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| Imagen: El País / Manifestación contra la discriminación de las mujeres en Túnez en 2016 |
Algunos médicos y enfermeras del sistema público se acogen a un inexistente derecho a la objeción de conciencia.
Ricard González | El País, 2018-02-01
https://elpais.com/internacional/2017/12/10/actualidad/1512904516_620591.html
“Aquí no hacemos abortos, la religión lo prohíbe. Guarda este niño que Dios te ha enviado y ven aquí después para recibir la contracepción”, le respondieron a una funcionaria tunecina de 32 años en una oficina pública de planificación familiar de provincias. Sin embargo, según la ley, estas instituciones son las principales encargadas de practicar el aborto en Túnez, además de forma totalmente gratuita. Este país magrebí —que acaba de aprobar una ley contra la violencia de género pionera en la región— es el único en el mundo árabe y uno de los cuatro del continente africano donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal durante los tres primeros meses de gestación sin tener que alegar motivo alguno, aunque en la práctica, ya sea por los recortes en sanidad o por la objeción de los encargados de realizarla, no todas las tunecinas disfrutan de ese derecho. Y eso que hubo un tiempo en el que la capital tunecina fue la "Londres" del Magreb.
“Con la excusa de la falta de recursos presupuestarios, ya en los últimos años de la dictadura se cerraron algunos de los equipamientos de las oficinas de planificación familiar en las provincias. Y después de la Revolución, con el ascenso del islamismo, aparecieron nuevos obstáculos”, lamenta Anne Emmanuèle Hasairi, una veterana comadrona que asumió un cargo directivo en el Ministerio de Salud y ahora trabaja para Amal, una ONG de apoyo a las madres solteras y sus hijos. En Túnez, los centros públicos acometen unas 16.000 interrupciones del embarazo anuales.
La despenalización del aborto fue introducido en Túnez por primera vez en 1965, si bien con una importante restricción: tan solo para las mujeres con cinco o más hijos. El objetivo del presidente Habib Bourguiba era reducir la elevada tasa de natalidad, al considerarla un freno al desarrollo del país. Ante el magro impacto de la iniciativa, en 1973, el laicista Bourguiba decidió ampliar ese derecho por ley a todas las mujeres adultas hasta los tres primeros meses de gestación con una ley de plazos. Esta vez, sí consiguió el efecto esperado y la media cayó de siete hijos por mujer en los años sesenta a los 2,1 actuales. Por ello, el Estado ya ha perdido el celo de antaño en frenar el crecimiento demográfico.
“Algunas asistentas, comadronas y médicos conservadores que trabajan en las oficinas de planificación o en los hospitales públicos se niegan a practicar el aborto. A veces, simplemente, proporcionan a las mujeres una información incorrecta para que desistan. Se acogen a una objeción de conciencia no reconocida por la ley”, critica Hedia Belhadj, presidenta del Groupe Tawhida Cheikh, una ONG especializada en la defensa y promoción de los derechos reproductivos. En otros casos, presionan a la paciente para que cambie de opinión o le dirigen miradas y comentarios de desaprobación, sobre todo si es una madre soltera, una categoría que representa el 20% del total. En cambio, en países como España e Italia la legislación sí otorga un derecho a la objeción.
Aunque no existe un consenso entre los clérigos musulmanes sobre la cuestión del aborto, más allá de su necesidad cuando está en peligro la salud de la mujer, las interpretaciones conservadoras lo consideran un pecado. Las asociaciones de mujeres tunecinas han denunciado la pasividad del Estado ante la dejación de sus obligaciones por parte de estos funcionarios, que a menudo ni se molestan en ocultar. Por ejemplo, Messaoud Gassoumi, responsable del Departamento de Maternidad del hospital de Kaserine, incluso declaró sin tapujos en un programa de televisión que se negaba a practicar abortos.
“El Estado teme enfrentarse a los grupos islamistas”, espeta Hasairi. Sin embargo, Dhauha Halleb, delegada de la Oficina Nacional para la Planificación Familiar en la provincia de Nabeul matiza la situación: "Creo que hubo un cierto descontrol después de la Revolución, pero la situación se ha arreglado. Al menos en Nabeul, todas las mujeres que lo piden y son elegibles, tienen acceso a este derecho. Y el Estado es firme a la hora de presionarnos para que lo hagamos efectivo".
La alternativa privada
Para las mujeres de clase media y alta, las carencias del sistema público no representan un gran obstáculo. Siempre existe la posibilidad de asistir a un centro privado, que factura unas 300 dinares (unos 100 euros) por intervención, el equivalente al sueldo mensual de muchos trabajadores del sector informal. “Escogí una clínica privada porque allí trabaja a tiempo parcial mi ginecólogo. Él mismo me dio hora”, recuerda Rabeb, una bióloga hoy madre de un niño, pero aún soltera y con un buen empleo en el momento de su primer embarazo. “En todo momento, me trataron con una gran profesionalidad. Nadie me hizo ningún discurso moral, ni me miró mal”, añade. Hoy en día, solo ha confiado aquella experiencia secreta a una de sus hermanas y a alguna amiga.
Mientras algunos temas sensibles, como los derechos de los homosexuales, se discuten en la plaza pública después de la Revolución de 2011, el aborto continúa siendo un tabú en la sociedad tunecina. Quizás por esta razón, no existen encuestas que midan el grado de apoyo popular a la ley de 1973, y el Estado trata el asunto con poca transparencia. Por ejemplo, no existen datos sobre los abortos practicados en los centros privados, un auténtico agujero negro.
Según Hasairi, aún se practican abortos clandestinos en Túnez, sobre todo en las provincias periféricas. La llegada del método basado en una combinación de fármacos, que cuenta con su correspondiente mercado negro, ha reducido los riesgos para la salud asociados a esta práctica. También se ha llevado las pacientes de otras nacionalidades. “Antes venían a abortar aquí otras mujeres árabes, sobre todo marroquíes y argelinas. Pero ahora, consiguen los medicamentos en sus propios países, se provocan una hemorragia, y luego acuden al hospital”, cuenta Hasairi, buena conocedora de la realidad en Marruecos.
“Con la excusa de la falta de recursos presupuestarios, ya en los últimos años de la dictadura se cerraron algunos de los equipamientos de las oficinas de planificación familiar en las provincias. Y después de la Revolución, con el ascenso del islamismo, aparecieron nuevos obstáculos”, lamenta Anne Emmanuèle Hasairi, una veterana comadrona que asumió un cargo directivo en el Ministerio de Salud y ahora trabaja para Amal, una ONG de apoyo a las madres solteras y sus hijos. En Túnez, los centros públicos acometen unas 16.000 interrupciones del embarazo anuales.
La despenalización del aborto fue introducido en Túnez por primera vez en 1965, si bien con una importante restricción: tan solo para las mujeres con cinco o más hijos. El objetivo del presidente Habib Bourguiba era reducir la elevada tasa de natalidad, al considerarla un freno al desarrollo del país. Ante el magro impacto de la iniciativa, en 1973, el laicista Bourguiba decidió ampliar ese derecho por ley a todas las mujeres adultas hasta los tres primeros meses de gestación con una ley de plazos. Esta vez, sí consiguió el efecto esperado y la media cayó de siete hijos por mujer en los años sesenta a los 2,1 actuales. Por ello, el Estado ya ha perdido el celo de antaño en frenar el crecimiento demográfico.
“Algunas asistentas, comadronas y médicos conservadores que trabajan en las oficinas de planificación o en los hospitales públicos se niegan a practicar el aborto. A veces, simplemente, proporcionan a las mujeres una información incorrecta para que desistan. Se acogen a una objeción de conciencia no reconocida por la ley”, critica Hedia Belhadj, presidenta del Groupe Tawhida Cheikh, una ONG especializada en la defensa y promoción de los derechos reproductivos. En otros casos, presionan a la paciente para que cambie de opinión o le dirigen miradas y comentarios de desaprobación, sobre todo si es una madre soltera, una categoría que representa el 20% del total. En cambio, en países como España e Italia la legislación sí otorga un derecho a la objeción.
Aunque no existe un consenso entre los clérigos musulmanes sobre la cuestión del aborto, más allá de su necesidad cuando está en peligro la salud de la mujer, las interpretaciones conservadoras lo consideran un pecado. Las asociaciones de mujeres tunecinas han denunciado la pasividad del Estado ante la dejación de sus obligaciones por parte de estos funcionarios, que a menudo ni se molestan en ocultar. Por ejemplo, Messaoud Gassoumi, responsable del Departamento de Maternidad del hospital de Kaserine, incluso declaró sin tapujos en un programa de televisión que se negaba a practicar abortos.
“El Estado teme enfrentarse a los grupos islamistas”, espeta Hasairi. Sin embargo, Dhauha Halleb, delegada de la Oficina Nacional para la Planificación Familiar en la provincia de Nabeul matiza la situación: "Creo que hubo un cierto descontrol después de la Revolución, pero la situación se ha arreglado. Al menos en Nabeul, todas las mujeres que lo piden y son elegibles, tienen acceso a este derecho. Y el Estado es firme a la hora de presionarnos para que lo hagamos efectivo".
La alternativa privada
Para las mujeres de clase media y alta, las carencias del sistema público no representan un gran obstáculo. Siempre existe la posibilidad de asistir a un centro privado, que factura unas 300 dinares (unos 100 euros) por intervención, el equivalente al sueldo mensual de muchos trabajadores del sector informal. “Escogí una clínica privada porque allí trabaja a tiempo parcial mi ginecólogo. Él mismo me dio hora”, recuerda Rabeb, una bióloga hoy madre de un niño, pero aún soltera y con un buen empleo en el momento de su primer embarazo. “En todo momento, me trataron con una gran profesionalidad. Nadie me hizo ningún discurso moral, ni me miró mal”, añade. Hoy en día, solo ha confiado aquella experiencia secreta a una de sus hermanas y a alguna amiga.
Mientras algunos temas sensibles, como los derechos de los homosexuales, se discuten en la plaza pública después de la Revolución de 2011, el aborto continúa siendo un tabú en la sociedad tunecina. Quizás por esta razón, no existen encuestas que midan el grado de apoyo popular a la ley de 1973, y el Estado trata el asunto con poca transparencia. Por ejemplo, no existen datos sobre los abortos practicados en los centros privados, un auténtico agujero negro.
Según Hasairi, aún se practican abortos clandestinos en Túnez, sobre todo en las provincias periféricas. La llegada del método basado en una combinación de fármacos, que cuenta con su correspondiente mercado negro, ha reducido los riesgos para la salud asociados a esta práctica. También se ha llevado las pacientes de otras nacionalidades. “Antes venían a abortar aquí otras mujeres árabes, sobre todo marroquíes y argelinas. Pero ahora, consiguen los medicamentos en sus propios países, se provocan una hemorragia, y luego acuden al hospital”, cuenta Hasairi, buena conocedora de la realidad en Marruecos.
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