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| Ilustración de María Elizagaray Estrada // |
Hay un país (pero no el nuestro)
El lesbicidio en Barracas y el odio como política de Estado
Sol Verónica Gui / Pablo Villarreal | Anfibia, 2024-05-10
https://www.revistaanfibia.com/lesbicidio-barracas-hay-un-pais-pero-no-el-nuestro/
El lesbicidio de Barracas renueva la preocupación por el odio como pasión movilizante y las políticas de la crueldad. El caso puede ser pensado a partir de otro suceso sin forzar líneas de causalidad directa: las declaraciones de Nicolás Márquez. Hay, en él, una ideología cargada de prejuicios y fantasías que durante años orientaron el comportamiento social para darle forma a una sociedad violenta y excluyente. Las palabras circulan y tienen consecuencias sobre la vida de las personas y la convivencia democrática. Desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) advierten que el efecto se profundiza cuando es pronunciado por una voz autorizada e institucionalmente relevante, como un presidente, sus funcionarios o sus asesores. En este ensayo, lxs autorxs analizan el caso y su lugar en la trama de las violencias de odio en Argentina.
hay un país (pero no el mío)
donde la noche es sólo por la tarde
(pero no el nuestro)
y así canta una estrella su tiempo libre
toda la muerte pensaré
ya que morir no es mío
y aún alumbro con sangre deslumbrada
(hay un país) el sueño de caída
(hay un país)
y yo conmigo (y siempre)
de amor inmóviles
Susana Thenón. Poeta, lesbiana.
Hace 14 años, Natalia “Pepa” Gaitán fue fusilada por lesbiana. Tras vastos procesos de movilización y discusión contra la discriminación y la violencia, el 7 de marzo fue convertido en el Día de la Visibilidad Lésbica. Su recuerdo siempre insiste. Pero hoy aún más, porque una imagen inundó la escena pública esta semana: el lesbicidio cometido por Justo Fernando Barrientos contra dos parejas que compartían habitación en un conventillo en Barracas. Pamela Cobos y Mercedes Figueroa fallecieron producto del incendio. Al momento de escribir estas líneas, una de las sobrevivientes continúa internada con el 75% del cuerpo quemado; la otra sufrió heridas severas.
Las ciencias sociales y el estudio de los autoritarismos sociales contemporáneos aportan a desentramar las situaciones que componen el mapa de dolores sociales de los últimos meses. Se trata de una coyuntura signada por la crisis y por las formas que asume la violencia social, por las narrativas políticas que la intensifican y le ofrecen un marco de sentido a su despliegue. Lo que hay detrás del lesbicidio de Barracas puede ser pensado a partir de otro suceso, sin forzar líneas de causalidad directa entre uno y otro elemento: la entrevista de Ernesto Tenembaum a Nicolás Márquez en un programa central de la mañana radial. El biógrafo y amigo de Javier Milei, con quien incluso comparte chapuzones ocasionales en la piscina de la residencia de Olivos, es uno de los principales referentes ideológicos de la ultraderecha. Saltó a la fama durante las jornadas de discusión sobre la legalización del aborto dado su estrecho vínculo con Agustín Laje, pero cuenta con un historial propio de publicaciones negacionistas de la dictadura y obsesionadas con las figuras del ciclo progresista latinoamericano, a las cuales ha dedicado una decena de libros.
Durante una hora, Márquez lanzó al aire algunas afirmaciones prejuiciosas. “El Estado promueve y financia la homosexualidad incentivando una conducta autodestructiva”, “la sexualidad es una determinación natural”, “hablar de homofobia patologiza a quienes difieren con la ideología de género”. Su intención era una identificación positiva con la homofobia, relegitimarla como identidad política, como nomenclatura de resistencia a un estado de cosas y no como adhesión a impugnar a alguien que se coloca como otredad, a quien se le intenta degradar con las armas de la moral tradicional conservadora como si eso justificase la violencia, la crueldad, la persecución y la opresión. Estas y otras afirmaciones se sustentan en un tándem de prejuicios sociales de vieja monta, infundidores de un pánico moral que históricamente el movimiento LGTB y los feminismos trabajaron para desarmar. La idea de una esperanza de vida menor asociada a conductas adictivas fue desmontada por un gran proceso de discusión a escala internacional durante las últimas décadas del siglo XX, y en Argentina desató una fuerte gesta organizativa en los albores de la post-dictadura.
La interpretación de los problemas que Márquez distorsiona viene siendo planteada por la sociología desde hace más de un siglo: no podemos comprender un hecho social a través de los individuos, es necesario observar sus determinaciones sociales. Dicho sea de paso, debe ser por este carácter crítico y desnaturalizante que los libertarios odian tanto a las ciencias sociales, y es la razón por la que debería tener más espacio en el debate público dominado por adivinadores y charlatanes de todo tipo. La ultraderecha omite activamente que el riesgo de vida de las disidencias está atado a la exclusión violenta que este sector recibe por parte de la sociedad, y que nada tiene que ver con una condición natural del individuo. La mayoría de las veces, es la discriminación dentro del propio hogar la que conduce a la expulsión hacia situaciones de marginalidad, en un marco donde la condición sexual obtura la posibilidad de acceder a un trabajo o a un alquiler. En Argentina, organizaciones vienen reclamando políticas contra la crisis habitacional y la realización de relevamientos a la población LGTBIQ+. La falta de datos sobre esta cuestión en nuestro país (1) y sus grandes urbes no imposibilita plantear la pregunta sobre por qué dos parejas de mujeres adultas vivían hacinadas en un conventillo de Barracas, y qué nos dicen estas condiciones de vida sobre formas de exclusión social previa que pueden haber sufrido.
La precariedad habitacional y sus problemas asociados son sólo uno de los aspectos de la violencia social contra la población LGTB. Según los datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, durante 2023, 133 personas fueron víctimas de este tipo de crímenes en el país, de las cuales 91 murieron (2). El mercado laboral también es un espacio excluyente: el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en Argentina —realizado en 2023 por un grupo de instituciones científicas y universidades nacionales— demostró que las tasas de desocupación son considerablemente mayores entre varones trans (14,3%), feminidades y mujeres travesti-trans (12,3%) y no binaries (10,1%), en comparación con la reportada para la población general (6,2% en el segundo trimestre de 2023, según datos del INDEC). El acceso al trabajo no resguarda de la discriminación y el maltrato: 14,2% de las personas que participaron del estudio señalaron que tuvieron un trato laboral desigual (ascensos, beneficios, cargas o prestaciones laborales) a lo largo del año anterior, y un 17,8% afirmó sufrir agresiones o discriminaciones en su ámbito laboral por su identidad sexo-genérica. Por último, las condiciones de vida descritas tienen un impacto obvio en la salud mental, presentándose altos niveles de estrés, ansiedad, angustia y depresión en la población LGTB argentina. En el estudio realizado en 2023, el reporte de estrés alcanzó un 86,5% en gays y 96,9% en mujeres y feminidades bisexuales, que también informan mayores niveles de angustia, miedo o ansiedad (88,6%), mientras que para los gays ese porcentaje llega al 80,5%. A su vez, más de la mitad de quienes respondieron la encuesta (50,2%) sostiene que tuvo depresión en el último año (3).
El problema de las declaraciones no son los datos en sí, sino la postura fanática y naturalista desde la que son interpretados. En Márquez (pero también en figuras como Mondino, Villarruel y hasta el propio Milei) hay una ideología cargada de prejuicios y fantasías que durante años orientaron el comportamiento social para darle forma a una sociedad cruel y excluyente. Una modalidad del conservadurismo que, en Argentina, hizo sentido sobre la reacción anti-feminista articulada políticamente en 2018, y que desplegó desde entonces una serie de argumentos que atentan directamente contra las luchas que disputan las condiciones de la reproducción social, actualizando prejuicios familiaristas (4) y ultrareligiosos de todo tipo. Y es que, siguiendo a Wendy Brown (5), el asalto neoliberal a lo social formatea el concepto de libertad, siendo apropiado por estos sectores como el derecho al privilegio del verdadero sujeto histórico (el varón blanco nativo trabajador), componiendo una ‘libertad asocial’ que excluye los consensos capaces de construir regulaciones igualitarias y redistributivas en el espacio de lo común. Es imperativo fertilizar lecturas críticas de las construcciones de verdad que pretenden instalar las voces oficiales. Siempre va a resultar insuficiente rebatir estos argumentos de manera aislada porque no se trata sólo de una ideología que produce posicionamientos sociales y políticos insensibles a los hechos: son sectores que, en esta coyuntura, ponen a circular discursos de odio que habilitan hechos de discriminación y violencia tal como sucedió el lunes por la mañana en Barracas.
El problema es dar cuenta de sobre qué bases están transformando nuestra sociedad. Porque el economicismo reinante oblitera el debate sobre los lineamientos morales que debemos establecer, justamente, para que el proyecto de vida del prójimo sea respetado. En este sentido, no hay que perder de vista que la violencia simbólica y la material no son una sin la otra. Las palabras que circulan en el espacio público llaman a la acción y tienen consecuencias sobre la vida de las personas y la convivencia democrática. Es por eso que los discursos violentos de las voces oficiales son condición indispensable para el pasaje a la acción por parte de los sectores interpelados. Los discursos de odio construyen un clima cultural de intolerancia y agresión hacia personas o grupos en función de su identidad, que en ciertos contextos pueden provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas. Ahora bien, este efecto se profundiza cuando es pronunciado por una voz autorizada e institucionalmente relevante, como un presidente, sus funcionarios, sus asesores. A este nivel, el odio no solo tiene consecuencias sociales, se vuelve una política de Estado que desrealiza la libertad de quienes no encajan en la norma masculinista, heteronormativa, capitalista y blanca que ordena el proyecto de Milei.
Cabe aclarar que hablar de discursos de odio nos remite a cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social (6).
Si el odio es una pasión constitutiva de los sujetos, al mismo tiempo no es característica esencial de ninguno. Importa, hoy, atender a la intensidad en la que se manifiestan esos discursos; y sobre todo, quién y en qué contexto los enuncia. Allí está la diferencia principal. No es lo mismo un discurso de odio emitido por un tuitero con 300 seguidores que el que pronuncia un influencer frente a un millón de personas. Es mayor el efecto de este último sobre el comportamiento de sus seguidores, porque es una voz legitimada. Ni hablar de cuando se ocupa el máximo cargo institucional de un país en un contexto de crisis económica y social, en la que las personas están sumamente predispuestas a encontrar y castigar a un chivo expiatorio. De hecho, en países con larga e innegable tradición de lucha contra los crímenes de odio, este comportamiento está tipificado en el derecho penal con la figura del “instigador de las masas” que hace un llamado a la violencia. No olvidemos que, en la delirante cacería de fantasmas que propone el discurso oficial, los derechos conquistados por la comunidad LGBT en defensa de la vida y la igualdad ante la violencia y discriminación estructurales fueron marcados como privilegios a erradicar. Esta operación ideológica refuerza el ataque que pone a diversidades y disidencias —sí, también— como parte de la casta que es objeto de odio del presidente y sus seguidores.
La estigmatización y discriminación histórica producto del VIH abrió un extenso proceso de luchas por décadas, que condujo a la reforma de la ley en 2022, dado el carácter social y político de una problemática hacia la cual históricamente solo se buscaron respuestas biomédicas y discriminatorias. La ley de cupo laboral travesti-trans fue implementada ese mismo año. En 2020, los feminismos consiguieron la legalización del aborto como reparación histórica y cuestión de salud pública. La ley de identidad de género, de la cual se cumple un nuevo aniversario, y el matrimonio igualitario son legislaciones que, cristalizando luchas sociales en el Estado, son producto de vastos procesos que involucraron a la sociedad toda. Desde la asunción del gobierno de Milei, no fueron pocos los sectores que denunciaron el azote simbólico y material a los derechos de mujeres y disidencias (el desmantelamiento de políticas antidiscriminatorias como el INADI, por ejemplo, y la pervivencia de una retórica de asedio). Y, sin embargo, se mueve. La necesidad de formular respuestas organizativas siempre permanece, como receta contra el dolor.
En Olavarría al 1600, un altar a las víctimas augura la necesidad de conjurar contra la muerte: este viernes 10 de mayo a las 17, organizaciones transfeministas convocan una movilización al Congreso de la Nación. La percepción de un presente signado por la catástrofe coloca a los discursos de odio como eslabones de la política de la crueldad sostenida por el gobierno nacional. Crueldad que aparece con diferente intensidad frente a grupos poblacionales diversos: pacientes oncológicos sin atención, comedores populares desabastecidos, jubilados con sus ingresos reducidos, mujeres a las que se les desconoce el trabajo de toda su vida en el hogar, trabajadores “castificados” por su adhesión a un paro nacional, comunidades educativas asfixiadas presupuestariamente. La lista sigue. Porque son pocos los agentes sociales exentos en esta concatenación de crueldades, aspirantes a ser abstractos “argentinos de bien”. Porque los discursos de odio y las medidas que justifican no sólo colocan a las comunidades asediadas en una posición socialmente amenazada y las silencian, atentan también contra nuestra posibilidad de habitar vidas dignas en una sociedad democrática.
(1) Algunos datos sirven para ilustrar la situación habitacional de las disidencias en los países del Norte: según el Williams Institute de la Universidad de California, la juventud LGBT+ de los Estados Unidos representa el 9,5% del total de la población, pero al mismo tiempo, es el 40% de la población joven en situación de calle. En Gran Bretaña, representan el 7% de la población total, y sin embargo, son el 25% de la población sin techo.
(2) Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la FALGBT. https://falgbt.org/ultimo-informe/
(3) Datos del Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina. https://censodiversidad.ar/
(4) Cooper, Melinda (2020). Los valores de la familia: entre el neoliberalismo y el nuevo social-conservadurismo. Traficantes de sueños.
(5) Brown, Wendy (2020). En las ruinas del neoliberalismo: el ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Tinta Limón.
(6) Desde el LEDA construimos esta definición siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, así como investigaciones académicas de nivel internacional.
