La asociación de familias de menores transexuales denuncia la "vejatoria" guía de atención. Reclaman en el área de Política Familiar un servicio específico de atención y asesoramiento a las familias con menores transexuales.
J.M. Alonso | El Mundo, 2016-03-18
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/03/18/56ebbe7f268e3e870b8b4582.html
La asociación de familias de menores transexuales de Euskadi, Chrysallis, denunció ayer que el Gobierno vasco «no está atendiendo con la suficiente presteza» las demandas «claras y precisas» que está planteando y, en ocasiones, «dificulta o no pone facilidades» para que se ejecuten.
La principal queja atañe a la guía de atención integral a transexuales que está elaborado el Ejecutivo vasco y cuyo borrador es un «absoluto despropósito» porque «patologiza» la condición de estas personas al «psiquiatrizar el acompañamiento sanitario», cuando «no se trata de ningún trastorno mental». Dejar en manos de los psiquiatras la decisión de quién es y no transexual implica un «trato vejatorio» y una «vulneración de los derechos» de estos ciudadanos, además de que infringe la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de los transexuales aprobada por el Parlamento Vasco en junio de 2012.
El sexólogo y presidente de Chrysallis, Aingeru Mayor, fue crítico con la actitud del Gobierno vasco en una comparecencia en las Juntas Generales para dar a conocer la realidad de las familias con menores transexuales. Estuvo acompañado de Abi Labaien, la madre de Lucía, la pequeña de cinco años que nació con genitales masculinos que ha logrado que un juzgado autorice su cambio de nombre en el Registro Civil en el que es el caso más prematuro del Estado, y que no pudo evitar emocionarse al relatar el caso de su hija. Chrysallis nació hace un año con ocho familias y ahora agrupa a 24 del País Vasco y Navarra. Las últimas investigaciones sobre la prevalencia de la transexualidad apuntan a que implica a una de cada 1.000 personas. Esto quiere decir que hay 400 niños en estas dos comunidades en situación de transexualidad que «están sin poder vivir su identidad».
Para poder acompañar a estos niños en el tránsito social, Mayor considera que es fundamental la implicación de las instituciones. Por ello, lamentó que las administraciones «van despacio» cuando «los niños no pueden esperar» ya que está «demostrado» que padecen «graves problemas» si no se acepta su realidad.
Por ejemplo, recuerda que la ley de 2012 establecía un plazo de seis meses para la elaboración de la guía de atención integral a personas transexuales. Al margen de esta demora, Mayor se mostró muy crítico con el documento que prepara el Gobierno vasco. Según censuró, ya el primer borrador de diciembre de 2014 «vulneraba cada párrafo» de la ley de 2012, algo que no se ha corregido en la reciente segunda versión, que «viola una y otra vez» la normativa en el ámbito sanitario. «Es un desgaste continuo pelear por lo que la ley ya estableció», aseveró Mayor, que espera que se «encauce» la situación. La asociación ha remitido ya un informe técnico y jurídico sobre el contenido del borrador y hoy mantendrá una reunión con el Ejecutivo vasco para que se «corrijan» las cuestiones «graves» del documento.
Entre las reivindicaciones, esta asociación reclama en el área de Política Familiar un servicio específico de atención y asesoramiento a las familias con menores transexuales, mientras que en el ámbito educativo demanda un plan integral de formación en centros donde hay menores en situación de transexualidad. En el caso de la Diputación de Gipuzkoa, pide la puesta en marcha de «mecanismos» que garanticen que cualquier intervención con menores en los servicios sociales tenga en cuenta la realidad de los transexuales.
Mayor fue también crítico con el carné transitorio para que las personas transexuales sean tratadas por su identidad de género hasta que se produzca la rectificación de su sexo en el Registro Civil, ya que «no va a servir para nada». Esta documentación, regulada por el decreto del Gobierno vasco del 23 de diciembre, no va a ser un «instrumento para garantizar los derechos» de los transexuales sino una «medida de control».
La principal queja atañe a la guía de atención integral a transexuales que está elaborado el Ejecutivo vasco y cuyo borrador es un «absoluto despropósito» porque «patologiza» la condición de estas personas al «psiquiatrizar el acompañamiento sanitario», cuando «no se trata de ningún trastorno mental». Dejar en manos de los psiquiatras la decisión de quién es y no transexual implica un «trato vejatorio» y una «vulneración de los derechos» de estos ciudadanos, además de que infringe la Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de los transexuales aprobada por el Parlamento Vasco en junio de 2012.
El sexólogo y presidente de Chrysallis, Aingeru Mayor, fue crítico con la actitud del Gobierno vasco en una comparecencia en las Juntas Generales para dar a conocer la realidad de las familias con menores transexuales. Estuvo acompañado de Abi Labaien, la madre de Lucía, la pequeña de cinco años que nació con genitales masculinos que ha logrado que un juzgado autorice su cambio de nombre en el Registro Civil en el que es el caso más prematuro del Estado, y que no pudo evitar emocionarse al relatar el caso de su hija. Chrysallis nació hace un año con ocho familias y ahora agrupa a 24 del País Vasco y Navarra. Las últimas investigaciones sobre la prevalencia de la transexualidad apuntan a que implica a una de cada 1.000 personas. Esto quiere decir que hay 400 niños en estas dos comunidades en situación de transexualidad que «están sin poder vivir su identidad».
Para poder acompañar a estos niños en el tránsito social, Mayor considera que es fundamental la implicación de las instituciones. Por ello, lamentó que las administraciones «van despacio» cuando «los niños no pueden esperar» ya que está «demostrado» que padecen «graves problemas» si no se acepta su realidad.
Por ejemplo, recuerda que la ley de 2012 establecía un plazo de seis meses para la elaboración de la guía de atención integral a personas transexuales. Al margen de esta demora, Mayor se mostró muy crítico con el documento que prepara el Gobierno vasco. Según censuró, ya el primer borrador de diciembre de 2014 «vulneraba cada párrafo» de la ley de 2012, algo que no se ha corregido en la reciente segunda versión, que «viola una y otra vez» la normativa en el ámbito sanitario. «Es un desgaste continuo pelear por lo que la ley ya estableció», aseveró Mayor, que espera que se «encauce» la situación. La asociación ha remitido ya un informe técnico y jurídico sobre el contenido del borrador y hoy mantendrá una reunión con el Ejecutivo vasco para que se «corrijan» las cuestiones «graves» del documento.
Entre las reivindicaciones, esta asociación reclama en el área de Política Familiar un servicio específico de atención y asesoramiento a las familias con menores transexuales, mientras que en el ámbito educativo demanda un plan integral de formación en centros donde hay menores en situación de transexualidad. En el caso de la Diputación de Gipuzkoa, pide la puesta en marcha de «mecanismos» que garanticen que cualquier intervención con menores en los servicios sociales tenga en cuenta la realidad de los transexuales.
Mayor fue también crítico con el carné transitorio para que las personas transexuales sean tratadas por su identidad de género hasta que se produzca la rectificación de su sexo en el Registro Civil, ya que «no va a servir para nada». Esta documentación, regulada por el decreto del Gobierno vasco del 23 de diciembre, no va a ser un «instrumento para garantizar los derechos» de los transexuales sino una «medida de control».
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