#hemeroteca #iglesia #ideologiadeodio | Munilla: "La Fiscalía archiva la denuncia que solo buscaba amedrentar a la Iglesia para imponer una antropología de Estado basada en la teoría de género-LGTBI"

La Munilla toma Orihuela-Alicante en febrero de 2022 //

Munilla: "La Fiscalía archiva la denuncia que solo buscaba amedrentar a la Iglesia para imponer una antropología de Estado basada en la teoría de género-LGTBI"
El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante critica que el amor cristiano sea objeto de acusación de delito de odio y discriminación
Loreto Mármol | Información, 2026-01-27
https://www.informacion.es/vega-baja/2026/01/27/munilla-fiscalia-archiva-denuncia-buscaba-126124044.html

El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha comunicado a través de sus redes sociales que la Fiscalía ha archivado la investigación que pesaba contra él por posibles delitos de odio y discriminación a raíz de una denuncia de la Plataforma Ciudadana "Tu pueblo y el mío" por sus declaraciones homófobas.

Según sus propias palabras, el prelado tenía claro que la denuncia no tenía recorrido, porque, a su juicio, solo "buscaba amedrentar a la Iglesia para que no nos atreviéramos a proponer la antropología cristiana del matrimonio y de la sexualidad, pretendiendo así tener las manos libres para imponer una antropología de Estado basada en la teoría de género-LGTBI".

Además, subraya que "el colmo del colmo es que la propuesta del amor cristiano pueda llegar a ser objeto de la acusación de delito de odio y de discriminación".

Así, aboga por que la Iglesia no deje de "predicar el Evangelio del amor vivido en pureza", ya que, añade, "es nuestra obligación pastoral acompañar a las personas que, libremente, nos pidan ayuda espiritual para vivir en castidad".

También arremete contra la plataforma de la que partió la denuncia: "Es absolutamente incoherente -¡un auténtico liberticidio!- que quienes dicen defender la libre elección de la propia identidad sexual pretendan coartar la libertad de quienes toman un camino diferente al suyo".

Por último, también lanza un mensaje sobre los medios de comunicación, poniendo en duda que los que difundieron la denuncia, "ahora que se ha demostrado falsa la acusación, se hagan eco del archivo". Pero "¡es lo que hay! Algunos batallan por el relato; mientras que otros lo hacemos por la verdad de la vida", concluye.

El que era obispo de San Sebastián llegó en febrero de 2022 al Obispado de Orihuela-Alicante en sustitución de Jesús Murgui Soriano precedido de multitud de polémicas por su perfil ultraconservador, homófobo y antifeminista, amplificado por su carácter mediático, ya que tiene página web propia y un programa de radio, y su actividad en las redes sociales, donde su cuenta en X alcanza a más de 135.000 seguidores, también lanzando mensajes muy controvertidos.

Investigación
El Ministerio Fiscal abrió diligencias previas de investigación por unas declaraciones de Munilla contra el colectivo LGTBI. El presidente de la plataforma, Lucas López Moreno, se dirigió en julio al fiscal de la sala contra los delitos de odio y discriminación sobre unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su modalidad de discurso de odio o de lesión a la dignidad, y la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación para dirimir si archivaba la denuncia -como ha ocurrido- o finalmente se derivaba en un juicio.

Denuncia
Así, López Moreno denunció unas declaraciones públicas del prelado -tanto en medios de comunicación como en programas de radio- que, a su juicio, "exceden el amparo de la libertad de expresión o religiosa", considerando que podrían incitar a la discriminación del colectivo LGTBI, legitimar prácticas prohibidas por la legislación vigente y vulnerar el principio de igualdad y dignidad constitucionalmente reconocido. El obispo suele apelar a la libertad de expresión "frente a la cultura de silenciar al contrario", como hizo en su discurso en la toma de posesión al frente del Obispado.

En concreto, la denuncia hacía referencia a que el 3 de mayo de 2024, durante el programa de Radio María, Munilla manifestó que "se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales [...], si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas, entonces eso se entiende como terapia de conversión, y eso está prohibido", a lo que añadió que "aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano".

Estas afirmaciones, recogía la denuncia, "equivalen a una defensa explícita de las llamadas terapias de conversión, prohibidas en España en múltiples normativas autonómicas", como la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana en su artículo 14, que prohíbe expresamente las terapias de aversión o conversión.

Como la sede de la emisora en la que se efectuaron las manifestaciones denunciadas radica en Madrid, la denuncia se derivó a esa Fiscalía, aunque en primera instancia se dirigió a la de Alicante, siendo territorialmente competente para valorar la transcendencia jurídico penal.

"Liberticidio"
Además, en declaraciones recogidas por diversos medios, como en el artículo publicado en Vida Nueva Digital el 16 de julio de 2024, el obispo justificó públicamente estas terapias, negando que sean coercitivas y sugiriendo que su prohibición es un "liberticidio LGTBI".

Para el denunciante, "estas manifestaciones no solo trivializan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica (OMS, ONU, APA), sino que legitiman simbólicamente intervenciones que atentan contra la dignidad y la salud psicosocial de personas LGTBI, y alimentan un discurso de estigmatización bajo cobertura religiosa".

Todo ello, sostenía, podría constituir delito conforme al artículo 510 del Código Penal, que recoge que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por su orientación o identidad sexual.

También se hacía hincapié en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que la libertad de expresión no ampara discursos que entrañen menosprecio o humillación hacia colectivos históricamente discriminados, así como en la doctrina internacional, con informes de la ONU que consideran las terapias de conversión una forma de trato inhumano o degradante.