En el último año se han anunciado recortes que afectan especialmente al colectivo LGTB, como el veto a la reproducción asistida a las lesbianas o el descenso de programas de prevención de VIH subvencionados. Por primera vez, un registro de delitos de odio muestra que casi el 40% lo fueron por homofobia. Desde las organizaciones reconocen que "hemos alcanzado mejoras, pero sigue habiendo casos de discriminación".
Hace 45 años, una redada en el bar Stonewall Inn de Nueva York provocó varios días de protestas espontáneas por el hostigamiento a la población homosexual. Aquellos hechos supusieron el inicio de la visibilización de las reclamaciones de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGTB). En España, las reivindicaciones comenzaron a protagonizarlas "un puñado de personas, con mucho miedo" en la década de los años 80, según explica la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales, Boti García.
Ahora, el Orgullo LGTB, que rememora precisamente los sucesos de Stonewall, vive un momento de popularidad sin precedentes. Tanto, que desde la Asociación de Empresas y Profesionales para Gais y Lesbianas de Madrid (AEGAL) calculan que en la pasada edición llegaron a la ciudad cerca de 250.000 visitantes. De hecho, la celebración en la capital se ha atrasado en los últimos años una semana para no restar afluencia a las marchas reivindicativas del resto de ciudades.
'Nos manifestamos por quienes no pueden' es el lema que han elegido los organizadores de la parte reivindicativa, FELGTB y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam) –AEGAL se encarga de la parte lúdica– para la manifestación "política" que el sábado discurrirá desde Atocha hasta Colón. Un lema "enfocado en los Derechos Humanos, que no se respetan en todos los países", explica Esperanza Montero, presidenta de Cogam. Son más de 80 países, sobre todo en África y Oriente Medio, donde ser homosexual es delito y, en algunos casos, está penado con la muerte.
En España, los representantes de los movimientos LGTB reconocen que "se ha avanzado mucho", pero el trabajo de las organizaciones es permanente y va mucho más allá de la semana del Orgullo. "Nuestras asociaciones luchan a lo largo del año de manera altruista en proyectos de prevención de VIH, educativos, sociales y por la integración", indica García. "Hemos alcanzado mejoras, pero sigue habiendo casos de discriminación", lamenta Montero.
1. El 60% ha sufrido discriminación laboral
En el ámbito laboral, las denuncias por discriminación habían aumentado de manera significativa en el último año. Desde la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva de Trabajador (ANDET) el pasado verano pusieron en marcha una sección concreta para el colectivo LGTB ante un aumento de entre un 60 y un 70% de los casos que atendían. En los últimos meses, su presidente, Antonio Valenciano, reconoce que no han aumentado las denuncias, pero "sí las consultas, sobre todo por discriminación".
Para el vocal de la FELGTB, Ximo Cádiz, la principal novedad es que si antes no había cifras oficiales por la falta de estudios, "ahora ya tenemos una idea real". La Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), ha realizado una encuesta de cuyos resultados se extrae que un 60% de los homosexuales españoles han sufrido en los últimos dos años algún tipo de discriminación, de manera directa o indirecta. "Parece que no hay, pero sí", lamenta Cádiz.
El caso del
trabajador transexual al que despidió la ONG Nuevo Futuro Sirio, el del
homosexual que la empresa Zurich echó presuntamente por homofobia o la
demanda de un transgénero a una empresa que le quitó su puesto de trabajo por llevar falta son algunos ejemplos. Pero hay más. "Los casos que salen a la luz son extremos", reconoce Cádiz. "El mercado laboral está como está y el índice de desempleo es un motivo de disuasión para plantear cualquier reclamación", explica.
2. La mitad de los delitos de odio son homófobos
Los delitos de odio son todavía
un escollo por superar. A principios de este año, el ministerio de Interior publicó un informe que recoge los crímenes por razón de raza, sexo, religión u orientación sexual y que muestra "por primera vez, datos concretos", reconoce José Francisco Cano, el portavoz de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local (Unijepol) y miembro de la Plataforma para la gestión policial de la diversidad.
De los 1.172 casos de delitos de odio registrados en España, 452 lo fueron por homofobia. De ellos, 201 se produjeron en Andalucía, 50 en Cataluña y
44 en Galicia. Pero estos datos tienen una doble lectura: "Muy posiblemente se estén contando mejor en esas comunidades que en otras", explica Cano.
Según la organización Movimiento contra la Intolerancia, al año se producen unos 4.000 delitos de odio en España. Para el portavoz de Unijepol, los datos de Interior son solo "la punta del iceberg". Por eso, desde la plataforma, han elaborado "una guía que trata de plantear todo lo que debería hacer la policía" ante este tipo de delitos para paliar la "importante deficiencia en la gestión oficial". Se ha hecho llegar a ayuntamientos, comunidades autónomas y al propio ministerio, pero aún no se ha puesto en marcha.
El registro de delitos de odio es una realidad en la mayoría de países europeos y tanto el Consejo de Europa como la OSCE le han exigido a España que elaborase el suyo. "Hay que conocer exactamente qué ocurre, dónde ocurre y cómo evoluciona para saber cómo resolver el problema", indica Cano.
3. Una buena noticia: la ley andaluza de transexualidad
Una de las buenas noticias que ha recibido el colectivo LGTB este año ha sido la
aprobación de la ley andaluza de transexualidad, tras más de cinco años de trámites. Los transexuales que viven en Andalucía pueden solicitar la documentación transitoria sin necesidad de un informe psiquiátrico, algo que si hace falta para el cambio registral a nivel estatal.
Esto supone un paso importante para la despatologización de la transexualidad, que "sigue estando dentro de los manuales de trastornos psiquiátricos, cuando no es cierto que sea un problema psicológico", justifica Sarai Montes, vocal de identidades de la FELGT. Para ella, lo ideal sería "hacer una ley a nivel estatal, pero es muy difícil con este Gobierno".
Esta es una mejora que la Comunidad de Madrid propuso al Gobierno este año. Una petición que "se agradece", reconoce la presidenta de Cogam, pero que contrasta con la postura del ejecutivo autonómico, que se negó siquiera a debatir el proyecto de Ley Integral de Transexualidad presentado por el PSM.
"Se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. La transexualidad continúa siendo un estigma y la gente sigue pensando en mujeres y prostitución", lamenta Montes. Por eso, desde las asociaciones en defensa de los derechos LGTB han solicitado una mayor formación del profesorado en la diversidad y un protocolo para menores con roles de género no normativos.
4. Recortes para "un determinado tipo de familia"
Otro tema que en el último año ha preocupado a las asociaciones civiles LGTB es el
recorte en el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solas o a las parejas de mujeres. El verano pasado, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció modificaciones en la cartera básica de servicios. Según explicó, solo se podría recurrir a la Sanidad pública en caso de que una mujer y un hombre llevasen un año intentando quedarse embarazados, que alguno de los dos tuviese un problema médico que lo impidiese o que, en el caso de que no hubiese varón, la mujer fuese quien padeciese el problema. Lo que en la práctica deja fuera a las lesbianas y las mujeres solas porque, como razonó Mato,
"la falta de varón no es un problema médico".
Sin embargo, como indica Gómez, "fue un anuncio de recorte que aún no se ha publicado porque entra dentro de una batería de recortes mayor". "Se va alargando y no sabemos a qué se debe, pero los recortes siempre van contra la mujer y hacia la elección de un determinado tipo de familia", continúa.
De hecho, algunas comunidades ya dejaban fuera de este servicio a las lesbianas que podían acudir a los tribunales para reclamar su derecho a esta atención sanitaria, como ocurrió en Asturias. Con la nueva cartera, esta opción quedaría vetada. Sin embargo, algunas comunidades como Andalucía, Extremadura o la propia Asturias han anunciado que seguirán incluyéndolo en su cartera complementaria.
5. Problemas para registrar a sus hijos
En el último año han sido varios los casos de parejas homosexuales que han tenido problemas a la hora de inscribir a sus hijos en el registro. Una situación que se agrava para los
menores nacidos antes de la ley del matrimonio igualitario o, el algunos casos, por
vientres de alquiler. Sobre la mesa del ministerio de Justicia reposa un proyecto de ley de modificación en el Registro Civil. Un proyecto de ley que podría poner fin a una de las "reivindicaciones primarias" del colectivo LGTB, según denuncia Isabel Gómez, vocal de igualdad de la Federación, pero que no lo hace: "Se nos sigue pidiendo que estemos casadas".
El agravio comparativo está en que cuando una mujer heterosexual inscribe a su hijo recién nacido en el registro, no tiene que estar casada ni aportar ninguna prueba de quién es el padre para que se reconozca al varón que se presente con ella como tal. Sin embargo, una pareja de lesbianas deben estar casadas o aportar una serie de requisitos que varían en función del registro civil. "Comparecencias previas, requerimiento de documentación de una clínica de inseminación artificial que debemos presentar a veces de una forma y a veces de otra, etcétera. Estamos a disposición de la interpretación del registro", lamenta Gómez.
6. De 3,86 a 1,35 millones de euros en prevención de VIH
Según un informe de Sanidad, en el año 2012, el 51% de los 3.210 nuevos contagios de VIH se dieron en homosexuales. Pese a estos datos, ese mismo año, la partida destinada a la prevención de este virus descendió de 3,86 millones de euros a solo uno. En 2013, la cuantía aumentó respecto al año anterior, hasta los 1,1 millones, pero los programas que se beneficiaron de ellos descendieron y, además, se suprimieron otras partidas, como las destinadas íntegramente a prevención para las comunidades autónomas.
Para el ejercicio de 2014, el importe total vuelve a aumentar ligeramente, hasta los 1,35 millones de euros, pero aún se desconoce a qué proyectos irán destinados, ya que el reparto se hace una vez que finalice el año, cuando los programas ya están en marcha, por lo que las organizaciones se ven, en muchos casos, forzadas a adelantar el dinero.
"Se ha hecho el esfuerzo de ir subiendo, pero respecto a lo que teníamos hace tres años, no tiene nada que ver", reconoce el coordinador del área de salud integral y VIH, Santiago Redondo. Además, otra de las reivindicaciones, un plan estratégico, continúa aparcado: "Ni siquiera tenemos un borrador definitivo".
Uno de los logros de las asociaciones ha sido un
documento elaborado por el ministerio, que esperan que entre en vigor "en un mes y medio o dos meses", en el que "se contempla la atención universal a personas con VIH, en base a un criterio de salud pública", explica Redondo. No obstante, "como esta atención depende de las comunidades autónomas, si desconocen este documento y se atienen a la ley general, pueden no atender a estas personas", advierte el responsable de la Federación.
7. Y del ayuntamiento, "palos en las ruedas"
Según AEGAL, la pasada edición supuso, durante una semana, un aumento del 30% del gasto en comercios y una generación de 110 millones de euros. Unas cifras que han hecho que la alcaldesa Ana Botella haya
vendido Madrid como destino turístico gay en ciudades como Berlín. Sin embargo, desde las organizaciones acusan al ayuntamiento de poner "problemas y palos en las ruedas" a la celebración del Orgullo.
El pasado año las multas por exceso de ruido alcanzaron los 160.000 euros, tras los 42.500 de 2012 –pendientes de recurso– y los 35.000 de 2011 –que finalmente quedaron en 600–. Por su parte, las subvenciones descendieron un 84,5% en dos años, de los 86.000 euros de 2011 a los 13.300 de 2013. Y para este año aún no hay "ninguna subvención confirmada", ha explicado Montero que, no obtante, ha indicado que es posible que se den a posteriori.
Por lo que si han optado Cogam y la FELGTB ha sido por sufragar ellas mismas los gastos de alumbrado y el escenario del sábado. Habitualmente era el Ayuntamiento quien se encargaba de estas infraestructuras pero, tras el 'susto' del año pasado, cuando el Consistorio que dirige Botella anunció con un día de antelación que no se encargaría, las propias organizaciones han decidido sufragar los gastos para evitar que vuelva a ponerse en peligro la marcha reivindicativa.
Además, la alcaldesa ha insitido en su reivindicación de una 'fiesta silenciosa'. La Junta Municipal de Centro ha comunicado a los organizadores que el pregón del este miércoles, que correrá a cargo de las estrellas de Eurovisión Ruth Lorenzo y Conchita Wurst, debe hacerse sin megafonía, amplificadores o micrófonos, para no superar el límite de decibelios establecido.
