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| Imagen: El País / Nacho Díaz y Jaime Sánchez con su hijo |
Tres parejas gay con hijos nacidos por gestación subrogada en Canadá no pueden inscribir a su hijo como español.
Jordi Pérez Colomé | El País, 2017-05-27
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/26/actualidad/1495818404_649808.html
Nacho Díaz y Jaime Sánchez tuvieron en febrero un hijo por gestación subrogada en Canadá. Desde que empezaron, el proceso ha durado más de tres años. Optaron por Canadá por la confianza que da a parejas homosexuales y porque las madres gestantes son altruistas, no reciben una compensación. Los padres no tienen ninguna queja de Canadá: “Todos allí se han volcado con nosotros”, dice Sánchez. El problema les llegó cuando debían registrar a su hijo como español en el consulado de Toronto: “Entonces llegamos a nuestro representante, que se supone que debe velar por tus derechos, y se negó a hacerlo”, añade.
Díaz y Sánchez y al menos otras dos parejas gay cuyos hijos han nacido en 2017 en Canadá están metidos en una maraña legal que les impide registrar a su hijo como español. Las consecuencias van desde no poder cobrar la baja por paternidad o el cheque guardería en la comunidad de Madrid a tener que sacarle el NIE al bebé, que vive en España como “turista canadiense”: "Cuando fuimos a comisaría a buscar su NIE, los funcionarios no entendían por qué un niño español debía inscribirse como extranjero”, dice Jordi Piqueras. Hoy su hija está en España sin NIE y solo con el pasaporte canadiense con el plazo de 90 días de estancia permitida ya caducado.
Los padres viven el lío legal como una afrenta a sus derechos básicos. Díaz y Sánchez pidieron una reunión con el cónsul español en Toronto, Pablo Ruiz-Jarabo. El cónsul les advirtió que no iba a cambiar su postura. La reunión se fue calentando y acabó en reproches de los padres al funcionario por sus creencias y valores. “No puede usted perjudicarnos por sus ideas. ¿Qué necesidad hay de pasar por esto?”, le dijo Nacho Díaz al cónsul.
El registro de niños nacidos por gestación subrogada depende en España de una Instrucción de 2010, que pide básicamente una cosa: una sentencia judicial en el país de nacimiento donde el juez certifique que la madre gestante actúa libremente y su renuncia al bebé es consciente e irrevocable.
Esto que parece sencillo para no juristas puede convertirse en una maravillosa arma de interpretación restrictiva. El cónsul de España en Toronto, a través del Ministerio de Justicia, explica a El País sus motivos: “En Canadá, la legislación sobre maternidad subrogada no cumple con los requisitos que exige la Instrucción 2010, entre ellos, la intervención de un juez que supervise el consentimiento de la madre gestante a la renuncia de su filiación”. Las tres parejas afectadas disponen de sentencias legales, pero el aparente gran error es que la gestante no está presente ni físicamente ni por escrito ante el juez. Esta novedad se debe a un cambio en la legislación de Ontario -no de Canadá- en noviembre de 2016. De los tres bebés sin registro solo uno nació en Ontario. Los otros dos nacieron en British Columbia y Alberta.
El cónsul puede decidir que una sentencia es insuficiente porque tiene facultades para interpretar el Derecho a su modo. Desde la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Exteriores defienden que Ruiz-Jarabo “no ha actuado de forma arbitraria”. De todos modos, los padres tienen una vía abierta para recurrir ante la Dirección de Registros en el Ministerio de Justicia, dicen desde la OID. Añaden que para eliminar toda duda futura, sería conveniente “una instrucción nueva que aclare el criterio”. En Exteriores insisten en que la solución depende de la falta de instrucciones claras desde Justicia.
“Es una vergüenza”, dice la abogada canadiense Sara Cohen. “Bajo la ley provincial, los padres intencionales son los padres y la gestante ya no lo es. Si España no lo reconoce, deja la seguridad de estos niños en peligro.” No es algo sin embargo que ocurra solo en un consulado español: “Cuando una pareja canadiense va al extranjero y tiene un hijo allí, tienen que ir al consulado de Canadá y siempre hay reglas distintas”, dice Sheetal Maya Nanda, abogada canadiense especializada en inmigración. “Mis clientes me piden que les dé una garantía del 100% de que algo va funcionar. Pero desgraciadamente cuando hay gente tomando decisiones acaba siendo subjetivo”, añade.
El papel de los políticos
La responsabilidad de una legislación nueva que aclare estos embrollos es de los políticos. Ciudadanos presentó una iniciativa en febrero para regular la subrogación, que fue recibida con poco entusiasmo por los otros partidos. Para complicar aún más el panorama, el Comité de Bioética publicó un informe el 19 de mayo donde proponía prohibir la subrogación. Entre ambos polos, hay docenas de familias en trámite que tratan de sortear dificultades legales insospechadas para registrar a sus hijos. En Canadá hay, al menos, otros cuatro embarazos subrogados que salen de cuentas antes del fin del verano. Un proceso de subrogación en Estados Unidos ronda los 100.000 euros y en Canadá, los 60.000, pero no son los únicos países donde se hace.
Hasta el cambio en Ontario de noviembre, el consulado pedía para inscribir al niño que el padre biológico -en el caso de parejas gay, uno de los dos- apareciera en el registro junto a la gestante y que el otro miembro adoptara al bebé una vez de vuelta a España. Este proceso sin embargo implica desequilibrio en las parejas: “Siempre aparecerá que uno de los dos ha adoptado. Siempre habrá un padre que es adoptivo”, dice Nacho Díaz. El bebé tendría además apellidos distintos en sus primeros años de vida: para Canadá tendría los apellidos de los padres reales y para España, un apellido de la gestante. Nadie sabe con certeza qué pasaría con ese bebé si el futuro padre adoptivo rompe su acuerdo mientras el niño tiene apellidos distintos.
El reto en España es eliminar la inseguridad jurídica de las familias que optan por esta vía: “La solución debe pasar porque no dependamos de quién se siente en la silla. Si dependemos de eso, la inseguridad jurídica va a continuar”, dice Ana Miramontes, abogada especializada en asuntos de subrogación. En Toronto, por ejemplo, el cónsul anterior a la llegada de Ruiz-Jarabo en agosto de 2014 ponía menos trabas a los registros. Una solución maliciosa para parejas con problemas es esperar al reemplazo de Ruiz-Jarabo -a quien le queda otro año en Toronto- y esperar que el nuevo cónsul sea menos estricto.
La gestación subrogada es un ámbito tan poco transparente que hasta las cifras son un agujero negro: “No hay números en ningún lugar sobre cuánta gente entra en acuerdos de subrogación”, dice Marilyn Crawshaw, profesora de la Universidad de York. En Reino Unido, por ejemplo, los padres deben pedir una “orden parental” para ser ambos progenitores al mismo nivel del bebé subrogado. Desde 1995 hasta 2015, el número de estas órdenes no llega a 2.000, aunque ha crecido mucho en los últimos años. La profesora Crawshaw ve factible un número tan pequeño: “Es un área en la que hay mucha especulación sin datos”. La legislación española no ha puesto de momento remedio.
Díaz y Sánchez y al menos otras dos parejas gay cuyos hijos han nacido en 2017 en Canadá están metidos en una maraña legal que les impide registrar a su hijo como español. Las consecuencias van desde no poder cobrar la baja por paternidad o el cheque guardería en la comunidad de Madrid a tener que sacarle el NIE al bebé, que vive en España como “turista canadiense”: "Cuando fuimos a comisaría a buscar su NIE, los funcionarios no entendían por qué un niño español debía inscribirse como extranjero”, dice Jordi Piqueras. Hoy su hija está en España sin NIE y solo con el pasaporte canadiense con el plazo de 90 días de estancia permitida ya caducado.
Los padres viven el lío legal como una afrenta a sus derechos básicos. Díaz y Sánchez pidieron una reunión con el cónsul español en Toronto, Pablo Ruiz-Jarabo. El cónsul les advirtió que no iba a cambiar su postura. La reunión se fue calentando y acabó en reproches de los padres al funcionario por sus creencias y valores. “No puede usted perjudicarnos por sus ideas. ¿Qué necesidad hay de pasar por esto?”, le dijo Nacho Díaz al cónsul.
El registro de niños nacidos por gestación subrogada depende en España de una Instrucción de 2010, que pide básicamente una cosa: una sentencia judicial en el país de nacimiento donde el juez certifique que la madre gestante actúa libremente y su renuncia al bebé es consciente e irrevocable.
Esto que parece sencillo para no juristas puede convertirse en una maravillosa arma de interpretación restrictiva. El cónsul de España en Toronto, a través del Ministerio de Justicia, explica a El País sus motivos: “En Canadá, la legislación sobre maternidad subrogada no cumple con los requisitos que exige la Instrucción 2010, entre ellos, la intervención de un juez que supervise el consentimiento de la madre gestante a la renuncia de su filiación”. Las tres parejas afectadas disponen de sentencias legales, pero el aparente gran error es que la gestante no está presente ni físicamente ni por escrito ante el juez. Esta novedad se debe a un cambio en la legislación de Ontario -no de Canadá- en noviembre de 2016. De los tres bebés sin registro solo uno nació en Ontario. Los otros dos nacieron en British Columbia y Alberta.
El cónsul puede decidir que una sentencia es insuficiente porque tiene facultades para interpretar el Derecho a su modo. Desde la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Exteriores defienden que Ruiz-Jarabo “no ha actuado de forma arbitraria”. De todos modos, los padres tienen una vía abierta para recurrir ante la Dirección de Registros en el Ministerio de Justicia, dicen desde la OID. Añaden que para eliminar toda duda futura, sería conveniente “una instrucción nueva que aclare el criterio”. En Exteriores insisten en que la solución depende de la falta de instrucciones claras desde Justicia.
“Es una vergüenza”, dice la abogada canadiense Sara Cohen. “Bajo la ley provincial, los padres intencionales son los padres y la gestante ya no lo es. Si España no lo reconoce, deja la seguridad de estos niños en peligro.” No es algo sin embargo que ocurra solo en un consulado español: “Cuando una pareja canadiense va al extranjero y tiene un hijo allí, tienen que ir al consulado de Canadá y siempre hay reglas distintas”, dice Sheetal Maya Nanda, abogada canadiense especializada en inmigración. “Mis clientes me piden que les dé una garantía del 100% de que algo va funcionar. Pero desgraciadamente cuando hay gente tomando decisiones acaba siendo subjetivo”, añade.
El papel de los políticos
La responsabilidad de una legislación nueva que aclare estos embrollos es de los políticos. Ciudadanos presentó una iniciativa en febrero para regular la subrogación, que fue recibida con poco entusiasmo por los otros partidos. Para complicar aún más el panorama, el Comité de Bioética publicó un informe el 19 de mayo donde proponía prohibir la subrogación. Entre ambos polos, hay docenas de familias en trámite que tratan de sortear dificultades legales insospechadas para registrar a sus hijos. En Canadá hay, al menos, otros cuatro embarazos subrogados que salen de cuentas antes del fin del verano. Un proceso de subrogación en Estados Unidos ronda los 100.000 euros y en Canadá, los 60.000, pero no son los únicos países donde se hace.
Hasta el cambio en Ontario de noviembre, el consulado pedía para inscribir al niño que el padre biológico -en el caso de parejas gay, uno de los dos- apareciera en el registro junto a la gestante y que el otro miembro adoptara al bebé una vez de vuelta a España. Este proceso sin embargo implica desequilibrio en las parejas: “Siempre aparecerá que uno de los dos ha adoptado. Siempre habrá un padre que es adoptivo”, dice Nacho Díaz. El bebé tendría además apellidos distintos en sus primeros años de vida: para Canadá tendría los apellidos de los padres reales y para España, un apellido de la gestante. Nadie sabe con certeza qué pasaría con ese bebé si el futuro padre adoptivo rompe su acuerdo mientras el niño tiene apellidos distintos.
El reto en España es eliminar la inseguridad jurídica de las familias que optan por esta vía: “La solución debe pasar porque no dependamos de quién se siente en la silla. Si dependemos de eso, la inseguridad jurídica va a continuar”, dice Ana Miramontes, abogada especializada en asuntos de subrogación. En Toronto, por ejemplo, el cónsul anterior a la llegada de Ruiz-Jarabo en agosto de 2014 ponía menos trabas a los registros. Una solución maliciosa para parejas con problemas es esperar al reemplazo de Ruiz-Jarabo -a quien le queda otro año en Toronto- y esperar que el nuevo cónsul sea menos estricto.
La gestación subrogada es un ámbito tan poco transparente que hasta las cifras son un agujero negro: “No hay números en ningún lugar sobre cuánta gente entra en acuerdos de subrogación”, dice Marilyn Crawshaw, profesora de la Universidad de York. En Reino Unido, por ejemplo, los padres deben pedir una “orden parental” para ser ambos progenitores al mismo nivel del bebé subrogado. Desde 1995 hasta 2015, el número de estas órdenes no llega a 2.000, aunque ha crecido mucho en los últimos años. La profesora Crawshaw ve factible un número tan pequeño: “Es un área en la que hay mucha especulación sin datos”. La legislación española no ha puesto de momento remedio.
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