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| Imagen: El Tiempo / Protesta por el asesinato de Diego Vieira Machado |
¿Cómo protegerlos si el gobierno no tiene datos consolidados de las agresiones a la comunidad LGBT?
Luís Guilherme Julião · O Globo, Brasil | El Tiempo, 2018-01-23
http://www.eltiempo.com/datos/lucha-contra-la-homofobia-en-brasil-avanza-a-pasos-lentos-157098
Ya hace más de un año y medio que el jubilado Sidnei Marques Prandina, de 49 años, fue encontrado muerto una tarde de sábado, en el río Pinheiros, que cruza la ciudad de São Paulo. Cuatro meses después, también un sábado, a kilómetros de distancia de allí, otra familia lloraba la muerte de un ser querido: el cuerpo de Diego Vieira Machado, de 29 años, fue encontrado en el campus de la isla de Fundão da Universidade Federal do Río de Janeiro (UFRJ), en la capital fluminense (Río de Janeiro).
Además de la coincidencia del día de la semana, los dos casos tienen mucho más en común: ambas víctimas eran gais, fueron encontradas con marcas de una brutal golpiza en una ciudad de Brasil y, más de un año después, los crímenes continúan sin solución. Solo que no es posible saber cuándo otros casos como ese suceden en Brasil: la falta de datos oficiales nacionales no permiten medir con precisión el tamaño de la violencia contra la comunidad LGBT en el país.
El único levantamiento de datos nacional se lleva a cabo por la ONG Grupo Gay da Bahia (GGB), que se basa en informaciones publicadas en periódicos y sitios de noticias. Esto hace que haya una subnotificación de los casos y, además, tampoco hay una garantía de que todas las muertes incluidas fueran motivadas por homofobia.
El dato, sin embargo, es compartido en la prensa, usado como referencia para las ONGS internacionales que mapean los derechos de las comunidades LGBT en el mundo, como la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, personas transgénero e Intersexuales (ILGA, siglas en inglés) y citado hasta en un informe del gobierno federal de 2013.
El número oficial más aproximado a la realidad en relación a la violencia contra la comunidad LGBT es el de las denuncias recibidas por el llamado al número 100, servicio telefónico de la Secretaría de Derechos Humanos del gobiernos federal, que recibe denuncias relacionadas a la violencia de poblaciones vulnerables como niños, ancianos, habitantes de calle y discapacitados, por ejemplo.
En 2016, el (órgano o agencia) recibió 1876 denuncias relacionadas con la violación de derechos LGBT, cifra 61% superior al año 2011, cuando por primera vez el servicio comenzó a funcionar. Del total del año pasado, los estados de São Paulo (14,7%) y Río de Janeiro (6,4%) lideran el número de denuncias.
En un informe del 2013, el último publicado sobre el tema, la Secretaría de Derechos Humanos cita el levantamiento de datos hecho por la GGB, diciendo que es “una serie histórica de datos que permiten comparar, si no el número real de asesinatos de carácter homofóbico en Brasil, al menos el volumen de noticias relacionadas a este tipo de crimen en los medios brasileños”.
De acuerdo con el órgano, un nuevo levantamiento de datos está siendo producido para los años de 2014 a 2016, pero será publicado apenas en febrero del 2018. Y tanto en Río de Janeiro como en São Paulo, estados con más denuncias de este tipo de violencia, los casos acompañados por ‘O Globo’, de Sidnei y Diego, todavía tienen pocas informaciones y ningún sospechoso preso, más de un año después.
Una de la pocas actividades que sacaban a Sidnei de la casa era un centro espiritual que él había vuelto a frecuentar hace poco tiempo, contó la hermana, Ana Lúcia Prandina. El jueves 9 de marzo de 2016, él salió de casa alrededor de las 4:30 pm hacia el centro de la ciudad, donde quedaba el centro religioso, y no hubo más noticias. La familia desesperada, llegó a divulgar informaciones en un portal de desaparecidos. Fue encontrado, muerto, dos días después. El informe médico apuntó que la causa de muerte fue una golpiza y que ya había muerto cuando fue arrojado al río.
“Hacía más de un año que Sidnei no salía para nada. Aquel día él salió y dejó el celular en casa, y él no acostumbraba a hacer eso. Todo lleva a creer que fue por causa de homofobia. Estoy siempre en contacto con el delegado que está investigando, pero él no da muchos detalles, apenas vagas informaciones. Yo estoy segura que el delegado no quiere hablar para no dañar la investigación, pero tengo fe de que él está en el camino y va a descubrir al responsable para que tengamos un poco de paz”, se desahoga Ana Lúcia.
El caso está siendo investigado por la 1ª delegación de la Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo. ‘O Globo’ solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo una entrevista con el delegado responsable por el caso, pero recibió una negativa. La Policía Civil respondió al pedido de informaciones con una nota diciendo que la muerte de Sidnei sigue en investigación y que ninguna posibilidad es descartada durante el progreso de las investigaciones, pero no respondió si algún sospechoso ya fue identificado.
La muerte de Diego, en Río de Janeiro, tiene menos informaciones todavía. Él fue encontrado cerca del alojamiento estudiantil de UFRJ, donde vivía. El delegado de la División de Homicidios, Fabio Cardoso, también negó una entrevista a ‘O Globo’ sobre el caso y la Policía Civil informó que la investigación sigue bajo secreto. Incluso no hubo una actualización sobre el motivo oficial de la muerte del joven: en ese momento fue divulgado que resultados preliminares de la necropsia del cuerpo indicaron que las lesiones en la cabeza y en los brazos pudieron haber provocado la muerte del joven y la policía trabajaba con la hipótesis de envenenamiento.
Diego era de Belém, y buena parte de su familia vivía en Pará, con excepción de un hermano, que también vivía en Río de Janeiro. El reportero de ‘O Globo’ intentó contactar con los familiares pero no hubo respuesta.
En las redes sociales, amigos de ambas víctimas recordaron las muertes violentas el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Pérola Gonçalves publicó en su página de Facebook una foto que ella había tomado de Diego sentado cerca a una pared donde se leía "Ame la soledad que te asola", acompañada de un mensaje: “él fue sacado muy pronto de este mundo, de una manera muy cruel, como no podemos olvidar. Diego vivió atormentado por el peso de ser quien él era, aunque nunca haya sido su culpa", escribió Pérola que finalizó el texto con una pregunta, hasta hoy, sin respuesta: “Por favor universo, quién mató a Diego?”.
La UFRJ también divulgó una nota, poco antes de que la muerte de Diego completara un año, informando que está cobrando a las autoridades una la solución del caso. La institución dice que, en el último contacto, la Policía Civil “informó estar empeñada y no medirá esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables”.
“La rectoría de la UFRJ comprende que el brutal crimen, a pesar de sus motivaciones, no puede ser desvinculado de los asesinatos motivados por odio, alcanzando, con especial violencia, a la juventud negra, LGBTQ, crímenes que, por su magnitud, asumen proporciones de genocidio. El esclarecimiento de la autoría del crimen, en ese sentido, es una causa nacional, estrictamente asociada a los Derechos Humanos y la lucha social contra la barbarie”.
Sin datos, políticas públicas también gatean
En el ámbito estatal también hay escasez de datos y, cuando existen, son incompletos o las bases de datos tienen errores. ‘O Globo’ buscó diez de las 27 unidades federativas del país, en el intento de un levantamiento propio. La Secretaria de Derechos humanos de Río de Janeiro, que elaboró un informe, envió a ‘O Globo’ una hoja de cálculo cuya suma de los datos de 2015 no coincide con el total indicado en la misma tabla. Al ser cuestionada, sólo respondió que, cuando asumió la gestión actual, en marzo de este año, estos fueron los datos consolidados que ellos recibieron de la gestión anterior.
El secretario de Derechos Humanos del estado, Átila Alexandre Nunes, explica que esas informaciones son levantadas con base en las llamadas recibidas por el servicio ‘disque-homofobia’ del estado y en los casos atendidos en los centros de Ciudadanía LGBT. Según él, el órgano está trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad para que los registros de ocurrencia tengan la motivación del crimen y la carpeta el organismo logre hacer un nuevo levantamiento. La Policía Civil del estado ya incluye ese tipo de información en los registros por lo menos desde enero de este año.
“Estamos trabajando en dos frentes: uno es hacer el ajuste necesario en el sistema, para que esos casos puedan ser registrados de manera adecuada, y el otro es la capacitación de los agentes para atender e identificar este tipo de crimen, que muchas veces es subnotificado”, explica Atila Alexandre Nunes.
En el estado de São Paulo, la Coordinación de Políticas Públicas para la Diversidad Sexual, de la Secretaría de Justicia y Defensa de la Ciudadanía, no tiene información sobre violencia contra la comunidad LGBT y remite a la única delegación especializada del estado, que se encuentra en la capital de Sao Paulo, para la búsqueda de esos datos.
Lo mismo sucede en Ceará, que también hace solo el levantamiento para la capital de Fortaleza, mientras que en el Acre ese dato es levantado por el Ministerio Público del estado. En Río Grande do Sul, la Secretaría de Seguridad Pública informó que no tenía ese levantamiento listo y que lo haría a pedido del reportaje de ‘O Globo’, pero no lo envió hasta el cierre de esta historia. Amapá y Alagoas informaron que no tienen levantamientos oficiales, y no se obtuvo respuesta o no logró hacerse contacto con los órganos del Distrito Federal, Santa Catarina y Espírito Santo.
Además de la falta de datos, la creación de comités y comisiones estatales orientadas a las políticas LGBT también son muy recientes. La última Investigación de Informaciones Básicas Estatales (Estadic) divulgada en 2014 por el IBGE mostró que, mientras que los comités estatales del área de educación existían en las 27 unidades de la federación, en promedio, desde hace 40 años (de acuerdo con la ley de creación), había consejos de derechos de lesbianas, gais, bisexuales, travestis y transexuales en apenas 12 estados, todos con fecha de la ley de creación entre 2008 y 2014. Aún así, después de ser creada la ley, la efectiva posesión de esos derechos puede llevar años.
En el estado de São Paulo, por ejemplo, el Consejo Estadual de los derechos de la población de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis y Transexuales fue instituido por el Decreto Estatal nº 55.587, de 17 de marzo de 2010, pero los primeros miembros sólo tomaron posesión en noviembre de 2013. Un levantamiento hecho por 'O Globo' muestra que actualmente hay 17 estados con miembros ya asumidos en comités y consejos estatales del tipo, y la fecha de esas posesiones varía entre los años 2009 y 2017. En otros cinco estados ya hay decreto aprobado autorizando la creación de esos grupos, pero sus miembros aún no tomaron posesión y, en el resto, esos proyectos todavía están en discusión o no hay información al respecto.
“Las políticas públicas aún no consiguen dar cuenta de toda la demanda sobre el asunto. Y es imposible crear políticas públicas sin datos, porque no hay parámetros de medida, evaluación y planificación. No toda muerte de LGBT configura LGBTfobia, y para identificar esa violencia creamos, en septiembre, el Observatorio Étnico-racial, Género y Sexualidad en el campus de la Universidad Federal de Alagoas, para dar cuenta de esa demanda”, explica María Alcina Ramos de Freitas, investigadora en el área, y servidora de la Superintendencia de Políticas públicas de Igualdad Racial y Derechos Humanos de Alagoas.
Además de la coincidencia del día de la semana, los dos casos tienen mucho más en común: ambas víctimas eran gais, fueron encontradas con marcas de una brutal golpiza en una ciudad de Brasil y, más de un año después, los crímenes continúan sin solución. Solo que no es posible saber cuándo otros casos como ese suceden en Brasil: la falta de datos oficiales nacionales no permiten medir con precisión el tamaño de la violencia contra la comunidad LGBT en el país.
El único levantamiento de datos nacional se lleva a cabo por la ONG Grupo Gay da Bahia (GGB), que se basa en informaciones publicadas en periódicos y sitios de noticias. Esto hace que haya una subnotificación de los casos y, además, tampoco hay una garantía de que todas las muertes incluidas fueran motivadas por homofobia.
El dato, sin embargo, es compartido en la prensa, usado como referencia para las ONGS internacionales que mapean los derechos de las comunidades LGBT en el mundo, como la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, personas transgénero e Intersexuales (ILGA, siglas en inglés) y citado hasta en un informe del gobierno federal de 2013.
El número oficial más aproximado a la realidad en relación a la violencia contra la comunidad LGBT es el de las denuncias recibidas por el llamado al número 100, servicio telefónico de la Secretaría de Derechos Humanos del gobiernos federal, que recibe denuncias relacionadas a la violencia de poblaciones vulnerables como niños, ancianos, habitantes de calle y discapacitados, por ejemplo.
En 2016, el (órgano o agencia) recibió 1876 denuncias relacionadas con la violación de derechos LGBT, cifra 61% superior al año 2011, cuando por primera vez el servicio comenzó a funcionar. Del total del año pasado, los estados de São Paulo (14,7%) y Río de Janeiro (6,4%) lideran el número de denuncias.
En un informe del 2013, el último publicado sobre el tema, la Secretaría de Derechos Humanos cita el levantamiento de datos hecho por la GGB, diciendo que es “una serie histórica de datos que permiten comparar, si no el número real de asesinatos de carácter homofóbico en Brasil, al menos el volumen de noticias relacionadas a este tipo de crimen en los medios brasileños”.
De acuerdo con el órgano, un nuevo levantamiento de datos está siendo producido para los años de 2014 a 2016, pero será publicado apenas en febrero del 2018. Y tanto en Río de Janeiro como en São Paulo, estados con más denuncias de este tipo de violencia, los casos acompañados por ‘O Globo’, de Sidnei y Diego, todavía tienen pocas informaciones y ningún sospechoso preso, más de un año después.
Una de la pocas actividades que sacaban a Sidnei de la casa era un centro espiritual que él había vuelto a frecuentar hace poco tiempo, contó la hermana, Ana Lúcia Prandina. El jueves 9 de marzo de 2016, él salió de casa alrededor de las 4:30 pm hacia el centro de la ciudad, donde quedaba el centro religioso, y no hubo más noticias. La familia desesperada, llegó a divulgar informaciones en un portal de desaparecidos. Fue encontrado, muerto, dos días después. El informe médico apuntó que la causa de muerte fue una golpiza y que ya había muerto cuando fue arrojado al río.
“Hacía más de un año que Sidnei no salía para nada. Aquel día él salió y dejó el celular en casa, y él no acostumbraba a hacer eso. Todo lleva a creer que fue por causa de homofobia. Estoy siempre en contacto con el delegado que está investigando, pero él no da muchos detalles, apenas vagas informaciones. Yo estoy segura que el delegado no quiere hablar para no dañar la investigación, pero tengo fe de que él está en el camino y va a descubrir al responsable para que tengamos un poco de paz”, se desahoga Ana Lúcia.
El caso está siendo investigado por la 1ª delegación de la Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo. ‘O Globo’ solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo una entrevista con el delegado responsable por el caso, pero recibió una negativa. La Policía Civil respondió al pedido de informaciones con una nota diciendo que la muerte de Sidnei sigue en investigación y que ninguna posibilidad es descartada durante el progreso de las investigaciones, pero no respondió si algún sospechoso ya fue identificado.
La muerte de Diego, en Río de Janeiro, tiene menos informaciones todavía. Él fue encontrado cerca del alojamiento estudiantil de UFRJ, donde vivía. El delegado de la División de Homicidios, Fabio Cardoso, también negó una entrevista a ‘O Globo’ sobre el caso y la Policía Civil informó que la investigación sigue bajo secreto. Incluso no hubo una actualización sobre el motivo oficial de la muerte del joven: en ese momento fue divulgado que resultados preliminares de la necropsia del cuerpo indicaron que las lesiones en la cabeza y en los brazos pudieron haber provocado la muerte del joven y la policía trabajaba con la hipótesis de envenenamiento.
Diego era de Belém, y buena parte de su familia vivía en Pará, con excepción de un hermano, que también vivía en Río de Janeiro. El reportero de ‘O Globo’ intentó contactar con los familiares pero no hubo respuesta.
En las redes sociales, amigos de ambas víctimas recordaron las muertes violentas el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Pérola Gonçalves publicó en su página de Facebook una foto que ella había tomado de Diego sentado cerca a una pared donde se leía "Ame la soledad que te asola", acompañada de un mensaje: “él fue sacado muy pronto de este mundo, de una manera muy cruel, como no podemos olvidar. Diego vivió atormentado por el peso de ser quien él era, aunque nunca haya sido su culpa", escribió Pérola que finalizó el texto con una pregunta, hasta hoy, sin respuesta: “Por favor universo, quién mató a Diego?”.
La UFRJ también divulgó una nota, poco antes de que la muerte de Diego completara un año, informando que está cobrando a las autoridades una la solución del caso. La institución dice que, en el último contacto, la Policía Civil “informó estar empeñada y no medirá esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables”.
“La rectoría de la UFRJ comprende que el brutal crimen, a pesar de sus motivaciones, no puede ser desvinculado de los asesinatos motivados por odio, alcanzando, con especial violencia, a la juventud negra, LGBTQ, crímenes que, por su magnitud, asumen proporciones de genocidio. El esclarecimiento de la autoría del crimen, en ese sentido, es una causa nacional, estrictamente asociada a los Derechos Humanos y la lucha social contra la barbarie”.
Sin datos, políticas públicas también gatean
En el ámbito estatal también hay escasez de datos y, cuando existen, son incompletos o las bases de datos tienen errores. ‘O Globo’ buscó diez de las 27 unidades federativas del país, en el intento de un levantamiento propio. La Secretaria de Derechos humanos de Río de Janeiro, que elaboró un informe, envió a ‘O Globo’ una hoja de cálculo cuya suma de los datos de 2015 no coincide con el total indicado en la misma tabla. Al ser cuestionada, sólo respondió que, cuando asumió la gestión actual, en marzo de este año, estos fueron los datos consolidados que ellos recibieron de la gestión anterior.
El secretario de Derechos Humanos del estado, Átila Alexandre Nunes, explica que esas informaciones son levantadas con base en las llamadas recibidas por el servicio ‘disque-homofobia’ del estado y en los casos atendidos en los centros de Ciudadanía LGBT. Según él, el órgano está trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad para que los registros de ocurrencia tengan la motivación del crimen y la carpeta el organismo logre hacer un nuevo levantamiento. La Policía Civil del estado ya incluye ese tipo de información en los registros por lo menos desde enero de este año.
“Estamos trabajando en dos frentes: uno es hacer el ajuste necesario en el sistema, para que esos casos puedan ser registrados de manera adecuada, y el otro es la capacitación de los agentes para atender e identificar este tipo de crimen, que muchas veces es subnotificado”, explica Atila Alexandre Nunes.
En el estado de São Paulo, la Coordinación de Políticas Públicas para la Diversidad Sexual, de la Secretaría de Justicia y Defensa de la Ciudadanía, no tiene información sobre violencia contra la comunidad LGBT y remite a la única delegación especializada del estado, que se encuentra en la capital de Sao Paulo, para la búsqueda de esos datos.
Lo mismo sucede en Ceará, que también hace solo el levantamiento para la capital de Fortaleza, mientras que en el Acre ese dato es levantado por el Ministerio Público del estado. En Río Grande do Sul, la Secretaría de Seguridad Pública informó que no tenía ese levantamiento listo y que lo haría a pedido del reportaje de ‘O Globo’, pero no lo envió hasta el cierre de esta historia. Amapá y Alagoas informaron que no tienen levantamientos oficiales, y no se obtuvo respuesta o no logró hacerse contacto con los órganos del Distrito Federal, Santa Catarina y Espírito Santo.
Además de la falta de datos, la creación de comités y comisiones estatales orientadas a las políticas LGBT también son muy recientes. La última Investigación de Informaciones Básicas Estatales (Estadic) divulgada en 2014 por el IBGE mostró que, mientras que los comités estatales del área de educación existían en las 27 unidades de la federación, en promedio, desde hace 40 años (de acuerdo con la ley de creación), había consejos de derechos de lesbianas, gais, bisexuales, travestis y transexuales en apenas 12 estados, todos con fecha de la ley de creación entre 2008 y 2014. Aún así, después de ser creada la ley, la efectiva posesión de esos derechos puede llevar años.
En el estado de São Paulo, por ejemplo, el Consejo Estadual de los derechos de la población de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis y Transexuales fue instituido por el Decreto Estatal nº 55.587, de 17 de marzo de 2010, pero los primeros miembros sólo tomaron posesión en noviembre de 2013. Un levantamiento hecho por 'O Globo' muestra que actualmente hay 17 estados con miembros ya asumidos en comités y consejos estatales del tipo, y la fecha de esas posesiones varía entre los años 2009 y 2017. En otros cinco estados ya hay decreto aprobado autorizando la creación de esos grupos, pero sus miembros aún no tomaron posesión y, en el resto, esos proyectos todavía están en discusión o no hay información al respecto.
“Las políticas públicas aún no consiguen dar cuenta de toda la demanda sobre el asunto. Y es imposible crear políticas públicas sin datos, porque no hay parámetros de medida, evaluación y planificación. No toda muerte de LGBT configura LGBTfobia, y para identificar esa violencia creamos, en septiembre, el Observatorio Étnico-racial, Género y Sexualidad en el campus de la Universidad Federal de Alagoas, para dar cuenta de esa demanda”, explica María Alcina Ramos de Freitas, investigadora en el área, y servidora de la Superintendencia de Políticas públicas de Igualdad Racial y Derechos Humanos de Alagoas.
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