ese curso 2011-2012, la cúpula de la Universidad debía decidir el destino de Romero, sobre el que ya pesaban graves acusaciones. “Le pedí al rector que Romero dejara de dar clases, pero lo envió fuera porque consideró que era fundamental alejarlo. Mi posición era tomar medidas evidentes (…) Siempre he defendido que no había que darle cobertura”, alega ahora el decano de la Facultad de Educación y sucesor de Romero, Juan de Pablos Pons, que achaca a Luque la potestad de apartarle para justificar su inacción. Pons reconoce un “error de comportamiento” por desatender a las víctimas y este fin de semana madura si dimite este lunes tras las críticas a su gestión del escándalo. Luque guarda silencio.
La Universidad de Sevilla ha pedido perdón esta semana a las víctimas del catedrático, pero también ha intentado justificar su pasividad contra Romero escudándose en que había trasladado a la justicia las denuncias por abusos sexuales, según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios. Sin embargo, la institución podía haber actuado de manera autónoma y apartar a Romero sin esperar los seis años que se han demorado las pesquisas judiciales hasta la reciente condena a prisión. El propio Luque reconoció esta potestad en una resolución del 10 de marzo de 2011, dos meses después de acudir al ministerio público: “En el expediente disciplinario efectivamente se podrían adoptar las medidas cautelares o preventivas legalmente previstas”.
Mientras, esa primavera las profesoras víctimas de los abusos censuraron a Luque sin paños calientes ante el desamparo que sufrían: “Asegurar en público que son los jueces los únicos que en estos casos pueden adoptar medidas cautelares es mentir y despreciar la inteligencia de la comunidad universitaria y ciudadana (…) Todo un señor rector que nos ha mentido”.
A pesar de la disculpa pública, el rector actual, Miguel Ángel Castro, ha defendido un “tratamiento simétrico” dado por la institución andaluza al catedrático abusador y las víctimas desde 2010 en adelante. Pero las evidencias del caso desmienten esta versión.
Tanto Luque como De Pablos dieron la espalda a las profesoras denunciantes. El primero se negó a recibirlas pese a sus numerosas peticiones de audiencia y el segundo no se interesó por su situación durante seis años, aseguran las víctimas. Cuando las docentes le contaron los abusos sexuales a su director de departamento, José Pascual Sanchís, este se limitó a aconsejarles que no fueran solas al despacho del catedrático y evitó elevar la denuncia al Rectorado. Mientras, gran parte del equipo decanal de De Pablos dirigió al rector un escrito de apoyo al exdecano abusador: “Resultan totalmente inverosímiles las acusaciones que contra él formulan dos profesoras y una becaria de su departamento (…) Nunca he observado un comportamiento inapropiado, machista o abusivo de Romero”, decían varios cargos responsables de la Facultad de Educación.
La vicedecana Mery Israel Saro fue un paso más allá y llevó su alabanza de la figura de Romero al juicio celebrado en 2016, donde declaró como testigo para calificarle como “excelente con todos por igual y que no discrimina a las mujeres”. Hasta otros cinco docentes como Carmen Campos o Gloria González ensalzaron al catedrático. Esta última justificó la costumbre de Romero de echar el brazo a las mujeres que en "Andalucía somos muy propensos a esto". El juez Luis Javier Santos definió su testimonio como "manifiestamente parcial y tendencioso".
Dada la contundencia de los indicios de los abusos sexuales sobre las víctimas y sus relatos "veraces", el magistrado se muestra a un paso de imputar a los profesores por falso testimonio. “No quiere este juzgador pensar que los testigos falten a la verdad (…) cuanto más puede dudarse si lo que algunos de ellos ha hecho ha sido colocarse en una situación rayana a la ignorancia deliberada”. A pesar del escalofriante relato de hechos del juez con tocamientos y vejaciones constantes, la secretaria de la facultad entonces, Paqui Domínguez, afirmó el pasado viernes: "Ratifico todo lo que he dicho de Santiago".
Cuando la denuncia se difundió en 2011, los docentes del departamento hicieron piña con Romero para aislar a las denunciantes (en proporción aproximada de 35 a seis), en la facultad un pequeño grupo apoyó a las víctimas y la mayoría de profesores se mantuvo a la expectativa. Este último grupo —que entonces no se implicó— ha sido esta semana muy activo en la recogida de firmas para reprobar al catedrático en un interesante lavado de conciencia para, a modo de reacción terapéutica, revisar la equidistancia de antaño entre condenado y víctimas, cuando vieron el acoso y los tocamientos como un simple enfrentamiento entre partes.
Pero para perpetuar el acoso en la universidad tanto daño hacen unos docentes conniventes como una clase dirigente corporativista, subrayan los expertos. Y hoy la cúpula de la institución hispalense está lejos de querer atajar el hostigamiento laboral.
La profesora titular de la Facultad de Medicina Encarnación Santamaría denunció en 2007 que sufría acoso laboral cuando en una crisis de ansiedad rellenó una instancia en la que escribió "solicito la renuncia de dicha plaza". Este desliz fue aprovechado por la Universidad para en 48 horas despojarle de su condición de funcionaria. Nueve años después la Junta de Personal Docente pidió el pasado 25 de abril al rector actual Castro que anule la resolución del rector en 2007, Miguel Florencio, que acabó de un plumazo con la carrera de esta doctora. Nueve meses después, el rector Castro sigue sin responder para zanjar este asunto, pese a que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instó a "la revisión por nulidad" en su sentencia que desestimaba el acoso denunciado por Santamaría por falta de pruebas.
En paralelo, la profesora de Bellas Artes Inmaculada Rodríguez ha denunciado que sufre un acoso que ha perjudicado gravemente su carrera profesional con pérdida de becas internacionales, cursos y su grupo de investigación creado. "Menos mal que hay vida fuera de la Universidad porque yo ya no soy la misma persona, a mí me han cambiado. Ha pasado una década, pero no hay ninguna diferencia de rector a rector. Son la misma casta desde [Javier] Pérez Royo", censura. La Universidad de Sevilla es la única en España que prescinde del sufragio universal para elegir a su rector.
Sobre estos dos casos vivos de acoso, la institución evita pronunciarse para aclarar por qué aún no han sido solucionados. "Tienen unos procedimientos internos", se limita a decir una portavoz de la universidad. "Hemos solicitado tres entrevistas con el rector Castro para hablar del tema de Encarnación Santamaría y se nos ha ignorado", denuncia Jesús M. Castillo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
En el patio de la Facultad de Educación hoy cuelga un cartel con la leyenda de la escritora Mary Wollstonecraft: "Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas".
El 62% del alumnado universitario sufre o conoce casos de violencia machista
La violencia machista en las aulas universitarias es un virus tan extendido como silencioso, desconocido fuera de los campus. Un amplio estudio dirigido desde la Universidad de Barcelona con 1.083 entrevistas en seis universidades destapa el dato más crudo: el 62% del alumnado ha sufrido o conoce a personas que ha vivido la violencia machista en las aulas.
Uno de cada cuatro agresores es un profesor y en el 92% de los casos la víctima era una mujer. A pesar de las continuas campañas de concienciación desde las Administraciones, las universidades parecen islas donde el tema permanece tabú. Así lo demuestra que el 92% de las alumnas entrevistados desconocen si su universidad dispone de algún servicio para atender los casos de violencia machista que ocurren en los campus. Peor aún, el 69% del alumnado desconfía de que la universidad respaldaría su denuncia, como de hecho ha ocurrido en dos casos de abusos sexuales que afectan a las universidades de Barcelona y Sevilla.
“El principal fallo es la ley del silencio, que se perpetúa. Todo el mundo conoce casos, pero todos callan porque se instaura el miedo para la víctima y testigos. Además, las estructuras de poder facilitan estas dinámicas y corporativismo para atacar a las víctimas y los valientes que las defienden”, ilustra Patricia Melgar, miembro de este estudio llamado 'Rompiendo el silencio en las universidades españolas', dirigido por Rosa Valls.
A pesar de que el estudio se llevó a cabo en 2008, su publicación no se ha producido hasta el año pasado en la revista más reconocida sobre violencia de género, Violence against women. Las cifras de agresiones a las mujeres son similares en otros países, pero la respuesta de las universidades extranjeras tiene detrás una inversión para que profesoras y estudiantes dispongan de recursos, cursos y apoyo para saber qué situaciones son violencia. “Es evidente que una acción rápida y decisiva de las instituciones contra el agresor anima a la víctima a denunciar”, concluye el informe 'Marcas Ocultas' realizado en 2010 en las universidades británicas con 2.058 entrevistas.
Cuando se denuncia las consecuencias van desde eliminar la promoción laboral, la pérdida de plazas, impedimentos para presentar las tesis doctorales o alumnas que ven disminuidas sus notas.
Los casos surgen con cuentagotas por el miedo y las dificultades de las víctimas para denunciar y acumular pruebas que prosperen. En 2014 la Fiscalía de Barcelona dio por probado que el catedrático de Sociología Jesús de Miguel había abusado durante varias décadas de decenas de estudiantes, pero los hechos habían prescrito y se archivaron. La Universidad de Barcelona evitó apartar al catedrático por el archivo, a pesar de la cascada de testimonios y el dictamen del fiscal. Hoy aún trabaja en esta institución pese a contar con 69 años.
“Nos sentimos decepcionados con el archivo pero el informe reconocía que había delito y nos legitimó. La Universidad se portó fatal y nunca nos apoyó. Es duro ver el corporativismo desde dentro. Atacaron al poco profesorado que nos apoyó, como un mensaje para que nadie más se implicara”, explica Ana Vidu, primera víctima que se atrevió a denunciar el caso.
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