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| Imagen: Público |
El Consejo General del Poder Judicial, tal como adelantó en exclusiva Público, comenzará a recopilar los datos de todas las violencias machistas, no sólo de las que ocurran en el ámbito de la pareja o ex pareja como en la actualidad.
Marisa Kohan | Público, 2018-02-02
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-juzgados-comenzaran-contabilizar-violencias-mujeres-hecho-serlo.html
El Observatorio de Género del Consejo General del Poder Judicial comenzará a recabar este año todos los datos de los juzgados relativos a las denuncias presentadas por delitos cometidos contra mujeres por el simple hecho de ser mujeres, tal como lo adelantaba en exclusiva Público a principios de enero.
Este jueves, el grupo de expertos de este organismo daba el visto bueno a esta medida y confirmaba que incluirá ya en el informe que está elaborando sobre el año 2016 a todas las víctimas por violencia machista, y no sólo a las cometidas por parejas o exparejas, tal como se venía haciendo hasta el momento.
El CGPJ acata así lo acordado en el pacto de Estado contra la violencia de género que el Congreso aprobó el pasado mes de septiembre, y lo que exige el Convenio de Estambul, un documento internacional ratificado por España en 2014 que obliga a contabilizar, prevenir y reparar todas las violencias que se ejercen contra la mujeres por el hecho de serlo, incluyendo la mutilación genital femenina, los matrimonios forzado, la trata de mujeres con fines de explotación sexual o las violencias sexuales, entre otros.
Desde 2004, año en el que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, nuestro país considera como víctimas de violencia de género única y exclusivamente a las agresiones cometidas por la pareja o expareja de las mujeres y desde 2015 a los hijos de éstas, que también son considerados víctimas directas. Existen, por tanto casi 15 años de datos estadísticos y conocimiento en esta materia, que sirven para poner en marcha medidas concretas de prevención, protección y para conocer en detalle este tipo de violencias.
No ocurre así en el ámbitos del resto de violencias contra la mujeres, de las que no existen datos recopilados y sistematizados por parte de organismos oficiales, a pesar de que organizaciones de la sociedad civil, como Feminicidio_net lleva diez años haciendo acopio y análisis de todas las violencias machistas.
Según afirmo Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del CGPJ a Público, es fundamental "poner los datos negro sobre blanco para estudiarlos, analizarlos científicamente y para conocer los temas en profundidad, lo que lo que servirá de base para el desarrollo legislativo necesario, pero también para evaluar qué tipo de recursos especializados serán necesarios. Por ejemplo se necesitará nuevas competencias en los juzgados especializados en violencia contra la mujer, determinar las cargas que van a tener que atender, evaluar las necesidades de formación en nuevas formas de violencia o analizar los delitos que se comenten por territorios".
Según lo acordado por el grupo de expertos del CGPJ, los datos comenzarán a recopilarse tan pronto como la Comisión Nacional de Estadística Judicial de el visto bueno a esta propuesta que le será remitida la próxima semana. Se podría así comenzar a conocer la magnitud de la violencia que denuncian en España las mujeres a partir de este mismo año y que sólo en el ámbito de pareja suponen más de 140.000 denuncias cada año.
Los informes sobre violencia de género que realiza este Observatorio, tienen dos años de carencia, para poder incluir las resoluciones judiciales, por lo que en estos momentos se está realizando el correspondiente a 2016, que ya va a incorporar los asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja, pero también un análisis las sentencias que dictadas desde aquel año y que escaparon a la estadística oficial porque los crímenes se cometieron fuera del ámbito de la pareja. Se pondrá conocer así no sólo lo que ocurrió con la víctima cuando la mataron (y las medidas de protección o alejamiento que tenía), sino también qué medidas tomaron los tribunales, si aplicaron agravantes por motivos de género o atenuantes de algún tipo.
Con esta medida, asesinatos como el de Diana Quer, ocurrido en 2016 se verá reflejados en las estadísticas oficiales.
Formación a jueces y juezas
La formación de los operadores jurídicos, será otra de las prioridades de este cambio de enfoque a la hora de entender la violencia machista. Carmona afirmó que el CGPJ hará obligatoria la formación de jueces y magistrados, actúen o no en juzgados especializados contra la violencia, en materia de género y que incorpore un conocimiento específico de las violencias que hasta el momento no se reconocen como violencias de género.
También afirmó que el conocimiento de los datos que se recopilen deberán servir para elaborar nuevas normativas en materia de violencia de género (el pacto de Estado prevé la modificación de 15 leyes) y la necesidad de dotación de medios y personal a los juzgados especializados en violencia, que serán los encargados.
El grupo de expertos también ha acordado establecer un plan de seguimiento de las órdenes de protección "para que se pueda mejorar la predicción del riesgo" o hacer recomendaciones a los titulares de los órganos judiciales sobre temas que "preocupan especialmente", como las denuncias cruzadas, el síndrome de alienación parental o la forma de abordar al menor como víctima directa.
A ellos el Pacto dedica buena parte de sus medidas, como la suspensión del régimen de visitas cuando haya condena o en aquellos que, sin haberla, hayan presenciado, sufrido o estado expuestos a la violencia de género.
Este jueves, el grupo de expertos de este organismo daba el visto bueno a esta medida y confirmaba que incluirá ya en el informe que está elaborando sobre el año 2016 a todas las víctimas por violencia machista, y no sólo a las cometidas por parejas o exparejas, tal como se venía haciendo hasta el momento.
El CGPJ acata así lo acordado en el pacto de Estado contra la violencia de género que el Congreso aprobó el pasado mes de septiembre, y lo que exige el Convenio de Estambul, un documento internacional ratificado por España en 2014 que obliga a contabilizar, prevenir y reparar todas las violencias que se ejercen contra la mujeres por el hecho de serlo, incluyendo la mutilación genital femenina, los matrimonios forzado, la trata de mujeres con fines de explotación sexual o las violencias sexuales, entre otros.
Desde 2004, año en el que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, nuestro país considera como víctimas de violencia de género única y exclusivamente a las agresiones cometidas por la pareja o expareja de las mujeres y desde 2015 a los hijos de éstas, que también son considerados víctimas directas. Existen, por tanto casi 15 años de datos estadísticos y conocimiento en esta materia, que sirven para poner en marcha medidas concretas de prevención, protección y para conocer en detalle este tipo de violencias.
No ocurre así en el ámbitos del resto de violencias contra la mujeres, de las que no existen datos recopilados y sistematizados por parte de organismos oficiales, a pesar de que organizaciones de la sociedad civil, como Feminicidio_net lleva diez años haciendo acopio y análisis de todas las violencias machistas.
Según afirmo Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del CGPJ a Público, es fundamental "poner los datos negro sobre blanco para estudiarlos, analizarlos científicamente y para conocer los temas en profundidad, lo que lo que servirá de base para el desarrollo legislativo necesario, pero también para evaluar qué tipo de recursos especializados serán necesarios. Por ejemplo se necesitará nuevas competencias en los juzgados especializados en violencia contra la mujer, determinar las cargas que van a tener que atender, evaluar las necesidades de formación en nuevas formas de violencia o analizar los delitos que se comenten por territorios".
Según lo acordado por el grupo de expertos del CGPJ, los datos comenzarán a recopilarse tan pronto como la Comisión Nacional de Estadística Judicial de el visto bueno a esta propuesta que le será remitida la próxima semana. Se podría así comenzar a conocer la magnitud de la violencia que denuncian en España las mujeres a partir de este mismo año y que sólo en el ámbito de pareja suponen más de 140.000 denuncias cada año.
Los informes sobre violencia de género que realiza este Observatorio, tienen dos años de carencia, para poder incluir las resoluciones judiciales, por lo que en estos momentos se está realizando el correspondiente a 2016, que ya va a incorporar los asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja, pero también un análisis las sentencias que dictadas desde aquel año y que escaparon a la estadística oficial porque los crímenes se cometieron fuera del ámbito de la pareja. Se pondrá conocer así no sólo lo que ocurrió con la víctima cuando la mataron (y las medidas de protección o alejamiento que tenía), sino también qué medidas tomaron los tribunales, si aplicaron agravantes por motivos de género o atenuantes de algún tipo.
Con esta medida, asesinatos como el de Diana Quer, ocurrido en 2016 se verá reflejados en las estadísticas oficiales.
Formación a jueces y juezas
La formación de los operadores jurídicos, será otra de las prioridades de este cambio de enfoque a la hora de entender la violencia machista. Carmona afirmó que el CGPJ hará obligatoria la formación de jueces y magistrados, actúen o no en juzgados especializados contra la violencia, en materia de género y que incorpore un conocimiento específico de las violencias que hasta el momento no se reconocen como violencias de género.
También afirmó que el conocimiento de los datos que se recopilen deberán servir para elaborar nuevas normativas en materia de violencia de género (el pacto de Estado prevé la modificación de 15 leyes) y la necesidad de dotación de medios y personal a los juzgados especializados en violencia, que serán los encargados.
El grupo de expertos también ha acordado establecer un plan de seguimiento de las órdenes de protección "para que se pueda mejorar la predicción del riesgo" o hacer recomendaciones a los titulares de los órganos judiciales sobre temas que "preocupan especialmente", como las denuncias cruzadas, el síndrome de alienación parental o la forma de abordar al menor como víctima directa.
A ellos el Pacto dedica buena parte de sus medidas, como la suspensión del régimen de visitas cuando haya condena o en aquellos que, sin haberla, hayan presenciado, sufrido o estado expuestos a la violencia de género.
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