 |
| El Español / 'Ser mujer no es un sentimineto' // |
Están linchando y censurando a las feministas críticas con la identidad de género.
El movimiento transgénero, amparado por el Ministerio de Igualdad, ha declarado la guerra al movimiento feminista. El acoso, las agresiones, las amenazas y los linchamientos públicos se han normalizado con el objetivo de silenciar a las mujeres críticas con las leyes de identidad de género.
Paula Fraga | El Español, 2022-01-07
https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20220107/linchando-censurando-feministas-criticas-identidad-genero/640555944_12.html
Les voy a contar mi historia. La historia de muchas feministas o, al menos, la historia de las que somos críticas con el nefasto Ministerio de Igualdad que padecemos. La historia de las que nos atrevemos a denunciar prácticas tan misóginas como la del velo o la de la prueba del pañuelo. Prácticas que gran parte de la sociedad tolera para no ser falsamente acusados de racistas o de múltiples fobias.
Llevo años explicando las implicaciones jurídicas y prácticas de las leyes de identidad de género (mal llamadas ‘leyes trans’ porque en nada amparan ni benefician a las personas transexuales). He señalado, como también ha hecho el movimiento feminista (por más que se empecine en ignorarlo Irene Montero), por qué y de qué forma las leyes de identidad de género conforman un retroceso sociojurídico y suponen la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia.
No encontrarán en mis artículos o ponencias atisbo de transfobia, mendaz acusación repetida sin fundamentación ni descanso. Tampoco encontrarán señalamiento a ninguna persona, ni mucho menos injurias, calumnias o amenazas de ningún tipo. Las feministas tenemos argumentación jurídica y razones sostenidas desde diferentes disciplinas (psicología, medicina o biología, por poner algunos ejemplos de desde dónde y con qué argumentación se ha elaborado la crítica a la ley trans). No necesitamos, ni queremos, recurrir a falacias ni a tácticas execrables.
Sin embargo, quienes explicamos las implicaciones de este tipo de legislación somos constantemente acosadas, difamadas, amenazadas e incluso físicamente agredidas. El movimiento transgénero orquesta campañas de cancelación con el objetivo de silenciarnos. Llama a nuestros trabajos para tratar de echarnos. Llama a los medios en los que publicamos exigiendo que nos expulsen. Llama a la instituciones o al organismo/colectivo que nos invita a hablar para censurar nuestras ponencias o charlas. Denuncia masivamente nuestras cuentas en redes sociales para que sean suspendidas.
En definitiva, tratan de expulsarnos del debate público porque saben que convencemos.
Y, otra vez, me ha tocado. La semana pasada Twitter suspendió mi perfil. Presumía de haber participado en el linchamiento público, y en la campaña de denuncias masivas, incluso integrantes de un grupo de académicos queer de Canadá.
Así es como actúa el movimiento transgénero. Acosa a cualquiera que cuestione el dogma acientífico y sexista de la identidad de género. Señala a mujeres significadas en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños/as y nos persigue hasta el cansancio. Pretende aleccionar a quienes nos observan. Advierte, con sus campañas de cancelación y linchamiento, de cuáles son las consecuencias de oponerse al pensamiento transgenerista hegemónico.
Es hegemónico porque este discurso está en todos los medios. Porque cuenta con respaldo institucional y porque ya se ha introducido en ordenamientos jurídicos de diferentes países. En España tenemos leyes de identidad de género en 14 comunidades autónomas y un anteproyecto de ley trans en trámite parlamentario que ocupa todos los esfuerzos del Ministerio de Igualdad.
De que nos encontramos ante un discurso hegemónico e incuestionable da buena fe lo que me pasó la semana pasada y la respuesta por parte de Twitter. Ante una campaña organizada de denuncias masivas donde se me acusaba de "incitación al odio", Twitter acató y me expulsó de su plataforma, un lugar donde sucede buena parte del debate social y público.
Reflexión aparte merece la amenaza que supone para el ejercicio de un derecho fundamental como el de la libertad de expresión que plataformas privadas puedan erigirse en tribunales privados calificando como "discurso de odio" mensajes que únicamente cuestionan el pensamiento imperante, y que puedan expulsarnos arbitraria y unilateralmente de sus espacios. Espacios, reitero, donde se da parte del debate público.
La libertad de expresión tiene límites, por supuesto. La injuria, la calumnia o la amenaza son límites claros. Pero, como decía, no encontrarán, ni en el fondo ni en la forma, una sola expresión en este sentido en mis publicaciones.
Las normas internas de Twitter y otras plataformas privadas, normas que se alega que las feministas contravenimos para expulsarnos, operan como mordazas para las voces críticas. Estas normas internas son cláusulas arbitrarias y abusivas que no tenemos más opción que aceptar si queremos participar del debate público que se da en las redes. Cláusulas abusivas que siempre se vuelven contra los/as mismos/as. Esto es, las voces críticas con el pensamiento dominante.
Porque mientras que yo he sido expulsada de Twitter por defender algo tan "osado" como que los varones no pueden ser mujeres, quienes me han amenazado de muerte o me han insultado gravemente (véase personas tan conocidas del movimiento transgénero como Carla Antonelli, que me ha difamado reiterativamente) siguen con sus perfiles abiertos.
Creo y confío en que los legisladores entiendan la trascendencia sociojurídica del cierre arbitrario de perfiles que participamos del debate público y en que se dispongan a legislar para corregir los excesos de las plataformas privadas y acabar con esta suerte de jurisdicción privada y a la carta.
Conviene recordar, para entender la censura a la que nos enfrentamos las feministas, que el anteproyecto de ley trans que se está tramitando en el Parlamento establece la creación de un Comisionado, vinculado a los colectivos LGBTI, que podrá interponer sanciones administrativas por conductas "LGBTIfóbicas" sin necesidad de procedimiento judicial.
Afirmaciones como que el sexo biológico existe, o llamar a los varones "varones", podrán ser consideradas como mensajes de odio/tránsfobos y, por tanto, como infracciones. Las sanciones administrativas interpuestas por el Comisionado serán de entre 200 y 150.000 euros y podrán interponerse también otras sanciones complementarias, como la de no poder acceder a ayudas públicas de la Administración, o la suspensión de actividad en redes sociales.
Las sanciones económicas serán interpuestas por órganos ajenos al ámbito judicial y sin garantías procesales. Además, el sistema sancionador propuesto por el anteproyecto es desmedido. Invierte la carga de la prueba, obligando a quien emita un comentario a demostrar que no lo hizo movido por el odio (probatio diabólica). He aquí el respaldo institucional y la introducción en el ordenamiento jurídico del ideario transgenerista hegemónico que censura y castiga a las voces críticas.
Al cierre y la censura de mi perfil de Twitter se ha añadido, como en tantas ocasiones que me ha tocado soportar campañas de cancelación, cientos de insultos, mensajes difamatorios y amenazas. Quienes dicen hablar en defensa de ni ellos saben qué derechos me han deseado violaciones y agresiones. "Criminal y delincuente" me ha llamado un conocido referente del movimiento transgénero. Han llegado a suplantar mi identidad para ofrecer servicios sexuales.
Esto aguantamos estoicamente quienes hacemos legítima crítica a las leyes de identidad de género o denunciamos prácticas aberrantes contra las mujeres. Algo que el Ministerio de Igualdad ni contempla hacer. Es persecución política. Un hostigamiento y un linchamiento constantes de un movimiento misógino, sexista y reaccionario amparado por las instituciones que legislan a su dictado.
Pienso en las mujeres feministas de contextos islámicos que son torturadas, asesinadas o encarceladas por defender los derechos de las mujeres. Pienso en las mujeres feministas que me precedieron y perdieron la libertad para que hoy otras podamos expresarnos (creíamos) libremente. Pienso en todas ellas y me digo que, por supuesto, enfrentaremos y podremos con estas nuevas mordazas. Para hablar por las que no pueden y por nosotras mismas.
A mis detractores, a esos burdos inquisidores que tratan de amedrentarnos a todas, les digo que conmigo no lo consiguen. Les hará falta algo más que el cierre de una cuenta o sus amenazas para silenciarme. Su miedo a que la sociedad nos escuche es la evidencia de que tenemos legítimas y justas razones que convencen.
No podrán con nosotras. Resistimos, convencemos y venceremos.
Paula Fraga es abogada especializada en Derecho penal y de familia.
Llevo años explicando las implicaciones jurídicas y prácticas de las leyes de identidad de género (mal llamadas ‘leyes trans’ porque en nada amparan ni benefician a las personas transexuales). He señalado, como también ha hecho el movimiento feminista (por más que se empecine en ignorarlo Irene Montero), por qué y de qué forma las leyes de identidad de género conforman un retroceso sociojurídico y suponen la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia.
No encontrarán en mis artículos o ponencias atisbo de transfobia, mendaz acusación repetida sin fundamentación ni descanso. Tampoco encontrarán señalamiento a ninguna persona, ni mucho menos injurias, calumnias o amenazas de ningún tipo. Las feministas tenemos argumentación jurídica y razones sostenidas desde diferentes disciplinas (psicología, medicina o biología, por poner algunos ejemplos de desde dónde y con qué argumentación se ha elaborado la crítica a la ley trans). No necesitamos, ni queremos, recurrir a falacias ni a tácticas execrables.
Sin embargo, quienes explicamos las implicaciones de este tipo de legislación somos constantemente acosadas, difamadas, amenazadas e incluso físicamente agredidas. El movimiento transgénero orquesta campañas de cancelación con el objetivo de silenciarnos. Llama a nuestros trabajos para tratar de echarnos. Llama a los medios en los que publicamos exigiendo que nos expulsen. Llama a la instituciones o al organismo/colectivo que nos invita a hablar para censurar nuestras ponencias o charlas. Denuncia masivamente nuestras cuentas en redes sociales para que sean suspendidas.
En definitiva, tratan de expulsarnos del debate público porque saben que convencemos.
Y, otra vez, me ha tocado. La semana pasada Twitter suspendió mi perfil. Presumía de haber participado en el linchamiento público, y en la campaña de denuncias masivas, incluso integrantes de un grupo de académicos queer de Canadá.
Así es como actúa el movimiento transgénero. Acosa a cualquiera que cuestione el dogma acientífico y sexista de la identidad de género. Señala a mujeres significadas en la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños/as y nos persigue hasta el cansancio. Pretende aleccionar a quienes nos observan. Advierte, con sus campañas de cancelación y linchamiento, de cuáles son las consecuencias de oponerse al pensamiento transgenerista hegemónico.
Es hegemónico porque este discurso está en todos los medios. Porque cuenta con respaldo institucional y porque ya se ha introducido en ordenamientos jurídicos de diferentes países. En España tenemos leyes de identidad de género en 14 comunidades autónomas y un anteproyecto de ley trans en trámite parlamentario que ocupa todos los esfuerzos del Ministerio de Igualdad.
De que nos encontramos ante un discurso hegemónico e incuestionable da buena fe lo que me pasó la semana pasada y la respuesta por parte de Twitter. Ante una campaña organizada de denuncias masivas donde se me acusaba de "incitación al odio", Twitter acató y me expulsó de su plataforma, un lugar donde sucede buena parte del debate social y público.
Reflexión aparte merece la amenaza que supone para el ejercicio de un derecho fundamental como el de la libertad de expresión que plataformas privadas puedan erigirse en tribunales privados calificando como "discurso de odio" mensajes que únicamente cuestionan el pensamiento imperante, y que puedan expulsarnos arbitraria y unilateralmente de sus espacios. Espacios, reitero, donde se da parte del debate público.
La libertad de expresión tiene límites, por supuesto. La injuria, la calumnia o la amenaza son límites claros. Pero, como decía, no encontrarán, ni en el fondo ni en la forma, una sola expresión en este sentido en mis publicaciones.
Las normas internas de Twitter y otras plataformas privadas, normas que se alega que las feministas contravenimos para expulsarnos, operan como mordazas para las voces críticas. Estas normas internas son cláusulas arbitrarias y abusivas que no tenemos más opción que aceptar si queremos participar del debate público que se da en las redes. Cláusulas abusivas que siempre se vuelven contra los/as mismos/as. Esto es, las voces críticas con el pensamiento dominante.
Porque mientras que yo he sido expulsada de Twitter por defender algo tan "osado" como que los varones no pueden ser mujeres, quienes me han amenazado de muerte o me han insultado gravemente (véase personas tan conocidas del movimiento transgénero como Carla Antonelli, que me ha difamado reiterativamente) siguen con sus perfiles abiertos.
Creo y confío en que los legisladores entiendan la trascendencia sociojurídica del cierre arbitrario de perfiles que participamos del debate público y en que se dispongan a legislar para corregir los excesos de las plataformas privadas y acabar con esta suerte de jurisdicción privada y a la carta.
Conviene recordar, para entender la censura a la que nos enfrentamos las feministas, que el anteproyecto de ley trans que se está tramitando en el Parlamento establece la creación de un Comisionado, vinculado a los colectivos LGBTI, que podrá interponer sanciones administrativas por conductas "LGBTIfóbicas" sin necesidad de procedimiento judicial.
Afirmaciones como que el sexo biológico existe, o llamar a los varones "varones", podrán ser consideradas como mensajes de odio/tránsfobos y, por tanto, como infracciones. Las sanciones administrativas interpuestas por el Comisionado serán de entre 200 y 150.000 euros y podrán interponerse también otras sanciones complementarias, como la de no poder acceder a ayudas públicas de la Administración, o la suspensión de actividad en redes sociales.
Las sanciones económicas serán interpuestas por órganos ajenos al ámbito judicial y sin garantías procesales. Además, el sistema sancionador propuesto por el anteproyecto es desmedido. Invierte la carga de la prueba, obligando a quien emita un comentario a demostrar que no lo hizo movido por el odio (probatio diabólica). He aquí el respaldo institucional y la introducción en el ordenamiento jurídico del ideario transgenerista hegemónico que censura y castiga a las voces críticas.
Al cierre y la censura de mi perfil de Twitter se ha añadido, como en tantas ocasiones que me ha tocado soportar campañas de cancelación, cientos de insultos, mensajes difamatorios y amenazas. Quienes dicen hablar en defensa de ni ellos saben qué derechos me han deseado violaciones y agresiones. "Criminal y delincuente" me ha llamado un conocido referente del movimiento transgénero. Han llegado a suplantar mi identidad para ofrecer servicios sexuales.
Esto aguantamos estoicamente quienes hacemos legítima crítica a las leyes de identidad de género o denunciamos prácticas aberrantes contra las mujeres. Algo que el Ministerio de Igualdad ni contempla hacer. Es persecución política. Un hostigamiento y un linchamiento constantes de un movimiento misógino, sexista y reaccionario amparado por las instituciones que legislan a su dictado.
Pienso en las mujeres feministas de contextos islámicos que son torturadas, asesinadas o encarceladas por defender los derechos de las mujeres. Pienso en las mujeres feministas que me precedieron y perdieron la libertad para que hoy otras podamos expresarnos (creíamos) libremente. Pienso en todas ellas y me digo que, por supuesto, enfrentaremos y podremos con estas nuevas mordazas. Para hablar por las que no pueden y por nosotras mismas.
A mis detractores, a esos burdos inquisidores que tratan de amedrentarnos a todas, les digo que conmigo no lo consiguen. Les hará falta algo más que el cierre de una cuenta o sus amenazas para silenciarme. Su miedo a que la sociedad nos escuche es la evidencia de que tenemos legítimas y justas razones que convencen.
No podrán con nosotras. Resistimos, convencemos y venceremos.
Paula Fraga es abogada especializada en Derecho penal y de familia.
